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Caos elecciones en Honduras: Xiomara Castro ordena recuento
Las elecciones generales de Honduras del 30 de noviembre de 2025 iban camino de ser una noche larga y ya está: un recuento lento, actas bajo lupa, una autoridad electoral presionada por todos los flancos.

Honduras llega al 11 de enero con una victoria presidencial proclamada y una nueva orden de revisar todas las urnas. La presidenta Xiomara Castro ha dispuesto la publicación en el diario oficial La Gaceta de un decreto legislativo que plantea un recuento voto por voto en las 19.167 Juntas Receptoras de Votos de las elecciones del 30 de noviembre de 2025. La medida irrumpe después de que el Consejo Nacional Electoral, el CNE, declarara ganador a Nasry Asfura y mientras siguen abiertas las impugnaciones ante el Tribunal de Justicia Electoral.
El CNE proclamó el 24 de diciembre al candidato del Partido Nacional con el 40,27% de los votos, frente al 39,53% del liberal Salvador Nasralla. Rixi Moncada, candidata del partido gobernante Libre, quedó tercera con el 19,19%. Esa diferencia de menos de un punto entre los dos primeros explica la atención sobre cada acta, pero no resuelve la disputa principal: si las irregularidades denunciadas justifican una revisión total y qué institución tiene autoridad para ordenarla una vez emitida la declaratoria.
Un decreto que altera el final del escrutinio
La iniciativa va mucho más allá de examinar las mesas señaladas en una impugnación. Plantea volver a contar los votos de todas las JRV, incluidas aquellas cuyas actas no figuran entre las cuestionadas. Para quienes desconfían del resultado, una comprobación general puede ofrecer una respuesta más convincente que una revisión limitada. Para sus detractores, someter a examen la totalidad de una elección ya declarada equivale a disputar por otra vía las atribuciones del organismo electoral.
También está bajo discusión el origen del decreto. Sectores opositores denuncian que la sesión parlamentaria en la que se aprobó tuvo participación reducida y careció de quórum. La objeción afecta a algo más que una formalidad: si se discute la validez del instrumento que ordena la revisión, cualquier cifra obtenida mediante él nacerá bajo sospecha. La orden presidencial de publicarlo sitúa, por tanto, al Congreso, al Ejecutivo y al CNE en una controversia que no se despeja simplemente abriendo las urnas.
El alcance práctico de la medida tampoco es menor. Revisar el voto de todo el país exige localizar y custodiar material electoral, disponer de personal, permitir la presencia de las partes y aplicar un mismo criterio a las incidencias que aparezcan. Un recuento general no equivale a una corrección automática del resultado: podría confirmarlo, modificarlo o desencadenar nuevas controversias. Su utilidad dependería tanto de la integridad de las papeletas como de la confianza en el procedimiento elegido.
Hasta ahora, la disputa se había concentrado en actas observadas, interrupciones del escrutinio especial y recursos presentados ante la justicia electoral. El decreto cambia la escala. Ya no se trataría únicamente de determinar si determinadas mesas fueron bien contabilizadas, sino de reabrir el conjunto de la elección por decisión legislativa y ejecutiva. Esa diferencia explica por qué la polémica gira a la vez alrededor de los números y de los límites de cada poder.
Del voto de noviembre a la disputa de enero
Las elecciones generales se celebraron el 30 de noviembre de 2025. El recuento avanzó con lentitud y la transmisión de resultados preliminares fue objeto de críticas, en un clima en el que cada actualización se leía como indicio de un vuelco o de una posible manipulación. Al retraso se sumaron denuncias sobre actas inconsistentes y acusaciones cruzadas de bloqueo. La falta de una definición rápida dejó espacio para que los partidos construyeran interpretaciones incompatibles de un mismo proceso.
A mediados de diciembre, el llamado escrutinio especial, destinado a revisar actas con inconsistencias, sufrió interrupciones relacionadas con protestas y disturbios en Tegucigalpa, en las inmediaciones de instalaciones electorales. La presencia de fuerzas de seguridad hizo visible que el problema había salido del terreno administrativo. Custodiar una caja de papeletas o completar la revisión de un expediente pasó a depender también de que pudiera trabajarse sin presiones en el lugar donde se guardaba el material.
Castro elevó entonces sus denuncias y habló de un intento de golpe electoral. El Gobierno y Libre sostuvieron que existían irregularidades graves; la oposición acusó al Ejecutivo de presionar para alterar un desenlace desfavorable. Son afirmaciones políticas enfrentadas, no pruebas por sí mismas de fraude. La diferencia importa: un acta que requiere corrección puede revelar un error, mientras que acreditar una manipulación deliberada exige examinar hechos concretos y establecer responsabilidades.
El 24 de diciembre, el CNE emitió la declaratoria que dio la victoria a Asfura. Lejos de cerrar la disputa, el anuncio abrió otra fase. Nasralla mantuvo sus objeciones y el 30 de diciembre presentó un recurso ante el Tribunal de Justicia Electoral, el TJE. Solicitó revisión y recuento en al menos 12 de los 18 departamentos del país y alegó que se habían inflado votos a favor de Asfura en varias zonas. Esas alegaciones siguen sujetas al examen institucional correspondiente.
El TJE pidió documentación adicional y reclamó al CNE expedientes y papelería electoral. Había, por tanto, una vía de impugnación en marcha cuando apareció el decreto de enero. Esa secuencia ayuda a entender el choque actual: una cosa es que un tribunal valore reclamaciones delimitadas y ordene las comprobaciones que considere procedentes; otra, que un recuento nacional se impulse desde el Congreso y el Ejecutivo con la declaratoria ya emitida.
Asfura, Nasralla y Castro ante un resultado estrecho
Nasry Asfura, conocido como Tito Asfura, fue alcalde de Tegucigalpa y encabeza el regreso del Partido Nacional a la presidencia, según la declaratoria del CNE. Su ventaja sobre Nasralla es suficiente para situarlo como ganador proclamado, pero lo bastante ajustada para que la revisión de votos tenga relevancia política. Tras conocerse el resultado apeló a la unidad. Para que ese mensaje arraigue, necesita algo más difícil que un discurso: una transición cuyo fundamento electoral sea aceptado fuera de su propio partido.
Salvador Nasralla concurrió por el Partido Liberal y conoce el peso de una elección disputada. En 2017 ya rechazó resultados en otro proceso rodeado de controversia. Esta vez ha concretado su impugnación en territorios y en alegaciones de votos atribuidos indebidamente a su rival. Su petición no coincide exactamente con el decreto: reclama una revisión amplia, pero centrada en al menos 12 departamentos, mientras que la medida promovida por el oficialismo abarcaría todas las mesas del país.
La posición de Xiomara Castro es distinta de la de ambos aspirantes. La candidata de su partido, Rixi Moncada, quedó tercera, lejos de la pugna inmediata entre Asfura y Nasralla. Por eso, el respaldo del Gobierno a un recuento total se interpreta también a la luz de la pérdida de la presidencia por Libre. El partido sostiene que las anomalías afectan a la credibilidad del proceso; sus adversarios ven en la intervención del Ejecutivo un intento de cuestionar una derrota ya proclamada por el árbitro electoral.
Castro ha incorporado además a su discurso las denuncias de presiones e interferencias externas, con señalamientos hacia Estados Unidos y su entorno político. Es una dimensión sensible en un país donde las relaciones internacionales forman parte de cualquier crisis de poder. Esas acusaciones no sustituyen el examen de actas ni demuestran por sí solas una alteración del voto. Sí ayudan a explicar por qué, para el oficialismo, el conflicto se presenta como algo más amplio que un desacuerdo entre partidos hondureños.
En el centro se encuentra el Consejo Nacional Electoral. La autoridad que debía organizar el proceso y comunicar el resultado ha terminado convertida en uno de los objetos de la disputa. A las críticas por la lentitud se han sumado denuncias cruzadas de bloqueos en el escrutinio especial y de retirada de delegados de partidos. Cuando una institución necesita la colaboración de actores que desconfían unos de otros, incluso completar una revisión de actas puede volverse una tarea políticamente explosiva.
La vía judicial electoral sigue abierta
El TJE ofrece un cauce para examinar recursos, requerir documentación y resolver sobre las comprobaciones solicitadas. Su intervención no garantiza que todos acepten el desenlace, pero permite vincular cada reclamación con un expediente y una decisión. El decreto abre una ruta diferente y mucho más amplia. Si ambas avanzan sin una delimitación clara de sus efectos, los partidos podrían escoger la que favorezca su posición y rechazar la otra, incluso aunque persigan revisar el mismo material.
La diferencia entre esas rutas no es una discusión reservada a juristas. Una resolución sobre actas impugnadas responde a alegaciones identificables; la revisión de todas las mesas exige justificar por qué también deben examinarse aquellas sobre las que no consta una objeción concreta. El desacuerdo alcanza al alcance de la prueba: para unos, solo un control general despejaría las dudas; para otros, extender la sospecha a todo el país sin distinguir casos debilita una declaratoria que ya produjo efectos políticos.
La mirada exterior sobre la crisis hondureña
Las reacciones internacionales añaden presión a un calendario ya ajustado. Tras la proclamación del CNE hubo felicitaciones a Asfura por parte de gobiernos y actores políticos de orientación conservadora en la región, junto con señales de aceptación en ámbitos occidentales. Ese reconocimiento fortalece su posición pública, aunque no sustituye los procedimientos internos para resolver impugnaciones. Una felicitación diplomática tampoco demuestra que todas las actas estén libres de errores.
Estados Unidos ocupa un lugar destacado en las interpretaciones enfrentadas del resultado. Durante el proceso se habló de apoyos políticos a Asfura desde el entorno estadounidense: el oficialismo los presenta como parte de sus denuncias de injerencia y sus adversarios los leen como una expresión de afinidad política. El respaldo exterior y la comprobación electoral son planos distintos. Confundirlos dificulta apreciar qué puede establecer una revisión de votos y qué pertenece al terreno de las relaciones entre gobiernos.
La Organización de los Estados Americanos, la OEA, ha pedido durante el proceso resultados creíbles y contención en las declaraciones que puedan agravar la tensión. Su papel no consiste en nombrar al próximo presidente hondureño. Su preocupación apunta a un problema reconocible más allá de Honduras: una cifra oficial puede ser precisa y, aun así, no pacificar una elección si una parte importante de la sociedad desconfía de cómo se obtuvo o de quién estaba facultado para validarla.
Qué exige revisar 19.167 mesas
La promesa de contar cada voto parece sencilla sobre el papel. En la práctica, requiere abrir material procedente de 19.167 Juntas Receptoras de Votos y comprobar que cada caja, acta y papeleta conserva una trayectoria verificable desde la jornada electoral. La cadena de custodia importa porque una diferencia hallada en enero solo serviría para aclarar noviembre si se puede confiar en que el material revisado es el mismo que salió de las urnas y no ha sufrido alteraciones.
También harían falta criterios uniformes para resolver incidencias. Puede haber discrepancias entre un acta y la suma de las papeletas, documentos incompletos o votos cuya validez sea discutida. Aplicar reglas consistentes evita que una misma situación se trate de modo diferente según el departamento o el partido al que favorezca. Sin esa consistencia, el recuento correría el riesgo de multiplicar las impugnaciones en lugar de reducirlas.
La presencia de representantes de las candidaturas y una comunicación pública clara son otras piezas de la credibilidad. No bastaría con anunciar un nuevo total; habría que poder explicar qué se revisó, qué cambió y por qué. Las protestas alrededor de instalaciones electorales durante el escrutinio especial muestran lo difícil que resulta proteger ese trabajo cuando el ambiente está cargado. Un centro de custodia necesita calma, no solo vigilancia: el personal debe poder abrir documentos sin que cada movimiento desate otra acusación.
La estrechez de la diferencia presidencial aumenta el interés por los errores, pero no permite deducir que vayan a cambiar al ganador. La distancia entre el 40,27% y el 39,53% es inferior a un punto porcentual; el efecto real de cualquier corrección depende de cuántos votos afecte y de cómo se distribuyan. Tampoco todas las actas señaladas como problemáticas contienen necesariamente cambios capaces de alterar el resultado. El recuento tendría que mostrarlo, no darlo por hecho de antemano.
La huella de la elección de 2017
Honduras llega a este pulso con una memoria reciente de conflictos postelectorales. La elección de 2017 dejó protestas y una controversia prolongada sobre la legitimidad del resultado; Nasralla figuró entonces entre quienes lo rechazaron. Ese antecedente no prueba que las denuncias actuales sean ciertas o falsas. Explica, más bien, por qué los retrasos, las actas cuestionadas y las decisiones institucionales discutidas encuentran hoy un terreno propicio para la desconfianza.
La confianza no depende únicamente de contar bien. También exige que quienes pierden puedan reconocer reglas aplicadas de forma previsible y que quienes ganan no necesiten cambiar el procedimiento a mitad de la disputa. El recuerdo de 2017 hace más difícil conceder ese margen a las instituciones. De ahí que un recuento, incluso uno exhaustivo, no baste por sí solo para reparar una fractura política acumulada durante años.
Las actas discutidas no dibujan el mismo mapa para todos
La impugnación presentada por Nasralla identifica al menos 12 de los 18 departamentos y denuncia votos supuestamente inflados a favor de Asfura en varias zonas. Se trata de una reclamación territorialmente delimitada, aunque extensa. El decreto, en cambio, no distingue departamentos ni mesas según el tipo de incidencia: plantea revisar todo. La diferencia no es solo cuantitativa. Un procedimiento examina reclamaciones específicas; el otro parte de que una comprobación nacional es necesaria para dar credibilidad al resultado.
En los debates sobre la elección también aparece el voto de los hondureños en el exterior, en particular las dificultades denunciadas para ejercerlo en Estados Unidos. Los fallos de acceso al sufragio merecen un examen propio, pero no son idénticos a los errores en el cómputo de votos ya emitidos. Un recuento puede comprobar papeletas guardadas en las urnas; por sí mismo, no remedia que un elector no hubiera podido votar. Mezclar ambos problemas oscurece lo que cada medida puede resolver.
Tegucigalpa concentra otra imagen del conflicto: protestas cerca de los espacios donde se conserva o revisa la documentación electoral. Allí se cruzan el trabajo silencioso de quienes comprueban cifras y la presión visible de quienes exigen respuestas. La custodia física del material se convierte así en una cuestión política. Una caja intacta puede ayudar a aclarar una discrepancia; una caja cuya conservación sea discutida añade una pregunta nueva antes incluso de abrirla.
Las denuncias de intimidación y de obstáculos al escrutinio deben entenderse en ese contexto, sin confundir acusaciones con hechos ya acreditados. Una protesta puede expresar desconfianza legítima, pero los trabajadores electorales necesitan condiciones para revisar documentos sin interferencias. La posibilidad de observar no debe convertirse en capacidad de bloquear. Tampoco la seguridad del recinto debería impedir que las partes comprueben cómo se trata el material. El equilibrio es difícil y afecta a la credibilidad del resultado final.
Lo que se juegan los partidos más allá del resultado
Para Libre, sostener la exigencia de una revisión completa significa mantener abierta la discusión sobre unas elecciones que dejan a su candidata en tercer lugar. Su posición combina la denuncia de irregularidades con una batalla por el relato político: aceptar la derrota no equivale a renunciar a impugnar, pero la impugnación necesita pruebas y un cauce reconocido. Cuanto más se identifique el recuento con la continuidad del partido en el poder, más difícil será presentarlo como una comprobación ajena a sus intereses.
Para el Partido Nacional, el decreto amenaza la estabilidad de una victoria ya proclamada. Incluso si una revisión confirmara a Asfura, el tiempo empleado y las disputas sobre su validez podrían debilitar el comienzo de su mandato. El partido tiene interés en defender la declaratoria del CNE y en que los recursos pendientes se resuelvan sin convertir cada mesa en una nueva negociación política. Esa defensa, por sí sola, tampoco elimina el derecho a plantear impugnaciones fundadas.
El Partido Liberal ocupa una posición menos cómoda de lo que su reclamación de recuento podría sugerir. Nasralla aspira a revisar votos porque quedó cerca del ganador, pero la vía elegida importa tanto como la revisión. Puede compartir la necesidad de examinar actas y discrepar de que el Ejecutivo de Castro impulse un control total. En una crisis con tres fuerzas principales, coincidir en el diagnóstico de que existen dudas no implica estar de acuerdo sobre quién debe resolverlas.
La incertidumbre llega también a la administración y a la vida pública. Preparar una transición exige decisiones y coordinación mientras los partidos discuten el fundamento de la victoria. No es posible atribuir sin más a la crisis electoral un daño económico concreto, pero la prolongación del conflicto dificulta la previsibilidad institucional. Para un país que ya ha vivido interrupciones del escrutinio y movilizaciones, cada nueva disputa sobre el procedimiento consume tiempo y atención que la transición también necesita.
La autoridad para decidir está en disputa
El CNE ha emitido una declaratoria, el TJE examina recursos, el Congreso ha aprobado un decreto cuestionado y la presidenta ha ordenado su publicación. El punto crítico es cómo se articulan esas decisiones, no cuál de los actores habla más alto. La existencia de reclamaciones electorales no borra por sí sola la proclamación del CNE; la proclamación tampoco hace desaparecer automáticamente los recursos presentados contra ella. El decreto añade una controversia sobre las competencias para revisar el resultado.
Las denuncias de falta de quórum en la sesión parlamentaria son especialmente relevantes porque afectan al origen mismo de la orden de recuento. Si prospera la idea de que el decreto nació de un procedimiento inválido, sus detractores cuestionarán también cualquier resultado que produzca. Si, por el contrario, se ignoran sin examen las dudas sobre el escrutinio anterior, quienes reclaman una revisión seguirán viendo la declaratoria como un cierre prematuro. Ninguna de esas posiciones se disuelve repitiendo que basta con respetar los votos.
Hay una distinción decisiva entre aclarar una elección y trasladar la disputa de una institución a otra. El recuento puede ser útil si establece un método aceptable para comprobar las papeletas y encauza las impugnaciones existentes. Si se convierte en una competición entre declaratorias, decretos y resoluciones incompatibles, Honduras podría terminar con más cifras que certezas. La pregunta de fondo es quién podrá dar una respuesta verificable que no dependa únicamente de la fuerza política de quien la anuncia.
El 27 de enero estrecha el margen
La toma de posesión presidencial está prevista para el 27 de enero de 2026. Esa fecha deja poco espacio para una revisión nacional, para resolver los recursos abiertos y para zanjar los conflictos sobre el propio decreto. Recontar 19.167 mesas no es una operación que pueda medirse solo por las horas necesarias para sumar papeletas. Hay que preparar el acceso al material, garantizar su conservación, documentar incidencias y comunicar decisiones en un ambiente político ya tenso.
El calendario tampoco facilita la cooperación entre partidos. La retirada de delegados, los cuestionamientos sobre actas o las protestas en lugares de custodia pueden interrumpir trabajos que requieren continuidad. La presión del plazo no rebaja la exigencia de garantías: un resultado apresurado, sin una explicación comprensible de cómo se obtuvo, ofrecería un blanco fácil a nuevas impugnaciones. Al mismo tiempo, demorar indefinidamente la resolución dejaría la transición presidencial bajo una incertidumbre creciente.
Hay escenarios muy distintos. Una revisión realizada con reglas claras podría confirmar la victoria proclamada o mostrar correcciones relevantes y permitir que las instituciones respondan a ellas. También podría quedar paralizada por desacuerdos sobre su validez o por obstáculos materiales. Ningún desenlace está asegurado por el simple anuncio de contar de nuevo. Antes de saber si las cifras cambian, Honduras necesita saber si quienes intervienen reconocen el procedimiento que dará lugar a esas cifras.
Contar los votos y lograr que el país crea en el resultado
La crisis reúne números precisos y una incertidumbre que no se deja expresar con un porcentaje: 40,27% frente a 39,53%, 19.167 mesas y una reclamación que abarca al menos 12 departamentos. Detrás de esas cifras hay tres disputas distintas: si los votos se contaron correctamente, qué alcance deben tener las revisiones y quién puede ordenarlas. Confundirlas favorece los discursos más rotundos, pero dificulta encontrar una salida que responda a cada problema.
Asfura se apoya en la declaratoria del CNE; Nasralla busca una revisión mediante su recurso ante el TJE; Castro y Libre respaldan un recuento total por decreto. Ninguna de esas posiciones elimina la necesidad de pruebas comprobables y procedimientos reconocibles. La transparencia no consiste solo en abrir cajas ante testigos. Consiste también en explicar qué dudas justifican hacerlo, cómo se protege el material y de qué manera se resolverán las discrepancias que puedan aparecer.
Honduras encara así las semanas previas al cambio de gobierno con una tarea más difícil que sumar de nuevo. La elección necesita un desenlace sustentado en instituciones capaces de tramitar el desacuerdo sin añadirle nuevas dudas. Un recuento puede aclarar las cifras; una resolución judicial puede delimitar responsabilidades; una declaratoria establece un resultado oficial. La confianza depende de cómo encajen esas piezas. Si cada una sirve para negar a las demás, la controversia sobrevivirá al 27 de enero, cualquiera que sea el nombre del presidente que tome posesión.












