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Economía

¿Por qué Trump permitirá coches que gasten más combustible en EEUU?

Trump rebaja los estándares de eficiencia en EEUU: los coches podrían costar menos al comprar, pero gastar más gasolina durante su vida útil

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coches que gasten más combustible

Resumen

  • Trump rebaja el objetivo de eficiencia de 50,4 a 34,9 mpg para 2031
  • El Gobierno calcula unos 1.300 dólares menos de coste por vehículo nuevo
  • El ahorro inicial puede traducirse en más gasto de gasolina durante años

Donald Trump no ha ordenado a los fabricantes estadounidenses que construyan coches que gasten más gasolina. Lo que ha hecho es algo menos pintoresco, pero bastante más importante: rebajar de forma drástica las exigencias federales de eficiencia que deberán cumplir los automóviles y camionetas ligeras durante los próximos años. La nueva regulación de su Administración sitúa el objetivo medio para 2031 en unos 34,9 millas por galón, frente a las 50,4 mpg previstas bajo las reglas aprobadas durante la presidencia de Joe Biden.

El resultado práctico es sencillo. Los fabricantes tendrán mucho más margen para vender vehículos pesados, grandes o con motores de combustión relativamente sedientos sin tener que compensarlos con tantos híbridos, eléctricos o modelos especialmente eficientes. Washington presenta la medida como una forma de abaratar el automóvil, mientras sus propios cálculos prevén un mayor gasto de combustible durante la vida del vehículo.

Trump rebaja las normas de eficiencia que dejó Biden

La regulación CAFE —siglas de Corporate Average Fuel Economy— no establece cuánto puede consumir exactamente el coche que duerme en el garaje de un estadounidense. Es una norma aplicada al promedio de las flotas que venden los fabricantes. Dicho de forma más terrenal: una marca puede comercializar un enorme todoterreno de gasolina siempre que el conjunto de vehículos que pone en el mercado alcance determinados niveles de eficiencia.

La Administración Biden había endurecido progresivamente esas exigencias. Para los turismos, los requisitos aumentaron un 8% anual en los modelos de 2024 y 2025, un 10% en 2026 y alrededor de un 2% anual entre 2027 y 2031. El planteamiento favorecía la incorporación de motores más eficientes, híbridos y eléctricos hasta llevar el promedio regulatorio previsto para 2031 a 50,4 mpg.

Trump ha cambiado el rumbo. El Departamento de Transporte deja el nivel de 2031 en 34,9 mpg, aproximadamente 6,7 litros cada 100 kilómetros si se realiza una conversión directa. Eso no significa que todos los coches estadounidenses vayan a consumir esa cantidad: las mediciones CAFE no equivalen exactamente al consumo real que observa un conductor. Sí muestra, en cambio, la magnitud del retroceso en la exigencia regulatoria respecto al marco anterior.

No obliga a gastar más, pero deja de exigir gastar menos

Aquí está el matiz esencial. Decir que Trump obliga a fabricar coches más gastones sería incorrecto. Ford, General Motors, Toyota o cualquier otra compañía podrán continuar mejorando motores, vendiendo híbridos o aumentando su catálogo eléctrico. La nueva regla no impide ninguna de esas tecnologías.

Lo que desaparece es buena parte de la presión regulatoria para reducir el consumo. Y para una industria en la que desarrollar una nueva plataforma cuesta miles de millones, esa diferencia pesa. Si una camioneta grande con motor de gasolina puede venderse durante más años sin poner en peligro el promedio CAFE de la compañía, existe menos urgencia normativa para sustituirla por una alternativa más eficiente.

La Alliance for Automotive Innovation, que representa a fabricantes como General Motors, Toyota, Volkswagen, Hyundai y Ford, ha respaldado la dirección de la reforma porque considera que las normas anteriores estaban alejadas de las condiciones reales del mercado y de parte de la demanda de los consumidores. Organizaciones ecologistas mantienen la posición contraria: sostienen que suavizar los requisitos desplaza parte del coste desde la fábrica hasta el surtidor y las emisiones.

La promesa de Trump: coches unos 1.300 dólares más baratos

El argumento económico de la Casa Blanca toca una cuestión muy visible en Estados Unidos: comprar un coche nuevo se ha vuelto muy caro. Según el Departamento de Transporte, las nuevas reglas reducirán aproximadamente en 1.289 dólares por vehículo el coste medio que los fabricantes tendrían que asumir para cumplir la regulación.

La Administración redondea ese efecto en unos 1.300 dólares por automóvil y calcula un ahorro agregado de 138.000 millones de dólares durante los próximos cinco años. Su planteamiento es claro: menos exigencias regulatorias implicarían menores inversiones obligatorias y, en teoría, vehículos nuevos más asequibles.

Pero hay una segunda cifra que cambia bastante la fotografía. El mismo análisis oficial estima que la relajación de las normas aumentará en más de 1.600 dólares el gasto en combustible durante la vida útil de los vehículos respecto al marco anterior. También calcula que el consumo estadounidense de gasolina crecerá alrededor de un 4,6% hasta 2050 frente a lo que habría ocurrido con las reglas de Biden.

El automóvil puede salir más barato al abandonar el concesionario y, al mismo tiempo, consumir más dinero durante años. No son magnitudes directamente equivalentes —el precio del combustible fluctúa y cada conductor recorre distancias distintas—, pero muestran por qué el supuesto ahorro tiene dos caras. Una aparece en la etiqueta del coche. La otra, poco a poco, en la gasolinera.

El combustible caro complica todavía más la ecuación

La reforma llega mientras los conductores estadounidenses soportan precios de la gasolina muy superiores a los registrados antes de la escalada del conflicto con Irán. Durante septiembre, el promedio nacional se ha movido alrededor de los 4,4 dólares por galón, lo que hace especialmente visible cualquier cambio que pueda aumentar el consumo de los vehículos.

La coincidencia resulta llamativa: mientras llenar el depósito cuesta más, Washington suaviza precisamente unas normas diseñadas para que los coches necesiten menos combustible por kilómetro recorrido. Eso no invalida el argumento económico del Gobierno, que coloca el precio inicial del automóvil en el centro del debate, pero obliga a mirar la factura completa.

La Administración sostiene que unos estándares demasiado exigentes obligaban a introducir tecnologías costosas y acelerar la electrificación más deprisa que la demanda real del mercado. Para muchas familias estadounidenses, especialmente en zonas rurales o con grandes distancias diarias, el precio de compra y la autonomía siguen teniendo mucho peso al escoger vehículo.

El supuesto mandato eléctrico que Trump quiere deshacer

Trump describe las políticas de Biden como un mandato encubierto del coche eléctrico. Conviene precisar qué significa eso: las normas CAFE no obligaban a un ciudadano a comprar un eléctrico ni exigían que todos los automóviles vendidos utilizasen baterías.

Sí elevaban el promedio de eficiencia hasta un punto en el que los fabricantes tenían fuertes incentivos para vender más eléctricos e híbridos. Cuantos más vehículos de muy bajo consumo incorporaba una compañía a su flota, más sencillo resultaba alcanzar el objetivo global exigido por Washington.

La nueva regulación reduce considerablemente ese incentivo. También eliminará a partir del modelo 2028 el comercio de créditos CAFE entre fabricantes, un mecanismo mediante el cual las compañías que superaban determinados objetivos podían vender créditos a aquellas que tenían más dificultades para cumplirlos. Ese mercado había proporcionado ingresos relevantes a fabricantes eléctricos como Tesla y Rivian.

También cambiará desde 2030 la clasificación de determinados vehículos para evitar que pequeños SUV y crossovers sean contabilizados como camionetas ligeras simplemente para acceder a requisitos menos estrictos. El Departamento de Transporte calcula que la modificación podría invertir la distribución regulatoria actual, aproximadamente un 70% de camionetas ligeras y un 30% de turismos, hacia una proporción cercana a la contraria.

Hay, por tanto, bastante más detrás de la reforma que una pelea simplificada entre gasolina y electricidad. Se modifican incentivos industriales, créditos regulatorios, categorías de vehículos y el ritmo con el que Washington pretende empujar a los fabricantes hacia una flota más eficiente.

2031 podría parecerse demasiado a lo que ya existe

Uno de los datos que alimenta las críticas aparece al comparar el objetivo futuro con el rendimiento que la industria ya alcanza. La nueva norma exige una media regulatoria aproximada de 34,9 mpg para 2031, mientras organizaciones medioambientales sitúan el promedio de eficiencia de la flota estadounidense de 2024 alrededor de 35,4 mpg.

Las dos magnitudes no son perfectamente intercambiables, porque el cálculo regulatorio CAFE tiene particularidades propias y no coincide necesariamente con las cifras de consumo observadas en carretera. Aun así, la comparación permite entender la crítica de quienes consideran que el objetivo establecido para dentro de cinco años exige poco respecto a la tecnología que ya está disponible.

El Gobierno utiliza otra referencia. Según sus cálculos, el estándar regulatorio correspondiente a 2024 era de unos 30,1 mpg, por lo que alcanzar 34,9 mpg en 2031 todavía supondría una mejora. Ambas afirmaciones pueden coexistir: una cosa es el mínimo exigido legalmente y otra, el rendimiento promedio que los fabricantes consiguen realmente.

Ahí está parte del debate de fondo: hasta dónde debe empujar Washington a una industria capaz de superar el mínimo legal y cuánto de esa transformación debe quedar en manos de los fabricantes y los compradores.

Más gasolina significa también más emisiones

La relación física es bastante menos discutible que la política. Si millones de automóviles recorren distancias similares pero necesitan más gasolina para hacerlo, el consumo de petróleo aumenta respecto a un escenario con vehículos más eficientes y también lo hacen las emisiones asociadas a su utilización.

El propio Departamento de Transporte calcula que la nueva regulación implicará más consumo de combustible y más emisiones de dióxido de carbono que las normas de Biden. La discusión gira en torno a si ese coste resulta justificable a cambio de reducir el precio inicial de los vehículos, ampliar las opciones disponibles para el consumidor y aliviar inversiones exigidas a la industria.

La Administración añade un segundo argumento: los coches más baratos podrían acelerar la renovación del envejecido parque móvil estadounidense. Según sus modelos, ese proceso podría evitar más de 300.000 lesiones graves y 1.900 muertes, partiendo de que los vehículos nuevos incorporan sistemas de seguridad superiores a los de modelos antiguos.

Son, en cualquier caso, estimaciones regulatorias basadas en modelos, no resultados garantizados. Para que el beneficio previsto se materialice, la bajada de costes tendría que traducirse efectivamente en suficientes compras adicionales de coches nuevos y en una retirada más rápida de vehículos antiguos.

Una batalla que va mucho más allá del depósito

La reforma de Trump no significa que el coche eléctrico vaya a desaparecer en Estados Unidos. Tampoco supone que Detroit vaya a abandonar los híbridos ni que los fabricantes dejen de investigar motores más eficientes. La regulación federal es una pieza importante, pero no la única que mueve una industria global.

Las compañías trabajan con ciclos de producto largos, venden automóviles en mercados internacionales sometidos a normativas distintas y saben que una futura Administración estadounidense puede modificar nuevamente las reglas. Europa, China y otros grandes mercados mantienen sus propios procesos de electrificación y eficiencia, lo que obliga a los fabricantes a pensar bastante más allá de Washington.

Lo que sí cambia es la velocidad que exige el Gobierno federal. La Administración Trump ha decidido presionar menos a los fabricantes para reducir el consumo y conceder más peso al mercado a la hora de decidir qué motorizaciones sobreviven. La Administración Biden había utilizado los estándares de eficiencia para acelerar esa transformación.

Entre ambos planteamientos hay algo más que una discusión sobre coches: aparecen el coste inicial frente al coste de uso, la regulación frente a la libertad industrial, el petróleo frente a la electrificación y distintas formas de repartir entre fabricantes y consumidores el precio de la transición tecnológica.

Un coche más barato que puede costar más al conducirlo

La nueva política estadounidense tiene una consecuencia bastante fácil de visualizar. El fabricante afrontará menos costes regulatorios y podrá vender una gama menos condicionada por objetivos de eficiencia. El comprador podría encontrar vehículos algo más baratos. A cambio, el parque automovilístico tenderá a consumir más gasolina de lo que habría consumido bajo las reglas anteriores.

Por eso, más que afirmar que Trump quiere obligatoriamente coches que gasten más, resulta preciso decir que su Administración acepta un consumo superior como contrapartida de una regulación menos estricta y unos menores costes iniciales. Esa es la decisión política y económica que acaba de tomar Washington.

El ahorro, por tanto, no desaparece; cambia de lugar en la factura. Una parte puede notarse cuando se firma la compra. Otra reaparece durante años cada vez que el conductor introduce la manguera en el depósito. Entre ambos momentos se juega buena parte del verdadero coste de la reforma.

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Fundador de DonPorqué y curioso empedernido. Escribe sobre tecnología, viajes, gastronomía, cultura y todo lo que le genera una pregunta con un buen «¿por qué?» detrás. En su tiempo libre es aficionado a los casinos online y aprovecha esa experiencia para compartir análisis y recomendaciones sobre el sector del iGaming.