¿Por qué Trump amenaza con echar a España de la OTAN?

España, en el punto de mira de Trump por el 5% en Defensa y una posible expulsión de la OTAN. Claves legales, reacción y escenarios actuales.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en la Casa Blanca que “quizá” la Alianza Atlántica debería expulsar a España por negarse a asumir el nuevo listón de gasto militar del 5% del PIB. Lo dijo con el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, sentado a su lado, y lo hizo con su estilo más directo: España sería, según su relato, la única excepción en un consenso que él empujó durante meses. El impacto político fue inmediato. Pero el alcance real de la amenaza es limitado: la OTAN no contempla la expulsión de miembros y las decisiones se toman por consenso. Jurídicamente no existe ese botón. Políticamente, sí hay presión, incomodidad y posibles represalias por vías bilaterales. No es lo mismo.

España ha respondido con un mensaje de tranquilidad institucional. Moncloa subraya que el país ya roza el 2% del PIB, que la OTAN ha reconocido esa meta y que el compromiso español se mide sobre todo en capacidades verificables: lo que está operativo, lo que se entrega, lo que navega, despega o se despliega. El Gobierno ampara esa postura en la flexibilidad pactada en junio, cuando se fijó la referencia del 5%. En ese punto se juega la clave: Washington prioriza el porcentaje como termómetro político y España pone el acento en el catálogo de capacidades. Ese choque —más contable que doctrinal— explica la frase de Trump y el ruido que la rodea. Expulsar a un Estado miembro no es viable con las reglas actuales; apretar a un socio a base de reproches públicos y palancas comerciales o militares, sí.

La frase y el momento: una bronca calculada

Trump venía escalando el tono sobre el reparto de cargas desde su regreso a la Casa Blanca. Primero reclamó que el 2% de gasto fuese “el suelo, no el techo”. Después, empujó una declaración política de los aliados con un objetivo del 5% como horizonte. España se resistió, defendió una senda propia y logró introducir márgenes de flexibilidad ligados a los objetivos de capacidad. Esa negociación dejó cicatrices que hoy reaparecen en forma de reproche presidencial. En la comparecencia con Stubb, Trump puso nombres y apellidos al “rezagado” que llevaba tiempo agitando en sus discursos: España.

El contexto importa. La guerra de desgaste en Ucrania, la presión rusa en el Báltico y los focos abiertos en el flanco sur han convertido el gasto en defensa en una palanca identitaria de la alianza transatlántica. Trump explota ese marco para enviar un mensaje interno —“Europa debe pagar más”— y otro externo —disciplinar a quien desafine—. Que señale a Madrid no es casual: España ha escalado con fuerza su presupuesto, pero sigue en la parte baja del ránking de gasto relativo. El contraste ofrece munición política perfecta para un presidente que busca titulares y rendición de cuentas en cifras fáciles de comparar.

Qué significa realmente ese 5% y dónde queda España

El 5% del PIB no es un tratado, ni una cláusula ejecutiva automática. Es una referencia política que busca consolidar un ciclo de rearme europeo a medio plazo. La novedad está en el salto cualitativo respecto al 2% pactado en 2014. No se trata solo de gastar más, sino de hacerlo con una pauta sostenida que permita reconstruir stocks, reforzar defensa aérea, cerrar brechas tecnológicas, ganar autonomía industrial y asegurar munición, munición y más munición. El 5% quiere decir, en la práctica, presupuestos blindados durante varios ejercicios, programas a largo plazo y menos picos y valles.

España ha mejorado desde niveles muy bajos hasta alcanzar en torno al 2%. Lo ha hecho a base de compromisos plurianuales y grandes programas: las fragatas F-110, los submarinos S-80, el Eurofighter con nueva capacidad aire-tierra, el Eurodron, la modernización del Ejército de Tierra y la digitalización de los mandos. Ese dinero no corre solo a la cuenta del Ministerio de Defensa; también arrastra a Industria y otros capítulos vinculados a la cadena de suministro. El discurso español se resume en una frase: las capacidades se pagan en euros, no en porcentajes. Es decir, el porcentaje mide el esfuerzo fiscal; la capacidad mide lo que la OTAN puede usar mañana por la mañana. Y ahí se reclama el aval del proceso técnico de la Alianza, que audita planes de fuerzas y disponibilidad.

Hay, además, una cuestión de tempi. Aceptar el 5% de la noche a la mañana tensionaría el Estado del bienestar y desordenaría el tejido industrial si la absorción no es gradual. Ningún país escala tres puntos de PIB en armamento sin planificación industrial, sin personal cualificado y sin contratos firmes que entreguen al ritmo requerido. España consiguió que esa realidad quedase reconocida: no como una dispensa perpetua, sino como una senda flexible que permita llegar a destinos comparables por rutas algo distintas. El problema es que la política —y Trump en particular— prefiere indicadores sencillos. El porcentaje gana titulares; las capacidades, no tanto.

¿Se puede expulsar a un miembro de la OTAN?

No. El Tratado del Atlántico Norte regula cómo se entra y cómo se sale voluntariamente (artículo 13), pero no contempla la expulsión de miembros. Y para tomar decisiones sustantivas —incluso para invitar a un nuevo aliado— la OTAN opera por consenso. Si un solo país se opone, no hay decisión. Esto coloca la idea de “echar” a España fuera del carril jurídico ordinario de la Alianza. Para que existiera algo parecido, habría que o bien reformar el tratado, algo políticamente inviable en el corto plazo, o abrir una interpretación creativa que exigiese unanimidad y que, de prosperar, sentaría un precedente de alto riesgo para los 32.

Existen tesis minoritarias en el mundo jurídico que, apoyándose en la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, especulan con suspensiones o sanciones en caso de incumplimiento material de obligaciones esenciales. Pero esa vía está plagada de baches: nunca se ha aplicado en la OTAN, el umbral de “incumplimiento material” es muy alto y, en ningún caso, el debate sobre gasto —2%, 5% u otra cifra— encaja en la lógica de violar fines y principios del tratado. La Alianza ha lidiado históricamente con disensos profundos sin necesidad de sacar a nadie por la puerta.

Cómo se gestiona el desacuerdo dentro de la Alianza

La práctica ofrece precedentes de disenso que marcan la pauta. Francia se retiró en 1966 de la estructura militar integrada, preservó su autonomía en disuasión nuclear y siguió siendo aliada política. Volvió en 2009. Grecia se fue de esa misma estructura en los años setenta tras la crisis de Chipre y regresó pocos años después. Turquía compró sistemas S-400 a Rusia y Estados Unidos la expulsó del programa F-35; la OTAN, mientras, mantuvo abierta la vía política. En otras palabras: la Alianza se adapta, a veces de forma incómoda, y usa herramientas de aislamiento parcial —congelar cooperaciones, postergar proyectos, introducir reservas nacionales— antes que abrir la caja de Pandora de expulsar a un miembro.

También existe la “silence procedure”, una fórmula de trabajo que permite aprobar textos si nadie rompe el silencio en un plazo. Un aliado puede sumar una reserva de nación para dejar claro que un párrafo o una decisión no le vinculan plenamente. Es menos vistoso que un golpe en la mesa, pero explica por qué la OTAN ha sobrevivido a décadas de divergencias —Irak, Libia, Siria, Ucrania— sin fracturarse.

Qué ha dicho España y qué puede demostrar

La respuesta oficial de Madrid se apoya en tres vértices. Primero, cumplimiento del 2% y una subida de gasto en defensa sin precedentes. Segundo, compromisos de capacidad con nombre y apellidos que contribuyen al reparto de cargas: defensa aérea, mando y control, proyección marítima, ciber, munición inteligente, sostenimiento. Tercero, flexibilidad reconocida por la OTAN para encajar esa senda de crecimiento en la realidad presupuestaria española.

Eso se acompaña de hechos visibles. España mantiene dos instalaciones clave para Estados Unidos y la Alianza —Rota y Morón—; es marina anfitriona de destructores Aegis que sustentan parte del escudo antimisiles; rota misiones en el Báltico con aviones de combate; lidera o participa en agrupaciones navales permanentes; aporta personal a cuarteles de mando; y sostiene presencia en misiones de disuasión avanzada en el este. A esa lista se suman los programas industriales, que alimentan cadenas transatlánticas y europeas (fragatas, submarinos, aeronaves, radares, guerra electrónica). No son fotos de un día: capacidad es disponibilidad, y la disponibilidad se mide en horas de vuelo, días de mar, repuestos y mantenimientos cerrados a tiempo.

El Gobierno, además, ha elegido rebajar el volumen del cruce político. Menos retórica, más papeles. El terreno donde se juega esta partida es técnico y está lleno de siglas: NDPP (NATO Defence Planning Process), planes de fuerzas, niveles de ambición, ciclos de revisión. Ahí es donde se traduce un porcentaje en brigadas listas, aviones con pilotos suficientes y barcos con dotación completa y repuestos. Trump reclama una cifra; España quiere que se juzgue lo que entrega.

Lo que el derecho en Washington permite (y lo que no)

La amenaza de “expulsión” circula por un carril —el del Tratado del Atlántico Norte)— donde Estados Unidos es un aliado más, con peso político enorme pero sin poder de veto legal sobre la pertenencia ajena. Donde sí tiene margen la Casa Blanca es en su propia política exterior y comercial. Si el pulso escala, el terreno probable de coerción no será la OTAN como tal, sino el bilateral: aranceles, licencias de exportación, ritmos en programas compartidos, acceso a determinadas tecnologías, ritmos de certificación. Es un cajón de herramientas conocido en la relación transatlántica.

Hay también límites claros. Desde finales de 2023, el presidente de Estados Unidos no puede sacar unilateralmente a su país de la OTAN sin el aval de dos tercios del Senado o un acto del Congreso. Esa camisa de fuerza legislativa no afecta a la retórica ni a la presión sobre terceros, pero sí explica por qué la Casa Blanca de Trump recurre a mecanismos informales (exabruptos, avisos, palancas comerciales) antes que a aventuras jurídicas de dudoso encaje. El equilibrio de poderes en Washington pesa y acota los riesgos.

¿Por qué España se ha convertido en el ejemplo?

Porque funciona en términos de comunicación política. España es una economía grande con un Estado del bienestar robusto, que ha tenido tradicionalmente bajo gasto militar en porcentaje del PIB. Un país que llega al 2% tras un esfuerzo notable, pero sigue lejos de los porcentajes de Polonia o los bálticos. Señalar ese dato y contraponerlo al compromiso del 5% produce un contraste contundente. Si, además, Madrid defendió con determinación flexibilidad en la cumbre de junio, el mensaje encaja aún más en el guion presidencial: el “rezagado” que se beneficia de la seguridad colectiva sin —a juicio de Trump— aportar lo suficiente.

Hay otro factor: reparto de cargas no es solo dinero. Es geografía y misiones. Para Estados Unidos, el flanco oriental es existencial; para España, el flanco sur y el Atlántico son obsesiones estratégicas. Ese reparto de riesgos y prioridades nunca es perfecto. De ahí que el Gobierno español subraye que sus aportaciones en el Atlántico, el Estrecho o el Sahel descongestionan a otros aliados, aunque eso no siempre se refleje en la simple métrica del porcentaje.

Escenarios abiertos: de la bronca al ajuste fino

A partir de aquí, tres guiones razonables.

El primero es el enfriamiento. Trump ya obtuvo el titular y el mensaje disciplinante; España continúa su senda de capacidad verificable, a la OTAN le interesa preservar la unidad y el tema se desplaza a las mesas técnicas. Esto no elimina nuevas pullas públicas, pero aplaca la idea de medidas punitivas o de revisitar el tratado. Es el camino de la inercia pragmática que tanto se ha visto en la Alianza: administrar disensos sin hacerlos estallar.

El segundo es la negociación dura. Equipos españoles, aliados clave y el cuartel político de la OTAN ajustan el menú de capacidades españolas: defensa aérea de punto en el este, contribución reforzada a munición de artillería, rotaciones adicionales de patrulla marítima, ciberdefensa, almacenes estratégicos. España pone fechas y hitos medibles y obtiene a cambio un reconocimiento formal de su senda, aunque el porcentaje tarde más en subir. Este guion requiere presupuesto y, sobre todo, ejecución: el mejor antídoto contra el escepticismo es entregar.

El tercero es el choque político. Si la Casa Blanca quiere elevar el precio, puede mover el partido al terreno comercial o tecnológico, o enfriar cooperaciones bilaterales. No es el camino más probable —cuesta capital político con otros aliados europeos—, pero no es imposible. El coste sería reputacional para todos y distraería a la Alianza de su foco principal: disuasión y defensa frente a Rusia, estabilidad del flanco sur y resiliencia industrial.

La letra pequeña del consenso que frena los maximalismos

Conviene recordar cómo decide realmente la OTAN. El Consejo del Atlántico Norte opera por consenso. Las decisiones más sensibles —nuevos miembros, declarativas históricas, movimientos que afecten a la estructura— se cocinan con consultas discretas previas, tanteo de líneas rojas y, llegado el momento, textos en “silencio” que salen adelante si nadie objeta. Cuando hay disenso, no se esconde; se registra con una reserva o se reformula hasta encontrar una redacción aguantable para todos. En ese marco, la idea de expulsar a un aliado choca con un muro jurídico y procedimental que solo puede saltarse abriendo una reforma monumental. No es esa la cultura de la organización.

Qué aporta España hoy y qué necesitaría acelerar

El catálogo español combina posiciones geoestratégicas y programas en curso. Rota y Morón son piezas del dispositivo atlántico y africano; el mando marítimo español tiene peso en agrupaciones permanentes; la aviación rota misiones de policía aérea y refuerzo en el Báltico; el Ejército de Tierra contribuye a la disuasión avanzada con unidades mecanizadas y apoyo logístico; las capacidades de ciberdefensa y guerra electrónica se han reforzado en los últimos años. En la industria, las F-110 vienen con sistemas de combate de última generación; los S-80 son una carta de autonomía submarina; los programas de munición y misiles vuelven a coger músculo tras años de anemia.

Para convencer al más escéptico, España necesitaría acelerar tres frentes: munición (volumen y reposición), defensa aérea (capas y sostenimiento) y disponibilidad (menos baja por mantenimiento, más horas útiles). Es el tipo de compromiso que los aliados miran con lupa porque se traduce, sin margen para el maquillaje, en capacidad real. Un porcentaje sin disponibilidad es humo; una unidad lista vale más que una promesa de presupuesto a tres años vista. Ese es el terreno donde se mide la credibilidad.

Por qué “expulsar” no es la palabra, aunque el ruido continuará

“Expulsar” sirve para titular, pero no para legislar. No hay precedentes de expulsión en la OTAN. Lo que sí hay son mecanismos de aislamiento selectivo —dentro y, sobre todo, fuera de la Alianza— que un presidente decidido puede activar para penalizar a un socio. La propia historia reciente enseña que Estados Unidos utiliza con relativa frecuencia condiciones sobre ventas de armamento, tiempos de certificación y sanciones comerciales como herramientas de persuasión. Es verosímil que el pulso con España, si escala, se juegue en esos campos. Pero también es cierto que otros aliados verían con recelo una campaña contra un miembro cumplidor en capacidades, por debajo del 5% sí, pero en ascenso y con activos clave en juego.

La unidad sigue siendo la divisa más valiosa de la OTAN. Ese es otro límite político. Elevar demasiado el listón para un socio como España, con bases críticas para el despliegue aliado y un papel comprobado en operaciones, puede acabar erosionando la cohesión que se quiere fortalecer. La diplomacia lo sabe. Por eso nadie se apresura a traducir el exabrupto en medidas formales dentro de la Alianza. Las verdaderas batallas están en presupuestos nacionales, contratos industriales y planes de fuerzas. Y ahí España tiene margen de demostración.

Lo que se puede esperar en las próximas semanas

Madrid moverá ficha en dos planos. En el discreto, presentará hojas de ruta con hitos trimestrales: unidades con más disponibilidad, calendarios de entrega, compras críticas, stocks mínimos. Son documentos que no buscan el aplauso público, sino la confianza de los planificadores aliados. En el público, mostrará datos agregados de ejecución presupuestaria y mensajes de compromiso con las misiones y con la seguridad europea. Es probable que aumente la visibilidad de despliegues y ejercicios, sin convertirlo en una competición de cifras.

Por parte de Estados Unidos, el guion previsible alterna fases de presión verbal con silencios que permitan negociar. La Casa Blanca y el Pentágono no siempre hablan a la vez, ni con el mismo vocabulario. En los próximos días, las miradas estarán en visitas técnicas, posiciones de países europeos clave y los mercados (cualquier ruido de aranceles o controles a la exportación se notaría rápido). Si asoma un tirón de la cuerda por el lado comercial, se abriría un flanco nuevo que interesaría poco a una Europa que intenta reindustrializar su defensa.

Dentro de España, el debate transitará inevitablemente por el Presupuesto. No hay magia: más defensa es más dinero. La pregunta es cómo y cuándo. El Gobierno buscará amortiguar el impacto en términos sociales defendiendo que su senda carga el peso en capacidad medible y en industrias que generan empleo y tecnología. La oposición, previsiblemente, exigirá más velocidad y más transparencia en los hitos. El ruido exterior reordena prioridades interiores.

Mirada a medio plazo: cohesión aliada e industria de defensa

En el medio plazo, el 5% es menos una cifra que una señal sobre la autonomía estratégica europea. Llevar el gasto a esos niveles exige asegurar una base industrial capaz de absorber pedidos, escalar producción y entregar. España y el resto de socios saben que no basta con anunciar presupuestos: hacen falta contratos firmados, licencias, mano de obra, materias primas y capacidades de ensayo. Si Europa no acelera su músculo industrial, el 5% corre el riesgo de convertirse en una transferencia de rentas a proveedores externos, justo lo contrario de lo que se pretende.

Ahí España juega sus cartas. El país tiene nodos en naval, aeroespacial, electrónica y misiles. Convertir esa base en entregas para la OTAN —y no en promesas— es la vía más sólida para que la presión política se diluya. A veces, la mejor respuesta a un titular es un barco entregado, una batería de defensa aérea en posición, una planta que dobla turnos.

Lo que realmente está en juego para España

El episodio deja una conclusión clara: la amenaza de expulsar a España es retórica política con recorrido limitado en el marco de la OTAN, pero sí anticipa un ciclo de exigencia más alto y una vigilancia constante sobre qué pone cada aliado en la mesa. España no tiene un problema jurídico en la Alianza; tiene un reto de credibilidad en el terreno más prosaico: presupuestar, contratar y entregar a la velocidad que exige el entorno.

Eso supone tres movimientos consecutivos. Primero, mantener el ritmo presupuestario y blindar la ejecución para que lo comprometido no se quede en papel. Segundo, traducir la subida del 2% hacia arriba en hitos operativos que los aliados puedan palpar —más horas de vuelo, más días de mar, más munición en almacén, más defensa aérea lista—. Tercero, comunicar de forma veraz y sobria esos avances, sin ruido triunfalista, sabiendo que la opinión pública europea sigue siendo sensible a la tensión entre cañones y mantequilla.

Trump ha elevado el tono. España, por ahora, no está en riesgo de ser expulsada de una alianza que no contempla ese mecanismo. Sí está citada a un examen continuo en el que el porcentaje ayuda, pero las capacidades mandan. La política pasará; la disuasión y la defensa se quedan. Ahí se decidirá si este choque queda en ruido o deja huella. Y esa respuesta no saldrá de una rueda de prensa, sino de un parte de alistamiento.

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Este artículo se ha redactado con información procedente de fuentes oficiales y medios españoles contrastados. Fuentes consultadas: RTVE, El País, La Vanguardia, La Moncloa, BOE.