¿Qué hará España con los 2.100 menores migrantes que siguen en Ceuta?

Ceuta tiene identificados ya a unos 2.100 niños y adolescentes migrantes, alrededor de 700 de ellos niñas, y la cifra todavía no está cerrada. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha reclamado acelerar su traslado a la Península para aliviar un sistema de protección sometido a una presión extraordinaria desde la llegada masiva de migrantes de finales de julio. Quedan menores pendientes de filiar, es decir, de identificar oficialmente e incorporar al sistema.

El destino de esos menores no será idéntico para todos. El planteamiento pasa por trasladar parte de ellos a otras comunidades autónomas, estudiar posibles reagrupaciones familiares y tramitar el regreso a Marruecos de quienes manifiesten esa voluntad cuando pueda acreditarse que existe allí una estructura familiar adecuada. Cada expediente debe examinarse de manera individual y con el interés superior del menor como criterio central.

Ceuta supera ya los 2.100 menores migrantes identificados

La cifra permite medir hasta qué punto la situación continúa moviéndose casi día a día. El 8 de septiembre, el Gobierno había contabilizado 2.004 menores no acompañados filiados. Cuatro días después, Rego elevó el número hasta unos 2.100 y advirtió de que todavía quedan niños y adolescentes por identificar e incorporar al sistema de protección. No estamos, por tanto, ante un censo definitivo.

Entre los menores identificados hay aproximadamente 700 niñas, un colectivo en el que las autoridades han puesto especial atención por su vulnerabilidad. El Ministerio de Juventud e Infancia llevaba semanas planteando una operación específica para facilitar el traslado de hasta 500 niños y niñas a la Península mediante entidades especializadas en protección de la infancia. A finales de agosto, Rego aseguraba que los detalles estaban preparados y que faltaba completar la coordinación con la Ciudad Autónoma.

El problema de fondo es sencillo de explicar y bastante más difícil de resolver: Ceuta no puede absorber indefinidamente a todos los menores que permanecen en su territorio. Identificarlos, determinar su edad cuando sea necesario, estudiar su situación familiar, proporcionar alojamiento, escolarización, atención sanitaria y protección jurídica exige plazas, profesionales y tiempo. Justo lo que escasea cuando miles de expedientes llegan prácticamente de golpe.

Qué significa trasladarlos a la Península

El traslado que reclama Rego no equivale a sacar a los menores del sistema español, sino a redistribuir su atención dentro de España. Las comunidades autónomas disponen de sus propios sistemas de protección y pueden asumir su tutela o acogimiento cuando corresponda, de modo que la carga no permanezca concentrada en un territorio fronterizo pequeño como Ceuta.

El Gobierno viene utilizando mecanismos de acogida para derivar menores desde los territorios sometidos a una mayor presión migratoria. La normativa permite activar estos procedimientos cuando la capacidad ordinaria de recepción se encuentra ampliamente superada. Ceuta figura entre los territorios que soportan una situación de contingencia migratoria extraordinaria.

El objetivo inmediato es liberar plazas

Hay una razón muy práctica detrás de los traslados. Cada menor que sale de un recurso ceutí hacia otro sistema de protección deja una plaza disponible para otro niño o adolescente que todavía permanece fuera del circuito institucional. En una emergencia de este tamaño, una cama libre, un educador disponible o un expediente resuelto dejan de ser detalles administrativos.

El Ministerio ha desplegado además en Ceuta una unidad multidisciplinar especializada, con un equipo móvil de ocho profesionales operado por Save the Children. Parte de su trabajo se dirige a revisar los casos de menores ya tutelados para acelerar derivaciones, reagrupaciones o medidas de protección; la otra parte se desarrolla directamente en la calle para localizar a niños y adolescentes vulnerables que todavía no están integrados en los recursos oficiales.

Y ahí aparece uno de los cuellos de botella de esta crisis. Antes de decidir dónde debe ir un menor hay que conocer quién es, cuál es su edad, si viaja realmente solo y dónde se encuentra su familia. La Administración puede acelerar procedimientos, sí, pero las garantías jurídicas no desaparecen porque la ciudad esté saturada.

La reagrupación con sus familias en Marruecos, otra vía

No todos los menores permanecerán necesariamente en España. Rego ha confirmado que también se están iniciando expedientes correspondientes a niños que han expresado su deseo de regresar con sus familias a Marruecos.

Ese retorno no puede ejecutarse como una devolución automática. Primero debe comprobarse la existencia de una estructura familiar y verificarse que la reagrupación protege efectivamente al menor. La ministra ha reconocido que el procedimiento requiere tiempo y ha recordado que, antes del 30 de julio, había un número considerable de expedientes de reagrupación remitidos a Marruecos que seguían sin respuesta.

La distinción importa, y mucho, entre el ruido político que rodea cualquier crisis migratoria. Una cosa es la política aplicada a un adulto y otra, jurídicamente bastante distinta, la situación de un menor bajo protección pública. Su expediente está sujeto a garantías específicas y no puede resolverse en bloque simplemente por su nacionalidad o por la forma en que entró en España.

Más dinero y recursos para un sistema bajo presión

El Gobierno ha aprobado varias partidas económicas para sostener la respuesta. A finales de agosto autorizó 25 millones de euros para Ceuta destinados a la atención de menores migrantes no acompañados, con gastos que abarcan alojamiento, alimentación, atención médica, asistencia jurídica, traducción, apoyo psicosocial y ampliación de plazas. Días después se aprobó otro crédito extraordinario cercano a los 63 millones de euros para reforzar la atención a la infancia migrante en la ciudad.

Dinero hay sobre la mesa. Convertirlo rápidamente en camas, educadores, psicólogos, intérpretes, expedientes resueltos y plazas estables en otras comunidades es otra historia. La burocracia tiene mala fama por moverse como melaza; en una emergencia, esa lentitud pesa bastante más.

La situación tampoco afecta únicamente al sistema de menores. El dispositivo sanitario extraordinario de Ceuta contabilizó 342 asistencias a población migrante en dos días y 11 personas hospitalizadas, aunque el Hospital Universitario mantenía disponible casi la mitad de sus 204 camas. El INGESA continúa con el nivel 1 de su Plan de Catástrofes Externas, lo que significa que el hospital puede responder todavía con sus propios recursos.

Una crisis social que también deja noches de tensión

La presión sobre Ceuta se ha trasladado igualmente a las calles. Durante la madrugada del sábado fueron detenidas ocho personas tras varios incidentes en el Chorrillo y el Tarajal, mientras dos personas resultaron heridas con arma blanca. De los ocho arrestados, seis eran ceutíes y dos migrantes. En otro episodio, un menor de 17 años fue víctima de amenazas con aerosol de pimienta y una pistola de aire comprimido.

El dato merece precisión porque una crisis de estas características es terreno fértil para generalizaciones bastante cómodas. Los episodios de delincuencia y violencia existen y deben contarse, pero no permiten atribuirlos en bloque a los miles de migrantes ni, mucho menos, a los 2.100 menores cuya protección está en discusión.

A esa tensión se suma la precariedad de algunos asentamientos. Un incendio reciente destruyó 42 chabolas en el entorno del Polígono Industrial del Tarajal, sin causar heridos. Los primeros indicios apuntaban a un origen accidental. Parte de las personas desalojadas regresaron posteriormente al lugar.

El problema ya no es contarlos, sino encontrar una salida

La cifra de 2.100 menores migrantes en Ceuta retrata una emergencia, pero también una tarea administrativa y humana mucho más compleja de lo que cabe en un eslogan. Algunos podrán reunirse con sus familias, otros serán trasladados a sistemas de protección de la Península y habrá casos que necesitarán soluciones diferentes después de estudiar sus circunstancias.

El Gobierno quiere acelerar esa salida porque mientras los recursos permanezcan ocupados resulta más difícil identificar y proteger a quienes siguen fuera del sistema. Ceuta, por su tamaño y posición fronteriza, tiene un margen estrecho para absorber una llegada de esta magnitud.

De ahí que el debate haya dejado de ser únicamente cuántos menores hay. Lo decisivo será cuánto tarda España en distribuir su protección, resolver los expedientes familiares y reducir la provisionalidad de niños y adolescentes que, entre cifras, cruces políticos y procedimientos administrativos, siguen siendo eso: menores bajo responsabilidad de las instituciones.