¿Por qué Junts exige elecciones y pone en jaque a Sánchez?

Junts exige elecciones y eleva la tensión: Pagès reta a Bolaños y Moncloa aguanta con Presupuestos en el aire y la reforma penal en el foco.

Junts ha movido pieza esta mañana en el Congreso. Josep Pagès, diputado de la formación de Carles Puigdemont, ha reclamado la disolución de las Cortes y la convocatoria inmediata de elecciones generales porque, sostiene, la mayoría “ya no existe” y el Ejecutivo ha perdido capacidad de gobernar. Lo dijo en la Comisión de Justicia, frente al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en plena explicación de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La frase que quedó flotando en la sala —“Ustedes pueden ocupar el Gobierno; lo que no pueden es gobernar”— condensa el órdago.

La réplica del Gobierno mantiene el guion conocido: Moncloa no contempla un adelanto, reivindica el diálogo con todos, también con Junts, y defiende que la legislatura “tiene recorrido” hasta 2027. El PSOE exhibe el mismo argumento desde hace días: las mayorías se construyen votación a votación y la Cámara, pese al ruido, sigue funcionando. El choque, sin embargo, no es solo retórico. Afecta a la aritmética parlamentaria, a la viabilidad de los Presupuestos de 2026 y a la credibilidad de una agenda legislativa que ya avanzaba a tirones. Con la petición de Pagès, el debate salta del terreno de las metáforas a la mecánica constitucional.

Lo que ha ocurrido hoy

El foco estaba formalmente en Justicia, pero la política se impuso al detalle técnico. Bolaños acudía al Congreso para desplegar los argumentos de una reforma procesal de gran calado —la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal— que traslada la dirección de las investigaciones penales a la Fiscalía, limita la acusación popular cuando intervengan partidos y blinda algunas piezas de la reestructuración del sistema (tribunales de instancia, nuevas oficinas, cambios en los accesos a las carreras judicial y fiscal). En ese marco, Josep Pagès pidió la palabra para afirmar que el Ejecutivo “ocupa” La Moncloa pero no gobierna; si la mayoría que permitió la investidura ya no opera, dijo, lo “democráticamente sano” es convocar urnas. Bolaños defendió que la legislatura sigue viva y que el proceso penal debe modernizarse como en el resto de Europa. La escenografía importó: no fue una entrevista ni un tuit, fue una comisión parlamentaria con el ministro en su escaño, lo que amplifica el impacto político.

El movimiento llega tras la ruptura formal de Junts con el PSOE, anunciada a finales de octubre y ratificada internamente, y después de varios avisos de la portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, que elevó el tono contra Pedro Sánchez en el hemiciclo y comprometió a su grupo a bloquear “toda la agenda” del Ejecutivo, empezando por las cuentas públicas. Junts, que aporta siete diputados en el Congreso, ha pasado en semanas de la geometría variable a un bloqueo explícito: voto en contra o abstención táctica si conviene a su relato. El paso de hoy suma un escalón más: elecciones “ya” como salida natural a una mayoría rota.

Dónde queda la legislatura tras el aviso

España está gobernada en minoría desde el principio de este mandato. La investidura se sostuvo con una coalición de PSOE y Sumar apoyada por varias fuerzas nacionalistas y regionalistas. Con Junts fuera de la ecuación, la cuenta se estrecha y cada votación exige hilar fino. En ese contexto, el grito de “urnas” no es solo una consigna: es un mensaje de desgaste dirigido a Moncloa y una forma de ordenar el tablero para la oposición, PP y Vox, que también empujan por un adelanto.

La prueba del algodón son los Presupuestos. Sin cuentas, el país se mueve con prórroga, se congelan programas nuevos, la ejecución de inversiones sufre y el desgaste político se multiplica. Junts ha anunciado que no apoyará las cuentas de 2026; si ERC tampoco se sube y el PNV no compensa, el Ejecutivo quedaría con margen casi nulo. Moncloa recuerda, con todo, que en las últimas semanas logró frenar iniciativas de la oposición y sacar adelante normas técnicas con combinaciones cambiantes. Pero una cosa es sobrevivir a golpe de decreto o proposición no polémica y otra levantar una mayoría estable para un proyecto de país. La diferencia es sustancial.

La oposición interpreta la jornada como el acta de defunción de la coalición. Alberto Núñez Feijóo repite el mensaje de “fin de ciclo”, y Santiago Abascal lo acompaña con su propio repertorio. En paralelo, los socios que permanecen cerca de Moncloa calibran el coste de arrimarse o de marcar distancia: ERC compite con Junts en el mismo ecosistema y busca no parecer subalterna; el PNV cuida su imagen de fiabilidad; EH Bildu y BNG negocian a su ritmo; Sumar necesita aire. La política se vuelve microquirúrgica: una abstención aquí, un voto afirmativo allá. Se puede resistir, sí, pero cada semana sin Presupuestos fortalece el relato del bloqueo.

Qué pide Junts y por qué ahora

Junts sostiene que el Gobierno ha incumplido compromisos clave: mejoras cuantificables en la ejecución presupuestaria en Cataluña, avances efectivos en financiación, hoja de ruta con calendarios para reformas pactadas y cumplimiento íntegro de lo firmado en la investidura. Carles Puigdemont verbalizó la ruptura como “un punto y aparte”: no habrá apoyo a las cuentas ni a leyes del Gobierno mientras, a su juicio, persistan los incumplimientos. Míriam Nogueras lo convirtió en estrategia parlamentaria: ensanchar el coste de la minoría y pedir elecciones si Sánchez no reconstruye mayoría.

¿Por qué hoy, en la Comisión de Justicia? Porque la reforma de la LOECrim es simbólica y práctica a la vez. Simbólica porque toca fibras sensibles del sistema: los fiscales pasarán a dirigir las investigaciones y los jueces de instrucción verán redefinido su papel, un cambio discutido durante décadas. Práctica porque es una de las grandes apuestas del ministro Bolaños, que necesita compasar esta obra con la ley de eficiencia procesal y con la reordenación de juzgados en tribunales de instancia. Señalar el núcleo de la agenda del ministro es tocar el corazón de la capacidad de gobernar. Y, de paso, colocar a Junts como actor que no bloquea por capricho sino por una tesis: “no hay mayoría, hay que consultar a las urnas”.

Junts también mira a su base. El pulso con el PSC en Cataluña y la competencia con ERC obligan a demostrar resultados tangibles. El repertorio mezcla denuncia —“fase de negación” en Moncloa— con cauces formales: artículo 115 de la Constitución sobre la mesa, cuestión de confianza “política” en el pasado como recordatorio de que existen procedimientos de control, amenazas de “bloqueo” si no hay cambios. La prioridad, dicen en el partido, es que se cumpla lo pactado —con partidas, BOE y plazos—, no declaraciones.

Qué responde Moncloa y el PSOE

La línea del Gobierno es nítida: no habrá adelanto. Pedro Sánchez ha repetido que la legislatura dura cuatro años y que su intención es completar el mandato hasta 2027. En el Congreso, el portavoz socialista Patxi López insiste en una idea operativa: “las mayorías se ven ley a ley”. El argumento práctico se acompaña de otro político: convocar elecciones ahora, sin agotar la vía de los acuerdos, podría percibirse como una rendición, premiaría la táctica del bloqueo y abriría una campaña áspera a las puertas del invierno, con la economía navegando entre la desaceleración europea y los deberes de ejecución de fondos.

Moncloa también hace pedagogía del marco legal: el presidente puede disolver cuando quiera si cumple las condiciones, pero no está obligado. El Ejecutivo confía en recomponer puentes con socios que, aunque tensan el discurso, no quieren aparecer como coprotagonistas de una parálisis prolongada. Y reivindica lo ya aprobado en el año: leyes de calado, decretos complejos, medidas económicas y sociales que avanzan pese a la fragmentación. En esa lista sitúan la amnistía como hito jurídico-político que, a su juicio, ha reducido la temperatura del conflicto catalán (argumento que Junts contesta con la idea de que falta dotación y ejecución).

Bolaños, por su parte, defendió en el Congreso que la nueva LOECrim “europeíza” el proceso penal, alinea España con el entorno y “no afecta a la independencia” de jueces y fiscales. Las asociaciones judiciales han expresado dudas —temor a una politización de la Fiscalía si no se blinda su autonomía— y el ministro las rebate una por una. Justo por eso la irrupción de Pagès durante esta comparecencia tuvo eco: convirtió un debate técnico en un test de gobernabilidad.

El marco legal de un adelanto electoral

El mecanismo está claro y es conocido por los lectores de la política española. La Constitución, en su artículo 115, permite al presidente del Gobierno proponer la disolución de las Cortes “previa deliberación del Consejo de Ministros y bajo su exclusiva responsabilidad”, y el Rey formaliza la disolución mediante Real Decreto. No puede hacerse si hay una moción de censura en tramitación y, como regla general, debe haber transcurrido al menos un año desde la anterior disolución. Ese requisito se cumple: la última disolución fue en mayo de 2023.

La LOREG fija el reloj electoral: desde la publicación del decreto hasta la apertura de urnas median 54 días naturales. La práctica habitual sitúa la jornada electoral en domingo, pero el dato que manda es el número: 54. Si el decreto saliera ahora, el país votaría a comienzos de enero de 2026, en plena resaca navideña, con papeletas imprimiéndose en diciembre y la campaña comprimida entre festivos. No suena cómodo para la logística ni para los partidos, que prefieren primaveras o veranos atípicos antes que un invierno corto y frío. Aun así, el diseño legal no hace distingos: el calendario sale como sale.

Fechas y plazos, en números

54 días entre decreto y urnas. Disolución por Real Decreto firmado por el Rey. Propuesta tras Consejo de Ministros. Prohibición si hay moción de censura en trámite. Y ese margen general de un año entre disoluciones ordinarias. Todo eso sostiene un procedimiento tasado que busca equilibrio entre discrecionalidad política y seguridad jurídica. Es el andamiaje que convierte el “elecciones ya” de Junts en una posibilidad real, no solo en un eslogan.

Quién es Josep Pagès y qué papel juega

El hoy protagonista, Josep Pagès (1972), es abogado y politólogo de formación, con experiencia en instituciones catalanas y presencia intermitente en el Congreso en las últimas legislaturas como sustituto y luego como diputado pleno. No es el rostro más mediático de Junts —ese lugar lo ocupan Puigdemont y Nogueras—, pero su intervención ha sido quirúrgica: una apelación jurídica (la Constitución y la LOREG), un diagnóstico político (sin mayoría no se gobierna) y una consecuencia (disolver y votar). Junts mide mucho quién y dónde lanza cada mensaje. Hacerlo en la Comisión de Justicia, frente a Bolaños, añade densidad.

Escenarios inmediatos: del presupuesto a la “resistencia” caso a caso

El primero, el que hoy impulsa Junts, es disolución y urnas. Es la salida más limpia en términos institucionales y la más incierta políticamente: reordenaría fuerzas, pero no garantiza mayorías nítidas en un sistema cada vez más fragmentado. El Ejecutivo y el PSOE lo ven como el plan C.

El segundo, el que Moncloa prefiere, es resistir. Seguir aprobando normas técnicas o de consenso, negociar a varias bandas, explorar abstenciones cruzadas y mantener vivo el discurso de la utilidad: “El Gobierno gobierna”. En esa senda, dentro de las últimas semanas, Junts ha alternado el bloqueo con votos tácticos que han permitido prosperar o caer iniciativas en función de su conveniencia. Esa plasticidad deja un resquicio a la gobernabilidad, pero presupuestariamente el terreno es mucho más resbaladizo.

El tercero pasa por una desescalada negociada. Moncloa ha deslizado que puede calendarizar compromisos con Cataluña, acelerar ejecuciones y permitir visualizaciones de avance en materias sensibles. Junts, de entrada, ha dicho que no; pero su práctica política combina pulsos de máximo voltaje con ventanas de conversación si hay concesiones medibles. No sería la primera vez que una bronca mayor se resuelve con ajustes técnicos y compromisos escritos. La clave es el reloj: si la ventana se cierra, la presión sobre el adelanto crecerá por pura inercia.

En todos los supuestos, la reforma penal cumple un papel de termómetro. Si avanza, Moncloa proyecta control de agenda; si se empantana, el relato del bloqueo se hace carne. Las asociaciones judiciales y fiscales, muy activas, aportan ruido y titulares; la oposición, munición. Y Junts aprovecha el terreno fértil para recordar que el Gobierno “ocupa” pero no “gobierna”.

Cataluña y el tablero nacional, vasos comunicantes

El movimiento de hoy también hay que leerlo en clave catalana. Junts refuerza su posición ante un electorado que exige resultados palpables del intercambio de apoyos por políticas. La palabra “elecciones” agita a su base y le permite competir con ERC por el relato de la eficacia: “sin nosotros, la mayoría no suma”. El PSC, desde el otro lado, presume de normalización institucional y de que la amnistía ha bajado la tensión. Dos narrativas que chocan y conviven.

A nivel nacional, PP y Vox alinean sus mensajes con lo que Junts sirve en bandeja: debilidad del Gobierno, fin de ciclo, España ingobernable. Son marcos conocidos, pero hoy encuentran combustible parlamentario extra. En ese paisaje, cada gesto de Moncloa se mira con lupa: si el Gobierno presenta el proyecto de Presupuestos aunque sepa que naufraga, exhibe voluntad de gobernar; si retrasa, alimenta sospechas. Si pacta con socios menores que no son Junts, prueba su tesis de la geometría variable; si no, el “elecciones ya” gana tracción.

Sobre el fondo económico, el Ejecutivo defiende que España crece por encima de la media europea, que el empleo aguanta y que los fondos europeos siguen impulsando proyectos de transformación. Junts y la oposición replican con los “peros” conocidos: inflación pegajosa, tipos altos, inversión que no despega al ritmo deseado y desequilibrios territoriales. Ese ruido macro se cruzará inevitablemente con el debate político si la campaña se impone.

El reloj político tras el órdago

Hoy queda fijada una fotografía nítida. Junts ha pedido en sede parlamentaria —con la voz de Josep Pagès y frente a Félix Bolaños— que Pedro Sánchez disuelva las Cortes y convoque elecciones. Moncloa sostiene que hay legislatura, que el artículo 115 le da potestad para disolver pero no obligación, y que su hoja de ruta pasa por seguir legislando y buscar mayorías “ley a ley”. En medio, los Presupuestos de 2026 marcan el horizonte inmediato: si nacen, habrá margen para una resistencia prolongada; si naufragan, la presión por las urnas crecerá semana a semana.

El marco jurídico es claro —54 días desde el decreto a las urnas— y las condiciones políticas, movedizas. La legislatura, ya frágil de origen, se asoma a una fase decisiva. El Gobierno, si quiere sostener su relato, tendrá que demostrar capacidad de sumar en campo embarrado. Junts, si quiere sostener el suyo, deberá traducir su estrategia en logros verificables para su base y en una narración que no lo sitúe como ariete de la derecha. Y la oposición, si quiere capitalizar el río revuelto, tendrá que acreditar que el desgaste de Sánchez se transforma en alternativa creíble y no solo en titulares.

De momento, lo verificable es sencillo: un diputado de Junts ha dicho alto y claro que elecciones ya. El resto —si será farol o carta definitiva— lo decidirá la aritmética, la gestión de la agenda y la resistencia de los protagonistas. El reloj, desde hoy, corre distinto.