¿Por qué vuelven las nacionalizaciones de empresas en todo el mundo?

Las nacionalizaciones de empresas están regresando porque muchos gobiernos han dejado de considerar determinados sectores como simples negocios privados. Acero, ferrocarriles, energía, semiconductores, defensa o tierras raras han pasado a formar parte del vocabulario de la seguridad nacional. Cuando una fábrica puede condicionar el suministro militar, una mina alimenta la industria tecnológica o una central decide buena parte de la autonomía energética de un país, la propiedad deja de ser solamente una cuestión de rentabilidad.

El ejemplo más contundente acaba de llegar del Reino Unido. British Steel pasó a propiedad pública el 16 de julio de 2026, casi cuatro décadas después de la privatización impulsada bajo Margaret Thatcher. El Gobierno británico llevaba interviniendo la empresa desde abril de 2025 para impedir el cierre desordenado de sus altos hornos de Scunthorpe y finalmente optó por nacionalizarla al considerar imprescindible conservar capacidad propia para fabricar acero primario.

No es una anécdota británica ni una excentricidad laborista. El Fondo Monetario Internacional ha identificado una nueva oleada internacional de nacionalizaciones que se extiende por economías muy distintas y adopta formas también diferentes: compras de empresas, participaciones minoritarias, control de recursos naturales, recuperación de infraestructuras o mecanismos que permiten al Estado vetar decisiones empresariales consideradas sensibles. Entre 2016 y 2026, las estimaciones recopiladas por el historiador Nicholas Mulder sitúan el valor de los activos nacionalizados entre 239.000 y 544.000 millones de dólares.

La ironía histórica es difícil de ignorar. Durante cuatro décadas, buena parte de Occidente convirtió la privatización en una especie de reflejo administrativo: vender, liberalizar, externalizar. El péndulo no ha vuelto exactamente al otro extremo, pero sí se ha movido. El Estado empresario, al que tantos gobiernos daban por jubilado, vuelve a entrar por la puerta de servicio vestido de soberanía económica, seguridad nacional y política industrial.

British Steel, el símbolo de un cambio mucho más profundo

British Steel tiene un valor político que desborda sus balances. El acero parece un producto bastante poco sofisticado al lado de la inteligencia artificial o los microchips, pero sigue siendo la argamasa industrial de automóviles, trenes, puentes, tuberías, infraestructuras energéticas y material de defensa. Un país puede comprarlo fuera. Otra cosa es querer depender siempre de que alguien se lo venda.

La planta de Scunthorpe era especialmente delicada porque conserva la capacidad de fabricar acero primario a partir de mineral de hierro, una actividad que el Ejecutivo británico consideró estratégica. La compañía pertenecía al grupo chino Jingye, con el que el Gobierno no consiguió pactar una solución duradera. Tras meses de intervención, el Parlamento aprobó la legislación necesaria y la empresa terminó pasando a manos públicas. El objetivo declarado es estabilizarla, mantener la producción y buscar un modelo industrial viable y descarbonizado, incluso contemplando más adelante inversión privada.

Es decir, nacionalizar tampoco significa necesariamente que una empresa vaya a permanecer eternamente dentro del Estado. En muchos casos, la propiedad pública funciona como una herramienta de emergencia o de transición. Algo parecido ocurrió tras la crisis financiera de 2008, cuando varios gobiernos entraron en bancos y grandes compañías para impedir un derrumbe sistémico y posteriormente vendieron buena parte de esas participaciones.

Pero hay una diferencia importante. Entonces se salvaban empresas porque su caída podía hundir el sistema financiero. En la década de 2020 se interviene cada vez más porque un activo proporciona capacidad industrial, tecnológica o energética que un Gobierno no quiere perder. La pregunta ya no es únicamente cuánto dinero gana una empresa. También importa qué ocurre si desaparece.

Y el Reino Unido va bastante más allá del acero. Su programa ferroviario prevé devolver progresivamente a la propiedad pública los servicios de pasajeros contratados por el Departamento de Transporte. A comienzos de junio de 2026, nueve de los 14 operadores afectados ya estaban en manos públicas y el proceso debía completarse a finales de 2027.

De Thatcher al Estado estratégico sin cambiar de siglo

Resulta tentador presentar el fenómeno como la revancha tardía de quienes nunca aceptaron las privatizaciones de los años ochenta y noventa. Sería cómodo, aunque incompleto.

La nacionalización actual no procede únicamente de la izquierda económica. También aparece en gobiernos conservadores, nacionalistas o directamente partidarios del mercado cuando consideran que la seguridad pesa más que la ortodoxia liberal. El resultado es una economía política bastante menos limpia que la de los manuales: capital privado, dinero público, subsidios, restricciones a inversores extranjeros, participaciones estatales y contratos militares conviven en el mismo tablero.

Estados Unidos ofrece quizá el ejemplo más llamativo.

Estados Unidos también compra empresas estratégicas

En agosto de 2025, el Gobierno estadounidense acordó invertir 8.900 millones de dólares en Intel mediante la adquisición de acciones ordinarias. La operación representaba aproximadamente un 9,9% del fabricante de semiconductores. El Estado no obtuvo puestos en el consejo de administración y la participación se planteó como pasiva, pero el simbolismo económico era formidable: Washington se convertía en accionista de una de las grandes compañías tecnológicas estadounidenses.

No se trataba de salvar una fábrica de zapatos. Los microprocesadores están detrás de centros de datos, sistemas de armas, telecomunicaciones, automóviles y prácticamente cualquier infraestructura digital moderna. La dependencia mundial de las fábricas asiáticas convirtió la fabricación avanzada de chips en una cuestión geopolítica. De repente, disponer de capacidad productiva dentro del territorio dejó de parecer una ineficiencia cara y empezó a sonar a seguro nacional.

La intervención estadounidense en MP Materials sigue una lógica similar. En julio de 2025, el Departamento de Defensa pactó una inversión mediante acciones preferentes convertibles y warrants que podía representar alrededor del 15% del capital de la compañía. El acuerdo incluía también financiación, compromisos de compra y un precio mínimo durante diez años para determinados productos de tierras raras. MP Materials explota Mountain Pass, en California, pieza central del intento estadounidense de reducir su dependencia exterior en minerales esenciales para imanes, vehículos eléctricos, radares y armamento.

Esto no es una nacionalización clásica al estilo de las grandes compañías públicas europeas de mediados del siglo XX. Nadie ha convertido Intel en un ministerio ni ha colocado necesariamente funcionarios a decidir qué procesador sale de la fábrica. Es otra cosa: capitalismo con participación estratégica del Estado, donde Washington utiliza su capacidad financiera para asegurarse influencia, producción y suministros.

El matiz importa porque explica el verdadero regreso de lo público. No estamos ante una copia de 1945. El Estado del siglo XXI puede controlar sin poseer el 100%, subvencionar sin dirigir el día a día, garantizar compras, imponer precios mínimos o quedarse una participación suficiente para que ciertas decisiones dejen de ser estrictamente privadas.

Europa recupera la política industrial

La Unión Europea también está abandonando, poco a poco y con el habitual ceremonial burocrático, la idea de que basta con comprar siempre al proveedor más barato.

La Comisión prepara instrumentos para favorecer la producción europea en sectores estratégicos y reducir dependencias exteriores. En julio de 2026 trascendió un borrador que permitiría excluir de determinados grandes contratos públicos ofertas con menos de un 50% de contenido europeo, dentro de un planteamiento más amplio de autonomía industrial. La contratación pública europea equivale aproximadamente al 15% del PIB de la UE, de modo que mover ese enorme monedero tiene consecuencias industriales nada pequeñas.

Francia mantiene desde hace años una tradición mucho menos pudorosa respecto a la participación pública. EDF volvió completamente al control estatal en 2023 y, en junio de 2026, la Asamblea Nacional aprobó en segunda lectura una proposición destinada a nacionalizar ArcelorMittal France, defendida como una operación para preservar la soberanía industrial. Que una iniciativa parlamentaria prospere no significa que la nacionalización se haya consumado, pero la discusión política habría parecido casi arqueológica unas décadas atrás.

Bélgica ha avanzado por una vía distinta. El Estado y Engie firmaron el 30 de abril de 2026 una carta de intenciones para negociar la posible adquisición de todas las actividades nucleares del grupo en el país, incluidos siete reactores, personal, filiales, activos y obligaciones asociadas. Las conversaciones no equivalen todavía a una compra cerrada, pero el Gobierno belga ha expresado claramente su intención de asumir propiedad directa sobre activos nucleares por razones de suministro, resiliencia industrial y política energética.

También Alemania pretende reforzar su influencia en sectores militares. El Gobierno alemán decidió adquirir una participación relevante en KNDS, fabricante franco-alemán de carros de combate y sistemas de artillería, buscando equilibrar la posición pública francesa y conservar peso sobre cuestiones especialmente delicadas como centros productivos y empleo. Europa ha descubierto, entre una guerra en su frontera oriental y una relación transatlántica mucho menos confortable, que la industria de defensa no se reconstruye solamente pronunciando discursos sobre autonomía estratégica. Hace falta fábrica.

China cambió las reglas sin necesidad de anunciarlas

En el fondo de buena parte de este movimiento aparece China. No como causa única, desde luego, pero sí como gigantesco elefante sentado tranquilamente en la sala.

Durante años, las economías occidentales defendieron una separación relativamente nítida entre empresas privadas y política estatal mientras Pekín desarrollaba un modelo en el que crédito público, planificación, empresas estatales y ayudas fiscales podían remar en una dirección parecida. El resultado se aprecia en sectores como paneles solares, baterías, vehículos eléctricos, acero, telecomunicaciones o procesamiento de minerales críticos.

El problema para Europa y Estados Unidos no consiste solo en competir contra productos chinos baratos. Consiste en hacerlo frente a un sistema donde la política industrial china puede sostener durante años actividades consideradas estratégicas aunque su rentabilidad inmediata resulte mediocre.

Ahí empieza a resquebrajarse la vieja comodidad occidental. Si el competidor controla materias primas, subvenciona fábricas, protege determinados sectores y utiliza restricciones comerciales como instrumento diplomático, mantener una política basada exclusivamente en eficiencia de costes puede acabar produciendo una paradoja bastante desagradable: todo resulta barato hasta que deja de estar disponible.

Las cadenas de suministro dejaron de parecer eternas

La pandemia fue el ensayo general. Mascarillas, medicamentos, componentes industriales y semiconductores escasearon al mismo tiempo que los Gobiernos descubrían cuánto habían externalizado. Después llegó la invasión rusa de Ucrania y Europa comprobó, esta vez en la factura energética, el precio político de una dependencia exterior excesiva.

Desde entonces, términos como resiliencia, autonomía estratégica o seguridad de suministro han pasado de los documentos académicos a los presupuestos públicos.

Ese cambio explica también el creciente interés por litio, cobre, níquel, uranio y tierras raras, recursos vinculados a la transición energética. Un molino de viento parece muy verde hasta que se observa la larga cadena de minerales, imanes, acero, electrónica y logística necesaria para construirlo. Lo mismo ocurre con un coche eléctrico, un misil o un centro de datos. La economía digital continúa teniendo una sorprendente cantidad de minas detrás.

El FMI considera que esta es la cuarta gran oleada de nacionalizaciones del último siglo, después de las surgidas durante la Gran Depresión, la posguerra y la década de 1970. La actual tiene ingredientes propios: rivalidad geopolítica, transición energética, alteraciones del comercio mundial y preocupación por controlar recursos y tecnologías críticas.

Nacionalizar tampoco convierte automáticamente una empresa en eficiente

Aquí conviene apartar durante un momento la bandera. Que un activo sea estratégico puede justificar una intervención pública; no demuestra que el Estado vaya a gestionarlo mejor.

Una nacionalización traslada riesgos. Los accionistas privados dejan de soportar parte de ellos y el contribuyente entra en escena. Una industria estructuralmente deficitaria puede seguir siéndolo después de cambiar el logotipo de la puerta. Y las empresas públicas también pueden sufrir mala gestión, interferencias políticas, exceso de personal, inversiones equivocadas o una curiosa capacidad para convertir pérdidas empresariales en cifras discretamente escondidas dentro de presupuestos enormes.

La experiencia histórica ofrece ejemplos para todos los gustos. Empresas públicas que ayudaron a construir redes eléctricas, ferroviarias o industriales que el mercado privado difícilmente habría financiado por sí solo; y compañías estatales convertidas en auténticos agujeros negros presupuestarios. También sobran privatizaciones eficientes y otras que simplemente sustituyeron un monopolio público por uno privado. El color del propietario, por sí mismo, no arregla una cuenta de resultados.

El dilema actual está precisamente ahí. Eficiencia y soberanía no siempre coinciden. Comprar acero extranjero puede resultar más barato que fabricarlo en una planta nacional; depender completamente del extranjero puede resultar carísimo el día que una guerra, una sanción o una crisis comercial interrumpen el suministro. Una central eléctrica privada puede gestionar mejor determinados costes; un Gobierno puede decidir que no quiere dejar su seguridad energética enteramente en manos de decisiones corporativas.

La cuestión económica se ha convertido, otra vez, en una cuestión política.

El mercado sigue ahí, pero el Estado ha vuelto a la fábrica

No estamos asistiendo a la desaparición del capitalismo ni a una resurrección de las economías planificadas. La inversión privada sigue dominando buena parte de la economía mundial y los mercados financieros conservan una capacidad formidable para premiar, castigar y disciplinar decisiones gubernamentales.

Lo que se está deshaciendo es algo más concreto: la convicción, muy extendida desde finales del siglo XX, de que la propiedad privada y el libre comercio proporcionan siempre la respuesta más eficiente independientemente del sector.

Los gobiernos están estableciendo excepciones. Muchas. Una acería porque sostiene la industria militar. Una mina porque produce minerales críticos. Una empresa tecnológica porque fabrica chips. Una central nuclear porque garantiza electricidad. Un ferrocarril porque se considera infraestructura básica. Al sumar excepciones, el paisaje económico empieza a cambiar.

Italia utiliza su banco público CDP para reforzar posiciones en defensa y cuenta con poderes especiales para condicionar operaciones en compañías estratégicas. Alemania busca influencia accionarial sobre empresas militares. Bélgica negocia asumir instalaciones nucleares. Francia debate la propiedad de su industria siderúrgica. Estados Unidos compra participaciones en fabricantes de chips y minerales críticos. El Reino Unido nacionaliza acero y recupera paulatinamente operaciones ferroviarias. El denominador común es el mismo: más intervención estatal en sectores considerados esenciales.

El viejo debate entre Estado y mercado, presentado durante años como una pelea casi teológica, se ha vuelto bastante más terrenal. Cuando faltan chips, gas, acero o tierras raras, las doctrinas económicas pierden rápidamente su elegancia.

La gran transformación de 2026 está ahí: las empresas estratégicas vuelven a ser instrumentos de poder nacional. No porque los gobiernos hayan dejado de confiar en el mercado, sino porque han empezado a desconfiar del mundo que lo rodea. Y en una economía fragmentada por guerras comerciales, rivalidades tecnológicas y cadenas de suministro vulnerables, poseer una fábrica —o al menos tener la llave de la puerta— vuelve a parecer una idea sorprendentemente moderna.