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¿Por qué València roza las 3.500 personas sin hogar?

València discute la cifra de 3.427 sin hogar: padrón especial, censo aplazado y choque Compromís-Ayuntamiento por el dato y su lectura cruda. A comienzos de febrero de 2026, la discusión estalla con una cifra que se ha vuelto casi un arma arrojadiza: 3.427.

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València roza las 3.500 personas sin hogar

València discute la cifra de 3.427 sin hogar: padrón especial, censo aplazado y choque Compromís-Ayuntamiento por el dato y su lectura cruda.

A comienzos de febrero de 2026, la discusión estalla con una cifra que se ha vuelto casi un arma arrojadiza: 3.427. Compromís sostiene que ese es el volumen de personas que, en 2025, constan en solicitudes de empadronamiento especial como gente que vive en la calle o sin domicilio fijo en València, un dato que sale de los propios registros municipales y que, según la coalición, revela un salto enorme respecto al último censo conocido del anterior mandato. El Ayuntamiento responde con dureza: acusa a Compromís de mezclar conceptos que no son equivalentes, de convertir un trámite administrativo en un “recuento” y de inflar un fenómeno que, dicen, exige seriedad y rigor porque se mide con metodologías distintas.

El choque no es solo político; es técnico, y por eso quema tanto. Compromís habla de sinhogarismo disparado; el gobierno municipal, encabezado por María José Catalá, replica que el indicador clave —el censo nocturno— se ha visto alterado por el aplazamiento del Proyecto estatal de Recuentos Nocturnos (de octubre de 2025 a octubre de 2026) y que, sin esa “foto” nueva, no se puede hacer una regla de tres con expedientes. En medio quedan los nombres y las responsabilidades: Papi Robles y Lucía Beamud denunciando “colapso” y “abandono”; Marta Torrado defendiendo recursos, convenios y presupuestos. La ciudad, mientras tanto, es la misma: portales ocupados por sacos, bancos con mantas, trámites que tardan y una pregunta incómoda flotando en el aire, sin comillas.

El número que ha encendido la mecha

Compromís apoya su denuncia en un desglose muy concreto. En 2025 se registraron 5.826 solicitudes de empadronamiento especial en València; dentro de ese total, 1.142 correspondían a personas que declaraban estar viviendo en la calle y 2.285 a personas sin domicilio fijo que, para poder empadronarse, suelen usar direcciones de centros de servicios sociales o de entidades que actúan como punto de anclaje administrativo. Sumando ambos grupos, la coalición redondea el golpe: 3.427. La cifra no es un censo nocturno clásico; es un espejo administrativo que refleja cuánta gente intenta “entrar” en el sistema por la puerta del padrón porque ya no tiene llave de vivienda.

Hay un dato aún más delicado, porque habla de tiempos y embudos, no solo de volumen: Compromís asegura que, de esas miles de solicitudes, solo 125 se habrían resuelto de forma positiva en ese momento, con el resto en tramitación, archivadas o rechazadas. Ahí el debate se vuelve áspero: si el padrón es pasaporte para derechos básicos, un atasco así no se siente como burocracia; se siente como pared. Y la palabra “colapso” —tan fácil de pronunciar en un atril— pasa a tener contornos: citas, papeles que faltan, informes que no llegan, expedientes que se quedan quietos mientras la vida no se queda quieta nunca.

Por qué el Ayuntamiento dice que no se puede comparar

El gobierno municipal no niega que existan solicitudes, ni que el fenómeno sea grave; su línea roja es otra: una solicitud no equivale a una persona contada esa noche en la calle. Un mismo caso puede generar varios movimientos administrativos, puede repetirse por errores, puede cambiar de situación en semanas, incluso en días. El consistorio sostiene que Compromís está convirtiendo trámites en personas y que eso desordena el diagnóstico. Además, en su réplica aparece un elemento que sirve de escudo: el retraso del proyecto estatal de recuentos nocturnos, comunicado —según la concejala— mediante un correo del ministerio en junio, aplazando la segunda edición de octubre de 2025 a octubre de 2026. Ese aplazamiento, en la versión municipal, explica por qué no hay “foto” nueva comparable y por qué el debate se ha ido a los registros del padrón, un terreno menos estable para hacer titulares redondos.

En esa grieta se cuela la política con botas de calle. Compromís acusa al gobierno de PP y Vox de dejar de actualizar el censo, de ocultar la realidad y de responder con medidas que suenan a emergencia perpetua. El Ayuntamiento contraataca defendiendo incremento de recursos y poniendo el foco en la metodología: contar, dicen, no es lo mismo que registrar. La discusión parece técnica, pero el subtexto es otro: quién carga con la responsabilidad pública de una escena que se repite, noche tras noche, sin pedir permiso.

Empadronarse sin domicilio, existir en un papel

El empadronamiento especial —en la práctica, el de casos especiales— no es un capricho administrativo; es la forma que tiene el sistema de reconocer que alguien reside en el municipio aunque no pueda acreditar un contrato de alquiler, una escritura o una autorización de vivienda. En la sede municipal se contempla expresamente el supuesto de personas que carecen de techo o sin domicilio fijo y también el de quienes no pueden acreditar la disponibilidad de la vivienda que habitan. Dicho sin solemnidad: el padrón intenta capturar la vida real cuando la vida real no cabe en un recibo de luz.

Ese matiz importa porque explica por qué Compromís usa el padrón como termómetro: cuando suben estas solicitudes, suele ser señal de que se agranda una zona gris de exclusión residencial. Pero el matiz también le da munición al Ayuntamiento: el padrón registra intentos de inscripción y situaciones declaradas; no es, por definición, el instrumento que sale a buscar a quien no se acerca a ningún mostrador. Por eso, en una ciudad, puede haber más gente en la calle de la que figura en las solicitudes, o —al revés— muchas solicitudes relacionadas con itinerarios de servicios sociales que no se traducen exactamente en “tantas” personas durmiendo al raso. Lo dramático es que ambas cosas pueden ser verdad al mismo tiempo, sin anularse.

Cuando el trámite se convierte en frontera

Aquí aparece la parte menos visible del debate, la que rara vez cabe en un corte de audio: los tiempos. Si el padrón es la llave que abre acceso a recursos, cualquier demora convierte la espera en un pasillo estrecho. Compromís pone el foco en ese posible embudo —las 125 resoluciones positivas frente a miles de solicitudes— y lo presenta como una forma de abandono institucional. El Ayuntamiento responde que hay controles, que hay verificaciones, que hay procedimientos. En el fondo, lo que se discute es algo muy concreto: si el sistema está siendo más rápido en exigir que en reconocer, más rápido en pedir papeles que en asumir que, precisamente, hay quien no tiene ni casa ni carpeta donde guardarlos.

Y hay otra capa, incómoda y muy actual: el padrón no es solo puerta de entrada a servicios sociales; también puede cruzarse con requisitos para ayudas de vivienda o acceso a determinados programas. Compromís ha criticado el requisito de siete años de empadronamiento para optar a determinadas políticas municipales de vivienda, un listón que —según su argumento— deja fuera a gente que ya vive y trabaja en la ciudad pero no cumple el tiempo exigido. En un contexto de precariedad, pedir años es pedir estabilidad previa; suena razonable en un despacho, pero fuera, en la calle, esa estabilidad es justamente lo que se ha roto.

El censo nocturno y la foto que no llega

Antes de la bronca actual ya existía una serie de recuentos que Compromís usa como referencia. La Universitat de València difundió avances del III censo realizado la noche del 24 de octubre de 2023: 837 personas sin hogar detectadas, con 471 en situación de calle y 366 en albergues o pisos tutelados y semitutelados. Ese mismo marco recordaba el dato de 2021: 754 personas, con 352 en calle y 402 en recursos. Son cifras que, por sí solas, ya hablan de una tendencia al alza entre 2021 y 2023.

Ahora bien, Compromís y algunos relatos políticos han citado también el número 817 como “censo 2023” del anterior gobierno municipal; ahí aparece una diferencia que no es trivial, pero tampoco un misterio: en estos procesos cambian criterios, cortes, fuentes y el modo de integrar recursos con alojamiento frente a recuentos estrictos de calle. Esa variación, que para un técnico es discutible y corregible, en política se convierte en munición. Compromís la usa como punto de partida para decir “se ha multiplicado por cuatro”; el Ayuntamiento la usa para decir “se están mezclando mediciones”. Y, sí, ambos están aprovechando el mismo resquicio.

Lo determinante es el calendario: según la concejala de Servicios Sociales, la segunda edición del Proyecto de Recuentos Nocturnos se aplazó de octubre de 2025 a octubre de 2026. Con ese aplazamiento, el debate se queda sin fotografía comparable justo en el momento en que más se discute el fenómeno. Es como discutir si sube el nivel del agua con una regla vieja y la marea moviéndose por debajo. En política municipal, cuando falta un dato consensuado, el hueco lo llenan los relatos; y cuando el relato se impone, luego cuesta volver a hablar solo con cifras.

En paralelo, el proyecto estatal de recuentos nocturnos existe precisamente para evitar esta guerra de instrumentos: se plantea como una metodología común para analizar la exclusión residencial con criterios armonizados. El objetivo declarado es mejorar la comparabilidad, saber cuántas personas duermen en la calle, en asentamientos o en recursos, y entender perfiles y trayectorias. Si esa herramienta se retrasa, los ayuntamientos vuelven al terreno conocido: registros, expedientes, datos parciales, cada cual con su lupa. Y la lupa, ya se sabe, agranda unas cosas y deja otras en sombra.

Vivienda, alquiler y el empujón silencioso

El debate sobre sinhogarismo en València no se entiende sin mirar el precio de la vivienda y el peso del alquiler, porque el sinhogarismo rara vez aparece “de golpe”; suele ser el final de una cadena de expulsiones pequeñas. En el informe territorial de la Fundación FOESSA sobre exclusión y desarrollo social en la Comunitat Valenciana hay un dato que funciona como sirena: casi una de cada dos personas que viven de alquiler (48,3%) están en riesgo de pobreza. Y aún más: aunque solo un 19,4% de la población valenciana vive en alquiler, su peso dentro del riesgo de pobreza sube hasta un 37,8%. Traducido al castellano llano: el alquiler concentra vulnerabilidad.

El mismo informe apunta que el Índice de Precios de la Vivienda habría aumentado un 35,2% en la Comunitat Valenciana entre 2018 y 2024, con impacto mayor en vivienda nueva que en segunda mano. Esa subida no explica por sí sola el sinhogarismo, pero sí dibuja el marco: si la vivienda sube más rápido que los ingresos, la gente cae por los bordes. Y cuando se cae, no siempre se vuelve a subir a la primera; a veces se rebota en habitaciones, en sofás prestados, en pensiones baratas, en albergues donde la estancia se mide con reloj. De ahí al empadronamiento especial hay un paso corto: necesitar una dirección “administrativa” porque la real es un banco o un portal.

Por eso, cuando Compromís mete en la misma frase sinhogarismo y empadronamiento, no está mezclando por capricho: está señalando una relación estructural. Pero la crítica municipal tampoco es humo: si se quiere planificar recursos, hay que saber cuánta gente está realmente en calle, cuánta en recursos, cuánta en tránsito, cuánta oculta. En ese punto, la discusión se vuelve más seria: si se mide mal, se diseña mal; si se diseña mal, la emergencia se cronifica. Y entonces aparecen escenas repetidas: la misma persona que entra y sale, el mismo frío de enero, el mismo trámite que se encalla.

La urgencia de contar bien

Mientras se discute el número, el Ayuntamiento exhibe medidas concretas para responder a la emergencia. En una nota oficial del 1 de enero de 2026, la Junta de Gobierno Local anunció la adjudicación a la Fundación Amigó de la gestión de 50 plazas de alojamiento urgente para personas sin hogar en riesgo de exclusión, con 10 plazas adicionales en los meses de especial frío (diciembre, enero y febrero), un contrato de 1,8 millones de euros y duración de dos años prorrogables. El texto define incluso un perfil frecuente: varón autónomo para las actividades básicas, sin hogar por precariedad laboral y falta de red de apoyo, y no necesariamente ligado a patología mental o drogodependencia. Es una descripción fría, sí, pero también revela algo: el sinhogarismo no siempre es el estereotipo de la calle; a veces es empleo inestable, soledad y caída rápida.

En ese mismo carril de respuesta, Marta Torrado ha defendido que se han reforzado dispositivos como los CAES, citando un incremento presupuestario de 100.000 euros a un millón y el paso de uno a tres centros, con dos abiertos todas las noches. Para el gobierno municipal, eso desmonta el relato de inacción. Para la oposición, es justo al revés: si hay que multiplicar recursos de emergencia, es porque el problema crece y el sistema llega tarde a lo esencial, que es evitar la caída antes de que toque suelo.

La mirada institucional que más incomoda a cualquier Ayuntamiento no suele venir de la oposición; suele venir de los organismos de garantía. En junio de 2025, el Síndic de Greuges, con Ángel Luna al frente, reprendió al consistorio por deficiencias en la atención a personas sin hogar y puso sobre la mesa listas de espera para albergues que superaban los cuatro meses, además de reclamar planificación coordinada, más plazas, protocolos ante episodios de frío y una perspectiva de género ante el aumento de mujeres y familias en situaciones de exclusión. Esa advertencia es anterior al debate actual, y por eso pesa: sugiere que las costuras ya estaban tensas, antes de que el número 3.427 saltara a portada.

Al final, lo que se está discutiendo en València no es solo si la cifra correcta es 817, 837, 1.237 o 3.427; se discute qué se considera dato válido y, por extensión, qué se considera obligación inmediata. Compromís empuja con el padrón para decir “esto está desbordado”; el Ayuntamiento pide censo para decir “no manipulen”. Entre ambos, la realidad tiene poco de debate académico: si el recuento se aplaza y el padrón se atasca, la ciudad se queda sin brújula compartida justo cuando más necesita precisión. Y mientras la discusión se alarga, siguen existiendo camas de urgencia, plazas temporales, centros que abren de noche, y una parte de la población que no entra en ninguna categoría limpia, pero sí en todas las estadísticas feas.

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Fundador de DonPorqué y curioso empedernido. Escribe sobre tecnología, viajes, gastronomía, cultura y todo lo que le genera una pregunta con un buen «¿por qué?» detrás. En su tiempo libre es aficionado a los casinos online y aprovecha esa experiencia para compartir análisis y recomendaciones sobre el sector del iGaming.