¿Por qué los Clinton testificarán por Epstein en febrero?

Los Clinton aceptan declarar en el caso Epstein, con vídeo y juramento, tras la amenaza de desacato y pelea por hacerlo público en febrero

Bill y Hillary Clinton han dado un giro que en Washington suena a puerta que cede: aceptan comparecer ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes los días 26 y 27 de febrero, ella primero, él después, en pleno pulso con los republicanos por el caso Epstein. El acuerdo llega tras meses de resistencia, propuestas alternativas y una amenaza que dejó de ser decorado para convertirse en presión real: el desacato al Congreso, con su carga política, su posible recorrido penal y ese ruido de fondo que en EE UU se escucha como una sirena lejana pero molesta, insistente.

La escena, tal y como se ha ido contando desde el propio comité, se arma con varios ingredientes a la vez: los republicanos exigen deposiciones bajo juramento, con audio y vídeo, y sin “restricciones” sustanciales; los Clinton aceptan prácticamente todo, pero tratan de amarrar una condición de alto voltaje en este tipo de causas: que lo hablado sea público, no un material guardado en un cajón para ser filtrado por capítulos. En medio aparecen nombres que mueven los hilos: James Comer, al frente del comité, la republicana Virginia Foxx pidiendo tiempo para “aclarar términos”, y el abogado de la pareja, Ángel Ureña, disparando en X contra lo que describe como una operación de humillación política.

Un giro forzado por el Capitolio

La decisión de comparecer no nace de una repentina vocación de transparencia, ni de una epifanía cívica en mitad del invierno. Nace del peso específico que tiene una citación cuando el Congreso decide dejar de negociar con guante blanco. La Casa Blanca queda lejos en el espejo retrovisor, sí, pero un expresidente sigue caminando por el mundo con su apellido pegado a cada titular; y cuando un comité abre la caja de herramientas —citaciones, plazos, advertencias formales— la pregunta ya no es si apetece ir, sino cuánto cuesta no ir. Por eso el cambio de postura es tan significativo: marca un antes y un después en un conflicto que se había enquistado, con cartas cruzadas, propuestas de entrevistas “controladas” y una tensión creciente entre los abogados y el equipo de Comer.

En esa negociación, el detalle de calendario se ha convertido en parte de la noticia: Hillary Clinton (ex secretaria de Estado) el 26 de febrero, Bill Clinton (expresidente) el 27. En Washington los símbolos importan y el orden también: ella abre la puerta, él entra después. Y encima, la comparación inevitable que ya circula por los pasillos y los artículos: sería la primera vez que un expresidente testifica ante un comité del Congreso desde Gerald Ford en 1983, un dato que funciona como foco de teatro, como si el edificio entero del Capitolio se inclinara un poco para mirar mejor.

Qué quiere saber el Comité de Supervisión

El comité republicano, formalmente, dice buscar claridad sobre la relación entre Jeffrey Epstein y figuras de primer nivel, con especial atención a los Clinton por la mezcla de elementos que arrastra el caso: registros, fotografías, vuelos, contactos sociales, la actividad de una fundación global, y la sospecha —siempre difícil de medir— de quién supo qué, cuándo lo supo y por qué calló. En términos políticos, la tesis es sencilla: Epstein se movió durante años cerca del poder y el poder, como mínimo, lo toleró. En términos jurídicos y probatorios, en cambio, la cosa se complica: la cercanía social no es delito; el conocimiento de un criminal tampoco lo es por defecto; lo que el comité trata de pescar, si es que existe, es una contradicción, una omisión relevante, un hilo que tire de otro hilo.

Aquí entra la segunda capa: el comité no trabaja solo con hechos, también trabaja con narrativas. Comer y los suyos quieren un testimonio “sin restricciones” y grabado porque eso les da dos ventajas a la vez: un registro completo para confrontar declaraciones futuras y, si deciden publicarlo, munición política con sello oficial. Los Clinton, por su parte, han mantenido que ya han entregado “toda la poca información” que poseen sobre Epstein y que la comisión busca un espectáculo para avergonzar a rivales, algo que su abogado ha repetido con tono de bronca. Esa palabra, “poca”, es dinamita retórica: sugiere que no hay mucho que rascar, pero también deja abierta la sospecha de que lo que sí hay se está minimizando.

Lo que el comité dice que falta por aclarar

Dentro del paquete de cuestiones que se repiten, hay tres ejes que se han convertido en los clásicos del caso Clinton-Epstein. El primero es la supuesta frecuencia de contactos institucionales en los años noventa, cuando Bill Clinton era presidente. El segundo, los viajes en el jet privado de Epstein a principios de los 2000, con destinos internacionales y la discusión eterna sobre si fueron “viajes” o “tramos” —en Estados Unidos se discute así, con precisión contable, porque cada palabra cambia el cuadro—. El tercero, el material documental y gráfico que ha ido reapareciendo con las distintas oleadas de archivos: fotos, listados, anotaciones, y fragmentos que, aunque no prueben un delito por sí mismos, generan un problema político inmediato: colocan a un expresidente en el mismo marco que un depredador sexual condenado y posteriormente acusado de tráfico sexual.

La sombra del desacato y la negociación en terreno resbaladizo

El desacato al Congreso no es una palabra hueca en el diccionario de Washington. Es una palanca. A veces se usa como amenaza y se queda ahí; otras, se tramita y se convierte en una bola de nieve burocrática que nadie quiere a sus pies. El texto que se ha manejado en este pulso habla de un posible castigo de hasta un año de prisión o una multa elevada, cifras que han circulado como advertencia en el entorno político. Más allá del número exacto, lo que importa es el efecto: nadie con una biografía pública como la de los Clinton quiere el rótulo de “contempt of Congress” pegado en la frente, ni siquiera como una batalla legal con final incierto.

Esa presión explica que la votación para impulsar el desacato se haya pospuesto al anunciarse el acuerdo de comparecencia. Y también explica la intervención de Virginia Foxx, presidenta del Comité de Reglas de la Cámara, diciendo que hacía falta más tiempo para aclarar qué estaban pactando exactamente los Clinton. En lenguaje de Cámara, eso significa que no basta con “sí, voy”; hay que fijar condiciones, alcance, formato, reglas de publicación y, sobre todo, el control del relato posterior. Porque aquí está el truco: el testimonio puede ser bajo juramento y aun así convertirse en una guerra sobre quién publica qué, cuándo, cómo y con qué cortes.

Ángel Ureña y la última carta que no coló

El papel del abogado Ángel Ureña es clave para entender el tramo final de la negociación. Según el relato que ha trascendido, Ureña apretó con una propuesta de última hora: una entrevista de cuatro horas con Bill Clinton y, en lugar de deposición, una declaración escrita para Hillary. Era una forma de reducir exposición, controlar tiempos y, de paso, evitar el riesgo de un interrogatorio largo con preguntas incómodas y repreguntas que no se pueden esquivar. Comer rechazó la idea, alegando que temía que el expresidente pudiera evadir cuestiones y dejar correr el reloj sin respuestas concretas. Ese choque es casi un cliché del Congreso moderno: los abogados ofrecen una puerta estrecha; el comité exige una puerta ancha, con cámara y transcripción.

Ureña, además, ha llevado el combate al terreno de las redes, con mensajes en X que insisten en que los Clinton “negociaron de buena fe” y que el comité no lo hizo. Es una batalla de legitimidad: si el comité parece partidista, su investigación pierde credibilidad; si los Clinton parecen obstruccionistas, su defensa se vuelve sospechosa. Así, el acuerdo de febrero no se entiende solo como un paso procesal, sino como un intento de desactivar una etiqueta peligrosa: la de quien se niega a rendir cuentas ante el Congreso.

Registros, vuelos y material sensible: el rastro que incomoda

Hay una frase que se repite en este caso con insistencia casi mecánica: Bill Clinton no está acusado de ningún delito relacionado con Epstein. Es importante sostenerla porque delimita el terreno: estamos hablando de una investigación parlamentaria y de un coste reputacional, no de una imputación formal. Dicho esto, el comité no se mueve por imputaciones; se mueve por el espacio gris entre la cercanía y la responsabilidad política, y ese espacio gris se alimenta de piezas que parecen menores hasta que se juntan.

Una de esas piezas es el asunto de las visitas de Epstein al 1600 de la Avenida Pensilvania, el corazón del poder ejecutivo. Se ha citado que Epstein habría entrado en la Casa Blanca en múltiples ocasiones durante la presidencia de Clinton, con números concretos que han circulado de forma recurrente. Otra pieza son los registros del avión privado: el entorno de Clinton reconoció tras la detención de Epstein en 2019 que el expresidente había viajado en ese aparato en 2002 y 2003, y defendió que fueron desplazamientos vinculados a labores de su fundación. Aquí aparece un detalle que suele pasar desapercibido en titulares, pero que pesa en el análisis: en la política estadounidense, una explicación puede ser plausible y aun así insuficiente; no se exige solo que sea creíble, se exige que sea demostrable.

Y luego está el material gráfico, el territorio más delicado por el riesgo de convertir insinuación en acusación. El comité alude a fotografías y a imágenes que considera comprometedoras, y en el ecosistema del caso Epstein ese material se mezcla con documentos, anotaciones y listados que llevan años circulando y reapareciendo con cada nueva publicación. El problema para los Clinton no es solo lo que esas imágenes prueben o no prueben; es el efecto de asociación inmediata: Bill Clinton aparece en el mismo encuadre histórico que Epstein, y a partir de ahí el debate se contamina de sospecha.

Hillary Clinton: negación frontal y foco secundario… hasta que deja de serlo

Hillary Clinton ha sostenido que nunca habló ni se reunió con Epstein. Esa afirmación, en términos de defensa política, es un muro: niega contacto directo y reduce margen de maniobra del comité. Sin embargo, la lógica del Congreso rara vez se conforma con un muro; busca puertas laterales: qué sabía por terceros, qué se comentó en su entorno, si hubo invitaciones, si hubo coincidencias, si alguien de su círculo trató con Epstein o con su red. En investigaciones así, Hillary puede empezar como figura secundaria y acabar siendo central por una simple razón: es la que estuvo en posiciones de poder propio, con agenda internacional y contactos diplomáticos, y porque su apellido es, en sí mismo, un campo magnético de polarización.

Por eso el orden de comparecencia también cuenta: que Hillary vaya el 26 no es un trámite. Es el primer test en sala. Si su deposición es plana y coherente, el 27 se convierte en el gran día de Bill; si hay grietas, el 27 se convierte en un interrogatorio con el terreno ya minado.

La avalancha de documentos y el debate sobre qué significa “transparencia”

El caso Epstein no es solo un caso judicial; es una fábrica de papel. Y en 2026 esa fábrica ha vuelto a escupir material. Se ha hablado de la publicación por parte del Departamento de Justicia de millones de páginas y un volumen considerable de imágenes y vídeos relacionados con el caso, una liberación masiva que, lejos de cerrar el asunto, lo ha reactivado. Cada nueva tanda de documentos funciona como una linterna que ilumina y, al mismo tiempo, distorsiona: aparecen nombres, aparecen contactos, aparece material incompleto, y la conversación pública tiende a convertir cualquier aparición en una condena social automática. Esa dinámica es peligrosa, pero es real.

Además, la publicación de archivos ha reabierto un debate que en este caso es especialmente incómodo: la protección de víctimas. Cuando se liberan documentos en masa, el riesgo de exponer datos sensibles crece. Si se retiran archivos después por contener información identificativa, el daño reputacional y personal puede haberse hecho ya. Esa tensión entre “que se sepa todo” y “que se proteja a quien fue explotado” atraviesa la historia de Epstein como un cable pelado: si lo tocas mal, quema.

En ese entorno, la decisión del comité de exigir deposiciones grabadas y, potencialmente, publicables, tiene una lectura doble. Por un lado, se presenta como un gesto de rendición de cuentas. Por otro, se percibe como un dispositivo político: material oficial listo para ser usado en plena batalla partidista. Los Clinton lo han dicho con claridad: creen que se trata de avergonzar a oponentes y han llegado a insinuar que la comisión actúa “por orden” de Donald Trump, una acusación que encaja con la guerra permanente de Washington, donde cada investigación se lee como un arma y no como un proceso.

Ghislaine Maxwell, el agujero negro del relato

A veces el caso se cuenta como si Epstein fuera un lobo solitario; no lo fue. Su socia, Ghislaine Maxwell, fue condenada por su papel en la captación y el abuso de menores y cumple condena. Ese dato es relevante porque recalca algo que el debate público tiende a olvidar: había una estructura, una red, una logística de impunidad. Cuando el comité pregunta por vínculos, no pregunta por una cena aislada: pregunta por la proximidad a un sistema que funcionó durante años. Y eso, para figuras como los Clinton, es devastador en términos políticos incluso aunque no exista un delito atribuible: la proximidad a una estructura criminal siempre deja olor.

Política, reputación y una Cámara que quiere espectáculo controlado

No hace falta recrearse en 1998 para entender que Bill Clinton arrastra una mochila que pesa. Pero el eco de aquel escándalo sexual —con su herida en la reputación y su cicatriz pública— hace que cualquier noticia que mezcle su nombre con sexo y poder se convierta en un incendio fácil. El caso Epstein añade un componente aún más tóxico: aquí no hay un debate sobre moral privada entre adultos, sino el rastro de un hombre condenado por delitos sexuales y acusado de tráfico sexual de menores. La comparación es injusta si se usa para insinuar culpabilidad por simple cercanía; pero la política no opera con justicia, opera con percepción.

Para el Partido Republicano, lograr que los Clinton comparezcan es una victoria táctica: demuestra capacidad de presión y coloca a dos figuras históricas del Partido Demócrata en posición defensiva. Para los Clinton, comparecer puede ser un riesgo, sí, pero también una oportunidad de cortar el relato de obstrucción y de insistir en su versión bajo juramento. Aquí hay un matiz que suele olvidarse: una deposición no es una entrevista amable, pero tampoco es necesariamente una trampa; es un escenario donde, si se está preparado y la historia es consistente, se puede sostener el relato con firmeza.

La pelea por la publicidad del testimonio será, probablemente, el segundo gran capítulo. Los republicanos quieren control y capacidad de edición; los Clinton quieren que todo sea público para evitar filtraciones selectivas. Es un choque de incentivos. Si el comité publica fragmentos, puede escoger los momentos más duros. Si se publica todo, los fragmentos pierden efecto y aparece el contexto, con sus pausas, sus repreguntas, sus aclaraciones. En Washington, el contexto es el enemigo natural del titular.

El precedente Ford 1983 y el mensaje que se lanza hacia el futuro

Que se repita que es la primera vez desde Gerald Ford no es un capricho histórico: es una forma de decir que lo que pasa ahora puede convertirse en norma después. Si un expresidente se sienta ante un comité en un caso tan mediático, con documentos circulando, con cámaras y con amenaza de desacato, otros futuros expresidentes entenderán que el Congreso puede llamarles y que negarse tiene un precio. Eso cambia el equilibrio institucional, aunque sea de forma sutil, casi invisible en el día a día.

Y también manda un mensaje sobre el uso del Congreso como escenario de combate partidista. Si el comité actúa con rigor, el precedente puede reforzar la idea de supervisión. Si actúa como un plató, el precedente puede degradar aún más la confianza en las instituciones. El problema es que, en una Cámara polarizada, la frontera entre rigor y plató se mueve como una sombra.

Febrero en rojo en el calendario

Llegados a este punto, las fechas ya no son un detalle: son el centro. 26 de febrero, Hillary Clinton. 27 de febrero, Bill Clinton. Dos días seguidos, casi como una miniserie de alto presupuesto, con un guion que nadie termina de conocer pero del que todos esperan escenas memorables. El comité quiere respuestas concretas sobre contactos, viajes, registros y conocimiento de la red de Epstein; los Clinton quieren demostrar que no hay más sustancia que una relación tangencial, que la fundación explica los desplazamientos reconocidos y que todo lo demás es política con el volumen subido.

Lo que ocurra dentro de esa sala —las preguntas, las repreguntas, las frases que se midan al milímetro, los silencios que en una transcripción se leen como una pausa larga— marcará el tono del próximo tramo del caso. Si el testimonio se hace público de forma íntegra, será una prueba de resistencia para ambos bandos: el comité quedará expuesto a la crítica si busca solo golpes de efecto, y los Clinton quedarán expuestos si su relato tiene agujeros. Si se publica por partes, la guerra será otra: selección contra contexto, filtración contra transparencia, titular contra documento.

En el fondo, la noticia es simple y pesada a la vez: dos figuras que han definido décadas de política estadounidense se ven empujadas a declarar, bajo juramento, sobre su relación con el hombre que simboliza la impunidad sexual en la élite moderna. Y en Washington, cuando la historia junta poder, sexo, archivos y Congreso, el resultado rara vez es limpio. Pero sí suele ser decisivo.