¿Qué trama vincula a Aldama con 27,9 millones desviados a Portugal?

La Fiscalía Europea ha situado a Víctor de Aldama dentro de un presunto circuito financiero que movió 27,9 millones de euros desde España hacia Portugal entre 2022 y 2024. El dinero habría salido de sociedades españolas relacionadas con el negocio de los hidrocarburos y habría terminado en cuentas de empresas portuguesas que, según los investigadores, funcionaban en buena medida como sociedades pantalla. Parte de esos fondos regresó después a España; otra parte siguió viaje por Europa y fuera de ella. El dinero, en estas arquitecturas, suele tener bastante más movilidad que sus propietarios.

Conviene precisar el alcance de la investigación para no convertir un procedimiento judicial en una aritmética tramposa. La Fiscalía Europea no sostiene que los 27,9 millones pertenecieran íntegramente a Aldama ni que todo ese dinero pasara por una sociedad suya. Esa cantidad corresponde al conjunto del flujo investigado. A una mercantil vinculada directamente con el empresario, Atmosferaudaz Unipessoal, se le atribuye la recepción de unos 7,4 millones de euros entre 2022 y 2023.

La información fue trasladada al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga el denominado caso hidrocarburos, una causa mucho más amplia sobre un supuesto fraude de 182 millones de euros en el comercio de combustibles. El frente portugués aporta algo especialmente valioso para la investigación: el rastro bancario de cómo presuntamente salía, circulaba y regresaba parte del dinero.

Cómo llegaron 27,9 millones desde España hasta Portugal

El origen de las pesquisas está en Portugal. Varias entidades financieras detectaron transferencias de gran volumen procedentes de cuentas españolas y activaron los mecanismos previstos ante operaciones sospechosas de blanqueo de capitales.

Al seguir ese hilo, los investigadores localizaron alrededor de 27,9 millones de euros enviados entre 2022 y 2024 a cuentas portuguesas. Los movimientos partían de sociedades españolas relacionadas con la comercialización de combustibles, entre ellas Canary Islands Fuel Company, Salamanca Fuel, Casmar Hidrocarburos y Obaoil 3000.

La hipótesis de la Fiscalía Europea es que determinadas empresas portuguesas servían para aparentar operaciones comerciales que no tenían detrás una actividad económica real equivalente. Sobre el papel figuraban pagos vinculados a suministros; al mirar las cuentas, la fotografía era bastante menos industrial. Los fiscales consideran que varias de esas sociedades no desarrollaban una actividad compatible con el volumen de dinero que circulaba por ellas.

Ahí entra el posible fraude del IVA. El mecanismo investigado consistiría, simplificando, en utilizar sociedades interpuestas para canalizar ganancias obtenidas mediante operaciones en el sector de los hidrocarburos, justificar después movimientos financieros mediante facturas o supuestos suministros y devolver finalmente parte de los fondos a España.

El papel atribuido a Víctor de Aldama

Dentro de ese entramado aparece Atmosferaudaz Unipessoal, una sociedad portuguesa de la que Aldama figura como único accionista. Fue constituida para actividades relacionadas con la consultoría y la venta y gestión de bienes inmuebles, aunque los investigadores no han localizado una actividad inmobiliaria que explique por sí misma los movimientos financieros analizados.

La empresa disponía de cuatro cuentas bancarias que podían ser gestionadas por Aldama y que recibieron, entre enero de 2022 y noviembre de 2023, aproximadamente 7,4 millones de euros procedentes de varias de las empresas vinculadas al esquema investigado.

Ese dato coloca a una sociedad directamente vinculada al empresario dentro de la ruta portuguesa del dinero. Pero también obliga a mantener la proporción: 7,4 millones no son 27,9 millones. La segunda cifra corresponde al conjunto de transferencias investigadas en Portugal, no al dinero que la Fiscalía atribuye personalmente a Aldama.

Según el análisis financiero, las cuentas de Atmosferaudaz tampoco muestran compras de combustible que permitan relacionar los pagos recibidos con supuestos suministros. Sí aparecen movimientos destinados a vehículos, arrendamientos y transferencias hacia España, una pauta que despierta sospechas sobre la existencia de un circuito para devolver ganancias generadas por el presunto fraude del IVA.

Una sociedad inmobiliaria sin el ladrillo esperado

La anomalía que llama la atención de los investigadores es bastante terrenal. Una empresa creada, entre otras cosas, para gestionar bienes inmuebles recibe millones, pero no aparece una cartera de compraventas que permita explicar semejante flujo. El expediente apunta precisamente a esa distancia entre la actividad declarada y la actividad que reflejan las cuentas.

En las investigaciones por blanqueo, esa discordancia suele ser decisiva. Una sociedad puede tener estatutos impecables, domicilio, facturas e incluso declaraciones fiscales. Lo que interesa aquí es si detrás existieron operaciones económicas reales o si esa documentación sirvió para proporcionar apariencia comercial a movimientos de dinero cuyo origen y destino están bajo investigación.

Nueve millones regresaron a España y 11,8 fueron incautados

El rastro de los 27,9 millones permite reconstruir buena parte del viaje. Según la documentación del procedimiento, al menos 9 millones de euros regresaron a cuentas bancarias españolas.

Otros aproximadamente 3 millones acabaron en Reino Unido, mientras que una cantidad similar fue distribuida entre cuentas abiertas en diferentes jurisdicciones, entre ellas Polonia, Francia, Bélgica, Lituania, Italia, Alemania y Uruguay. El circuito, por tanto, desbordó con bastante rapidez el eje entre España y Portugal.

En Portugal permanecieron unos 13 millones de euros. De esa cantidad, alrededor de 11,8 millones han sido incautados dentro del procedimiento. Es uno de los elementos de mayor peso práctico de la investigación: no se trata únicamente de reconstruir transferencias pasadas, sino de dinero que las autoridades consiguieron localizar y bloquear.

La circulación internacional complica cualquier investigación, pero al mismo tiempo deja huellas. Cada transferencia bancaria genera registros, beneficiarios, fechas, conceptos y entidades intermediarias. La sofisticación financiera tiene esa pequeña ironía: cuanto más lejos viaja el dinero por el sistema bancario regulado, más rastro documental puede ir dejando detrás.

Por qué la investigación portuguesa terminó en España

Las pesquisas portuguesas concluyeron que el supuesto beneficio fiscal ilícito no se habría generado propiamente en Portugal. El presunto fraude tributario de origen estaría en España, ligado a operaciones de empresas relacionadas con el sector de los hidrocarburos.

Portugal habría servido, según la tesis investigadora, como territorio de tránsito y circulación del dinero mediante sociedades allí constituidas. De ahí que la información terminara trasladándose a la delegación española de la Fiscalía Europea y, posteriormente, al juez Santiago Pedraz.

La secuencia resulta reveladora. Primero aparecen alertas bancarias en Portugal; después se reconstruyen los movimientos; finalmente, las cuentas portuguesas quedan relacionadas con sociedades españolas que ya estaban bajo la lupa en el caso de los hidrocarburos. Dos investigaciones que avanzaban por caminos distintos terminan encontrándose en el extracto bancario.

Cómo encaja Aldama en el caso hidrocarburos

El procedimiento que dirige Pedraz investiga un presunto fraude de IVA relacionado con la compraventa de hidrocarburos. La causa maneja un perjuicio de alrededor de 182 millones de euros y examina una estructura empresarial presuntamente utilizada para evitar el ingreso de impuestos y mover posteriormente parte de las ganancias obtenidas.

Aldama ya fue detenido en esta causa e ingresó en prisión provisional en 2024. Salió después de la cárcel tras ofrecer su colaboración con la Justicia en la investigación del denominado caso Koldo, relacionado con las adjudicaciones de mascarillas durante la pandemia.

Aquella colaboración terminó teniendo consecuencias judiciales importantes. En junio de 2026, el Tribunal Supremo condenó a Aldama a cuatro años y medio de prisión por organización criminal y cohecho en el caso de las mascarillas, pero suspendió la ejecución de la pena debido a su colaboración con la Justicia y bajo determinadas condiciones. Por tanto, permanece en libertad.

Son procedimientos distintos. La condena y colaboración de Aldama en el caso de las mascarillas no determinan por sí solas qué ocurrirá en la investigación sobre los hidrocarburos. En esta causa deberá aclararse qué conocimiento y control tuvo sobre las operaciones, cuál fue su participación concreta y qué explicación económica tienen los movimientos de las sociedades vinculadas a él.

El rastro portugués estrecha la investigación financiera

La aportación de la Fiscalía Europea añade una dimensión especialmente relevante: documentación bancaria portuguesa cruzada con información societaria y fiscal española. Frente a declaraciones, versiones enfrentadas o recuerdos más o menos convenientes, los movimientos de una cuenta tienen una virtud poco poética: llevan fecha y cantidad.

Hasta ahora, buena parte del caso hidrocarburos giraba alrededor de la estructura empresarial utilizada presuntamente para defraudar IVA y de las relaciones entre sus responsables. Las pesquisas portuguesas permiten observar otra capa: qué ocurrió con parte del dinero una vez generadas las supuestas ganancias fraudulentas.

La hipótesis que dibuja el expediente es la de un circuito. Fondos originados en empresas españolas viajaban a sociedades portuguesas bajo la apariencia de operaciones comerciales, una parte se distribuía por otras jurisdicciones y otra terminaba regresando a España. Portugal no sería necesariamente el destino final, sino una pieza intermedia.

Eso explica también el interés por determinar si algunas empresas portuguesas eran negocios auténticos o simples sociedades pantalla. Una factura puede afirmar que hubo un suministro; una cuenta bancaria puede demostrar que hubo un pago. Falta establecer si existió realmente el combustible que justificaba ese movimiento. Ahí está una de las cuestiones centrales del caso.

Un mapa del dinero cada vez más definido

La nueva información no equivale a una sentencia ni permite atribuir automáticamente a Aldama los 27,9 millones investigados. Sí refuerza una línea que ya aparecía en las pesquisas españolas: la posible utilización de sociedades y movimientos internacionales para canalizar fondos relacionados con el fraude del IVA de los hidrocarburos.

La cifra directamente conectada con Atmosferaudaz ronda los 7,4 millones de euros, mientras que el circuito portugués completo alcanza los 27,9 millones. De ellos, al menos nueve habrían regresado a España, unos seis millones salieron hacia Reino Unido y otras jurisdicciones y trece permanecieron en Portugal, donde 11,8 millones fueron intervenidos.

La investigación deberá determinar quién ordenó cada operación, qué servicios o mercancías existieron realmente y quién terminó beneficiándose del dinero. Pero el mapa financiero es bastante más nítido: España, Portugal y una sucesión de cuentas internacionales forman parte de una misma ruta bajo investigación. Cuando una estructura presuntamente opaca empieza a poder dibujarse sobre un mapa bancario, la opacidad deja de ser completa.