Sumar propone prohibir la Religión en colegios públicos

Religión fuera del horario lectivo en públicos y concertados: la propuesta de Sumar abre una batalla legal, política y escolar en toda regla.

Sumar ha llevado al Congreso una propuesta para sacar la asignatura de Religión confesional del horario lectivo obligatorio en los colegios públicos y también en los concertados. Ese es el núcleo real de la noticia, sin adornos y sin la niebla habitual que acompaña a todo lo que toca escuela, Iglesia y política. La iniciativa no suprime de golpe la materia ni cambia por sí sola la ley, pero sí empuja un movimiento de fondo: convertir la Religión en una enseñanza fuera del horario escolar común desde el siguiente curso posterior a una eventual aprobación parlamentaria de la medida. El texto, registrado por dirigentes de Sumar, Compromís y BNG, pide además que el profesorado de Religión quede limitado estrictamente a esa función y que el Gobierno presente un informe completo sobre cómo se imparte hoy esta materia en toda España.

La noticia importa porque toca uno de los nervios más sensibles del sistema educativo español. No se discute solo una asignatura. Se discute qué significa exactamente que el Estado sea aconfesional cuando financia centros, organiza horarios, paga docentes y sostiene una red concertada donde la identidad religiosa sigue teniendo mucho peso. La propuesta de Sumar busca desplazar la enseñanza confesional fuera del horario obligatorio en todas las etapas educativas y en todos los centros sostenidos con fondos públicos, un detalle decisivo porque el verdadero choque no está solo en la pública: está, sobre todo, en la concertada. Ahí es donde el debate deja de ser simbólico y se convierte en un problema político, jurídico y práctico de primera magnitud.

No es una ley aprobada, pero sí un golpe sobre la mesa

Conviene poner cada pieza en su sitio. Lo registrado en la Cámara es una proposición no de ley, una PNL. Eso significa que no cambia automáticamente la normativa ni obliga por sí sola al Ejecutivo a mover una silla del aula. Sirve para instar al Gobierno, para fijar posición política, para medir apoyos y para elevar la presión sobre el Ministerio de Educación y sobre la Moncloa. Dicho de otra manera: no hay una prohibición aprobada de las clases de Religión, no existe todavía un calendario cerrado y no hay centros obligados desde hoy a rehacer sus horarios. Lo que sí hay es una ofensiva parlamentaria nítida que pretende convertir en norma una vieja aspiración de la izquierda laicista: sacar la catequesis confesional del tronco ordinario de la escuela sostenida con dinero público.

La iniciativa está firmada por Juan Antonio Valero Morales y Enrique Santiago, del Grupo Plurinacional Sumar, y por Àgueda Micó y Néstor Rego desde el Grupo Mixto, y se registró el 3 de marzo de 2026. Ese dato, que puede parecer burocrático, no lo es tanto. Señala que la propuesta no nace como un comentario de tertulia ni como una filtración interesada, sino como texto parlamentario formal. Y también indica algo más: que la ofensiva no se limita al titular de una mañana. Está escrita, detallada y pensada para entrar en la agenda política en pleno proceso de definición del próximo curso escolar. En el Congreso, donde tantas veces se fabrican tormentas de un día, aquí hay una pieza con recorrido. Luego vendrá el recuento de apoyos, claro. Y después, si llega, el choque serio.

Lo que pide exactamente Sumar y por qué va más lejos de lo que parece

El texto no se queda en una sola reclamación. La primera y más explosiva pide al Gobierno aprobar “con carácter urgente” un real decreto que desarrolle reglamentariamente la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 2/2006 de Educación para que, desde el curso siguiente a la aprobación de la iniciativa, la Religión confesional, católica o de otras confesiones, se imparta fuera del horario lectivo obligatorio. La segunda reclama regular el ejercicio docente del profesorado de Religión para que su actividad se limite a impartir esa asignatura y no participe en otras tareas. La tercera propone un Libro Blanco sobre laicidad en el sistema educativo español. La cuarta exige un informe detallado ante la Comisión de Educación del Congreso, desglosado por comunidades, etapas y tipos de centro. O sea: no es solo un cambio de horario; es una impugnación política del modelo actual.

El matiz decisivo está en la expresión “fuera del horario lectivo obligatorio”. Ahí se juega casi todo. Porque la propuesta no plantea borrar la Religión del mapa escolar, sino desplazarla a una franja extracurricular o periférica. Esa diferencia importa mucho. No sería, en sentido estricto, una desaparición de la materia, pero sí una rebaja drástica de su estatus dentro de la vida académica ordinaria. La Religión dejaría de convivir en la parrilla central con Lengua, Matemáticas, Ciencias o Historia y pasaría a ocupar un lugar semejante al de una actividad voluntaria anexa. En política educativa las palabras nunca son inocentes; aquí menos. Mover una materia fuera del horario común equivale a redefinir su rango real, aunque siga existiendo sobre el papel.

Públicos, concertados y el auténtico punto de fricción

La mención expresa a los concertados convierte esta PNL en una pieza especialmente delicada. En la escuela pública el debate sobre la presencia de la Religión en horario lectivo lleva décadas abierto y tiene una lógica reconocible. En la concertada, en cambio, la discusión toca el corazón del modelo. Muchos de esos centros tienen ideario religioso y forman parte de redes históricas vinculadas a instituciones católicas. Por eso, sacar la asignatura del horario obligatorio en esos colegios no sería una simple reorganización administrativa: sería una señal política directa sobre qué puede y qué no puede formar parte del tiempo escolar financiado con fondos públicos. Ahí es donde la propuesta de Sumar deja de ser un gesto identitario y empieza a meterse en el mecanismo. En el engranaje. En la caja de cambios.

También cambiaría la vida cotidiana de los centros y de las familias. Si la medida prosperara, los colegios tendrían que recolocar horarios, reordenar grupos y redefinir la atención al alumnado que opta por cursar Religión. En los públicos, el ajuste sería relevante. En los concertados, probablemente mucho más áspero, porque afectaría al encaje entre proyecto educativo, organización del tiempo y financiación pública. Las familias que quieren formación religiosa dentro del itinerario normal verían la materia empujada a un borde escolar menos visible y menos central. Quienes no la eligen dejarían de convivir con uno de los viejos rompecabezas de cada inicio de curso: qué hacer con el alumnado que no asiste a Religión sin caer en tiempos muertos, discriminaciones encubiertas o inventos organizativos de última hora. La PNL apunta al tablero completo, no solo a una casilla.

El muro legal que separa el titular del cambio real

Aquí es donde la noticia deja de ser un eslogan y se vuelve derecho puro. La Ley Orgánica de Educación mantiene en su disposición adicional segunda que la enseñanza de la religión católica se ajustará a lo pactado entre la Santa Sede y el Estado español y que, a tal fin, se incluirá como área o materia en los niveles educativos que corresponda, con oferta obligatoria para los centros y carácter voluntario para el alumnado. Esa redacción sigue viva. No es arqueología normativa, no es una nota al margen, no es un residuo decorativo de otra época: es la base legal que sostiene hoy la presencia de la Religión en el sistema educativo. Y esa base no se cambia con una consigna feliz ni con un titular musculado.

El segundo gran candado está en el Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre Enseñanza y Asuntos Culturales de 1979. Su artículo II dispone que la enseñanza de la religión católica se incluirá en todos los centros “en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales”, aunque no sea obligatoria para el alumnado. Y su artículo III añade algo que suele pasar más desapercibido y no debería: los profesores de Religión forman parte, a todos los efectos, del claustro de los centros respectivos. Esa combinación explica por qué el asunto es más complejo de lo que sugiere el titular fácil. No se trata solo de decidir si una asignatura entra o sale del horario; se trata de tocar un equilibrio jurídico construido durante décadas y apoyado en un acuerdo internacional todavía vigente.

Por eso la propuesta de Sumar abre inmediatamente una discusión jurídica espesa. Sus defensores sostendrán que un real decreto puede desarrollar la ley de forma que la enseñanza confesional quede fuera del horario obligatorio sin desaparecer del todo. Sus detractores responderán que esa interpretación vaciaría de contenido la obligación de oferta y chocaría de frente con la exigencia de “condiciones equiparables” recogida en el acuerdo con la Santa Sede. No es una discusión menor, ni un pleito para entretener a catedráticos. De esa lectura depende que la medida pueda sostenerse o se estrelle en cuanto llegue el primer recurso serio. Y, de fondo, asoma una conclusión bastante incómoda para todos: si se quiere ir al hueso, quizá no baste con un reglamento; quizá haya que abrir de verdad el melón de los acuerdos de 1979. Ahí ya cambia el partido. Y mucho.

La posición de la Religión ya había cambiado con la LOMLOE

No se parte de cero. La LOMLOE ya redujo el peso académico de la asignatura y la dejó en un lugar menos determinante que en etapas anteriores del sistema educativo. La Religión sigue siendo de oferta obligatoria para los centros y de elección voluntaria para las familias, pero su calificación no cuenta en Bachillerato para la nota media de acceso a la universidad ni para las becas y ayudas al estudio. Esa rebaja fue importante porque eliminó uno de los incentivos prácticos que durante años inflaron la disputa escolar en torno a la materia. La Religión dejó de ser un atajo o un lastre en expedientes competitivos. Siguió dentro, sí, pero con menos poder académico real.

Ese cambio previo explica en parte por qué Sumar da ahora un paso más. La izquierda no está intentando derribar una asignatura intocable en su antiguo esplendor, sino rematar una pérdida de centralidad que ya venía de antes. La materia continúa dentro del marco curricular, pero sin el peso evaluador y sin la musculatura simbólica de otras etapas. Lo que propone ahora la PNL es convertir esa pérdida de rango en un desplazamiento físico dentro del horario escolar. Primero se le quitó influencia en la nota; ahora se quiere quitar presencia en el tiempo común. Es una evolución coherente dentro de una misma estrategia política, no una ocurrencia repentina de primavera parlamentaria.

Cuántos alumnos cursan Religión y por qué la batalla sigue abierta

La asignatura no es marginal, aunque ya no sea hegemónica. Según los datos estadísticos del curso 2024-2025 difundidos por la Conferencia Episcopal Española, 2.928.354 alumnos optaron por la asignatura de Religión católica, lo que equivale al 56,06% del total. El dato describe una realidad incómoda para los dos bandos. Para quienes defienden sacar la Religión del horario lectivo, demuestra que sigue ocupando un espacio enorme dentro del sistema. Para quienes la protegen, confirma que no puede despacharse como una reliquia irrelevante. Sigue siendo una materia elegida por millones de familias. Otra cosa es la tendencia, que no invita precisamente a la euforia episcopal.

La tendencia de fondo es de retroceso, sobre todo en la pública y en las etapas más altas. En las últimas semanas se ha cuantificado una caída de 369.807 alumnos en cinco años en Primaria, ESO y Bachillerato, mientras el número de docentes se ha mantenido en niveles altos, lo que ha generado problemas de organización en algunos centros y administraciones. Ese dato ayuda a entender por qué el debate ha regresado con tanta fuerza: no solo se discute la legitimidad de la materia, también su encaje práctico y presupuestario. Cuando una asignatura pierde alumnado a gran velocidad pero mantiene una estructura docente rígida y específica, el sistema empieza a crujir por las costuras. Navarra lo ha dicho en voz alta. Otros territorios lo murmuran. Y el Congreso lo ha convertido ya en argumento político.

Aun así, reducir esta discusión a una mera contabilidad sería un error. La Religión en la escuela española no sobrevive solo por el número de matriculados. Sobrevive por tres columnas muy concretas: el marco legal, los acuerdos con la Santa Sede y con otras confesiones y el peso histórico de la concertada religiosa en el sistema. De ahí que cada reforma choque con algo más sólido que una simple preferencia pedagógica. Por eso el debate vuelve siempre. Porque la asignatura puede perder alumnos, perder nota y perder prestigio social en ciertos entornos, pero mientras siga asentada en una arquitectura jurídica estable, no desaparece: se defiende, se reubica o se combate. España lleva décadas en ese bucle. La novedad es que ahora alguien ha decidido volver a empujarlo con calendario y firma.

El próximo curso ya se está jugando fuera de las aulas

La consecuencia inmediata de esta iniciativa no será ver desaparecer la Religión de los colegios en septiembre. La consecuencia inmediata es otra, bastante más tangible en términos políticos: el Gobierno queda emplazado a decidir si quiere asumir el choque o dejar la propuesta en el cajón. Si no hace nada, Sumar podrá acusarlo de contemporizar con una anomalía que considera incompatible con una escuela laica. Si intenta mover un real decreto, entrará en colisión con el marco legal vigente, con la Iglesia, con buena parte de la concertada y previsiblemente con un frente judicial que no tardaría ni un minuto en activarse. No hay salida limpia. Y eso explica por qué la noticia ha saltado con tanta fuerza: no es un simple debate doctrinal, es un pulso muy concreto sobre quién manda en el horario, en la financiación y en la definición misma de lo público.

En realidad, lo que Sumar ha hecho es volver a colocar la vieja pregunta donde más incomoda: dentro del calendario escolar y delante del BOE. La política española ha discutido mil veces sobre laicidad, libertad religiosa y escuela pública, casi siempre con una mezcla de solemnidad y teatro. Esta vez el movimiento tiene un dibujo más preciso. No se trata de abolir de inmediato la enseñanza religiosa, sino de empujarla fuera del núcleo obligatorio de la jornada escolar y forzar al Estado a escoger entre mantener el modelo actual o abrir una revisión seria de sus compromisos históricos. Ahí está el verdadero tamaño del asunto. No en el eslogan de una mañana, sino en esa fricción continua entre una sociedad cada vez más secularizada, una red educativa que sigue teniendo una fuerte impronta confesional y un marco legal que viene de muy atrás y todavía pesa como una losa. La batalla no está en el pupitre; está en la norma. Y acaba de empezar otra vez.