¿Por qué la UCM rechaza publicar el expediente académico de Ayuso?

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha rechazado hacer públicas las calificaciones universitarias de Isabel Díaz Ayuso, pese a admitir expresamente que existe un interés general en comprobar la veracidad de los datos académicos difundidos sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid. La universidad considera, sin embargo, que ese interés público no pesa lo suficiente como para imponerse al derecho de Ayuso a la protección de sus datos personales.

Dicho de otra forma: la Complutense no sostiene que las notas de Ayuso sean irrelevantes. Tampoco afirma que estén dentro de las categorías de datos especialmente protegidos. Lo que hace es una ponderación entre transparencia y privacidad y decide que las calificaciones que Ayuso nunca hizo públicas deben permanecer reservadas. La petición llevaba dando vueltas por administraciones, órganos de transparencia y tribunales desde 2023. Tres años para llegar a un no; la burocracia española también sabe trabajar a fuego lento.

Qué ha decidido exactamente la Universidad Complutense de Madrid

El origen de la resolución está en una solicitud de acceso a información pública presentada por Newtral en febrero de 2023, poco después de que Ayuso recibiera el reconocimiento de Alumni UCM Ilustre de la Facultad de Ciencias de la Información. La petición buscaba conocer las asignaturas cursadas y las calificaciones obtenidas durante sus estudios de Periodismo, además de la información académica correspondiente al Máster en Comunicación Política y Protocolo.

Conviene precisar algo que suele perderse cuando el asunto se reduce a la expresión “expediente académico”. La solicitud no pretendía acceder indiscriminadamente a todo el archivo personal de Ayuso como antigua estudiante. Pedía, fundamentalmente, asignaturas y notas. La propia UCM distingue entre el Certificado Académico Personal —un documento que corresponde solicitar a la estudiante— y la posibilidad de facilitar determinados datos contenidos en ese expediente.

La universidad estudió esa segunda posibilidad y reconoció dos elementos relevantes: las calificaciones solicitadas no son datos especialmente protegidos y Ayuso, por su condición de presidenta autonómica y figura pública, genera un interés general que permite valorar el acceso a cierta información sobre su formación. Pero ahí se detiene la apertura.

Para la Complutense, ese interés permite comprobar los datos académicos que la propia presidenta ha divulgado, pero no justifica revelar sus notas concretas. Esas calificaciones no fueron publicadas voluntariamente por Ayuso, no existe una obligación legal de difundirlas y tampoco constituyen un requisito para ejercer la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Con esos ingredientes sobre la mesa, prevalece la privacidad.

El argumento de Ayuso para impedir que se conozcan sus notas

Durante el procedimiento, Isabel Díaz Ayuso se opuso al acceso. Su posición parte de una idea bastante nítida: el expediente contiene información personal y, según sus alegaciones, solo su titular puede acceder a ella en los términos pretendidos. También sostuvo que sus datos de formación relevantes ya figuran en el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid.

Ese perfil oficial identifica a Ayuso como licenciada en Periodismo y con Diploma de Estudios Avanzados por la Universidad Complutense, además de señalar que obtuvo un Máster en Comunicación Política y Protocolo. La propia Facultad de Ciencias de la Información recoge igualmente que se licenció en Periodismo en 2002.

Lo que no aparece ahí es el detalle de las calificaciones obtenidas. Ayuso sostiene que esas notas no guardan relación con la actividad de la Comunidad de Madrid, con la prestación de servicios públicos ni con la utilización de fondos públicos. Su expediente universitario pertenece, argumenta, a una etapa formativa anterior y no fue exigido para acceder al cargo de presidenta que ocupa.

Ser cargo público no convierte cualquier dato en público

Aquí está la frontera que la resolución intenta dibujar. Una persona que ocupa un cargo institucional está sometida a exigencias de transparencia mucho mayores que un ciudadano anónimo, pero eso no convierte automáticamente cualquier dato de su vida en información accesible.

La legislación española sobre transparencia obliga precisamente a hacer esa operación de balanza. Cuando una solicitud contiene datos personales que no pertenecen a categorías especialmente protegidas, la administración debe realizar una ponderación razonada entre el interés público de divulgarlos y los derechos de la persona afectada, particularmente su derecho fundamental a la protección de datos. No hay una puerta que siempre esté abierta ni otra que permanezca cerrada por principio; depende de qué información se solicita, de su relevancia pública y de los derechos que entren en conflicto.

La UCM ha aplicado ese criterio y ha considerado que conocer las notas concretas de Ayuso aporta menos al control de su actividad pública de lo que perjudicaría a su esfera personal. Es una resolución administrativa, no una declaración de que los ciudadanos carezcan de interés legítimo en su formación. De hecho, la propia universidad reconoce ese interés general. Esa diferencia parece pequeña, pero jurídicamente es el centro del asunto.

Por qué las notas se pidieron tras nombrarla alumna ilustre

El expediente académico de Ayuso no apareció de repente en el debate público por curiosidad sobre si sacaba cincos, sietes o sobresalientes. La solicitud nació tras su nombramiento como Alumni UCM Ilustre en enero de 2023.

La Facultad de Ciencias de la Información reconoció aquel año a ocho antiguos alumnos: Rafa Antón, Almudena Ariza, Ángel Expósito, Arturo Pérez-Reverte, Antonio de la Torre, Xurxo Torres, Miguel Trillo e Isabel Díaz Ayuso. La universidad presentó el programa Alumni como un reconocimiento a la excelencia profesional y la relevancia social de antiguos estudiantes.

Ayuso fue distinguida a propuesta del Rectorado de la UCM. Su nombramiento tuvo una recepción bastante menos ceremoniosa que la alfombra institucional sugería: hubo protestas contra la designación, partidarios de la presidenta y fuertes medidas de seguridad alrededor de la facultad. La polémica convirtió un reconocimiento universitario que normalmente habría pasado con discreción por la agenda pública en un asunto político de alcance nacional.

La petición de las notas surgió precisamente para conocer qué méritos académicos acompañaban aquel reconocimiento. La Complutense, sin embargo, sitúa la distinción fundamentalmente en la trayectoria profesional y la relevancia pública de sus antiguos alumnos, no en la necesidad de haber conseguido determinada nota media durante la carrera.

Tres años de recursos antes de que la UCM pudiera responder

La historia administrativa resulta casi tan relevante como las calificaciones que siguen sin conocerse. La solicitud fue presentada el 3 de febrero de 2023 y inicialmente se dirigió a la Comunidad de Madrid. La Administración autonómica denegó el acceso alegando, entre otras razones, el carácter personal de la información y la falta de conexión de las notas con el ejercicio del cargo de presidenta.

La decisión llegó posteriormente al órgano autonómico competente en materia de transparencia. Allí se concluyó que la información solicitada podía considerarse información pública a efectos de la legislación de transparencia, aunque eso no significaba ordenar automáticamente su entrega. Quien disponía de esos datos y debía realizar la ponderación entre acceso y privacidad era la Universidad Complutense de Madrid.

La Comunidad de Madrid recurrió después ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El procedimiento judicial se prolongó hasta que quedó establecido que correspondía a la UCM resolver la petición. La solicitud llegó finalmente a la universidad el 26 de junio de 2026, momento en que se abrió el procedimiento y se permitió a Ayuso presentar sus alegaciones.

La resolución conocida este 13 de agosto completa, de momento, ese recorrido: la Complutense no entregará las notas. La decisión puede todavía quedar sometida a los mecanismos de reclamación previstos por la normativa de transparencia de la Comunidad de Madrid.

Interés general sí, acceso a las calificaciones no

El aspecto más llamativo del caso está en esas dos afirmaciones que parecen chocar pero que la legislación obliga precisamente a colocar frente a frente. La UCM acepta que existe interés público en verificar la formación académica declarada por una presidenta autonómica. Al mismo tiempo entiende que ese interés no convierte todas sus calificaciones en información de libre acceso.

Y hay una diferencia importante entre ambas cosas. Los títulos y datos formativos que una responsable pública incorpora voluntariamente a su perfil institucional sirven para comprobar su currículum académico. Las notas de cada asignatura abren otro nivel de detalle. La Complutense entiende que atravesar esa línea exige una justificación pública más intensa de la que aprecia en este caso.

Eso tampoco significa que la controversia haya terminado con una verdad académica revelada. Las notas siguen sin conocerse. No existe en esta resolución ningún cuestionamiento de que Ayuso obtuviera su licenciatura ni de la formación que figura en los perfiles oficiales de la Comunidad de Madrid y de la propia universidad. Lo que se discute es algo mucho más concreto: si un tercero puede acceder, mediante la legislación de transparencia, al detalle de sus calificaciones.

La incómoda frontera entre transparencia y vida privada

El caso termina, por ahora, en un territorio menos espectacular que el ruido político que lo rodea, pero bastante más interesante. La Universidad Complutense reconoce el interés general de conocer y verificar la información académica de Ayuso y, aun así, mantiene cerrada la puerta de sus notas porque considera que prevalece la protección de sus datos personales.

Es la vieja tensión de las democracias abiertas: cuánto debe mostrar quien ocupa el poder y qué parte de su biografía continúa perteneciendo únicamente a esa persona. La transparencia no convierte un expediente universitario en una plaza pública, pero la privacidad tampoco borra el interés ciudadano por comprobar los méritos que acompañan a determinados reconocimientos institucionales.

En este caso, la balanza de la Complutense se ha inclinado del lado de la privacidad de Ayuso. Después de más de tres años de procedimiento, recursos y tribunales, sabemos quién debía decidir y conocemos finalmente su decisión. Lo único que seguimos sin conocer son las notas. Y, precisamente por eso, probablemente seguirán formando parte del debate.