Los registros de Acciona abren una nueva fase en el caso Cerdán

La Guardia Civil registró varias sedes de Acciona en Bilbao y Madrid por orden del magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, dentro de una pieza separada y secreta de la investigación sobre presuntas irregularidades en contratos de obra pública. Los agentes buscaban documentación vinculada a adjudicaciones concretas y examinaron equipos informáticos durante varias horas. Las diligencias se centran en la línea relacionada con el exdirigente socialista Santos Cerdán, según fuentes de la investigación, y no en la del exministro José Luis Ábalos. Un registro judicial permite recabar pruebas, pero no demuestra por sí mismo que la empresa haya cometido un delito.

La actuación no se limitó a las oficinas de la constructora. También hubo un requerimiento de información en un domicilio relacionado con la compañía en Sevilla y registros en San Sebastián, en dos sociedades vinculadas a movimientos de fondos de Servinabar. El secreto de esta parte de la causa impide conocer por ahora el alcance completo de las pesquisas y qué documentos concretos han sido incorporados al procedimiento.

Una pieza separada bajo la dirección del Supremo

La operación fue autorizada por el juez Leopoldo Puente, instructor en el Tribunal Supremo de la causa que investiga a varios implicados en la presunta trama de adjudicación de obra pública. Los registros se practicaron a propuesta de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y quedaron encuadrados en una pieza separada, una parte diferenciada del procedimiento principal que permanece bajo secreto. Esa separación permite investigar una línea concreta sin hacer públicos todos sus detalles mientras se practican diligencias.

El carácter reservado explica por qué la información disponible procede, sobre todo, de fuentes de la investigación y de los datos comunicados sobre la operación. No se conocen públicamente los expedientes específicos requeridos ni el contenido de los archivos revisados. El secreto limita lo que puede afirmarse con seguridad: la existencia de registros y su relación con contratos bajo sospecha están confirmadas en la información de referencia, pero no permiten reconstruir el conjunto de las pruebas reunidas.

La investigación general gira en torno a presuntos pagos de comisiones y gestiones para influir en adjudicaciones públicas. Santos Cerdán, José Luis Ábalos y el antiguo asesor ministerial Koldo García aparecen en distintas líneas del caso, junto con empresarios. Sin embargo, que una persona o una compañía sea mencionada en una pesquisa no equivale a una declaración de culpabilidad. La responsabilidad penal solo puede establecerse en sede judicial, después de valorar las pruebas y garantizar el derecho de defensa.

Qué se buscó en las oficinas y qué se hizo en otras ciudades

Los agentes acudieron a sedes de Acciona en Bilbao y Madrid para recopilar documentación sobre obras concretas en las que se sospecha que pudo haber irregularidades en la adjudicación. Durante la operación revisaron parte de las instalaciones, volcaron información de ordenadores y reunieron documentación. La búsqueda, por tanto, estaba delimitada por el interés de la causa en determinados contratos y no se describe como una inspección general de toda la actividad de la compañía.

En Sevilla, la actuación comunicada fue un requerimiento de información relacionado con un domicilio vinculado a la empresa, no un registro de una sede de Acciona. La diferencia importa: un requerimiento solicita que se entregue información, mientras que un registro es una diligencia de entrada y examen de un espacio autorizado judicialmente. En San Sebastián, en cambio, se practicaron registros en dos mercantiles que la información periodística identifica como Noran y Erkolan.

Según lo publicado, Servinabar había transferido fondos a esas sociedades. Noran fue descrita como una cooperativa fundada por Antxon Alonso y Koldo García, mientras que Erkolan era una asesoría relacionada con la primera y con sede en el mismo lugar. También se informó de que la hermana de Cerdán habría trabajado en Erkolan. Esos vínculos explican el interés investigador en las empresas, pero no acreditan por sí solos que sus operaciones fueran ilícitas.

La conexión con Cerdán y el alcance de la pesquisa

Fuentes de la investigación precisaron que el material buscado en los registros de Acciona estaba relacionado con Cerdán, no con Ábalos. La causa más amplia incluye a ambos, además de Koldo García y otros investigados, pero las diligencias de esta pieza no deben confundirse con todas las líneas del caso. En procedimientos complejos, la separación de asuntos permite centrar las pesquisas en personas, contratos o relaciones empresariales específicas.

En el momento al que se refiere la información, Cerdán se encontraba en prisión provisional. La investigación que condujo a esa medida se apoyaba en un informe de la UCO y en la sospecha de que pudo participar en una trama vinculada a contratos públicos. La prisión provisional es una medida cautelar, no una condena, y la situación procesal de los investigados puede cambiar a medida que el juez revisa las necesidades de la causa y las pruebas pendientes.

La información disponible también señalaba que Ábalos y García afrontaban otras diligencias relacionadas con la presunta trama de mascarillas y que permanecían en libertad con medidas cautelares en aquel momento. Es importante no trasladar automáticamente esas circunstancias a la pieza sobre las obras públicas: cada línea del procedimiento puede tener hechos investigados y medidas procesales distintas. El secreto impide saber si los registros han generado nuevas imputaciones o si se limitan a completar documentación sobre contratos ya examinados.

El papel de las UTE y los contratos bajo examen

Una parte central de la investigación se refiere a adjudicaciones en las que Acciona concurrió junto con empresas de menor tamaño mediante uniones temporales de empresas, conocidas como UTE. Esta fórmula permite que varias compañías se agrupen para ejecutar una obra determinada, compartiendo tareas y responsabilidades según el acuerdo que establezcan. La presencia de una UTE en un contrato no es irregular por sí misma; el interés judicial está en determinar cómo se adjudicó cada obra y qué relaciones hubo entre quienes participaron.

El informe de la UCO que precedió a la dimisión de Cerdán como diputado y secretario de Organización del PSOE señalaba posibles anomalías en la adjudicación de la obra del túnel de Belate, en Navarra. El proyecto se desarrolló mediante una UTE integrada por Acciona, Construcciones Osés y Servinabar. La investigación analiza esa adjudicación junto con otros expedientes para establecer si existieron decisiones injustificadas o contraprestaciones, extremos que todavía deben probarse.

Los agentes también cruzaban información de expedientes de obra pública con documentación obtenida de los investigados y de empresarios relacionados con la causa. Entre ellos figuraba Antxon Alonso, propietario de Servinabar y antiguo socio de Cerdán, que compareció como investigado ante el Supremo. El cruce de contratos, comunicaciones y movimientos empresariales busca reconstruir relaciones que, tomadas por separado, podrían parecer inconexas. Ese trabajo de contexto no sustituye la prueba de que una adjudicación se amañara.

De Navarra a otros proyectos señalados

La documentación citada por la UCO situaba en Navarra el punto de partida de una relación empresarial que los agentes remontaban a 2015. El informe describía una continuidad en los contactos de Koldo García con Acciona y mencionaba un proyecto de explotación de potasa entre Navarra y Aragón. En esa iniciativa, la compañía habría trabajado en una UTE con Servinabar, una firma de menor tamaño con sede en Pamplona. La referencia sirve para entender por qué la investigación no se limita a un único contrato.

Otro proyecto que aparece en la información es la reconstrucción del Puente del Centenario, en la autovía SE-30 de Sevilla. Un audio incorporado por la UCO al procedimiento recoge una conversación entre Koldo García y Ábalos en la que se alude a Cerdán y a la obra del puente. Los investigadores relacionan esa conversación con la hipótesis de que ciertas adjudicaciones pudieron obtenerse de manera irregular y con el posible pago de comisiones. La existencia de una conversación, sin embargo, debe analizarse junto con el resto de las pruebas.

La pieza también se inscribe en una investigación que examina varias UTE formadas por Acciona y empresas más pequeñas. El Supremo recabó información para estudiar esos acuerdos tras el informe policial. No se ha divulgado en el material disponible una relación completa de los expedientes afectados ni el resultado de la revisión de cada uno. Por eso, hablar de contratos bajo sospecha describe el objeto de la investigación, no una conclusión judicial sobre la validez de todas las adjudicaciones.

Por qué Acciona no había sido registrada antes

Cuando comenzó la causa contra Cerdán, dentro del procedimiento conocido como caso Koldo, se cuestionó que otras empresas relacionadas con la trama hubieran sido registradas y que Acciona hubiera recibido entonces un requerimiento de información. Entre las compañías sometidas a registros anteriores se mencionaron Obras Públicas y Regadíos y Levantina, Ingeniería y Construcción. La explicación atribuida a fuentes de la causa fue que el contacto investigado con Acciona se vinculaba a Fernando Merino, trabajador de Acciona Construcción que ya había sido despedido.

La compañía sostuvo entonces que Merino había tomado decisiones sin respaldo de sus superiores y que fue apartado antes de que estallara la investigación judicial. Esa explicación corresponde a la posición de la empresa y no resuelve por sí sola qué ocurrió en los contratos examinados. El cambio posterior de diligencia —de un requerimiento a registros autorizados— indica que los investigadores solicitaron acceder directamente a documentos y dispositivos, pero no permite inferir por sí mismo que hubiera aparecido una prueba concluyente.

La diferencia entre las actuaciones puede responder a la evolución de la causa: a medida que se reúnen datos, el juez puede autorizar medidas más concretas para preservar o localizar información. En este caso, la operación se presentó como una búsqueda de documentación sobre obras determinadas. Que una empresa facilite datos o sea objeto de un registro no despeja automáticamente las sospechas ni las confirma; el valor de cada elemento dependerá de su relación con los hechos y de su examen judicial.

Notas, contactos y antecedentes de la investigación

Entre los elementos anteriores que la UCO incorporó a la causa figuraba una nota hallada en el teléfono de Koldo García durante los primeros registros del caso. El apunte, fechado el 22 de enero de 2019, vinculaba a Acciona con Avintia mediante un reparto expresado como 70 a 30, e incluía referencias a hablar con Santos Cerdán y a un contacto con Entrecanales, presidente de Acciona. La nota es un indicio documental cuya interpretación depende de su contexto y de cómo se conecte con contratos concretos.

También se difundió una conversación en la que Koldo García hablaba con Ábalos de gestiones atribuidas a Cerdán relacionadas con personas que Acciona habría pedido colocar. Esas palabras forman parte del material investigado, pero su sentido y alcance no deben tratarse como una prueba completa de un delito sin considerar el resto de la documentación. En una causa penal, los audios, las notas y los expedientes administrativos se contrastan entre sí y con las explicaciones de las personas implicadas.

La UCO ya trabajaba en cruzar información sobre adjudicaciones señaladas por el empresario Víctor de Aldama con documentos requisados a investigados y empresarios. Ese contraste permite comprobar si los relatos, las comunicaciones y los expedientes coinciden en fechas, empresas y proyectos. La investigación trata de convertir indicios dispersos en una secuencia verificable, y los registros pueden aportar piezas nuevas, aunque su contenido concreto no se haya hecho público.

Qué se sabe y qué permanece sin aclarar

Acciona aseguró que había facilitado la información requerida y defendió que las diligencias no presuponían actividad irregular por parte de la compañía. Esa precisión es relevante porque evita confundir la colaboración con una admisión de responsabilidad. Al mismo tiempo, la empresa no controla la interpretación judicial de los documentos recopilados ni el desarrollo de una pieza que continúa bajo secreto.

Por ahora, la información pública permite afirmar que hubo registros en Bilbao y Madrid, una solicitud de información vinculada a Sevilla y actuaciones en dos sociedades de San Sebastián. También permite situar la operación en la línea de la causa relativa a Cerdán y a determinadas adjudicaciones de obra pública. No permite conocer con detalle qué hallaron los agentes, si se abrirán nuevas diligencias ni qué decisión adoptará el magistrado cuando valore el material.

El foco judicial está en establecer si las relaciones entre empresas, intermediarios y responsables públicos influyeron de forma ilegal en contratos concretos. La respuesta no depende de una sola nota, una conversación o un registro, sino de la solidez del conjunto de pruebas y de su valoración con garantías para todas las partes. Hasta que el juez determine los hechos, las sospechas siguen siendo objeto de investigación y no una sentencia.