¿Por qué Yolanda Díaz quiere dirigir la OIT y qué pasará con Sumar?

El Gobierno de España ha presentado a Yolanda Díaz como candidata a dirigir la Organización Internacional del Trabajo, la agencia de Naciones Unidas que establece normas laborales y reúne en una misma mesa a gobiernos, sindicatos y organizaciones empresariales. No se trata de un nombramiento cerrado ni de una salida inmediata hacia Ginebra: la elección se celebrará el 16 de noviembre de 2026 y el mandato comenzará el 1 de octubre de 2027.

La vicepresidenta segunda competirá por un cargo que nunca ha ocupado una mujer ni una persona española. La candidatura posee, por tanto, una evidente dimensión internacional, pero también altera el paisaje político nacional: Díaz ha renunciado a encabezar la izquierda alternativa en las próximas elecciones generales y su salto hacia la dirección de la OIT obliga a Sumar y a sus aliados a acelerar una sucesión que hasta ahora avanzaba con el entusiasmo de una mudanza bajo la lluvia.

La noticia tiene dos escenarios. En Ginebra se abre una compleja batalla diplomática por el futuro del organismo mundial del trabajo; en Madrid queda un espacio político sin su principal rostro electoral, necesitado de nuevo liderazgo, nueva marca y nuevas reglas internas. Las dos operaciones están conectadas. Cuanto más avance Díaz hacia la OIT, menos sostenible resultará que la izquierda siga organizándose alrededor de una dirigente que ya ha decidido no volver a presentarse.

Una candidatura que no implica una salida inmediata

Pedro Sánchez ha respaldado la propuesta por la experiencia laboral de Díaz, su capacidad negociadora y su defensa del diálogo social. La ministra ha definido la OIT como la “casa común del trabajo” y ha afirmado que pretende representar a España, Europa, el Sur global y al conjunto de la comunidad internacional. El lenguaje es solemne, como corresponde. La campaña real será bastante menos fotogénica: llamadas entre gobiernos, contactos sindicales, negociaciones empresariales y apoyos intercambiados con discreción.

Incluso si resulta elegida en noviembre, Díaz podría continuar como vicepresidenta y ministra durante varios meses. El mandato del actual director general, Gilbert F. Houngbo, termina el 30 de septiembre de 2027 y la persona elegida asumirá el cargo al día siguiente. El calendario le permite mantener, en principio, su compromiso de permanecer en el Ejecutivo hasta el final de la legislatura. Otra cosa será la intensidad con la que pueda combinar la gestión ministerial con una candidatura internacional que exige recorrer medio mundo sin hacer demasiado ruido.

Las candidaturas deben formalizarse antes del 31 de agosto. Después se celebrará un acto público con los aspirantes el 23 de septiembre, seguido de audiencias privadas y una votación secreta el 16 de noviembre. Entre medias habrá una campaña sin mítines multitudinarios, pero con una aritmética feroz: cada respaldo cuenta y ningún bloque concede sus votos por simpatía o afinidad ideológica.

Cómo se elige a la dirección de la OIT

La Organización Internacional del Trabajo fue fundada en 1919 y cuenta con 187 Estados miembros. Su estructura es excepcional dentro de Naciones Unidas porque no entrega todo el poder a los gobiernos: los representantes de los trabajadores y de los empleadores participan directamente en las decisiones. Esa naturaleza tripartita es la gran singularidad de la institución y también la razón por la que elegir a su dirección general exige equilibrios casi de relojero.

La OIT no redacta leyes que entren automáticamente en vigor en España. Aprueba convenios internacionales, recomendaciones y normas laborales que los Estados pueden ratificar e incorporar a sus ordenamientos. También supervisa su aplicación, analiza el mercado mundial de trabajo y actúa como foro sobre salarios, negociación colectiva, seguridad laboral, jornadas, protección social, migraciones o empleo infantil.

La elección depende de los 56 miembros titulares del Consejo de Administración: 28 representantes gubernamentales, 14 empresariales y 14 sindicales. Díaz puede encontrar una recepción favorable entre numerosas organizaciones de trabajadores, aunque eso no garantiza un apoyo automático ni suficiente. Para ganar necesitará sumar gobiernos de distintas regiones y convencer a una parte del bloque empresarial, donde algunas de sus políticas despiertan tanta simpatía como una inspección fiscal un lunes por la mañana.

El Ejecutivo español tendrá que presentar a Díaz no solo como una dirigente progresista, sino como una figura capaz de administrar una organización plural y global. Los Estados europeos serán importantes, pero no bastan. América Latina, África y Asia pueden decidir una elección en la que pesan los intereses nacionales, las alianzas diplomáticas y la relación de cada país con la propia OIT.

Qué credenciales lleva Díaz a Ginebra

El principal activo de Yolanda Díaz es su trayectoria al frente del Ministerio de Trabajo desde 2020. Durante la pandemia negoció los expedientes de regulación temporal de empleo, los conocidos ERTE, que permitieron proteger puestos de trabajo mientras buena parte de la economía permanecía congelada. Después impulsó la regulación del teletrabajo, la ley de repartidores de plataformas digitales y la reforma laboral acordada con sindicatos y patronal.

La reforma redujo el peso de la contratación temporal y reforzó los contratos indefinidos, mientras el empleo español se mantuvo por encima de los 22 millones de ocupados. A ello se sumaron las sucesivas subidas del salario mínimo interprofesional, situado en 2026 en 1.221 euros mensuales distribuidos en 14 pagas. Son cifras que el Gobierno utilizará como tarjeta de presentación: Díaz no llega únicamente con una biografía política, sino con una etapa de transformación reconocible del mercado laboral.

También pesa su experiencia en el diálogo social. Los acuerdos alcanzados durante la crisis sanitaria reunieron a actores acostumbrados a mirarse con recelo y permitieron adoptar medidas urgentes sin romper por completo los puentes. Esa capacidad encaja con el funcionamiento de la OIT, donde el pacto no es una decoración institucional colocada junto a la bandera, sino el material con el que se construye casi todo.

El punto débil: la relación con la patronal

El historial de Díaz tiene otra cara. La relación del Ministerio de Trabajo con la CEOE se deterioró durante la segunda mitad de su mandato y varios acuerdos salieron adelante únicamente con el respaldo sindical. La reducción de la jornada semanal a 37 horas y media, una de sus principales apuestas, tampoco consiguió superar el bloqueo político y parlamentario.

Su candidatura deberá responder a esa contradicción: se presenta como una negociadora capaz de unir intereses, pero llega después de una etapa marcada por choques con la patronal y con parte de la oposición. Los representantes empresariales controlan una cuarta parte de los votos del Consejo de Administración. Para alcanzar la dirección general tendrá que persuadir a algunos de quienes contemplan sus políticas con notable prevención. La diplomacia, a veces, consiste precisamente en pedir el voto a quien ha pasado años criticándote.

El Gobierno defenderá que el desacuerdo no invalida la negociación y que muchas reformas laborales se aprobaron mediante pactos amplios. Sus adversarios subrayarán los conflictos posteriores. Entre ambas narraciones se moverá una campaña donde importará menos la política española que la capacidad de Díaz para proyectar una agenda laboral internacional aceptable para economías y modelos sociales muy distintos.

Una OIT atrapada entre derechos y falta de dinero

La candidatura aparece en un momento delicado para la organización. La OIT atraviesa una crisis financiera y de liquidez relacionada con los retrasos de varios Estados en el pago de sus contribuciones. El problema puede traducirse en recortes de personal, menor cooperación técnica y menos capacidad para supervisar el cumplimiento de las normas laborales. Una institución creada para proteger el empleo digno descubre, con cierta ironía amarga, que también ella depende de que alguien pague las facturas.

Díaz ya había advertido en Ginebra de que la falta de recursos podía poner en riesgo el mandato del organismo. El diagnóstico no es únicamente contable. Una OIT debilitada dispone de menos margen para enfrentarse al trabajo forzoso, la explotación infantil, la precariedad en las cadenas de suministro o la vulneración de la libertad sindical.

El desafío tecnológico añade otra capa. La inteligencia artificial, el trabajo mediante plataformas, la vigilancia algorítmica y la automatización están modificando profesiones enteras antes de que los legisladores terminen de entender las anteriores. La futura dirección deberá proteger derechos sin convertir la regulación en una vitrina polvorienta. Ni todo avance tecnológico es emancipador ni toda cautela legislativa equivale a detener el progreso.

También están sobre la mesa las migraciones laborales, el crecimiento del empleo informal y la competencia entre países basada en costes salariales. La OIT intenta fijar un suelo común en un mundo donde algunos gobiernos preferirían que ese suelo estuviera un par de plantas más abajo. Díaz buscará presentarse como una candidata dispuesta a reforzar el trabajo decente y la justicia social sin perder capacidad de interlocución con empresas y Estados.

La izquierda sin Díaz: liderazgo, siglas y coalición

La candidatura a la OIT convierte en definitiva una realidad que la izquierda alternativa llevaba meses evitando mirar de frente. Yolanda Díaz anunció que no encabezará una candidatura en las elecciones generales previstas para 2027. Permanecer en el Gobierno no equivale, por tanto, a conservar el liderazgo electoral. Puede seguir siendo vicepresidenta, ministra y referente institucional, pero el espacio necesita otra persona que se someta a las urnas y otra estructura que no dependa de su apellido.

Movimiento Sumar renovó su dirección el 11 de julio con Verónica Martínez Barbero y Rosa Martínez como cocoordinadoras. La lista respaldada por ambas obtuvo un apoyo abrumador en la asamblea y la formación aprobó una reorganización que pretende reforzar los territorios, la dirección colectiva y las alianzas con otras fuerzas progresistas. Es un cambio orgánico importante, aunque no resuelve la cuestión principal: dirigir el partido no significa necesariamente encabezar la candidatura electoral.

Sumar tiene dirección, pero todavía no tiene candidata

La futura coalición impulsada por Movimiento Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y Catalunya en Comú continúa sin una marca electoral definitiva y sin una persona elegida para aspirar a la Presidencia del Gobierno. Las formaciones han situado septiembre como horizonte para aclarar el liderazgo y admiten incluso la posibilidad de recurrir a alguien ajeno a los partidos. No sería una ocurrencia exótica: la búsqueda de perfiles procedentes de la sociedad civil forma parte de la tradición reciente de este espacio.

La solución tendrá que separar tres planos que durante la etapa de Díaz aparecían fundidos. Está la dirección de Movimiento Sumar, ya renovada; está la coordinación de la coalición entre varias organizaciones autónomas; y queda, finalmente, el cartel electoral. Una misma persona podría ocupar los tres lugares, pero las fuerzas implicadas parecen inclinarse hacia un reparto más colectivo del poder, menos presidencialista y, en teoría, más respetuoso con las identidades territoriales.

Ese modelo reduce el riesgo de que todo dependa de una sola figura, aunque plantea otro problema bastante conocido: cuando todos mandan un poco, a veces nadie termina mandando de verdad. La izquierda necesita una organización donde IU, Más Madrid, los Comuns y Movimiento Sumar compartan decisiones sin reproducir las disputas que desgastaron la coalición anterior. Unidad sin disciplina común puede convertirse en una fotografía amable seguida de cuatro ruedas de prensa contradictorias.

El papel de Podemos continúa siendo una de las grandes incógnitas. La formación morada mantiene una estrategia propia y años de enfrentamientos con Sumar y Más Madrid, aunque existen contactos y ninguna puerta parece formalmente clausurada. También se buscan acuerdos con fuerzas territoriales como Compromís, Chunta Aragonesista y Ara Més. La alianza actual está lejos de reunir la amplitud alcanzada en las elecciones generales anteriores.

La fragmentación no es únicamente un problema sentimental o televisivo. El sistema electoral español castiga con especial dureza la dispersión del voto en las provincias que reparten pocos escaños. Dos candidaturas próximas pueden sumar un porcentaje apreciable y, aun así, quedarse sin representación. La aritmética parlamentaria no entiende de heridas históricas, pureza ideológica ni comunicados furiosos; cuenta papeletas, reparte restos y después cierra la puerta.

La nueva dirección deberá acordar una candidatura, una marca, un programa común, mecanismos para resolver conflictos y una relación estable con sus socios territoriales. También necesitará explicar qué proyecto ofrece más allá de conservar los ministerios. Vivienda, salarios, servicios públicos, transición ecológica y derechos sociales pueden servir como terreno compartido, pero la política exige una voz reconocible que convierta esas propuestas en una historia comprensible.

Díaz seguirá influyendo mientras permanezca en el Gobierno. Su presencia evita una ruptura brusca, aunque también puede prolongar una transición extraña: la antigua líder continúa ocupando el cargo institucional más importante del espacio mientras otros buscan a su sucesora. Una especie de etapa posterior a Díaz con Díaz todavía sentada en la primera fila.

Ginebra mide algo más que un currículum

La candidatura de Yolanda Díaz es viable, pero está lejos de ser un paseo diplomático. Tiene experiencia ministerial, visibilidad europea, respaldo gubernamental y un historial laboral reconocible. También arrastra resistencias empresariales, una identidad ideológica definida y la obligación de reunir apoyos entre países que no comparten necesariamente su visión del trabajo.

Para la OIT, la elección decidirá quién gestiona una institución centenaria enfrentada a la precariedad, la automatización y su propia debilidad financiera. Para España, puede convertir a una vicepresidenta en la primera mujer española al frente de uno de los grandes organismos internacionales. Para la izquierda alternativa, en cambio, la candidatura funciona como un reloj: marca el tiempo que queda para sustituir un liderazgo que durante años parecía insustituible.

Sumar y sus aliados ya no pueden limitarse a esperar que aparezca otra figura capaz de reproducir el fenómeno de Yolanda Díaz. Probablemente no aparecerá. Tendrán que construir una dirección menos personalista, pactar una candidatura con aceptación popular y transformar una suma de organizaciones en una coalición que parezca algo más que una mesa de negociación permanente.

Ginebra aparece al fondo para Díaz; las urnas españolas, para quienes se quedan. En ambos lugares habrá que reunir votos muy diferentes. La paradoja es sencilla: mientras la vicepresidenta aspira a dirigir la casa mundial del diálogo social, su espacio político debe demostrar que todavía sabe dialogar consigo mismo.