¿Por qué el 75% de los valencianos pide la dimisión de Mazón?

El 75% pide la dimisión de Mazón y dos de cada tres reclaman urnas: radiografía de un liderazgo en jaque tras la DANA y un año de reproches.

La fotografía política de la Comunitat Valenciana deja poco margen para la interpretación: tres de cada cuatro valencianos, un 75 %, creen que Carlos Mazón debe dimitir por su gestión durante la DANA del 29 de octubre. Y dos de cada tres, un 65 %, sostienen que debería convocar elecciones. Son datos duros, fríos, que marcan el compás de la discusión pública y ponen al president ante un dilema de primer orden: resistir y tratar de recomponer su liderazgo con hechos o abrir la puerta a las urnas para revalidarlo. No es un ruido pasajero; es una corriente de opinión amplia y transversal.

El sondeo, elaborado por GAD3 para ABC y Las Provincias con 1.013 entrevistas realizadas entre el 12 y el 22 de octubre, perfila además un dato incómodo para cualquier dirigente: solo un 22 % defiende que continúe en el cargo y apenas un 13 % respalda que vuelva a ser candidato a la Generalitat. La contestación no se limita a la oposición; entre quienes votaron al PP en las autonómicas, un 61 % considera que Mazón debería dejar el puesto. La erosión, por tanto, atraviesa siglas y reordena el tablero valenciano a un año de aquella emergencia que lo cambió todo.

Una mayoría que cruza siglas y obliga a recalcular

El valor noticioso de la encuesta no reside únicamente en los porcentajes globales, ya de por sí abrumadores, sino en su desglose por recuerdo de voto. El 61 % de los electores del PP que sostuvieron el cambio político en 2023 se pronuncian ahora por la dimisión, una señal de alerta interna de primer nivel. En Vox, el 63 % de sus votantes se inclinan por la misma opción, y en la izquierda el rechazo es prácticamente unánime: 92 % entre quienes apoyaron a Compromís y 90 % entre los que votaron al PSPV-PSOE. Cuando la pregunta se desplaza hacia el adelanto electoral, la tendencia se repite: el 52 % de los votantes del PP prefiere elecciones anticipadas; en Vox ese apoyo es del 46 %; en el PSPV-PSOE se eleva al 76 % y en Compromís al 84 %.

La repetición como candidato tampoco despeja la niebla. Solo el 15 % de los votantes populares avala que Mazón vuelva a encabezar la papeleta. En el entorno de Vox, un 28 % lo vería con buenos ojos, mientras que en el PSPV-PSOE el respaldo cae al 11 % y en Compromís al 4 %. No son números que permitan proyectar una campaña cómoda ni un liderazgo asentado; son la expresión de un desgaste sostenido cuya raíz se ubica en la gestión y la comunicación en horas críticas. Y eso, en política autonómica, pesa.

El 22 % que opta por el continuismo —mantener al president y agotar la legislatura— queda así reducido a una minoría social en el contexto de la encuesta. Con un 13 % a favor de que repita como postulante, la legitimidad para liderar el próximo ciclo aparece cuestionada incluso en clave interna. No es habitual que el debate sucesorio asome tan pronto, pero las cifras empujan en esa dirección.

Cómo se hizo el sondeo y qué significan sus cifras

Conviene detenerse un momento en la metodología. La muestra de 1.013 entrevistas en el ámbito de la Comunitat Valenciana, en un trabajo de campo agrupado del 12 al 22 de octubre, ofrece un nivel de precisión propio de las mediciones autonómicas más frecuentes. Con un tamaño muestral de este orden, el margen de error se sitúa en torno a tres puntos para datos globales (a mayor detalle por subgrupos, más cautela hay que adoptar). La temporalidad también importa: la encuesta se publica coincidiendo con el primer aniversario de la DANA, cuando la memoria del episodio vuelve a primer plano y la conversación pública se reaviva. Eso amplifica el impacto de las respuestas, pero no las deslegitima: simplemente explica por qué la fotografía sale tan contrastada.

La pregunta clave es qué se puede inferir de estos números. Primero, que la valoración social de la gestión de la DANA es mayoritariamente negativa y se traduce en una exigencia de responsabilidad política en forma de dimisión y, para muchos, devolución de la palabra a las urnas. Segundo, que el desgaste afecta a la base electoral del propio presidente, algo que trasciende la lógica del enfrentamiento izquierda–derecha. Y tercero, que el debate sobre el liderazgo del PP valenciano —y por extensión la estabilidad del Consell— entra en zona de turbulencias.

En términos de opinión pública, la suma de legitimidad de origen (la que otorgaron las autonómicas de 2023) y legitimidad de ejercicio (la que se renueva día a día con la gestión) se ha desequilibrado. La encuesta no decide nada por sí sola, pero marca la agenda y condiciona los incentivos de los actores. A partir de aquí, la política transita por escenarios, no por certezas.

La gestión de la DANA, núcleo del desgaste

La DANA —Depresión Aislada en Niveles Altos— no fue un episodio aislado en un calendario caprichoso. Fue una emergencia que puso a prueba la coordinación institucional, la comunicación de riesgo, la capacidad de reacción y la resiliencia de los servicios públicos. Los reproches que han ido sedimentando en estos doce meses se concentran en varios vectores reconocibles: la percepción de tardanza en algunas decisiones, la eficacia de los sistemas de alerta, la presencia y liderazgo institucional en las horas de máxima tensión, la coherencia de los protocolos entre administraciones y el seguimiento de las medidas de reconstrucción. Los ciudadanos no juzgan solo lo que ocurrió ese día; juzgan cómo se informó, cómo se acompañó, qué se corrigió después.

Ese peso moral de la gestión de emergencias es especialmente relevante en un territorio como la Comunitat Valenciana, habituado a episodios meteorológicos severos y con una cultura de protección civil muy marcada. Las expectativas son altas, quizás más altas que en otras geografías. Por eso, cuando la percepción de fallos —justificados o no— se consolida, el impacto sobre la confianza es inmediato. De ahí que el caso Mazón no se lea solo en clave de encuesta desfavorable, sino como una prueba de liderazgo que una parte muy amplia de la sociedad considera no superada.

A la gestión de la emergencia se suma la gestión del relato. Una vez superado el “momento cero”, la ciudadanía espera rendición de cuentas, autocrítica si procede, protocolos revisados, plazos claros y una pedagogía constante sobre lo que se va cambiando para que no vuelva a ocurrir. Demasiada interinidad en ese terreno —o una comunicación demasiado defensiva— deja hueco a la frustración y alimenta una sensación de impunidad que siempre se traduce en opinión pública. El sondeo sugiere que el relato oficial no ha reseteado la conversación.

Tres caminos sobre la mesa: dimisión, urnas o aguantar

Llegados a este punto, la política se escribe en escenarios. Primero, la dimisión del president abriría de inmediato una fase parlamentaria en Les Corts para investir a otro candidato con la actual correlación de fuerzas. Es la vía que la mayoría social del sondeo avala, pero no necesariamente la que elegirían los socios de investidura si entienden que existe margen de estabilización sin pasar por las urnas. Segundo, la disolución del Parlamento autonómico y la convocatoria de elecciones es una potestad que corresponde al president dentro de los límites temporales y formales del Estatut y la normativa autonómica. Supone devolver el balón a la ciudadanía y apostar a una relegitimación rápida. La encuesta sugiere que dos de cada tres valencianos verían bien ese movimiento.

Tercero, la resistencia: agotar la legislatura —o al menos ganar tiempo— con un programa de gestión que procure cambiar el tema de conversación. Esta opción exige resultados visibles en reconstrucción, prevención, economía y servicios públicos, acompañados de una comunicación proactiva y verificable. Es, con diferencia, la apuesta más exigente porque obliga a remontar a contracorriente una percepción muy instalada. Pero también es la que preserva el poder en el corto plazo si la aritmética parlamentaria sigue respondiendo.

La elección entre estos tres caminos no depende solo del ánimo del president. Pesa el cálculo del PP —territorial y nacional—, la predisposición de Vox como sostén parlamentario, la capacidad de la oposición para articular una alternativa creíble y el clima social que se respire en las próximas semanas. Si la presión en la calle y en la opinión pública no afloja, la agenda se estrecha.

El PP, Vox y la oposición ante un tablero que se mueve

El PP valenciano se enfrenta a un problema doble: conservar el gobierno autonómico y no dañar la marca. Los datos del sondeo —ese 61 % de sus propios votantes que pide la dimisión y ese 15 % que avala que Mazón repita— prefiguran un debate interno inevitable, aunque se produzca a puerta cerrada. ¿Cabe un relevo ordenado que mantenga el pacto de gobernabilidad y permita pasar página? ¿O sería peor el remedio que la enfermedad si dispara la incertidumbre y provoca una fractura con el socio?

En Vox, los incentivos son distintos. Su electorado es crítico con la continuidad de Mazón —63 % a favor de la dimisión, 46 % a favor de elecciones—, pero el partido tiende a maximizar influencia allí donde condiciona gobiernos. Tumbar al president sin una alternativa clara podría traducirse en un escenario electoral incierto que no garantice mantener su peso. De ahí que la ambivalencia —apretar en público, dosificar la presión en privado— pueda ser la actitud predominante mientras evalúa costes y beneficios.

Para la oposición, el mapa es ambivalente. Por un lado, la ola de reprobación a la gestión de la DANA actúa como viento de cola. Por otro, la mecánica autonómica no se reduce a un plebiscito sobre el president: la competencia territorial, las ciudades grandes, el voto comarcal y la movilización en campaña son variables que pueden alterar el reparto final. Tanto PSPV-PSOE como Compromís han elevado el tono para exigir responsabilidades y reformas concretas en protección civil, emergencias, infraestructuras críticas y servicios públicos, al tiempo que se reposicionan con propuestas de reconstrucción y prevención. La disciplina a la hora de ofrecer una alternativa cohesionada será determinante si el tablero se mueve hacia un adelanto electoral.

Qué factores decidirán el próximo movimiento

Hay palancas que, más allá de las encuestas, suelen decidir el rumbo. La presión social es una: si las movilizaciones y el ruido cívico permanecen durante semanas, el coste político de la resistencia aumenta. El calendario institucional es otra: presupuestos, contratos clave, plazos de obras y hitos de reconstrucción que el Consell quiera exhibir. Si esos hitos llegan a tiempo y se perciben, pueden amortiguar parte del desgaste. Si no lo hacen, alimentan la narrativa del estancamiento.

La coordinación interadministrativa será observada con lupa. Protocolos actualizados, simulacros visibles, campañas de información claras y compromisos presupuestarios con trazabilidad pueden recomponer confianza allí donde hoy hay escepticismo. La pedagogía —explicar lo que se ha cambiado, por qué y con qué plazos— importa tanto como la técnica. Y en paralelo, el tono: menos defensiva, más datos verificables; menos palabras aluviales, más seguimiento de compromisos.

Un tercer vector es la economía política. Si el empleo aguanta, si sectores tractores (turismo, agroalimentario, industria, logística) muestran dinamismo, el gobierno intentará capitalizar esa narrativa frente a la crítica. La oposición, por su parte, tenderá a enlazar la gestión de la DANA con una visión más amplia sobre servicios públicos y prioridades de gasto, buscando convertir el juicio moral de aquel día en un juicio integral sobre el mandato.

¿Puede Mazón remontar? Las condiciones del “partido a la contra”

¿Cabe una remontada? Sobre el papel, sí, pero no por inercia. Un cambio de tendencia exige hechos verificables y un nuevo marco que logre reordenar la conversación. En esa lista entrarían, por ejemplo, obras de prevención de daños por lluvias torrenciales entregadas a tiempo y auditadas, protocolos de alerta afinados con evaluación independiente, refuerzos en emergencias con dotaciones reales, y una agenda social que se note en el día a día. Todo acompañado de una comunicación menos reactiva, más explicativa y medible. No se trata solo de prometer; se trata de enseñar.

La ventana temporal juega en contra. Cuando una mayoría consolidada se forma en torno a una percepción negativa —y el sondeo sugiere que ya estamos ahí—, el tiempo necesario para desactivarla es mayor que el tiempo que se tarda en afianzarla. De ahí que el cálculo de los próximos meses sea tan delicado: ¿aguantar hasta encadenar algunos hitos y ponerlos en vitrina? ¿Acelerar un relevo interno que dé una salida al malestar sin perder el gobierno? ¿Volver a las urnas y confiar en revalidar con un mensaje de aprendizaje y cambio?

En paralelo, el PP nacional observa. Lo que ocurra en València impacta en la narrativa estatal sobre la gestión como bandera. Si el caso valenciano se convierte en un lastre para ese discurso, los incentivos para intervenir —con apoyo, con orientación o con decisiones— aumentan. Si el coste de mover ficha se percibe mayor que el de esperar, primará la prudencia.

Lo que se juega la Comunitat Valenciana en esta encrucijada

La discusión no es solo quién ocupa el Palau. Es, sobre todo, cómo se reorganiza el sistema de protección ante fenómenos meteorológicos extremos, qué inversiones se consolidan para mitigar riesgos, qué protocolos se entrenan y comunican, cómo se atiende y acompaña a quienes perdieron y a quienes temen perder cuando vuelve a llover con furia. La política se legitima, o se desgasta, ahí, en esas respuestas concretas que puede medir la gente.

El sondeo apunta a una exigencia mayoritaria de responsabilidad y renovación. La dimisión o las elecciones anticipadas son vehículos posibles para canalizar esa exigencia, pero no sustituyen al fondo: corregir lo que falló, transparentar lo que se ha cambiado y blindar lo que todavía es vulnerable. Si el Consell decide resistir, ese será su listón. Si decide dar la palabra a los valencianos, ese será el marco del debate.

La Comunitat Valenciana se mueve entre dos presiones: la de una mayoría social que pide cuentas y la de una aritmética parlamentaria que todavía sostiene al gobierno. Del equilibrio entre ambas saldrá el próximo movimiento. Y, con él, la oportunidad de reparar confianza o de consagrar un cambio de ciclo.

Entre la presión social y la aritmética del poder

Las cifras de GAD3 dejan una impresión nítida: la continuidad de Mazón no goza hoy de aval social mayoritario y su repetición como candidato tampoco despega. El malestar hunde raíces en la gestión de la DANA y se expresa en demandas de dimisión y urnas. A partir de aquí, el futuro inmediato se juega en tres frentes que se retroalimentan: resultados de gestión visibles y medibles, narrativa que rinda cuentas sin atajos y decisiones políticas que ordenan el tablero.

Puede que el president apueste por aguantar y demostrar que todavía hay margen para reconstruir liderazgo. Puede que opte por acelerar una salida y relegitimarse en campaña. O que la propia dinámica interna del PP y el contexto parlamentario le empujen a otro desenlace. Sea cual sea la vía, un elemento ya es ineludible: la sociedad valenciana ha fijado el listón muy arriba y lo ha hecho con claridad estadística. El reloj político corre. Y lo hace al ritmo que marcan 75 % y 65 %.