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¿Quién debe ser transparente: el Gobierno o el ciudadano en España?
El debate sobre transparencia enfrenta dos necesidades distintas: controlar a las instituciones y proteger la privacidad y los datos del ciudadano.

Resumen
- La transparencia pública permite controlar cómo actúan las instituciones
- La privacidad limita la exposición de datos personales del ciudadano
- España combina derecho de acceso, límites legales y protección de datos
La transparencia no significa que todo el mundo tenga que vivir dentro de una casa de cristal. Su sentido cambia radicalmente según quién mira y quién está siendo observado. Cuando una Administración explica cómo gasta el dinero público, adjudica un contrato o adopta una decisión, la apertura permite controlar a quien ejerce poder. Cuando es el ciudadano quien debe exponer sistemáticamente su vida, sus movimientos o sus datos, la relación puede invertirse: la información deja de vigilar al poder y puede convertirse en una herramienta del propio poder.
Ese es el núcleo de una reflexión formulada por Bruce Schneier, especialista en seguridad y privacidad digital, en 2008. Su tesis parte de una idea sencilla: la información no pesa igual en manos de dos actores que tampoco tienen el mismo poder. La apertura forzada de los gobiernos puede reducir esa distancia; aplicada indiscriminadamente a los particulares, puede ampliarla. No significa que el ciudadano quede exento de obligaciones legales, sino que conviene preguntar quién obtiene capacidad de control cuando alguien se vuelve transparente.
La transparencia cambia según quién esté bajo el foco
Un ministerio puede conocer mucho sobre una persona. Hacienda maneja información económica; la Seguridad Social, datos laborales; las administraciones sanitarias conservan información especialmente delicada, y numerosos organismos mantienen registros de muy distinta naturaleza. Buena parte de esa recogida tiene una base jurídica legítima y responde al funcionamiento ordinario del Estado. Aun así, cuando miles de datos terminan conectados entre sí, el volumen deja de ser una cuestión menor.
El ciudadano, en cambio, conoce de la Administración aquello que las instituciones publican, lo que obtiene mediante una solicitud de información o lo que aflora a través de controles administrativos, judiciales, parlamentarios o periodísticos. Ahí aparece una evidente asimetría de información: uno de los lados posee estructuralmente instrumentos que el otro no tiene.
Por eso la transparencia pública cumple una función muy concreta en una democracia: permitir saber qué hace quien administra recursos colectivos y ejerce potestades públicas. La Ley 19/2013 regula en España la publicidad activa y el derecho de acceso a la información pública, e incluye obligaciones sobre información institucional, económica, presupuestaria, contractual y relativa a subvenciones, entre otras materias.
Un contrato público no pertenece a la vida privada de un Gobierno
La diferencia se entiende mejor con un ejemplo muy terrenal. Si una Administración adjudica millones de euros en contratos, conocer el importe, el procedimiento o quién resulta adjudicatario permite examinar el uso del dinero público. No es cotilleo institucional ni curiosidad de sobremesa. Es rendición de cuentas.
Algo parecido sucede con subvenciones, convenios, presupuestos o determinadas retribuciones públicas. Cuanto mayor es la capacidad de una institución para decidir sobre recursos que pertenecen a todos, más razonable resulta exigir que explique cómo y por qué decide. La transparencia, vista así, no es una exhibición voluntaria de virtud: funciona como mecanismo de control.
El Estado tampoco está obligado a mostrarlo absolutamente todo
La transparencia pública, sin embargo, no equivale a abrir cada cajón administrativo y volcar su contenido en internet. La propia legislación establece límites al derecho de acceso relacionados con ámbitos como la seguridad, determinadas investigaciones, intereses económicos y comerciales o la protección de datos personales.
La cuestión se vuelve especialmente delicada cuando un documento público contiene información privada. Un expediente puede ser accesible en parte y, al mismo tiempo, albergar datos personales protegidos. En esos casos entran en juego la ponderación, la anonimización y las restricciones previstas por la normativa. La AEPD recuerda expresamente que transparencia y protección de datos deben conciliarse cuando ambas aparecen en una misma solicitud.
El expediente administrativo, dicho de otra manera, no transforma por arte de magia cada nombre, domicilio, creencia o dato médico en material de escaparate. El interés público tiene límites. Y debe tenerlos.
El ciudadano tiene privacidad, pero no inmunidad informativa
La simplificación contraria tampoco funciona: considerar ilegítima cualquier petición de información dirigida a un particular. El ciudadano puede estar obligado a facilitar determinados datos para pagar impuestos, recibir prestaciones, trabajar, contratar ciertos servicios o intervenir en procedimientos administrativos. Las empresas tienen, además, numerosas obligaciones legales de información.
La diferencia importante no consiste en proclamar que el Estado debe contarlo todo y el ciudadano absolutamente nada. Depende de la finalidad, la proporcionalidad y la base jurídica que permiten tratar cada dato. La privacidad no borra las obligaciones legales, pero tampoco convierte esas obligaciones en una autorización general para saberlo todo sobre cualquiera.
La normativa de protección de datos reconoce precisamente derechos destinados a devolver cierto control a la persona. Entre ellos figura el derecho a conocer si sus datos están siendo tratados, con qué finalidad, qué categorías se utilizan, quién puede recibirlos, durante cuánto tiempo se conservarán y, en determinadas circunstancias, cuál es su procedencia.
Cuando acumular información equivale a acumular poder
Aquí la reflexión de Schneier suena incluso más actual que cuando fue formulada. Un dato aislado puede parecer insignificante. Miles de datos relacionados cuentan otra historia. Una matrícula señala dónde estuvo un vehículo; la ubicación de un teléfono describe desplazamientos; una sucesión de compras revela hábitos. Cuando se combinan registros, horarios, relaciones y preferencias aparece una radiografía bastante precisa de una persona.
El salto no es solamente cuantitativo. La tecnología permite cruzar información y detectar patrones a una velocidad que hace unas décadas habría exigido despachos enteros llenos de archivadores y funcionarios. Antes un dato podía estar técnicamente disponible y, en la práctica, sepultado entre papel. El polvo administrativo proporcionaba una especie de privacidad accidental. Los servidores no tienen polvo.
La inteligencia artificial hace más visible esa frontera
La inteligencia artificial añade otra capa al problema porque ya no se limita a almacenar. También permite clasificar, inferir y anticipar. El Reglamento europeo de inteligencia artificial prohíbe determinadas prácticas consideradas de riesgo inaceptable, entre ellas ciertos sistemas de puntuación social que pueden generar un trato perjudicial o desproporcionado hacia personas o grupos.
Eso no significa que las administraciones tengan prohibido utilizar algoritmos ni que cualquier clasificación automatizada resulte ilícita. La frontera jurídica es bastante más precisa. Pero la regulación europea reconoce algo fundamental: determinadas formas de evaluación masiva de personas pueden alterar profundamente el equilibrio entre quien observa y quien es observado.
España tiene transparencia sobre el papel, pero también fricciones
La existencia de una ley tampoco convierte automáticamente el acceso a la información en una rutina impecable. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno recibió 2.767 reclamaciones en 2025, un 40,2% más que el año anterior dentro del ámbito de sus competencias. De ellas, 1.778 correspondieron a la Administración estatal y sus entidades públicas.
Parte del problema es sorprendentemente elemental: contestar. Entre las reclamaciones resueltas por el Consejo en 2025, el silencio administrativo estaba detrás del 45,5% de las correspondientes al ámbito estatal y del 75,3% de las relativas a administraciones autonómicas y locales incluidas en sus convenios. Es la clase de dato que rebaja un poco la épica institucional: a veces la gran batalla por la transparencia empieza simplemente porque nadie respondió.
Una democracia puede aprobar buenas normas y, aun así, tropezar después con la práctica diaria. La transparencia exige publicar, documentar, ordenar archivos, contestar dentro de plazo y aceptar que preguntar por la gestión pública no es una insolencia del ciudadano.
El problema real es quién puede mirar a quién
La palabra transparencia tiene tan buena reputación que casi nadie quiere aparecer públicamente en su contra. Pero la cuestión interesante empieza unos centímetros más abajo: qué información, de quién, para quién y con qué finalidad. Sin esas cuatro preguntas, la transparencia corre el riesgo de convertirse en una palabra bonita que sirve para justificar cosas completamente distintas.
Un contrato público, una subvención o la utilización del presupuesto pertenecen al territorio natural del escrutinio ciudadano. Una historia clínica, las creencias de una persona o determinados aspectos de su vida íntima pertenecen a otro espacio. Entre ambos extremos queda una amplia zona gris donde aparecen empleados públicos, beneficiarios de ayudas, registros administrativos, algoritmos, expedientes y datos de terceros.
Una democracia no necesita ciudadanos de cristal
La aportación más duradera de la reflexión de Schneier está precisamente ahí. La información nunca circula en el vacío; circula dentro de una relación de poder. Obligar a una institución poderosa a explicar sus decisiones puede equilibrar esa relación. Obligar al individuo a exponer cada vez más parcelas de su vida puede producir justamente el efecto contrario.
Una sociedad democrática necesita instituciones suficientemente transparentes para que puedan ser controladas y ciudadanos suficientemente protegidos para no vivir bajo una observación permanente. La transparencia pública y la privacidad personal no son enemigas. Bien entendidas, trabajan en la misma dirección: impedir que la distancia entre quien ejerce poder y quien debe convivir con él se vuelva demasiado grande.












