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¿Qué cambia la enmienda a la ley de nietos que tramita el Congreso?
PSOE y Sumar permiten tramitar la enmienda sobre la ley de nietos pese al informe contrario de los letrados y el recurso anunciado por el PP.

Imagen: Presidencia de la República Mexicana / Wikimedia Commons, CC BY 2.0
Resumen
- PSOE y Sumar permiten tramitar la enmienda pese al informe de los letrados
- La propuesta lleva a la ley la presunción de exilio aplicada desde 2022
- PP y Vox recurrirán la decisión y el debate puede llegar al Constitucional
PSOE y Sumar han permitido que siga adelante en el Congreso una enmienda de Sumar destinada a incorporar a una norma con rango legal parte del criterio aplicado desde 2022 mediante una instrucción administrativa vinculada a la conocida como ley de nietos. La propuesta pretende llevar al texto legal la presunción de la condición de exiliado para los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, criterio que ya figura en la instrucción dictada para aplicar la Ley de Memoria Democrática.
La polémica no nace únicamente del contenido. También, y sobre todo, del camino elegido. La modificación se ha presentado dentro de la tramitación de una ley sobre educación, aunque los servicios jurídicos del Congreso consideran que no existe la conexión material suficiente entre ambos asuntos. Su informe no es vinculante y la Mesa de la Comisión de Educación, donde PSOE y Sumar tienen mayoría, ha decidido permitir la tramitación. Eso no significa que la reforma esté definitivamente aprobada: la enmienda continúa dentro del procedimiento parlamentario.
Qué pretende cambiar la enmienda sobre la ley de nietos
La denominada ley de nietos no es en realidad una ley autónoma con ese nombre. La expresión se utiliza habitualmente para referirse a la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática de 2022, que abrió una vía para adquirir la nacionalidad española a determinados descendientes de españoles nacidos fuera del país.
La norma incluye, entre otros supuestos, a nacidos fuera de España de padre, madre, abuelo o abuela originariamente españoles vinculados al exilio; a hijos nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad al casarse con extranjeros antes de la Constitución de 1978; y a determinados hijos mayores de edad de personas que previamente habían obtenido la nacionalidad española de origen.
Pocos días después de aprobarse la ley, una instrucción administrativa concretó cómo debía aplicarse ese derecho. Entre otros aspectos estableció una presunción de exilio para quienes abandonaron España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. En esos casos debía acreditarse la salida del territorio español, pero se presumía la condición de exiliado. Para las salidas producidas entre el 1 de enero de 1956 y el 28 de diciembre de 1978 sí debía acreditarse expresamente esa condición.
La enmienda impulsada por Sumar busca trasladar esa presunción al propio texto legal. Dicho de forma sencilla: un criterio que hasta el momento estaba recogido en una instrucción administrativa pasaría a contar con respaldo directo de una norma aprobada por las Cortes si la modificación supera todo el recorrido parlamentario.
Por qué los letrados del Congreso ponen reparos
Aquí aparece el problema jurídico que ha llevado el asunto mucho más allá de una discusión sobre nacionalidad. Los letrados del Congreso no han centrado su objeción principal en decidir si el contenido de la reforma es políticamente conveniente o inconveniente. Su reparo es previo: consideran que esa modificación no guarda suficiente relación con la norma educativa utilizada para introducirla.
La iniciativa legislativa que sirve de vehículo aborda cuestiones relacionadas con el sistema educativo, entre ellas las ratios de alumnos y las condiciones lectivas. La nacionalidad española, el exilio y sus consecuencias sobre el censo electoral pertenecen a un ámbito normativo diferente. El informe de los servicios jurídicos sostiene que la enmienda resulta incongruente con el objeto y la finalidad del proyecto y que no aprecia el mínimo punto de conexión material entre ambos.
Qué significa realmente una «enmienda intrusa»
La expresión «enmienda intrusa», utilizada en el debate parlamentario y jurídico sobre este caso, describe precisamente esa situación: introducir mediante una enmienda una materia que puede carecer de conexión suficiente con la iniciativa legislativa que se está modificando. El calificativo «pirata», empleado en algunos titulares y en la confrontación política, tiene un carácter más retórico que jurídico.
No basta, sin embargo, con llamar «intrusa» a una enmienda para convertirla automáticamente en inconstitucional. El problema está en la homogeneidad material entre la modificación propuesta y el texto al que se incorpora. La doctrina constitucional ha establecido límites a la utilización de las enmiendas cuando terminan introduciendo realidades normativas desconectadas del objeto original de la iniciativa.
Los letrados recuerdan precisamente esa doctrina y advierten de que la ausencia de congruencia puede afectar a las facultades de participación de los parlamentarios durante el procedimiento legislativo, protegidas por el artículo 23 de la Constitución. Al mismo tiempo, su propio informe reconoce que corresponde a la Mesa de la Comisión valorar la admisión y que su criterio jurídico no es vinculante.
El Tribunal Supremo está detrás del nuevo choque
La enmienda tampoco se entiende sin lo ocurrido unas semanas antes en el Tribunal Supremo. La Sala de lo Contencioso-Administrativo adoptó medidas cautelares relacionadas con las altas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes, el CERA, de personas nacionalizadas mediante esta vía.
El Supremo suspendió cautelarmente las altas censales afectadas hasta que pudiera acreditarse el cumplimiento de la condición vinculada a la descendencia de españoles exiliados. Se trata de una medida cautelar, no de una sentencia definitiva sobre el fondo del asunto. La resolución vinculó la decisión al crecimiento del censo exterior y al posible impacto que, a juicio de la Sala, podía tener sobre la objetividad y transparencia del proceso electoral.
La Abogacía del Estado recurrió esa decisión y sostiene una interpretación diferente. Entre otras cuestiones, argumenta que la inscripción censal es consecuencia de haber obtenido previamente la nacionalidad y cuestiona que pueda suspenderse su efecto electoral sin revisar los actos individuales de concesión de esa nacionalidad. También rechaza que el incremento del CERA permita concluir por sí mismo que existen irregularidades electorales.
Cuántas personas están realmente afectadas
Las cifras también forman parte del choque. El Supremo manejó inicialmente un cálculo de 408.262 nuevos electores, mientras que la Abogacía del Estado rebajó a 369.017 el incremento que considera atribuible al periodo analizado. Dentro de ese conjunto, cifró en 168.896 las personas que accedieron a la nacionalidad mediante la aplicación de la instrucción que presume la condición de exiliado para quienes salieron de España entre 1936 y 1955.
Los servicios jurídicos del Estado consideran, además, materialmente muy difícil revisar esos aproximadamente 170.000 expedientes antes del cierre del censo correspondiente. El dato no resuelve el debate jurídico, pero ayuda a explicar por qué el conflicto ha dejado de ser una controversia teórica: afecta a expedientes consulares repartidos por numerosos países y a personas que ya obtuvieron la nacionalidad española.
Aquí conviene separar dos planos. Uno es quién cumple los requisitos para obtener la nacionalidad española conforme a la Ley de Memoria Democrática y su desarrollo. Otro es qué consecuencias producen esas nacionalizaciones en el CERA y, por extensión, en el ejercicio del derecho de sufragio. Mezclarlos conduce fácilmente a conclusiones que el procedimiento judicial todavía no ha resuelto.
Por qué Sumar quiere llevar el criterio directamente a la ley
Sumar ha explicado que pretende elevar a rango legal la presunción aplicada desde 2022. Su portavoz parlamentario Enrique Santiago vinculó expresamente la iniciativa con las medidas cautelares del Supremo y defendió incorporar ese criterio mediante una norma aprobada por el Parlamento. La formación sostiene que la reforma busca blindar jurídicamente la situación de los nacionalizados afectados por el litigio.
Desde esa posición, el argumento es bastante directo: si parte del conflicto nace porque una determinada interpretación está contenida en una instrucción administrativa, incorporarla a una ley reforzaría su rango normativo. La discusión con los letrados, sin embargo, discurre por otro carril. No cuestionan en su informe que las Cortes puedan legislar sobre nacionalidad, sino la forma parlamentaria utilizada para introducir este cambio concreto.
La diferencia es relevante. No se debate solamente qué puede aprobar una mayoría parlamentaria, sino mediante qué procedimiento puede hacerlo. Las reglas de elaboración de las leyes pueden parecer una arquitectura gris de mesas, ponencias, informes y plazos, pero cumplen una función precisa: delimitar qué se está legislando y garantizar las posibilidades de intervención de los distintos grupos.
Qué harán PP y Vox contra la decisión
PP y Vox han anunciado recursos contra la decisión de la Mesa de la Comisión de Educación de tramitar la enmienda pese al informe de los letrados. El PP pretende impugnar la admisión ante los órganos de la Cámara, mientras la controversia podría adquirir posteriormente dimensión constitucional si la reforma culmina su tramitación y se plantean recursos sobre el procedimiento seguido.
Los partidos que se oponen a la enmienda han relacionado la modificación con sus críticas sobre el crecimiento del censo exterior. PSOE y Sumar rechazan esas acusaciones, mientras la Abogacía del Estado ha defendido ante el Supremo que el aumento de inscripciones no demuestra por sí solo la existencia de fraude electoral. Son posiciones enfrentadas que permanecen sometidas tanto al debate parlamentario como a los procedimientos judiciales abiertos.
El informe contrario de los letrados tampoco equivale a una declaración de inconstitucionalidad. Es un criterio jurídico previo dentro del procedimiento parlamentario. Del mismo modo, la decisión de admitir la enmienda no resuelve la discusión constitucional. Son etapas distintas de un conflicto en el que el procedimiento legislativo ha terminado siendo casi tan importante como el contenido de la reforma.
Y tampoco la admisión de la enmienda deja automáticamente sin efecto las medidas cautelares del Supremo. Para producir efectos jurídicos como nueva norma, el texto tendría que culminar el procedimiento legislativo correspondiente y entrar en vigor. Mientras eso ocurre, el litigio relativo al CERA continúa por su propio camino.
Una reforma de nacionalidad metida en una ley educativa
El episodio concentra varios asuntos especialmente sensibles en unas pocas líneas: nacionalidad española, memoria democrática, exilio, derecho de voto, censo exterior, procedimiento parlamentario y control judicial. De ahí que una modificación relativamente breve haya terminado provocando una controversia bastante mayor que su extensión sobre el papel.
El dato central es sencillo. PSOE y Sumar han permitido tramitar la enmienda pese a la objeción de los servicios jurídicos del Congreso; la propuesta busca incorporar a la ley la presunción de exilio aplicada administrativamente a quienes salieron de España entre 1936 y 1955; y el principal reparo planteado por los letrados está en que esa reforma se ha introducido dentro de una norma dedicada a la educación.
A partir de aquí avanzan dos procedimientos paralelos. El parlamentario determinará si la modificación termina convirtiéndose en ley. El judicial deberá resolver el conflicto abierto alrededor de las altas censales vinculadas a la llamada ley de nietos. Entre ambos queda una cuestión clásica del parlamentarismo, menos vistosa que la pelea partidista pero decisiva para entender el caso: las Cortes pueden modificar las leyes, pero el modo en que lo hacen también está sometido a reglas.












