¿Por qué la alcaldesa de Alcalá de Henares se acerca al banquillo?

La situación judicial de Judith Piquet, alcaldesa de Alcalá de Henares por el Partido Popular, ha dado un salto considerable. El juez ha acordado que la investigación sobre la presunta filtración de información policial continúe por los trámites del procedimiento abreviado, el paso que suele preceder a la petición de apertura de juicio oral.

Eso no significa que Piquet esté condenada ni que su culpabilidad haya quedado demostrada. Significa algo más concreto —y políticamente nada cómodo—: el instructor aprecia indicios suficientes para no archivar el asunto y considera que los hechos investigados podrían encajar en un delito de infidelidad en la custodia de documentos y revelación de secretos. También figura en el procedimiento Raúl Castillo, responsable de Comunicación del Ayuntamiento.

La causa gira alrededor de la fotografía de un documento interno de la Policía Local que terminó publicada en la red social X por Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid. El informe fue utilizado en plena controversia política para sostener una relación entre varias denuncias de agresión sexual y los migrantes alojados en el Centro de Acogida, Emergencia y Derivación de Alcalá. Una vinculación que, según la investigación, no estaba acreditada.

El auto que cambia la situación judicial de Judith Piquet

La resolución judicial pone fin, en principio, a la fase dedicada a reunir indicios y reconstruir lo ocurrido. El magistrado no está dictando sentencia ni asegurando que hubiese delito; está diciendo que existen elementos bastante consistentes para que las acusaciones decidan si solicitan que Piquet se siente ante un tribunal. El horizonte procesal, por tanto, se ha vuelto bastante más serio.

Ese matiz importa. Mucho. El procedimiento abreviado es el cauce utilizado para preparar el juicio de determinados delitos. Tras este auto, el Ministerio Fiscal y las acusaciones personadas disponen de un plazo común de diez días para pedir la apertura del juicio oral, solicitar el sobreseimiento o reclamar, de manera excepcional, diligencias complementarias. Después llegarían, en su caso, los escritos de defensa y la decisión definitiva sobre la apertura del juicio.

No es una condena, pero tampoco un trámite menor

Piquet conserva intacta la presunción de inocencia. Los hechos tendrán que probarse en el juicio, si finalmente se celebra, y su defensa podrá discutir tanto la autoría de la filtración como la naturaleza reservada del documento, el recorrido de la fotografía y la interpretación que el juez hace de las comunicaciones investigadas.

Pero presentar el auto como una simple formalidad tampoco sería serio. El instructor ha descartado, al menos en este momento, cerrar la causa. La investigación ya había sido prorrogada después de que el juzgado rechazara las peticiones de archivo de las defensas y considerara necesario examinar grabaciones, transcripciones y mensajes intercambiados entre los implicados.

El delito de revelación de secretos cometido por una autoridad o funcionario puede acarrear, en su modalidad básica, multa e inhabilitación especial para empleo o cargo público. La calificación jurídica definitiva, las penas solicitadas y la posible existencia de circunstancias agravantes dependerán de los escritos de acusación y, por supuesto, de lo que llegue a probarse ante el tribunal.

La fotografía policial y su recorrido hasta las redes

Los hechos se remontan al 17 de enero de 2024. Ese día, Isabel Díaz Ayuso presidió una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid en Alcalá de Henares y habló públicamente de reyertas, problemas sanitarios y agresiones sexuales en el contexto de la llegada de migrantes al centro instalado en el acuartelamiento Primo de Rivera.

Según el auto, a las 14.17 horas Piquet telefoneó al entonces jefe de la Policía Local para preguntar por dos denuncias de agresión sexual presentadas en diciembre. También pidió la documentación disponible antes de una Junta Local de Seguridad prevista para aquella tarde. La resolución sostiene que el informe fue fotografiado y mostrado al director de Comunicación municipal.

Entre la tarde del 17 de enero y las 9.58 horas del día siguiente, la imagen habría sido enviada por la alcaldesa, directamente o mediante su responsable de Comunicación, a Alfonso Serrano. El dirigente popular publicó después la fotografía en X para defender la versión ofrecida por Ayuso y acusar al delegado del Gobierno de negar la existencia de las denuncias.

Un documento policial había saltado, en cuestión de horas, del circuito institucional al cuadrilátero de las redes sociales. Y ahí reside buena parte del problema: un informe interno no es un argumentario con membrete ni una ficha intercambiable en la batalla partidista.

Las denuncias existían; la relación con el centro no constaba

El caso no discute únicamente si se habían presentado denuncias. La cuestión decisiva es si podía atribuirse la autoría de las agresiones a personas alojadas en el centro de acogida y si la información policial podía difundirse de aquella manera.

Las denuncias describían a un posible responsable joven y negro, pero se encontraban sin autor identificado. El jefe de la Policía Local habría comunicado posteriormente que los hechos no podían vincularse con ningún residente del centro. La Delegación del Gobierno también negó que existiera una investigación que relacionase aquellas agresiones con las personas acogidas en las instalaciones.

La diferencia no es decorativa. Una descripción física no prueba la nacionalidad, la situación administrativa, el domicilio ni la pertenencia de una persona a un centro concreto. Convertir un rasgo racial en una biografía completa es una pirueta bastante frecuente en las redes; cuando la información sale de una institución pública, la pirueta resulta bastante más grave.

La frase sobre “salvar a la jefa” entra en el caso

El elemento políticamente más explosivo del auto es una frase atribuida a la alcaldesa después de acceder al documento: “Hay que salvar a la presidenta, hay que salvar a la jefa”. La resolución añade que Piquet habría hablado también de trasladar la información a Madrid.

La defensa podrá cuestionar el contexto, la interpretación e incluso el valor probatorio de esas palabras. No obstante, la frase introduce una posible finalidad partidista en el recorrido del documento: respaldar las declaraciones de Ayuso y contener una polémica que ya estaba creciendo.

El asunto deja así de ser una discusión abstracta sobre la inmigración para entrar en un terreno mucho más delimitado: quién obtuvo la información, quién la fotografió, quién la envió y con qué propósito. La política puede discutir sobre seguridad, acogida migratoria o gestión municipal. Lo que no puede hacer —sin consecuencias— es utilizar cualquier documento público como munición de emergencia.

El PSOE exige la dimisión y lleva la crisis a la FMM

El PSOE, que ejerce la acusación popular en el procedimiento, ha reclamado la dimisión de Piquet. Javier Rodríguez Palacios, portavoz socialista en Alcalá de Henares y anterior alcalde de la ciudad, ha calificado lo sucedido como una vergüenza y ha pedido también explicaciones a Alfonso Serrano por la difusión del documento.

La presión ha llegado a la Federación de Municipios de Madrid, presidida igualmente por Piquet. Los alcaldes socialistas presentes en su Junta de Gobierno sostienen que la situación judicial deteriora el prestigio del organismo. Ramón Jurado, alcalde de Parla y vicepresidente de la federación, ha pedido que Piquet abandone tanto la presidencia de la FMM como la Alcaldía de Alcalá.

Jurídicamente, una petición de dimisión no equivale a una condena. Políticamente, sin embargo, la presidencia de una entidad que representa a los municipios madrileños eleva la dimensión del caso: ya no afecta únicamente al Ayuntamiento complutense, sino también a la imagen institucional de la organización municipalista.

El PP deberá decidir si mantiene una defensa cerrada de la alcaldesa mientras avanza el procedimiento o si introduce alguna distancia política. Esa decisión no corresponde al juez. El juzgado analiza posibles responsabilidades penales; los partidos administran responsabilidades políticas, que tienen otras reglas, otros tiempos y, a veces, una sorprendente elasticidad.

Una frontera que las instituciones no deberían cruzar

La cuestión central no consiste en prohibir el debate sobre inmigración y delincuencia. En una democracia adulta puede discutirse sobre seguridad, convivencia, recursos públicos o políticas de acogida sin convertir cada discrepancia en una excomunión moral. El debate es legítimo; la manipulación de documentos, no.

La frontera aparece cuando una autoridad utiliza información obtenida por razón de su cargo para reforzar un mensaje político, especialmente si los datos permiten identificar a víctimas, afectan a investigaciones abiertas o fabrican una relación que los propios servicios policiales no habían confirmado. Ahí el debate deja de ser áspero y pasa a ser institucionalmente peligroso.

Judith Piquet todavía no está condenada y será un tribunal, si se abre juicio, quien determine si cometió algún delito. Pero el auto coloca sobre la mesa una cuestión democrática anterior a cualquier sentencia: si los documentos policiales están al servicio de la seguridad pública o de la reputación de un partido cuando las cámaras empiezan a enfocar.

La justicia deberá aclarar la responsabilidad penal. La política, mientras tanto, tendrá que explicar por qué una fotografía reservada acabó circulando entre dirigentes y redes sociales con tanta facilidad. Porque proteger a las instituciones exige algo más que pronunciar su nombre en los discursos. A veces basta con no convertirlas en propaganda.