Actualidad
¿Qué pruebas ha entregado Biedma a Santiago Pedraz sobre Leire Díez?
Beatriz Biedma aporta a Santiago Pedraz nuevos vídeos y documentos sobre la campaña que denuncia haber sufrido al investigar a David Sánchez.

Resumen
- Pedraz recibe nuevos vídeos y documentos aportados por la jueza Biedma
- Biedma declarará como perjudicada en la Audiencia Nacional el 8 de octubre
- La UCO investiga testimonios sobre las supuestas maniobras contra la magistrada
La investigación que dirige Santiago Pedraz sobre el llamado caso Leire Díez acaba de incorporar nuevo material aportado por Beatriz Biedma, la jueza que instruyó la causa contra David Sánchez. La magistrada ha entregado documentación y cerca de un centenar de vídeos relacionados con la campaña de descrédito que denuncia haber sufrido mientras investigaba al hermano del presidente del Gobierno.
El movimiento tiene una consecuencia procesal concreta. Pedraz ha admitido a Biedma como acusación particular y perjudicada en la causa y la ha citado para declarar el próximo 8 de octubre. El instructor considera que existen elementos para reconocerla como perjudicada, al menos, por un posible delito de calumnia. Eso no significa que el juez haya dado por acreditada toda la reconstrucción que plantea Biedma sobre las presuntas maniobras contra ella. Esa diferencia, entre indicio y hecho probado, es la línea que atraviesa el caso.
Los vídeos que Biedma pone sobre la mesa de Santiago Pedraz
Una parte importante del nuevo material está formada por vídeos difundidos durante el periodo en el que Biedma investigaba la contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz. La magistrada sostiene que esas publicaciones no fueron simples críticas a sus decisiones judiciales, sino piezas de una actuación destinada a desacreditarla personal y profesionalmente.
Entre los contenidos señalados aparecen publicaciones vinculadas a Luis José Sáenz de Tejada, exmagistrado que figura en las pesquisas relacionadas con el entorno investigado en el caso Leire Díez. Biedma pretende que Pedraz analice ese material junto al resto de documentos y testimonios que se han ido incorporando. La cuestión central será comprobar si existe una conexión demostrable entre esos ataques y las personas investigadas en la Audiencia Nacional.
La información sobre su familia eleva la gravedad del episodio
Hay un elemento especialmente sensible. Parte de las informaciones conocidas sobre aquella campaña incluían referencias al entorno privado de Biedma, incluido el colegio de sus hijas y otros aspectos de su vida cotidiana. La existencia de información personal de una magistrada que instruía una causa políticamente explosiva añade una dimensión distinta a la simple crítica pública.
Ahora bien, conocer datos privados, difundir ataques y formar parte de una operación coordinada son cosas jurídicamente diferentes. Pedraz tendrá que establecer quién obtuvo esa información, cómo circuló y, sobre todo, si existe una cadena de actuaciones que permita vincular unos episodios con otros. Aquí las sospechas pueden llenar horas de televisión; en un juzgado hacen falta pruebas que encajen entre sí.
La UCO interroga a una testigo en Badajoz
Mientras Biedma incorpora documentación a la causa, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha tomado declaración en Badajoz a Cinthia Rocho, una mujer que había contado públicamente haber sido contactada por personas que, según su testimonio, pretendían actuar contra la magistrada. Rocho aseguró que recibió información y fotografías de Biedma, pero que rechazó participar en lo que se le proponía.
Su versión resulta relevante porque conecta con una de las líneas más delicadas expuestas por Biedma: la posibilidad de que determinadas personas hubieran tratado de recurrir a individuos relacionados con ambientes criminales para presionarla o intimidarla. Por el momento se trata de hechos bajo investigación y de testimonios que deberán ser contrastados; no existe una resolución judicial que haya declarado probada esa operación.
La UCO intenta reconstruir precisamente ese recorrido. Quién habló con quién, qué documentación se entregó, qué se pidió exactamente y si aquellas actuaciones guardaban relación con la investigación judicial sobre David Sánchez. Son preguntas mucho menos vistosas que la expresión «cloacas», repetida hasta el desgaste, pero son las que pueden convertir una sospecha en materia penal o dejarla fuera de la causa.
La anotación de la agenda de Leire Díez que Pedraz dejó fuera
Otra de las piezas que Biedma pidió analizar es una anotación incluida en una agenda atribuida a Leire Díez. En ella aparecía una referencia a la «Jueza de Badajoz» junto a menciones que fueron interpretadas como posibles alusiones a contactos con personas del entorno del narcotráfico.
Pedraz, sin embargo, decidió no abrir de momento una investigación específica sobre esa anotación. La razón es sencilla: el contenido de una agenda, por inquietante que pueda parecer leído fuera de contexto, necesita elementos adicionales que permitan atribuirle un significado penal concreto. El juez rechazó las diligencias solicitadas en esa dirección al considerar insuficientes los indicios disponibles.
Lo que Pedraz acepta y lo que todavía no da por acreditado
Ahí está uno de los matices esenciales del caso. Pedraz acepta que Biedma pueda personarse porque aprecia indicios de que habría resultado perjudicada, pero eso no supone asumir automáticamente todas las hipótesis incluidas en su escrito. El magistrado mantiene una separación entre las actuaciones que considera suficientemente respaldadas y otras conexiones que, por ahora, entiende que necesitan más elementos objetivos.
La declaración de Biedma prevista para el 8 de octubre adquiere así especial importancia procesal. Podrá detallar qué hechos conoció durante la instrucción, cuáles descubrió posteriormente, qué personas relaciona con ellos y qué documentación sostiene cada episodio. Después tocará contrastarlo. En una investigación de estas características, el relato inicial sirve para abrir puertas; lo que las mantiene abiertas son las pruebas.
Por qué Biedma aparece en el centro del caso Leire Díez
Beatriz Biedma fue la magistrada que instruyó la causa sobre la contratación de David Sánchez Pérez-Castejón en la Diputación de Badajoz. El procedimiento terminó llegando a juicio y la Audiencia Provincial de Badajoz condenó el 14 de julio de 2026 al hermano del presidente del Gobierno a nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público como cooperador necesario de un delito de prevaricación administrativa. La sentencia era recurrible y, por ello, esa condena no debe confundirse con una resolución firme.
Durante las pesquisas del caso Leire Díez, Biedma apareció en documentación e informes relacionados con las supuestas actuaciones desplegadas alrededor de investigaciones judiciales sensibles. La magistrada considera que fue convertida en objetivo precisamente por su intervención en el procedimiento de David Sánchez.
La causa que instruye Santiago Pedraz intenta determinar si existió una estructura coordinada para obtener información sobre jueces, fiscales, agentes de la Guardia Civil u otras personas relacionadas con procedimientos que afectaban al PSOE o a miembros de su entorno político. Entre los investigados figuran Leire Díez y varios antiguos responsables socialistas. Su condición de investigados no implica culpabilidad: las responsabilidades penales siguen pendientes de esclarecerse.
El nuevo material amplía el foco de la investigación
La documentación aportada por Biedma añade una capa especialmente incómoda al procedimiento. Ya no se trata únicamente de examinar conversaciones, agendas o movimientos destinados supuestamente a obtener información sobre investigadores. Entran también en juego vídeos, datos familiares, ataques personales y testimonios de personas que aseguran haber recibido propuestas relacionadas con la magistrada.
Eso tampoco convierte automáticamente todos esos episodios en partes de una misma trama. El trabajo judicial consiste precisamente en comprobar si fueron acontecimientos independientes o si existió detrás una actuación coordinada para desacreditar a Biedma, promover denuncias contra ella o lograr que dejara de intervenir en el caso de David Sánchez.
El nuevo material tiene importancia porque permite estudiar hechos que antes aparecían relatados de manera más dispersa. Vídeos concretos, fechas, protagonistas, documentos y declaraciones pueden compararse entre sí. Si coinciden de forma relevante, la investigación avanzará por ese camino. Si no, algunas de las hipótesis terminarán perdiendo recorrido judicial.
De las acusaciones políticas a lo que pueda probar la Audiencia Nacional
El caso reúne ingredientes capaces de generar una enorme tormenta política: el hermano del presidente del Gobierno, antiguos dirigentes socialistas, una jueza, la UCO, agendas, información privada y presuntos contactos con personas vinculadas al narcotráfico. Pero la investigación de Santiago Pedraz tendrá que moverse en un terreno bastante menos espectacular: hechos concretos, autores identificables y pruebas que resistan una discusión judicial.
Biedma ha conseguido que la Audiencia Nacional reconozca formalmente su condición de perjudicada y dispone ahora de la posibilidad de defender sus intereses como acusación particular. Ha aportado, además, nuevo material para intentar demostrar que lo ocurrido mientras investigaba a David Sánchez fue algo más que una sucesión de ataques aislados.
La próxima fecha relevante será el 8 de octubre, cuando la magistrada declare ante Pedraz. Hasta entonces, la fotografía es bastante precisa: hay una investigación abierta, nuevos documentos sobre la mesa y testimonios que la UCO está contrastando, pero varias de las acusaciones más graves continúan precisamente donde deben estar en esta fase, en el terreno de los hechos que todavía necesitan ser probados.












