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¿Por qué Colombia vuelve a debatir el aborto legal hasta la semana 24?
Cientos de mujeres marchan en Bogotá mientras el aborto sigue despenalizado hasta la semana 24 y el Congreso debate cambios constitucionales.

Resumen
- El aborto sigue despenalizado en Colombia hasta la semana 24
- Cientos de mujeres marcharon en Bogotá para defender el marco vigente
- El Congreso tramita una reforma para proteger la vida desde la fecundación
Cientos de mujeres se concentraron este lunes 28 de septiembre frente al Museo Nacional de Bogotá para defender el actual marco del aborto en Colombia, despenalizado de forma general hasta la semana 24 de gestación. La movilización, replicada en otras ciudades del país con motivo del Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro, llega mientras el Gobierno de Abelardo de la Espriella mantiene una posición contraria al aborto y en el Congreso avanzan iniciativas que pretenden reforzar constitucionalmente la protección de la vida desde la fecundación.
Pero hay un matiz decisivo entre tanto ruido político: el marco legal no ha cambiado. A 29 de septiembre de 2026 continúa vigente la sentencia C-055 de la Corte Constitucional. Desde 2022, el aborto no constituye delito cuando se practica antes de la semana 24; superado ese plazo siguen aplicándose las tres circunstancias reconocidas desde 2006: riesgo para la vida o la salud de la mujer, determinadas malformaciones fetales incompatibles con la vida y embarazos derivados de violencia sexual y otros supuestos establecidos por la jurisprudencia.
Qué está pasando con el aborto en Colombia
El plantón de Bogotá mezcló pancartas, cánticos, actuaciones culturales e información jurídica. También hubo un espacio denominado El muro de las liberaciones, donde las participantes recibieron orientación sobre derechos, apoyo psicológico y propuestas artísticas. No fue, por tanto, una protesta provocada por una prohibición recién aprobada, sino una movilización para defender una regulación que sus convocantes consideran amenazada por posibles cambios políticos y legislativos.
Sandra Mazo, directora de Católicas por el Derecho a Decidir Colombia, expresó durante la concentración la preocupación de las organizaciones convocantes por las posiciones del nuevo Ejecutivo. Para estas asociaciones, los derechos reproductivos reconocidos durante los últimos años podrían entrar de nuevo en una fase de discusión institucional.
De la Espriella tampoco ha ocultado su postura. Durante la campaña manifestó públicamente su rechazo al aborto y defendió políticas orientadas a proteger la vida desde la concepción, aunque también señaló que el presidente debe actuar dentro del marco constitucional. Ahí aparece el nudo político de estas protestas: una sentencia constitucional vigente frente a un Gobierno que discrepa de su contenido.
La semana 24 sigue siendo la frontera jurídica decisiva
La sentencia C-055 de 2022 modificó profundamente la regulación colombiana. La Corte Constitucional estableció que la conducta tipificada como aborto en el Código Penal solo resulta punible cuando se realiza después de la semana 24, salvo que concurra alguna de las tres circunstancias que ya habían sido reconocidas por la sentencia C-355 de 2006.
Dicho de manera sencilla: durante las primeras 24 semanas de gestación existe una despenalización general. Después de ese momento no desaparece completamente la posibilidad de interrumpir el embarazo, pero queda vinculada a esas causales constitucionales.
Hay otra precisión jurídica importante. Esta regulación no aparece escrita literalmente en un artículo de la Constitución, sino que deriva de la interpretación vinculante realizada por la Corte Constitucional sobre el Código Penal y los derechos fundamentales implicados. Eso significa que un presidente no puede eliminarla simplemente mediante un decreto. Un Gobierno puede impulsar reformas legales o constitucionales, pero debe recorrer los procedimientos establecidos y someterse a los controles correspondientes.
La atención sanitaria está además regulada por la Resolución 051 de 2023. El Ministerio de Salud considera la interrupción voluntaria del embarazo una atención esencial y urgente que debe prestarse de manera integral y segura a quien la solicite dentro del marco jurídico vigente.
El Congreso abre otro frente sobre la vida desde la fecundación
La inquietud de las manifestantes no procede únicamente de las declaraciones presidenciales. En la legislatura 2026-2030 se ha registrado el proyecto de acto legislativo 114 de 2026, que pretende modificar el artículo 11 de la Constitución para establecer expresamente la protección de la vida humana desde la fecundación y reconocer al ser humano en gestación como sujeto de especial protección constitucional.
Eso no significa que el aborto haya sido prohibido ni que la reforma esté aprobada. Se trata de una iniciativa parlamentaria y, al ser un acto legislativo destinado a modificar la Constitución, debe completar un procedimiento bastante más exigente que el de una ley ordinaria.
La propuesta introduce así una discusión constitucional de fondo sobre el alcance de la protección del nasciturus y su relación con los derechos reconocidos por la jurisprudencia a las mujeres y personas gestantes. Mientras ese trámite no concluya y produzca efectos jurídicos, la sentencia C-055 continúa vigente.
El debate también se trasladó a Bogotá
Otro foco de controversia ha sido el Proyecto de Acuerdo 340 de 2025 del Concejo de Bogotá, concebido para crear una denominada Ruta por la Vida dirigida a mujeres gestantes y lactantes y a la llamada vida por nacer.
La Secretaría Distrital de Salud cuestionó algunos elementos de la iniciativa al considerar que la definición de nuevas rutas sanitarias corresponde al Ministerio de Salud y recordó que ya existe normativa nacional para la atención materno-perinatal y la interrupción voluntaria del embarazo. La discusión, más allá de las consignas, toca un problema bastante concreto: quién tiene competencia para regular y hasta dónde pueden llegar las administraciones territoriales sin entrar en conflicto con la normativa estatal y la jurisprudencia constitucional.
Tener reconocido el derecho no garantiza siempre un acceso sencillo
La otra gran reivindicación de la movilización mira menos al Congreso y más a los hospitales. Organizaciones defensoras del aborto sostienen que, incluso con la sentencia de 2022 plenamente vigente, persisten barreras administrativas, territoriales y sociales que dificultan el acceso efectivo a la interrupción voluntaria del embarazo.
La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres documentó 1.569 casos acompañados entre febrero de 2022 y febrero de 2025 en los que las solicitantes encontraron obstáculos para acceder al aborto; 420 correspondieron a Bogotá. Entre los problemas señalados aparecen retrasos, falta de información y dificultades relacionadas con determinados prestadores sanitarios.
La distancia se vuelve especialmente visible fuera de las grandes ciudades. Una sentencia puede ocupar decenas de páginas; una mujer que vive en una zona rural necesita también una carretera, un centro sanitario, personal disponible y una respuesta en plazo. Es ahí donde un derecho escrito sobre el papel se encuentra con la realidad, que suele ser bastante menos ordenada.
Las dificultades pueden afectar especialmente a mujeres rurales, indígenas, migrantes y habitantes de regiones con menor cobertura sanitaria. La regulación del Ministerio establece, sin embargo, que el servicio debe prestarse independientemente de la afiliación sanitaria, la situación migratoria, la condición socioeconómica, la pertenencia étnica o el nivel educativo.
La mayoría de las interrupciones llega antes de las 12 semanas
El plazo de 24 semanas monopoliza buena parte del debate político, pero las cifras introducen otro elemento. Según datos divulgados por Profamilia en febrero de 2026, desde la despenalización se habían contabilizado 213.895 atenciones relacionadas con el aborto en sus clínicas y centros médicos del país.
Solo durante 2025 se registraron 59.532 atenciones. De ellas, el 94,5 % correspondió a procedimientos farmacológicos practicados antes de la semana 12 de gestación. La fotografía de la atención sanitaria, por tanto, se concentra mucho antes de la frontera de las 24 semanas que domina las discusiones públicas.
El dato no resuelve el debate ético, jurídico o político sobre el límite fijado por la Corte, pero sí proporciona contexto: la semana 24 funciona como frontera penal y constitucional, mientras que una gran parte de las intervenciones registradas se realiza durante etapas bastante más tempranas del embarazo.
Un derecho vigente en medio de una nueva disputa política
La manifestación de Bogotá retrata bien el escenario colombiano. Por un lado permanece la sentencia C-055, vigente desde febrero de 2022, junto con las normas sanitarias posteriores que regulan el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Por otro, un Gobierno contrario a ese modelo y sectores parlamentarios que pretenden modificar la protección constitucional de la vida desde la fecundación.
En medio quedan las mujeres que recurren al sistema sanitario y las dificultades prácticas que todavía se registran. El debate no se limita, por tanto, a estar a favor o en contra del aborto: también implica discutir competencias del Estado, derechos fundamentales, acceso sanitario y el alcance que debe tener la protección constitucional durante la gestación.
La ley permanece, pero el escenario político ha cambiado
Por el momento no se ha producido el retroceso legal que temen las manifestantes: el aborto continúa despenalizado hasta la semana 24 en Colombia y permanecen las tres causales aplicables después de ese plazo. Lo que sí ha cambiado es el escenario político. El asunto ha regresado con fuerza al Congreso, al Gobierno y a las calles, mientras el país vuelve a discutir dónde colocar el equilibrio entre autonomía reproductiva, protección de la gestación y poder del legislador.












