¿Cárceles en hogares? El plan para 1.332 viviendas públicas

El Gobierno ha aprobado el traspaso de ocho antiguos recintos penitenciarios y sus terrenos para impulsar 1.332 viviendas protegidas y asequibles en distintas ciudades españolas. La operación, acordada por el Consejo de Ministros el 14 de octubre de 2025, incorpora esos activos a Sepes, entidad estatal que se prepara para asumir nuevas funciones como organismo público de vivienda y suelo. No significa que las casas estén ya construidas ni que todas las obras vayan a comenzar a la vez: cada emplazamiento parte de una situación urbanística diferente.

El proyecto se distribuye entre Madrid, Sevilla, Córdoba, Dénia, Huesca, Zaragoza, Segovia y Briviesca, en la provincia de Burgos. Carabanchel concentra la intervención más grande, con 508 viviendas previstas, mientras que en Briviesca se plantean ocho. Los terrenos, incluidos en el Plan de Amortización y Creación de Establecimientos Penitenciarios, tienen una valoración conjunta superior a 78 millones de euros y se transferirán sin coste desde la sociedad dependiente de Interior a la entidad pública de vivienda. La cifra anunciada describe una capacidad prevista, no una entrega inmediata de hogares.

Qué cambia con el traspaso de los antiguos recintos

La decisión convierte suelo estatal que había estado vinculado a la actividad penitenciaria en terrenos destinados a promoción residencial. La transferencia se realiza desde SIEPSE, la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado, hacia Sepes. El paso relevante es institucional: la entidad que desarrolla suelo y proyectos públicos podrá hacerse cargo de estas actuaciones, en lugar de mantenerlas bajo la órbita de la gestión de infraestructuras penitenciarias. El cambio de titularidad permite avanzar la reconversión, pero por sí solo no resuelve los trámites, la financiación de las obras ni la construcción de los edificios.

Los ocho activos están vinculados al PACEP, el plan estatal que ordena la amortización y creación de establecimientos penitenciarios. La valoración de más de 78 millones de euros corresponde al patrimonio transferido; no es el presupuesto de las promociones ni el coste total de urbanizar y construir las viviendas. Tampoco supone que el Estado haya recibido esa cantidad en efectivo: según lo anunciado, el traspaso entre organismos se efectuará sin desembolso para la nueva entidad. Para que el suelo se convierta en viviendas habrá que completar, según cada lugar, trabajos de planificación, urbanización y edificación.

La operación forma parte de una estrategia más amplia de movilización de patrimonio público para aumentar la oferta residencial protegida. En paralelo, el Gobierno había anunciado la incorporación de activos de Defensa y de viviendas y suelos de Sareb a la cartera de Sepes. Entre las actuaciones citadas figuran 17 inmuebles de Defensa con capacidad para alrededor de 1.000 viviendas y la incorporación anunciada de 40.000 viviendas y 2.400 suelos de Sareb. Son iniciativas distintas, con sus propios procedimientos: sumar terrenos a una cartera pública no equivale a disponer ya de las viviendas ni permite dar por resueltos los problemas de acceso en el mercado.

El reparto de las 1.332 viviendas por ciudades

La distribución anunciada asigna 508 viviendas al ámbito de la antigua cárcel de Carabanchel, en Madrid, y 240 al solar de La Ranilla, en Sevilla. Córdoba prevé 174 y Dénia, en Alicante, 145. Huesca suma 140 viviendas; el antiguo recinto de Torrero, en Zaragoza, 64; Segovia, 53; y Briviesca, en Burgos, ocho. La suma de esas previsiones alcanza las 1.332 unidades residenciales. La disparidad responde a la dimensión y las condiciones de cada actuación: no se trata de ocho proyectos iguales repartidos de manera uniforme.

Carabanchel es el emplazamiento de mayor escala. La parcela vinculada a la antigua prisión tiene unos 27.000 metros cuadrados y se prevén allí 508 viviendas. La entidad estatal tiene asignadas tres parcelas completas y parte de una cuarta compartida, y deberá asumir la urbanización de la actuación que le corresponde. Aunque el número de hogares convierte este ámbito en la pieza principal del plan, el proyecto de urbanización todavía necesita aprobación. Por eso, 508 es una previsión del desarrollo, no un número de viviendas terminadas ni una fecha de entrega.

En Sevilla, las 240 viviendas se proyectan en el antiguo solar de La Ranilla, una cárcel construida en los años treinta y demolida en 2007. Córdoba prevé 174, pero su proyecto de urbanización debe actualizarse después de que una adjudicación anterior quedara anulada por el aumento de los precios, que había dejado desfasadas las condiciones económicas. En Dénia se plantean 145 viviendas en el terreno de una prisión que sigue en pie y cuya demolición está pendiente. Los tres casos muestran que el anuncio común reúne fases muy distintas: un solar ya demolido no plantea las mismas tareas que un proyecto que necesita revisión o derribo.

Las actuaciones de menor tamaño también completan el mapa. La antigua prisión provincial de Huesca, inaugurada en 1955, tiene capacidad prevista para 140 viviendas; Torrero, en Zaragoza, para 64; Segovia para 53; y Briviesca para ocho. En Huesca, Segovia y Briviesca se habían señalado licitaciones próximas para las obras de urbanización. Esa previsión no debe confundirse con un calendario de ocupación: antes de que haya residentes tienen que ejecutarse los trabajos correspondientes y levantarse los edificios. La escala reducida de algunos proyectos no elimina sus trámites, aunque permite que cada localidad aporte una pieza propia al plan.

Un calendario desigual, lejos de una entrega inmediata

Las actuaciones parten de estados administrativos diferentes. La información difundida tras el acuerdo indicaba que los planeamientos estaban aprobados, pero también distinguía entre emplazamientos próximos a licitar trabajos de urbanización y otros todavía en trámites. En Carabanchel quedaba pendiente la aprobación de su proyecto de urbanización; en Córdoba había que actualizarlo; y en Dénia seguía por delante la demolición del recinto. Por eso, hablar de una única fecha de inicio o de finalización para las ocho ciudades sería engañoso: el plan es común, pero la secuencia de ejecución no.

Urbanizar tampoco es lo mismo que construir viviendas. La urbanización prepara el terreno y organiza las condiciones necesarias para edificar, mientras que la promoción residencial comprende después el diseño y la construcción de los edificios. Entre ambas fases pueden intervenir licitaciones y autorizaciones administrativas. En la práctica, una actuación puede haber avanzado en planeamiento sin haber entrado todavía en obra, o contar con una previsión de licitación sin que exista una fecha confirmada para que las viviendas estén disponibles. La cifra total mide el alcance previsto del proyecto, no el ritmo al que se incorporará cada vivienda al parque público.

El antecedente de Córdoba ilustra por qué el calendario puede cambiar. La urbanización llegó a adjudicarse, pero los precios habían quedado desactualizados y el proyecto dejó de ser viable en esas condiciones. La necesidad de revisar la planificación antes de reactivar una licitación muestra que aprobar una intervención no garantiza que el coste calculado siga correspondiendo con el mercado de la construcción. Si las condiciones económicas no permiten ejecutar las obras, el trámite puede retrasarse aunque el uso residencial esté previsto. Actualizar los proyectos y sus presupuestos es parte del proceso, no un detalle posterior a la decisión política.

En los emplazamientos donde se anunciaron próximas licitaciones, el siguiente hito será comprobar que los procedimientos se convocan y que las obras se adjudican en condiciones realizables. Después vendrán los plazos propios de cada intervención. La información disponible no fija una fecha única de entrega para las 1.332 viviendas ni detalla una cadencia anual de construcción. A falta de ese calendario, lo más preciso es seguir cada expediente por separado y distinguir entre suelo transferido, proyecto de urbanización, obra licitada y vivienda terminada. Esas etapas no son intercambiables, aunque a menudo se mezclen en los titulares.

La memoria de las cárceles también forma parte del proyecto

La transformación no es solo un cambio de uso del suelo. En varios de estos lugares, las prisiones estuvieron ligadas a la represión política durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. La cárcel de Carabanchel funcionó hasta 1998 y alojó a presos políticos y sociales; La Ranilla también quedó asociada al encarcelamiento de republicanos y a la represión. Torrero, en Zaragoza, fue otro espacio vinculado a ese pasado. El destino residencial convive así con una historia que no desaparece al derribar los muros, y obliga a decidir cómo se recuerda el lugar en el nuevo entorno.

El Ministerio de Vivienda ha señalado que trabajará con el Ministerio de Memoria Democrática en el caso de Carabanchel, dada la relevancia histórica del recinto. Esa colaboración introduce una dimensión que no aparece en el simple recuento de pisos: el desarrollo urbano tendrá que atender tanto a la creación de vivienda como al significado de un lugar relacionado con la represión. La memoria no determina por sí sola el diseño final, y la información disponible no especifica qué elementos se conservarán ni qué forma tendrán los espacios de recuerdo. Sí deja claro que el pasado del emplazamiento se considera parte de la actuación.

La reconversión puede entenderse como una resignificación: un espacio construido para retener personas pasa a tener un uso residencial. Pero el cambio físico no borra automáticamente las experiencias asociadas a la cárcel, ni la construcción de viviendas basta para explicar o preservar esa historia. En lugares con una carga simbólica importante, la discusión pública suele abarcar qué se conserva, qué se transforma y cómo se incorpora la memoria a un barrio en uso. En este caso, los datos anunciados confirman la intención de colaborar en Carabanchel, pero no detallan todavía una solución arquitectónica concreta. Conviene separar el propósito declarado de las decisiones de diseño que aún deben conocerse.

Vivienda pública: qué significa y qué falta por definir

El Gobierno presenta las promociones como vivienda protegida y asequible, dentro del objetivo de ampliar el parque público. Esa denominación indica el marco general de acceso y precio regulados, pero la información del traspaso no concreta para cada ciudad el régimen definitivo de tenencia, el precio, los requisitos de adjudicación ni el calendario de convocatorias. Tampoco permite afirmar que todas las viviendas vayan a destinarse al alquiler o que se venderán en unas condiciones idénticas. Esos detalles dependen de decisiones posteriores y no se desprenden automáticamente del número de viviendas atribuido a cada solar.

La diferencia importa porque el anuncio describe, ante todo, la disponibilidad de suelo y la capacidad residencial prevista. Para saber quién podrá optar a cada promoción habrá que conocer sus reglas cuando se publiquen. Las condiciones pueden incluir límites de ingresos y otros criterios propios de la vivienda protegida, pero el acuerdo de transferencia no ofrece los baremos concretos ni permite anticipar quién tendrá prioridad. Presentar requisitos específicos sin esa información daría una falsa impresión de certeza. El acceso se conocerá con las convocatorias de cada promoción, no por el mero hecho de que el terreno pase a una entidad pública.

El traspaso sin coste tampoco significa que urbanizar y construir no requiera recursos. El valor patrimonial de los terrenos y el presupuesto necesario para convertirlos en viviendas son magnitudes distintas. La anulación de la adjudicación de Córdoba por el desajuste de precios ofrece un ejemplo tangible de cómo los costes pueden condicionar la ejecución. El suelo público puede evitar que la administración tenga que comprar esos terrenos para desarrollar el proyecto, pero no elimina los trabajos, contratos ni decisiones presupuestarias que exige una promoción. La operación libera activos; no suprime el coste de hacer ciudad.

La propuesta se inscribe en un contexto de dificultades de acceso a la vivienda y busca aprovechar parcelas urbanas ya destinadas a una función pública. Sin embargo, 1.332 viviendas previstas no equivalen a una solución general a la falta de vivienda asequible en España. Su efecto dependerá de que los proyectos avancen, de cómo se mantenga el carácter protegido y de cuándo los hogares puedan ocuparlos. También dependerá de las características concretas de cada promoción, que todavía no están detalladas en el anuncio inicial. El potencial del plan solo se medirá cuando las viviendas existan y se adjudiquen.

El reto de convertir un anuncio en barrios habitados

Reutilizar terrenos dentro de ciudades existentes puede dar un nuevo uso a espacios públicos que han quedado sin actividad penitenciaria y evitar que el crecimiento residencial dependa únicamente de abrir suelo en nuevos bordes urbanos. Pero que una parcela esté en una trama urbana no garantiza por sí solo una buena integración: hacen falta proyectos que resuelvan la relación con las calles, las conexiones y los servicios del entorno. La información disponible identifica el destino residencial y el número de viviendas, pero no ofrece un diseño detallado para los ocho emplazamientos. La calidad urbana dependerá de cómo se concreten esos proyectos, no solo de la cifra anunciada.

También hay una diferencia entre incorporar viviendas públicas al parque y conseguir que su efecto se mantenga en el tiempo. La protección, el régimen de tenencia y la gestión posterior son aspectos decisivos para saber cómo contribuirán estas promociones a la oferta asequible. En el anuncio inicial no se especifica la duración de la protección ni el modelo de administración de las viviendas una vez construidas. Por tanto, no cabe dar por hecho que la transferencia de suelo determine por sí misma esas condiciones. La permanencia y la gestión del parque dependerán de reglas que aún deben concretarse.

El plan convierte una cifra llamativa en ocho expedientes con direcciones y características concretas, desde las 508 viviendas previstas en Carabanchel hasta las ocho de Briviesca. Su alcance real se definirá en una cadena de pasos menos vistosos que el anuncio: aprobación de proyectos, actualización de costes cuando haga falta, licitación de obras y construcción. A eso se suma el desafío de dar una nueva vida a recintos marcados por su pasado penitenciario sin reducir su memoria a una nota al pie. El cambio decisivo llegará cuando las previsiones se conviertan en viviendas habitables y cada ciudad pueda comprobar qué lugar ocupan en su tejido urbano.