¿Tu Smart TV te espía? Cinco grandes marcas, demandadas

Texas demanda a Sony, Samsung, LG, Hisense y TCL por rastreo: ACR en Smart TV, capturas, perfiles y anuncios dirigidos en casa, según Paxton.

Texas ha encendido las luces del salón —y también las del juzgado— contra cinco gigantes del televisor conectado: Sony, Samsung, LG, Hisense y TCL. El fiscal general del estado, Ken Paxton, ha presentado demandas acusándoles de convertir la Smart TV en algo más que una pantalla: un sistema que registra lo que se ve, lo reconoce con tecnología de Automatic Content Recognition (ACR), fabrica perfiles de consumo y los monetiza en el mercado publicitario. La idea que sostiene el caso es tan simple como incómoda: la tele no solo muestra imágenes, también “toma notas” sobre ellas.

Las demandas se registraron el 15 de diciembre de 2025 y no son un único pleito en bloque: Texas ha ido contra cada compañía con escritos propios y con sedes judiciales distintas dentro del estado. Samsung y Hisense aparecen vinculadas a Comal County (zona de New Braunfels), Sony a Nueces County (área de Corpus Christi), TCL a Williamson County (Round Rock/Georgetown) y LG a Tarrant County (Fort Worth). Esa geografía, que suena a atlas, en realidad tiene intención: el estado quiere amarrar el caso a lugares concretos de venta, instalación y uso, con nombres de comercios y direcciones que bajan la discusión del cielo de la teoría al suelo de la caja registradora.

La acusación central: ACR, “watchware” y una tele que no se limita a ser tele

En los documentos presentados por la oficina del fiscal general se repite un término cargado de veneno retórico: “Watchware”, algo así como “software para mirar lo que miras”. No es un concepto técnico, es un nombre de guerra. Texas sostiene que estas televisiones integran mecanismos que identifican el contenido en pantalla —da igual si viene de una app, de la tele por cable o de un dispositivo conectado— y que a partir de ahí se construye un historial: qué se ve, cuándo, cuánto tiempo, si se pausa, si se cambia de canal al aparecer un anuncio, si se vuelve atrás, si se abre YouTube después del telediario. El caso gira sobre una frase muy poco romántica pero muy real: “lo que ves” se convierte en “dato”, y el dato, en dinero.

La tecnología ACR se explica mejor con una imagen cotidiana. Antes, el televisor era una ventana; ahora, además, lleva un espejo retrovisor. El ACR puede funcionar comparando huellas de audio (fragmentos mínimos del sonido) o patrones visuales de la imagen con bases de datos. El objetivo es reconocer el contenido sin necesidad de preguntar a la app, como si la tele tuviera un oído fino y una memoria de videoteca. A partir de esa identificación, el sistema etiqueta, agrupa, predice. Y ahí aparece el punto caliente: la publicidad dirigida y la reventa o compartición de datos con terceros del ecosistema publicitario.

Texas no discute que una Smart TV necesite conectarse para actualizarse o para cargar aplicaciones. Lo que discute es otra cosa, más afilada: que se empuje al usuario a activar esa capa de reconocimiento y recopilación de datos con consentimientos poco claros, enterrados en menús, escritos en jerga legal o presentados como un trámite inevitable durante la configuración inicial. En su relato, el “sí” no sería un sí informado, sino una puerta que se abre porque la interfaz sabe dónde colocar el picaporte.

El detalle que ha hecho saltar las alarmas: capturas “cada 500 milisegundos”

En la discusión pública del caso hay una cifra que se ha quedado pegada como chicle en suela: 500 milisegundos. Medio segundo. La acusación que circula en torno a algunos modelos y configuraciones es que el sistema sería capaz de capturar imágenes de pantalla con esa frecuencia para reconocer contenidos. Que esté formulado como capacidad o como práctica concreta es precisamente lo que el litigio tendrá que aclarar con peritajes y pruebas, pero el efecto ya está ahí: medio segundo suena a goteo constante, a pulsación de máquina.

Y ese dato conecta con otra cuestión que, sin decirlo, todo el mundo entiende: aunque el paquete de información no incluya tu nombre y apellidos, la combinación de señales puede bastar para identificar un hogar. Es el viejo truco del mundo digital: no hace falta “quién eres” si ya tengo “cómo vives”.

Quién demanda y a quién: nombres, filiales y el mapa judicial texano

El protagonista institucional es Ken Paxton, fiscal general de Texas, a través de la Consumer Protection Division. En los escritos se cita la Texas Deceptive Trade Practices Act (DTPA), la ley estatal pensada para perseguir prácticas comerciales engañosas. El argumento: que estas compañías habrían incurrido en actos “falsos, engañosos o equívocos” sobre cómo se recogen y usan los datos. Dicho sin toga: vender una tele con promesa de entretenimiento mientras se oculta o se disfraza que también funciona como herramienta de extracción de información.

En el caso de Samsung, Texas dirige la demanda contra Samsung Electronics America, Inc. y Samsung Electronics Co., Ltd.; se detalla incluso el agente para notificaciones en Texas y se fija la sede del pleito en Comal County, apoyándose en la presencia de ventas y usuarios allí, con menciones a grandes superficies concretas. Hisense aparece como Hisense USA Corporation, con sede en Suwanee (Georgia) según el documento, también en Comal County. Sony se plantea contra Sony Corporation of America y Sony Electronics, Inc., y el caso se coloca en Nueces County. TCL entra como TCL North America, Inc., con el pleito situado en Williamson County y con menciones a puntos de venta. LG figura como LG Electronics U.S.A., Inc., y Texas lo lleva a Tarrant County.

Ese reparto por condados tiene un efecto colateral: evita que el tema quede flotando como una bronca abstracta sobre “privacidad”, y lo clava a terreno, con una lógica casi policial: aquí se vendió, aquí se instaló, aquí se usó, aquí se recolectó.

La guerra de los consentimientos: pantallas de configuración, letra pequeña y decisiones diseñadas

En el corazón del conflicto está la pregunta que parece sencilla y nunca lo es: ¿se pidió permiso de forma clara? Las demandas describen un patrón: durante el arranque inicial, la tele guía por una cascada de pantallas; en algún punto aparece el apartado de términos y privacidad; la explicación de ACR se presentaría como algo difuso, con frases que hablan de “mejorar servicios” o “estadísticas de rendimiento”, pero sin explicar con precisión que se recopila información sobre el contenido visualizado, que se perfila y que se monetiza con publicidad.

Aquí la interfaz importa tanto como el código. El litigio, en el fondo, no se juega solo en servidores y bases de datos: se juega en el diseño de botones, en qué opción viene resaltada, en si el rechazo queda escondido tras tres menús, en si “más información” lleva a un texto inabarcable desde un mando a distancia, en si la negativa reduce funciones o te deja a medias. No hace falta un villano con capa; basta con un flujo de instalación que empuja.

Texas sostiene que el consentimiento sería “sin significado” por estar condicionado, ser opaco o engañoso. Y aquí aparece una diferencia clave respecto a cómo se ha normalizado la vida digital: estamos tan acostumbrados a aceptar condiciones en el móvil que el televisor, que siempre fue “mueble”, hereda el vicio de la pantalla pequeña. Solo que en el salón, ese vicio se siente distinto.

El negocio detrás: publicidad en televisores, perfiles y el salto de vender pantallas a vender audiencias

Durante décadas, las marcas de televisores ganaban dinero vendiendo hardware. Ahora el televisor conectado abre una segunda caja registradora: la publicidad. La industria lo llama CTV (connected TV), y la promesa para anunciantes es tentadora: segmentación fina, medición detallada, posibilidad de asociar anuncios a comportamientos. El televisor deja de ser un “receptor” y se convierte en una plataforma.

En el caso de LG hay un elemento que Texas subraya con bastante detalle: la relación entre el negocio del televisor y el negocio publicitario. En el propio escrito se menciona que LG, dentro de su estrategia, adquirió participación mayoritaria en Alphonso, una firma estadounidense asociada al análisis de datos y publicidad, y se describe cómo ese engranaje conecta con su estructura de publicidad (aparece citado LG Ad Solutions y su evolución corporativa). Es el retrato de una tendencia: la tele no solo quiere que la enciendas; quiere saber qué haces con ella.

Ese movimiento empresarial ayuda a entender por qué el ACR es tan valioso. En publicidad, la diferencia entre “anuncio al azar” y “anuncio a quien probablemente compre” es dinero real. La diferencia entre medir a ojo y medir con lupa también. Y el ACR es lupa.

Las medidas cautelares: el episodio de las órdenes temporales y el pulso con Samsung

Tras la presentación de las demandas, la batalla no se quedó en los papeles. A comienzos de enero de 2026, el despacho del fiscal general anunció un golpe procesal: una orden temporal de restricción (TRO) contra Samsung para frenar el uso y la circulación de datos ACR vinculados a consumidores de Texas. El comunicado del estado lo presentó como una victoria que impedía seguir “usando, vendiendo, transfiriendo, recopilando o compartiendo” datos ACR asociados a usuarios texanos, al considerar que existía causa suficiente para pensar en una infracción de la DTPA.

Pero el episodio tiene matices y los matices, en estos casos, son la historia. Distintos reportes han señalado que esa orden fue concedida y después anulada o vaciada en un movimiento rápido, casi de bisturí judicial, lo que deja una fotografía menos triunfalista y más real: el caso avanza, sí, pero cada paso se discute y se pelea. A la vez, análisis jurídicos también han apuntado a órdenes temporales en frentes como Hisense, lo que sugiere que los tribunales están, al menos, dispuestos a escuchar la urgencia del estado aunque luego se reordenen los límites.

La lectura fría es que Texas intenta cortar el grifo cuanto antes, antes de que el pleito se eternice. La lectura caliente es que, cuando se toca la infraestructura de datos y publicidad de una multinacional, la reacción es inmediata: abogados, recursos, tecnicismos, contragolpes.

Qué dicen (y qué no dicen) las marcas señaladas

En este tipo de litigios, el silencio también es una estrategia. Varias de las compañías señaladas han evitado pronunciarse a fondo, escudándose en que se trata de procesos abiertos. En el caso de Hisense, se ha recogido una respuesta defensiva centrada en la calidad del producto, sin entrar al detalle de las acusaciones. Y el resto, en general, han optado por el guion estándar: cautela pública, batalla legal en privado.

Aun así, es importante no perder el hilo principal: el proceso no se decide por comunicados. Se decide por pruebas, por cómo se demuestre la recogida de datos, por qué se considera “personal” o “identificable”, por cómo se presentaron los consentimientos, por qué se compartió con terceros, por si había opciones reales de desactivación y por qué pasaba cuando se desactivaba.

HDMI, consolas y ordenadores: cuando la tele mira también lo que entra por la puerta de atrás

Una de las partes más delicadas del debate es la que se sale de las apps “de la tele” y entra en territorio de entradas externas, especialmente HDMI. La acusación difundida en torno al caso sostiene que el reconocimiento de contenido no se limitaría a lo que corre dentro del sistema (plataformas, canales, YouTube), sino que podría alcanzar lo que llega desde una consola, un portátil o un decodificador. Es una frontera psicológica: mucha gente asume que lo que se reproduce por HDMI es “su señal”, algo privado entre su dispositivo y la pantalla. Si el televisor analiza esa señal para identificar contenido, el salón cambia de textura.

Aquí se entiende por qué el asunto ha calado más allá del nicho tecnológico. No es la típica discusión de cookies en un navegador. Es la sensación de que el televisor, el aparato más familiar del hogar, se ha vuelto un intermediario con intereses propios.

La sombra china en el relato texano: Hisense y TCL en el foco político

Texas no ha escondido una capa política en su discurso, sobre todo en lo que toca a Hisense y TCL, empresas de origen chino. Paxton y su oficina han enfatizado la idea de riesgo de seguridad y han usado un lenguaje muy duro para describir estas teles como dispositivos de vigilancia, apuntando a vínculos con el poder chino. Esto no es menor, porque desplaza el debate desde “publicidad y privacidad” hacia “geopolítica y control”.

Conviene encajar esa pieza con cuidado. Una cosa es el negocio publicitario —que es global y, en buena medida, idéntico en empresas occidentales y asiáticas— y otra es el relato de amenaza extranjera, que en Estados Unidos tiene recorrido político evidente. En el tribunal, sin embargo, lo que pesa son hechos concretos: qué datos se recogieron, cómo se recogieron, dónde se enviaron, con quién se compartieron, bajo qué consentimientos. La geopolítica hace ruido; la prueba hace sentencia.

El eco inmediato: de Texas a otros estados y el efecto dominó

El movimiento texano no cae en un desierto. El mercado estadounidense vive de pleitos tanto como de publicidad, y cuando un fiscal general lanza una acusación así, el ecosistema se agita: demandas privadas, posibles class actions en otros estados, titulares que presionan a las marcas. En los primeros días de enero de 2026 ya se hablaba de nuevas acciones judiciales que tomaban como referencia el mismo núcleo de acusaciones: ACR, perfilado, reventa de datos. No significa que todo vaya a prosperar, pero sí que el caso actúa como chispa.

Y ese efecto dominó tiene un componente práctico. Las compañías que venden televisores a escala mundial suelen preferir una sola política, un solo menú, un solo esquema de consentimiento. Cuando un lugar lo pone en cuestión, el cambio puede extenderse por pura eficiencia industrial, aunque se niegue con solemnidad.

En Europa la discusión suena distinta, pero el televisor es el mismo

España y la Unión Europea operan bajo el paraguas del RGPD, con una idea central: el consentimiento —si se usa como base legal— debe ser libre, específico, informado e inequívoco. Además rigen principios como minimización de datos, limitación de finalidad y transparencia. En términos llanos: si vas a usar datos para publicidad personalizada, debes explicarlo de forma clara, permitir rechazarlo sin castigos encubiertos y no recolectar más de lo necesario.

El matiz aquí es que muchas Smart TV vendidas en España son, en esencia, las mismas familias de producto que se venden en Estados Unidos, con variaciones de software y de menús por región. La práctica de ACR puede aparecer bajo nombres distintos —“recomendaciones”, “servicios inteligentes”, “publicidad personalizada”, “mejoras de experiencia”— y en algunos modelos se ha popularizado el enfoque de “opt-out” camuflado: viene activado o sugerido, y si no lo desactivas, corre. Europa, al menos sobre el papel, es menos tolerante con esos atajos, pero el papel y la vida real no siempre caminan al mismo paso.

Otra diferencia importante es cultural y de enforcement. En Estados Unidos se judicializa mucho y se negocia por acuerdos. En Europa se tiende más a sanciones administrativas de autoridades de protección de datos. El resultado final puede parecer distinto, pero el tema de fondo es idéntico: qué significa “consentir” cuando el botón de aceptar está a un mando de distancia y la explicación ocupa veinte pantallas.

Qué se discute en realidad: no solo privacidad, también propiedad del aparato y control del entorno doméstico

Hay una frase que sobrevuela todo esto aunque no se diga con esas letras: ¿de quién es la tele, de verdad? La compras, la pagas, la cuelgas en la pared… pero dentro hay un sistema operativo, acuerdos con anunciantes, analítica, telemetría, servicios. El aparato tiene propietario físico, sí, pero su comportamiento está gobernado por software que responde a incentivos comerciales. Y cuando el incentivo es “dato”, el televisor se comporta como tal.

El caso de Texas pone el dedo en un lugar que pica: la domesticación del seguimiento. En el móvil se normalizó a fuerza de costumbre. En la tele, esa normalización todavía choca porque la tele simboliza descanso, no transacción. Por eso la acusación no se percibe como una discusión de laboratorio, sino como algo casi personal: el salón convertido en escaparate medible.

Y por eso también la precisión de los condados, las tiendas mencionadas, los “undercover purchases” que aparecen en algunos documentos, el énfasis en que la vigilancia se produciría “en casa”. Todo está diseñado para que el asunto no parezca una pelea de tecnólogos, sino un conflicto doméstico.

Un final con tribunal y mando a distancia

Las demandas de Texas contra Sony, Samsung, LG, Hisense y TCL han colocado a la Smart TV en el banquillo de los acusados con una tesis directa: ACR para identificar lo que se ve, perfilado para clasificar comportamientos, y explotación comercial de esos datos con consentimientos discutibles. La batalla ya ha tenido episodios acelerados —órdenes temporales anunciadas, giros judiciales, discusiones sobre el alcance real de las medidas— y, sobre todo, ha dejado una sensación que pesa más que cualquier sigla: el televisor, ese aparato que parecía inofensivo, se ha convertido en una pieza más del mercado de datos.

En los próximos pasos del proceso, la clave no será quién grite más alto, sino qué se pruebe con precisión: cómo se activa el ACR, qué información se recopila exactamente, si alcanza entradas externas como HDMI, con qué frecuencia se capturan señales o imágenes, a qué servidores viajan, qué terceros intervienen, y si el consentimiento fue una decisión consciente o un trámite empujado. Hasta entonces, el caso queda como una fotografía muy contemporánea: una pantalla brillante, un mando gastado, y al fondo, un juzgado preguntando si el entretenimiento venía con letra invisible.