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¿Qué pasó en la sesión de control del 9 de septiembre? Ceuta y PISA

Ceuta, Marruecos, PISA, el censo exterior y la lista de Interior marcaron una sesión de control bronca, con Sánchez, Feijóo, Abascal y Rufián

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sesion congreso 9 septiembre

Foto: Presidencia de la República Mexicana (Flickr) — CC BY 2.0 — vía Wikimedia Commons.

Resumen

  • Ceuta y Marruecos dominaron el choque entre Sánchez, Feijóo y Abascal
  • PISA y la lista de Interior abrieron nuevos frentes contra el Gobierno
  • Rufián alertó del avance de PP y Vox mientras Sánchez defendió 2027

La primera sesión de control al Gobierno del nuevo curso político ha dejado este 9 de septiembre de 2026 un Congreso atravesado por varios incendios a la vez. Ceuta y la relación con Marruecos dominaron el choque de Pedro Sánchez con Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, pero la discusión saltó enseguida al desplome educativo reflejado por PISA, la polémica lista de periodistas elaborada por Interior, el voto de los descendientes de españoles en el exterior y, cómo no, las próximas elecciones generales.

El resultado fue bastante menos ordenado que el menú. Feijóo acusó a Sánchez de haber desprotegido España y de no ser un presidente libre, Abascal elevó todavía más el tono y sostuvo que Marruecos lo chantajea, mientras Sánchez negó cualquier sometimiento a Rabat y se comprometió a publicar los informes sobre la crisis de Ceuta. Marlaska, por su parte, rechazó que Interior haya confeccionado una «lista negra» de periodistas, pese a la tormenta abierta por un documento cuya existencia el propio ministerio había reconocido.

Gabriel Rufián introdujo otro miedo en el hemiciclo: que PP y Vox puedan sumar una mayoría aplastante en las próximas generales. No hubo demasiados puentes. Sí abundaron las acusaciones, las negaciones tajantes y esa particular liturgia parlamentaria española en la que una pregunta sobre el futuro de la legislatura puede empezar en un informe educativo, pasar por Marruecos, visitar un juzgado y terminar reclamando elecciones.

Ceuta y Marruecos incendian el primer choque del curso

Feijóo había preguntado formalmente a Sánchez cómo piensa gobernar lo que resta de legislatura, pero tardó poco en abrir el abanico. El presidente del PP enlazó los malos resultados educativos, los procedimientos judiciales que afectan al entorno socialista, la polémica sobre el censo exterior y la crisis de Ceuta para sostener una tesis política mucho más amplia: que Sánchez gobierna condicionado.

Feijóo acusa a Sánchez de haber «desprotegido» España

El momento más contundente llegó cuando Feijóo vinculó esa supuesta debilidad directamente con Rabat. «Si Marruecos canta, usted se va», lanzó el líder popular, que volvió a atribuir al país vecino responsabilidad en la entrada masiva de migrantes de los días 30 y 31 de julio y reprochó al Ejecutivo no haber respondido con suficiente firmeza. También planteó una cuestión muy concreta: qué haría el Gobierno si volvieran a entrar 80.000 personas en Ceuta. Sánchez no respondió directamente a ese supuesto.

El líder popular fue incluso más lejos al afirmar que la libertad política del presidente está comprometida por demasiadas personas que podrían hablar, ya sea en los tribunales o fuera de ellos. Y acabó regresando a una petición habitual del PP durante los últimos meses: elecciones anticipadas.

«Ponga fecha y nos vemos en las urnas», vino a resumir Feijóo. Sánchez contestó asegurando que las elecciones generales serán en 2027 y pronosticó otra victoria socialista. Durante otra de sus intervenciones llegó a situarlas inicialmente en 2026, un lapsus que rectificó inmediatamente.

Abascal habla de chantaje y Sánchez responde que «no tiene amo»

Santiago Abascal no rebajó precisamente la temperatura. El líder de Vox sostuvo que la Presidencia del Gobierno está políticamente entregada a Marruecos y acusó a Sánchez, sin aportar pruebas que acrediten esa afirmación, de estar siendo chantajeado con información relacionada con él, su familia y su Ejecutivo.

Abascal habló de Ceuta, Melilla y Canarias, presentó la relación con Rabat como una amenaza a la soberanía española y volvió a defender la utilización del artículo 102 de la Constitución, que regula el procedimiento para exigir responsabilidad penal al presidente del Gobierno por determinados delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.

Sánchez rechazó de plano ese marco. Aseguró que su Gobierno no acepta chantajes de ningún partido ni de ningún país y respondió a la imagen de un presidente sometido con la frase más llamativa de la mañana: «Yo seré un perro, pero no tengo amo». Después acusó a Abascal de alimentar bulos, xenofobia y desinformación, y lo presentó como una amenaza para la democracia española y europea.

La bronca tenía, sin embargo, un trasfondo documental importante. El Ejecutivo anunció la publicación de unos 40 documentos e informes fechados entre el 1 de julio y el 1 de agosto relacionados con la crisis de Ceuta, incluidos materiales de las fuerzas de seguridad y servicios de inteligencia. Sánchez sostiene que ningún informe previo anticipó una operación de la magnitud finalmente registrada; la oposición considera, por el contrario, que existieron advertencias suficientes y que el Gobierno evaluó mal el riesgo. Esa discrepancia, bastante más sustantiva que los adjetivos del pleno, sigue abierta.

De Ceuta a PISA: la educación abre otro frente

El otro golpe político de la mañana llegó desde las aulas. El informe PISA 2025, conocido apenas un día antes, ha situado a España en sus peores registros históricos en matemáticas, lectura y ciencias. Los estudiantes españoles quedan por debajo de las medias de la OCDE y de la Unión Europea y el deterioro respecto a la edición anterior resulta especialmente intenso en comprensión lectora.

Feijóo aprovechó esos datos para acusar al Ejecutivo de suspender su propio examen educativo. Recordó que comunidades gobernadas por el PP, particularmente Madrid y Castilla y León, figuran entre las mejor situadas, mientras Ceuta y Melilla dependen directamente del Ministerio de Educación. Su frase mezcló deliberadamente los dos grandes asuntos de la jornada: dijo que las aulas pierden conocimiento mientras las mochilas de los niños de Ceuta se llenan de espray pimienta.

Sánchez reconoció que los resultados de PISA son de una «extremada preocupación», pero rechazó atribuir el deterioro exclusivamente al Gobierno central. Recordó que buena parte de las competencias educativas están transferidas a las comunidades autónomas y aseguró que su Ejecutivo ha incrementado la financiación, las becas y los recursos destinados a educación.

También lanzó el reproche en sentido contrario: hay gobiernos autonómicos del PP, sostuvo, que no ejecutan todos los fondos disponibles. El presidente puso sobre la mesa dos medidas que considera relacionadas con el problema: una futura regulación sobre docentes y número de alumnos por aula y las restricciones al acceso de menores a las redes sociales.

El debate educativo, al menos por unos minutos, dejó de ser una pelea abstracta. PISA dibuja un problema difícil de esconder detrás de una bancada: España ha perdido 23 puntos en lectura, 16 en matemáticas y ocho en ciencias respecto a la edición precedente. Aquí el ruido parlamentario sirve de poco; las cifras son bastante más antipáticas.

Marlaska niega una «lista negra», pero el documento existe

Fernando Grande-Marlaska tuvo su propia sesión de resistencia. El ministro del Interior llegó al Congreso después de que se conociera un documento elaborado por la Oficina de Comunicación de su departamento con fichas de periodistas y comunicadores. La polémica no nació de una mera denuncia opositora: Interior ha reconocido que el documento fue elaborado, aunque sostiene que tenía carácter interno y una finalidad exclusivamente informativa.

Las asociaciones profesionales reaccionaron con dureza. Denunciaron que el documento incluía clasificaciones o referencias políticas sobre profesionales de los medios y consideraron incompatible ese tipo de práctica con la libertad de prensa. El propio ministerio terminó pidiendo disculpas a quienes pudieran haberse sentido ofendidos por algunas valoraciones.

En el Congreso, sin embargo, Marlaska estableció una frontera muy clara. Negó que aquello fuera una «lista negra» y sostuvo que los periodistas no habían sido definidos por su ideología. Miguel Tellado, secretario general del PP, respondió calificando el documento de propio de una «dictadura bananera» y volvió a pedir la dimisión del ministro.

La controversia tiene una peculiaridad difícil de borrar con semántica. Interior niega haber creado una lista negra y asegura que no se discrimina a ningún medio, pero el debate no gira únicamente alrededor del nombre que se dé al archivo. Lo relevante es por qué un ministerio confeccionó fichas con fotografías y valoraciones sobre periodistas y cuál fue exactamente su utilización.

Patxi López, portavoz socialista, tampoco salió a defender con entusiasmo la iniciativa: afirmó que no le gustan las listas que clasifican a las personas por motivos ideológicos. Rufián eligió otro registro y calificó el episodio de «cutre», añadiendo que sería una «cutrez malversadora» si se hubiera financiado con dinero público.

Marlaska también tuvo que responder por Ceuta. El PP lo acusó de negligencia, dejación de funciones y de ignorar advertencias previas. El ministro replicó que los informes disponibles antes del 30 de julio hablaban de un incremento de la presión migratoria similar, aunque algo superior, al de otros periodos, pero que ninguno anticipaba algo comparable a lo que finalmente ocurrió.

Según los datos expuestos por Marlaska, antes de la crisis se habían incorporado 70 efectivos de la Guardia Civil y siete embarcaciones para reforzar la frontera. También defendió la cooperación con Marruecos y recordó que las autoridades marroquíes habían interceptado a miles de personas durante julio.

Para PP y Vox, precisamente ahí está una de las grandes contradicciones del Gobierno: mantienen que Rabat no puede ser presentado al mismo tiempo como pieza indispensable de la solución y quedar prácticamente al margen de las sospechas sobre el origen de la crisis.

Rufián, las encuestas y la batalla por el censo exterior

Gabriel Rufián abordó el pleno desde otro ángulo. No preguntó a Sánchez por Marruecos ni por Interior, sino por la supervivencia política del espacio que sostiene actualmente al Gobierno. El portavoz de ERC advirtió de que distintas encuestas están situando la suma de PP y Vox en una horquilla que podría acercarse o superar ampliamente la mayoría absoluta, y llegó a plantear un escenario de 210 diputados.

Su mensaje fue incómodo para Sánchez porque no procedía de la oposición conservadora, sino de uno de los grupos que ha permitido sacar adelante buena parte de la legislatura. Rufián sostuvo que una victoria de esa magnitud tendría consecuencias sobre las pensiones, la sanidad, la educación pública y el autogobierno de Cataluña, Euskadi y Galicia.

Su advertencia fue bastante menos ceremonial que el habitual juego sobre quién ganará las siguientes elecciones: afirmó que los partidos progresistas se juegan sus siglas, pero los ciudadanos se juegan sus condiciones de vida. Sánchez compartió parte del diagnóstico sobre el crecimiento de Vox y la evolución del PP hacia posiciones más duras, aunque rechazó asumir que las elecciones estén decididas de antemano.

Su respuesta fue insistir en que el Ejecutivo seguirá gobernando y aprobando medidas durante lo que queda de legislatura. No resolvió, eso sí, la cuestión aritmética planteada por Rufián. En una Cámara donde cada votación relevante exige desde hace tiempo sacar la calculadora, decir que queda camino por recorrer es cierto. Otra cosa es quién está dispuesto a recorrerlo junto al Gobierno.

La sesión también incorporó el último choque entre el Gobierno, PP y Vox por el Censo Electoral de Residentes Ausentes, el CERA. El Tribunal Supremo decidió suspender cautelarmente las nuevas altas derivadas de la llamada ley de nietos hasta que los consulados acrediten que quienes obtuvieron la nacionalidad cumplen los requisitos relacionados con su condición de descendientes de españoles exiliados.

Feijóo acusó al Gobierno de intentar manipular el censo. Sánchez respondió con una acusación igualmente severa: sostuvo que PP y Vox pretenden «cercenar el derecho al voto» de miles de ciudadanos españoles.

El presidente recordó que la Ley de Memoria Democrática fue aprobada en 2022 y que el mecanismo ya estaba vigente cuando se celebraron las elecciones generales de 2023, en las que precisamente el PP ganó el voto exterior. Defendió que quienes poseen la nacionalidad española deben disfrutar de los mismos derechos políticos y rechazó la existencia de ciudadanos de primera y de segunda.

La diferencia jurídica importa. El Supremo no ha suprimido el derecho de voto de los nacionalizados ni ha resuelto todavía el fondo del litigio: ha adoptado una medida cautelar sobre determinadas altas en el CERA mientras se verifica el cumplimiento de los requisitos. Convertir esa resolución directamente en una prueba de fraude electoral o, en sentido contrario, en una retirada definitiva del voto simplifica bastante lo que ha decidido el tribunal.

Un Congreso instalado ya en la campaña que viene

La sesión de control del 9 de septiembre ha dejado una fotografía política bastante nítida. Ceuta continúa siendo una crisis abierta, la relación con Marruecos se ha convertido en uno de los principales campos de batalla entre Gobierno y oposición y la publicación de los informes oficiales será decisiva para comprobar hasta dónde llegan las advertencias previas y qué conocía realmente cada institución.

Pero el pleno también enseñó algo más. PISA irrumpió con datos demasiado graves para quedar reducido al intercambio de culpas; el documento de Interior sobre periodistas mantiene una controversia difícil de cerrar simplemente negando la etiqueta de «lista negra»; la ley de nietos ha trasladado la pelea política hasta el terreno del censo electoral, y Rufián verbalizó el temor que sobrevuela a buena parte de la mayoría de investidura: que PP y Vox lleguen a las próximas generales con una ventaja difícil de remontar.

Feijóo quiere elecciones cuanto antes. Sánchez mantiene 2027 y dice que volverá a ganar. Abascal habla de Marruecos, chantaje y traición. Rufián mira las encuestas y no encuentra las cuentas.

Entre Ceuta y PISA, entre Rabat, los juzgados y el censo, el nuevo curso parlamentario apenas ha necesitado una mañana para recuperar su temperatura habitual. Quizá un poco más alta.

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Fundador de DonPorqué y curioso empedernido. Escribe sobre tecnología, viajes, gastronomía, cultura y todo lo que le genera una pregunta con un buen «¿por qué?» detrás. En su tiempo libre es aficionado a los casinos online y aprovecha esa experiencia para compartir análisis y recomendaciones sobre el sector del iGaming.