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¿Por qué USC vendía cadáveres a la Marina para sanitarios israelíes?

USC no renovó el contrato con la Marina estadounidense que utilizaba cadáveres donados en formación médica con participación de personal israelí.

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Imagen: Patrick Smith / Wikimedia Commons, CC BY 3.0

Resumen

  • USC dejó expirar su contrato de cadáveres con la Marina estadounidense
  • Los cuerpos se usaban en formación médica con personal militar israelí
  • UC San Diego cortó el suministro y USC decidió no renovar el acuerdo

La Universidad del Sur de California, USC, ha puesto fin a un controvertido contrato con la Marina de Estados Unidos mediante el que suministraba cuerpos humanos donados para formación médica y quirúrgica. Parte de esos cadáveres terminó utilizándose en cursos en los que participaron profesionales sanitarios de las Fuerzas de Defensa de Israel. El acuerdo expiró el 24 de septiembre de 2026 y la universidad decidió no renovarlo.

El motivo inmediato, según la Keck School of Medicine de USC, no fue la presión política ni las protestas que durante meses habían rodeado el programa. Fue algo bastante más prosaico: la Universidad de California en San Diego, UC San Diego, dejó de proporcionar los cuerpos que abastecían buena parte de esos cursos. Sin esa fuente de cadáveres, USC sostiene que simplemente no podía continuar con el contrato.

La historia, sin embargo, es más incómoda que un sencillo acuerdo administrativo que llega a su fecha de caducidad. Durante años, personas habían donado voluntariamente sus cuerpos a la ciencia y esos restos entraron en un circuito de formación médica conectado con la Marina estadounidense y con personal sanitario militar israelí. Ahí apareció una cuestión mucho más delicada: hasta dónde llegaba realmente el consentimiento concedido por los donantes y sus familias.

USC recibió más de un millón de dólares por el programa

El origen del acuerdo se remonta a finales de 2017, cuando la Marina estadounidense inició el procedimiento para adquirir cadáveres a USC destinados a programas de entrenamiento en cirugía de traumatismos. La investigación que destapó el caso calculó inicialmente que la universidad había recibido más de 860.000 dólares por al menos 89 cuerpos desde 2018. De ellos, 32 fueron utilizados específicamente en entrenamientos relacionados con personal de las Fuerzas de Defensa de Israel.

Con las sucesivas ampliaciones del contrato, la cantidad total asociada al programa superó después el millón de dólares. USC ha matizado que no obtenía beneficios de los cuerpos proporcionados por UC San Diego: según la universidad, la Marina abonaba el coste de obtenerlos, junto con los gastos correspondientes al trabajo de cirujanos, técnicos especializados y otros costes operativos.

Ese detalle importa. Hablar simplemente de una universidad que vendía cadáveres resulta llamativo, y explica buena parte de la reacción pública, pero el mecanismo económico era más complejo. Había pagos dentro de un contrato que incluía cuerpos humanos, aunque USC sostiene que las cantidades cubrían también costes médicos, logísticos y de supervisión y que no suponían lucrarse con los cadáveres procedentes de UC San Diego.

Qué hacían exactamente con los cuerpos

Los cadáveres se utilizaban en formación avanzada sobre traumatismos. Parte de las prácticas se desarrollaba con cuerpos sin perfusión y otra con cadáveres perfundidos, es decir, cuerpos por cuyo sistema vascular circula un líquido diseñado para imitar determinadas características de la sangre. El objetivo es acercar la práctica quirúrgica a las condiciones que un equipo sanitario puede encontrarse ante una hemorragia grave o una lesión traumática.

Los documentos vinculados al programa describían cursos de varios días para cirujanos, enfermeros y anestesiólogos israelíes. USC presentó estas actividades como formación sanitaria, no como preparación para funciones de combate. En los dos años anteriores a enero de 2026, 36 cadáveres fueron utilizados dentro del programa y 12 de ellos correspondieron a cursos para personal médico militar israelí.

La distinción no es menor. No se trataba de soldados practicando técnicas ofensivas con cadáveres, sino de equipos médicos aprendiendo cirugía de trauma. El debate se desplazó precisamente ahí: no tanto hacia qué operación se practicaba sobre los cuerpos, sino hacia quién conocía ese destino y quién lo había autorizado.

El consentimiento de los donantes abrió la polémica

USC mantiene desde hace años un Programa de Donación Anatómica. Su finalidad es proporcionar cuerpos a la enseñanza de anatomía, la formación de médicos, la investigación y otros usos científicos. La universidad presenta estas donaciones como una contribución que permite mejorar la formación sanitaria y desarrollar técnicas capaces de salvar vidas.

El problema apareció al examinar hasta dónde llegaba esa autorización. Los documentos de consentimiento concedían a las instituciones un margen amplio para utilizar los restos con fines de enseñanza, investigación y actividades relacionadas. Pero no explicaban de manera específica a las familias que determinados cuerpos podían acabar integrados en entrenamientos contratados por la Marina estadounidense o utilizados por equipos sanitarios pertenecientes a unas fuerzas armadas extranjeras.

La polémica creció hasta el punto de que estudiantes de Medicina de Keck reclamaron mayor transparencia sobre el destino de las donaciones. La discusión ya no giraba alrededor de la utilidad de estudiar anatomía con cuerpos humanos, una práctica esencial en numerosas facultades de Medicina, sino sobre algo más preciso: si autorizar un cuerpo para formación médica equivale también a aceptar cualquier posible destinatario de esa formación.

Y ahí el asunto se vuelve bastante menos administrativo. Una autorización jurídicamente amplia puede ser suficiente sobre el papel y, al mismo tiempo, dejar una zona gris desde una perspectiva ética. Entre donar un cuerpo para formar médicos y saber que ese cuerpo terminará en un programa asociado a unas fuerzas armadas existe una diferencia que para algunas familias puede resultar decisiva.

USC y las investigaciones discrepan sobre algunos cadáveres

Existe además una contradicción relevante. USC declaró en septiembre de 2026 que ningún cuerpo donado directamente a su Programa de Donación Anatómica había sido utilizado para formar a profesionales sanitarios de las Fuerzas de Defensa de Israel. Según esa versión, los cadáveres empleados en esos cursos procedían principalmente de UC San Diego.

Investigaciones publicadas anteriormente por Annenberg Media habían llegado, sin embargo, a una conclusión diferente. Tras revisar contratos y otra documentación, sostuvieron que cuerpos procedentes tanto del programa de USC como del de UC San Diego habían entrado en el sistema empleado por la Marina y por cursos en los que participaba personal israelí.

No son dos versiones fácilmente conciliables. La posición más reciente de la universidad es clara; también lo es la documentación periodística previa que afirma lo contrario. Sin una explicación adicional sobre qué cuerpos participaron exactamente en cada curso y bajo qué contrato, esa discrepancia permanece abierta.

Mientras tanto, USC modificó la información pública de su programa para aclarar que los restos pueden utilizarse no solo dentro de la universidad, sino también por socios educativos, sanitarios, gubernamentales o industriales, siempre de acuerdo con la legislación y las políticas de la institución.

UC San Diego cortó el suministro y el contrato quedó sin cuerpos

La decisión que terminó materialmente con el programa llegó desde UC San Diego. Después de revisar las instalaciones utilizadas por USC, la universidad concluyó que el laboratorio quirúrgico ya no cumplía sus estándares para espacios destinados específicamente a educación y entrenamiento con restos humanos.

UC San Diego decidió entonces dejar de suministrar cadáveres. USC reconoció que dependía en gran medida de esos cuerpos y comunicó que no podría renovar el acuerdo con la Marina cuando venciera el 24 de septiembre de 2026.

Es un desenlace bastante distinto al que podría sugerir la temperatura política del caso. Durante meses hubo protestas de grupos propalestinos y organizaciones estudiantiles que reclamaban romper la relación. Organizaciones críticas con el programa celebraron finalmente la cancelación y pidieron mayores explicaciones sobre lo ocurrido. Pero USC niega que esas protestas provocaran la decisión y vincula el final del contrato directamente a la retirada de UC San Diego.

La finalización del acuerdo tampoco supone, por sí sola, una ruptura general entre USC y las Fuerzas Armadas estadounidenses. El contrato discutido se refería específicamente al suministro y utilización de cadáveres para determinados programas de formación médica. Conviene mantener esa frontera: el caso es suficientemente singular como para no necesitar que se le añada más pólvora de la que ya tiene.

¿Era ilegal cobrar por estos cadáveres?

Aquí también conviene apartar el ruido. En Estados Unidos existe una prohibición federal explícita sobre recibir una contraprestación económica por determinados órganos humanos destinados a trasplantes. Esa norma está redactada específicamente alrededor del trasplante y no convierte automáticamente en ilegal cualquier transferencia económica relacionada con un cuerpo destinado a investigación, disección o educación médica.

Por eso el caso USC ha generado sobre todo una discusión acerca de ética, transparencia y consentimiento informado, más que una conclusión sencilla de que la universidad estuviera desarrollando una compraventa ilegal de órganos. Cadáver completo y órgano destinado a trasplante no son conceptos jurídicamente intercambiables, aunque a primera vista la frontera pueda sonar poco intuitiva.

Hay, además, otra diferencia que suele perderse cuando la historia se reduce a un titular impactante: las familias no estaban vendiendo los cadáveres. Los cuerpos habían sido donados. El dinero circulaba después entre instituciones dentro del sistema encargado de obtener, trasladar, conservar, preparar y utilizar esos restos para formación.

Eso no resuelve la cuestión ética. De hecho, la hace más delicada: una persona puede aceptar que su cuerpo sirva para enseñar anatomía y, sin embargo, tener una opinión muy distinta sobre que termine empleado en un curso vinculado a unas fuerzas armadas. El consentimiento genérico y el consentimiento plenamente informado no tienen por qué significar exactamente lo mismo.

El consentimiento queda en el centro del caso

El contrato de USC con la Marina estadounidense ya terminó. También ha desaparecido, al menos mediante este acuerdo, la vía por la que cadáveres gestionados por la universidad llegaban a cursos en los que participaban equipos médicos militares israelíes.

Lo que no desaparece tan fácilmente es el problema que el caso dejó al descubierto. Las universidades dependen desde hace generaciones de personas que entregan su cuerpo después de morir convencidas de que servirá para formar médicos y hacer avanzar la ciencia. Esa relación descansa sobre algo bastante frágil: la confianza.

Precisamente por eso, el episodio de USC importa más allá de Israel, de la Marina estadounidense o de una disputa concreta en un campus de California. Muestra hasta dónde puede ensancharse el concepto de uso médico de un cuerpo donado cuando los formularios conceden autorizaciones muy amplias y varias instituciones intervienen después en el recorrido de los restos.

El contrato se ha extinguido y los cadáveres dejan de circular por esa vía. Pero el debate que apareció detrás permanece intacto: quién decide realmente qué significa donar el cuerpo a la ciencia cuando, muchos años después, ese gesto altruista termina dentro de una cadena institucional que el donante quizá nunca imaginó.

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Fundador de DonPorqué y curioso empedernido. Escribe sobre tecnología, viajes, gastronomía, cultura y todo lo que le genera una pregunta con un buen «¿por qué?» detrás. En su tiempo libre es aficionado a los casinos online y aprovecha esa experiencia para compartir análisis y recomendaciones sobre el sector del iGaming.