¿Por qué Trump quiere ceder parte de Yosemite a una empresa privada?

La Administración de Donald Trump estudia una operación para desprenderse de una pequeña franja del Parque Nacional de Yosemite, en California, y facilitar así la construcción de una carretera de acceso a una propiedad privada situada junto al espacio protegido. El beneficiario sería un proyecto vinculado a Kingsbarn Realty Capital, firma inmobiliaria con sede en Nevada que posee unas 83 acres —algo más de 33 hectáreas— junto al límite occidental del parque. No existe todavía un acuerdo definitivo ni se ha transferido terreno alguno.

La fórmula que se examina es una permuta de terrenos: el Servicio de Parques Nacionales entregaría la parcela federal, o concedería algún tipo de derecho de paso sobre ella, y recibiría a cambio suelo de un valor equivalente en California. Sobre el papel parece un intercambio casi contable. Sobre el terreno es bastante más delicado: la operación permitiría abrir un acceso directo desde un desarrollo inmobiliario privado hasta una de las grandes vías de Yosemite y ha desatado el rechazo de congresistas, conservacionistas y trabajadores vinculados al parque.

Una carretera privada que cambiaría el acceso a Yosemite

La parcela discutida es diminuta comparada con la inmensidad de Yosemite. Las informaciones conocidas hablan de una franja de aproximadamente 400 metros, cerca del extremo occidental del parque. Pero medir el conflicto únicamente en metros sería perderse lo sustancial: lo que interesa al promotor no es tanto el terreno como la puerta que ese terreno puede abrir.

Kingsbarn controla la antigua propiedad conocida como Hazel Green Ranch, rebautizada en documentos inmobiliarios como Sanctuary at Yosemite. La compañía la adquirió en 2024 por unos 4 millones de dólares mediante una sociedad de responsabilidad limitada. Son dos parcelas que suman alrededor de 83 acres, rodeadas en buena medida por terrenos públicos y situadas junto al Bosque Nacional Stanislaus.

El problema para cualquier proyecto inmobiliario allí es muy sencillo de entender mirando un mapa: estar al lado de Yosemite no equivale necesariamente a poder entrar cómodamente en Yosemite. El trazado actual obliga a recorrer caminos mucho más largos. De ahí el interés en construir una conexión hasta Big Oak Flat Road, uno de los corredores que conducen hacia Yosemite Valley.

El abogado de Kingsbarn, Lanny Davis, ha explicado que la operación permitiría reducir aproximadamente de 28 a 11 millas el desplazamiento necesario para acceder al parque desde la propiedad. La compañía sostiene que ese recorrido más corto tendría incluso ventajas ambientales al reducir kilómetros de conducción. Sus detractores replican que el ahorro de combustible resulta un argumento peculiar cuando la consecuencia práctica sería hacer bastante más atractivo un nuevo desarrollo privado pegado a un parque nacional.

Qué quiere construir realmente Kingsbarn

Los documentos manejados por el Gobierno han hablado de un “desarrollo comercial”, mientras que el representante de Kingsbarn ha señalado que la intención pasa por levantar viviendas privadas unifamiliares de gama alta. Otros planes históricos para Hazel Green Ranch contemplaron usos turísticos y alojamientos, aunque no todos corresponden al proyecto actual y conviene no mezclarlos.

Ese matiz importa. No se está aprobando un hotel dentro de Yosemite, ni el Gobierno ha autorizado todavía una urbanización en el parque. Lo que se negocia es el acceso que podría hacer viable y mucho más valiosa una propiedad situada fuera de sus límites.

Ahí está, precisamente, la gasolina política del asunto. Una carretera corta puede cambiar por completo el valor económico del terreno. El paisaje sigue siendo el mismo —pinos, granito, silencio cuando las multitudes lo permiten—, pero una raya nueva sobre el asfalto altera bastante la ecuación inmobiliaria.

El terreno sería sustituido por otro de igual valor

La Administración plantea compensar la superficie de Yosemite con otro terreno de valor equivalente o superior, todavía no determinado. Kingsbarn sostiene que la legislación federal contempla este tipo de intercambios y que la superficie total protegida no tendría por qué reducirse.

El Departamento del Interior insiste, además, en que no se ha tomado una decisión final. Si la propuesta continúa adelante, asegura, deberá respetar las leyes federales aplicables, pasar por la evaluación ambiental correspondiente e incluir mecanismos de transparencia y participación pública. La Administración también niega que exista presión política de la Casa Blanca para imponer un resultado determinado.

El proyecto ya fue rechazado antes

La historia añade una capa incómoda. No es la primera vez que un propietario de Hazel Green Ranch intenta conseguir una entrada directa a Yosemite.

Un dueño anterior buscó durante años autorización para construir un acceso parecido. La cuestión pasó por las administraciones de George W. Bush y Barack Obama, encontró resistencia dentro del Servicio de Parques y terminó también en los tribunales. El propietario presentó una demanda en 2007 y perdió posteriormente tanto en primera instancia como en apelación, según los antecedentes del litigio.

Eso explica por qué antiguos responsables de Yosemite consideran excepcional la maniobra actual. No están ante un problema administrativo recién descubierto, sino ante una vieja aspiración inmobiliaria que vuelve con una fórmula jurídica diferente: en vez de obtener directamente el permiso para atravesar suelo federal, se estudia intercambiar ese suelo o algún derecho sobre él.

El precedente preocupa más que los metros cuadrados. Los parques nacionales estadounidenses contienen carreteras, concesiones, hoteles históricos e infraestructuras privadas o semiprivadas; nunca han sido burbujas completamente aisladas de la actividad económica. Pero el principio que sus críticos quieren preservar es distinto: que una propiedad privada situada junto a un parque no pueda convertir automáticamente la frontera del parque en una pieza negociable para mejorar su acceso.

Las conexiones políticas elevan la temperatura

La controversia se ha trasladado rápidamente a Washington. Los senadores demócratas de California Alex Padilla y Adam Schiff se han opuesto a la operación y han advertido de que tratarán de frenarla. Schiff ha recordado el fracaso judicial del intento anterior y Padilla ha cuestionado que se empleen mecanismos concebidos para conservar terrenos públicos en una transacción que beneficiaría a un promotor.

También ha entrado en escena el Land and Water Conservation Fund, un fondo federal creado para apoyar la conservación, la protección de recursos naturales y la adquisición de terrenos de interés público. El Departamento del Interior notificó al Congreso que estudiaba utilizarlo en relación con la operación, una posibilidad que ha causado especial irritación entre sus detractores: ven una inversión del propósito tradicional del programa, históricamente asociado a incorporar o proteger terrenos, no a facilitar accesos inmobiliarios privados.

El ingrediente político está ahí y no puede ignorarse, pero tampoco conviene convertir la sospecha en prueba. Jeff Pori, consejero delegado de Kingsbarn, ha realizado donaciones a Trump y a organizaciones republicanas, según los registros electorales conocidos. Los críticos utilizan esa relación para exigir explicaciones sobre el trato recibido por la propuesta. Kingsbarn, por su parte, afirma que no ha mantenido contactos con la Casa Blanca sobre el proyecto y rechaza que las aportaciones políticas expliquen las conversaciones con el Gobierno.

Es una distinción básica, pero necesaria: existen donaciones políticas documentadas; no existe, con la información pública disponible, una prueba de que esas donaciones hayan comprado la decisión administrativa.

Por qué una franja tan pequeña provoca tanto rechazo

Yosemite ocupa cerca de 750.000 acres, alrededor de 3.000 kilómetros cuadrados. Sacar del parque unos cientos de metros puede parecer, en términos puramente aritméticos, poco más que una mota sobre el mapa.

El parque, sin embargo, no es cualquier terreno federal. Sus raíces como espacio protegido se remontan a 1864 y Yosemite se convirtió formalmente en parque nacional en 1890. Es uno de los grandes símbolos de la conservación estadounidense y uno de los espacios naturales más visitados del país. La frontera tiene por ello un significado que va más allá de la superficie física: establece dónde termina el desarrollo ordinario y empieza un patrimonio sometido a protección extraordinaria.

Los conservacionistas temen también impactos más prosaicos. Una urbanización con acceso privilegiado puede significar más tráfico, obras, pérdida de vegetación, ruido y presión sobre los servicios, además de aumentar la preocupación por los incendios en una zona forestal especialmente sensible. Todavía no existe una evaluación ambiental definitiva que permita cuantificar esos efectos; precisamente por eso las garantías legales de revisión ambiental serán una de las batallas centrales si el intercambio avanza.

La discusión llega, además, en un momento incómodo para Yosemite. Durante 2026 ya se ha debatido intensamente sobre las aglomeraciones, la gestión del tráfico y los recursos disponibles para atender a millones de visitantes. En julio, Schiff y Padilla habían mostrado su preocupación por la eliminación del sistema de reservas durante la temporada alta mientras el parque afrontaba menos personal y recursos. Añadir una vía concebida para facilitar el acceso a un desarrollo privado no es precisamente una idea que pase desapercibida en ese contexto.

Yosemite no ha cambiado de dueño, pero la batalla está abierta

A 30 de agosto de 2026, Trump no ha entregado una parte de Yosemite a una empresa privada. La precisión importa. Existe una propuesta en estudio, conversaciones reconocidas por el Departamento del Interior y un mecanismo de permuta que todavía tendría que atravesar controles administrativos, ambientales y políticos antes de materializarse.

También existe algo menos burocrático: una resistencia considerable. Legisladores de California, antiguos responsables del parque, organizaciones conservacionistas y empleados federales ven en el proyecto una frontera peligrosa entre gestión pública e interés privado. Kingsbarn responde que la operación es legal, sustituiría el suelo recibido por otro de valor equivalente y reduciría desplazamientos.

El conflicto, así planteado, cabe en una carretera de menos de una milla y al mismo tiempo ocupa todo Yosemite. Porque la franja es pequeña; el precedente, bastante menos. La cuestión que decidirá el futuro de la operación no será únicamente cuánto terreno cambia de manos, sino hasta dónde puede llegar un Gobierno cuando el interés de un promotor privado se encuentra, literalmente, con la frontera de uno de los parques nacionales más emblemáticos de Estados Unidos.