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¿Qué pasó en Cornell? Reabren el caso por presunta violación grupal
La Fiscalía reabre el caso Cornell tras una demanda civil que denuncia una violación grupal, consumo de drogas y mensajes de una fraternidad.

Resumen
- La Fiscalía reabre la investigación por la presunta violación grupal en Cornell
- La demanda civil aporta mensajes de Snapchat que no se valoraron en 2024
- Un gran jurado decidirá si existen bases para presentar cargos penales
La Fiscalía del condado de Tompkins, en Nueva York, ha reabierto la investigación penal sobre la presunta violación grupal sufrida por una estudiante de la Universidad de Cornell en octubre de 2024 dentro de la casa de la fraternidad Chi Phi. La joven, que entonces tenía 20 años y cuya identidad permanece protegida bajo el seudónimo Jane Doe, sostiene en una demanda civil presentada el 16 de septiembre de 2026 que fue intoxicada con alcohol y drogas y posteriormente agredida sexualmente durante varias horas por varios estudiantes. Siete antiguos miembros de la fraternidad figuran entre los demandados. Hasta este momento, ninguno ha sido acusado penalmente por aquellos hechos.
El giro del caso llega casi dos años después. El fiscal de distrito, Matthew Van Houten, ha decidido revisar el expediente, hablar de nuevo con la denunciante y sus abogados y llevar las pruebas ante un gran jurado, que deberá determinar si existen motivos suficientes para presentar cargos contra alguno de los implicados. La Fiscalía ha encargado los preparativos a una fiscal veterana con experiencia en delitos sexuales. Van Houten pretende avanzar con una investigación que, durante meses, parecía haber quedado cerrada.
Qué denuncia la estudiante de Cornell que ocurrió aquella noche
Los hechos denunciados se remontan a la noche del 19 al 20 de octubre de 2024 en Ithaca, la pequeña ciudad del estado de Nueva York donde se encuentra Cornell, una de las universidades de la prestigiosa Ivy League. Según la demanda civil, la estudiante había estado bebiendo antes de acudir a la casa de Chi Phi y allí dos miembros de la fraternidad la presionaron para consumir una sustancia que le dijeron que era ketamina. La denuncia también menciona marihuana y más alcohol.
La joven sostiene que quedó progresivamente incapacitada y que varios hombres comenzaron a mantener actos sexuales con ella sin su consentimiento. El relato presentado ante los tribunales describe una agresión prolongada durante más de cuatro horas. Según la demanda, aproximadamente a la 1.42 de la madrugada apareció en un grupo de Snapchat de miembros de Chi Phi un mensaje que, de manera degradante, presentaba a la mujer como disponible para mantener relaciones sexuales. Después habrían entrado más hombres en la habitación. Los supuestos abusos, sostiene la denunciante, continuaron hasta alrededor de las 5.45 de la mañana.
Ese intercambio de mensajes de Snapchat se ha convertido en una de las piezas más controvertidas del caso. La demanda incorpora una imagen del chat y sostiene que el mensaje sirvió para animar a otros miembros de la fraternidad a acudir a la habitación. La Fiscalía ha calificado el contenido del intercambio de vulgar y repugnante, aunque advierte de algo jurídicamente importante: el mensaje, por sí solo, no demuestra una violación ni resuelve la cuestión del consentimiento. Tendrá que valorarse junto con los testimonios y el resto de las pruebas.
Por qué no hubo cargos en 2024 y por qué el caso cambia ahora
Aquí está el nudo que explica por qué una denuncia tan grave no produjo una causa penal hace dos años. La estudiante acudió a la Policía de la Universidad de Cornell unas tres semanas después de los hechos. Según Van Houten, la declaración jurada que prestó en noviembre de 2024 era sustancialmente distinta del relato contenido ahora en la demanda civil.
El fiscal sostiene que aquel primer testimonio no describía haber sido drogada contra su voluntad ni una violación grupal y que presentaba parte del consumo de drogas y de la actividad sexual como voluntarios y conscientes. Con la información que la Fiscalía tenía entonces, Van Houten consideró que no existía una base suficiente para formular cargos penales. Ahora existe un relato diferente, nuevos elementos que deberán examinarse y una demanda judicial que ha vuelto a colocar el expediente bajo el microscopio.
Los abogados de la mujer discuten esa interpretación. Su representante, Thomas Giuffra, sostiene que el relato inicial no era materialmente incompatible con la demanda y critica que, tras acudir a la policía universitaria, su clienta no fuera entrevistada posteriormente por investigadores de la Fiscalía especializados en tratar con supervivientes de agresiones sexuales. Van Houten replica que el agente que recogió la declaración inicial tenía experiencia y formación específica en entrevistas relacionadas con violencia sexual. Dos versiones sobre la investigación inicial que también forman parte del conflicto.
El peso del trauma en una declaración posterior
El propio fiscal ha admitido que una víctima puede necesitar mucho tiempo para procesar una agresión sexual y explicar plenamente lo ocurrido. Esa posibilidad no convierte automáticamente las nuevas acusaciones en hechos probados, pero sí ayuda a entender por qué la Fiscalía considera razonable volver a examinar un caso que había quedado sin cargos.
Van Houten ha iniciado conversaciones con Jane Doe y sus abogados para esclarecer qué cambió entre la declaración de 2024 y la presentada casi dos años después. Su intención es colocar ante el gran jurado tanto el testimonio de la joven como las nuevas pruebas que puedan obtenerse. Ese órgano no decide si una persona es culpable: valora si hay base suficiente para formular una acusación penal y llevar el asunto a juicio.
Qué hizo Cornell con los estudiantes y con la fraternidad Chi Phi
Aunque la vía penal no avanzó en 2024, Cornell sí abrió su propio procedimiento disciplinario bajo las normas federales conocidas como Título IX, que regulan, entre otras cuestiones, la respuesta de las instituciones educativas ante casos de violencia y discriminación sexual.
La universidad asegura que realizó una investigación durante varios meses y que un panel formado por personal y profesores examinó las pruebas durante varias jornadas, dando a la denunciante y a los estudiantes investigados la posibilidad de declarar y presentar material en su defensa. El proceso acabó con expulsiones y suspensiones, aunque Cornell no ha detallado públicamente cuántos alumnos recibieron cada sanción debido a las normas de privacidad.
La demanda sostiene que algunos estudiantes pudieron intentar reducir las consecuencias de su conducta mediante trabajos escritos. Cornell rechaza la idea de que redactar ensayos fuese el único castigo impuesto y considera falsa la versión según la cual los implicados apenas sufrieron consecuencias. El alcance exacto de las sanciones universitarias no se ha hecho público.
La sección de Chi Phi fue cerrada en Cornell en 2024 y continúa vetada en el campus. La universidad respalda expresamente la reapertura de la investigación penal, aunque al mismo tiempo defiende que su procedimiento interno sí produjo sanciones importantes.
Los demandados niegan las acusaciones de agresión sexual
La reapertura no equivale a una imputación y mucho menos a una condena. Ese matiz resulta esencial en un asunto que ha explotado en redes sociales y donde incluso se han difundido fotografías y nombres de los hombres incluidos en la demanda. A fecha de la reapertura, no existen cargos penales contra ellos por los hechos descritos.
Abogados de al menos dos de los demandados han negado las acusaciones. Jeremy Saland, representante de uno de ellos, reconoce que determinados comentarios realizados en Snapchat fueron inapropiados, pero sostiene que su cliente no participó en ninguna agresión sexual y que el contenido del chat no constituye por sí mismo una prueba de violación. La defensa afirma también que ese estudiante entró brevemente en la habitación, no mantuvo contacto físico con la mujer y está dispuesto a colaborar con la nueva investigación.
Otro abogado ha señalado igualmente que su cliente rechaza de forma categórica las acusaciones. Es, por tanto, un caso abierto. La demanda civil contiene alegaciones extremadamente graves, pero será el procedimiento judicial el que deba contrastarlas con las declaraciones de los investigados, registros digitales, posibles testigos, documentos del procedimiento universitario y cualquier otra prueba recuperable dos años después.
Una demanda que también señala a Cornell y a la fraternidad
Jane Doe no ha demandado únicamente a los siete antiguos miembros de Chi Phi. La acción civil alcanza también a Cornell University y a la fraternidad, además de otros demandados, a los que atribuye distintos grados de responsabilidad por no haber evitado lo sucedido o por las circunstancias que rodearon aquella noche. Reclama indemnizaciones compensatorias y punitivas sin fijar públicamente una cantidad concreta.
La dimensión del caso trasciende así la responsabilidad individual. La demanda plantea hasta qué punto una universidad debe responder por conductas ocurridas dentro de fraternidades vinculadas a su entorno, qué mecanismos funcionan cuando una estudiante denuncia una agresión sexual y qué ocurre cuando el procedimiento disciplinario universitario y el penal toman caminos muy diferentes.
Cornell lleva tiempo enfrentándose, además, a un problema más amplio. Una encuesta universitaria de 2025 indicó que el 35% de las alumnas de grado y el 8% de los alumnos que participaron dijeron haber sufrido alguna forma de agresión sexual durante su etapa en Cornell. Son respuestas obtenidas mediante una encuesta, no estadísticas de condenas penales, pero dibujan un contexto delicado alrededor de la seguridad sexual en el campus.
El gran jurado decidirá el siguiente capítulo del caso Cornell
La investigación está ahora en un punto muy distinto al de noviembre de 2024. No se ha demostrado judicialmente que existiera una violación grupal ni se han presentado todavía cargos penales contra los siete hombres señalados en la demanda, pero el expediente ya no está cerrado. La Fiscalía revisará las pruebas, volverá a escuchar a la denunciante y expondrá el caso ante un gran jurado.
Ahí se jugará el próximo movimiento. El gran jurado podrá considerar el nuevo relato, los mensajes de Snapchat y cualquier evidencia que aparezca durante la reapertura. Si entiende que existe base suficiente, podrá autorizar acusaciones contra uno, varios o todos los investigados. Si no, la demanda civil seguirá su propio recorrido por los tribunales.
Casi dos años después de aquella madrugada en una casa de fraternidad de Ithaca, el caso Cornell vuelve así al terreno penal. Esta vez con una demanda minuciosa, mensajes que han provocado indignación pública y una cuestión que solo podrá resolver la investigación: qué puede probarse ante un tribunal sobre lo que realmente ocurrió aquella noche.












