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¿Por qué existe el Día del Derecho a la Blasfemia y qué defiende?
Cada 30 de septiembre se reivindica el derecho a criticar religiones y dogmas, una libertad que aún encuentra límites y castigos en muchos países

Resumen
- El 30 de septiembre reivindica el derecho a criticar religiones y dogmas
- La fecha nació en 2009 y recuerda que la blasfemia aún se castiga en países
- En España no existe ese delito, pero sigue vigente el artículo 525 penal
Cada 30 de septiembre se conmemora el Día Internacional del Derecho a la Blasfemia, una jornada nacida para defender una idea menos extravagante de lo que su nombre sugiere: que las religiones, sus doctrinas y sus símbolos pueden ser criticados, discutidos, satirizados o rechazados sin que esa expresión sea castigada simplemente por resultar ofensiva. No es una festividad oficial de Naciones Unidas ni una invitación universal a levantarse por la mañana buscando un dios al que insultar. Su terreno es otro: la libertad de expresión.
La fecha fue impulsada en 2009 alrededor del Center for Inquiry, una organización estadounidense vinculada al pensamiento humanista y secular. El objetivo era llamar la atención sobre las leyes que penalizan la blasfemia y sobre las personas encarceladas, perseguidas o amenazadas por cuestionar creencias religiosas. El movimiento adoptó posteriormente el nombre de International Blasphemy Rights Day para subrayar precisamente eso: no la blasfemia como obligación, sino el derecho a poder blasfemar sin que una doctrina religiosa se convierta, por sí sola, en límite de la crítica pública.
Por qué el Día del Derecho a la Blasfemia es el 30 de septiembre
La elección del día no fue casual. El 30 de septiembre de 2005, el diario danés Jyllands-Posten publicó doce caricaturas de Mahoma. Las imágenes provocaron una enorme controversia internacional, protestas, boicots, incidentes violentos y un debate que desbordó muy pronto a aquel periódico para instalarse en una cuestión mucho más incómoda: qué ocurre cuando la libertad de expresión entra en colisión con aquello que una comunidad considera sagrado.
Cuatro años después, activistas relacionados con organizaciones humanistas y grupos universitarios tomaron el aniversario como símbolo. La iniciativa tuvo un origen bastante más espontáneo y universitario que institucional. Durante 2009 fue incorporándose a la campaña del Center for Inquiry en defensa de la libre expresión y terminó adquiriendo dimensión internacional. En 2010 llegó incluso el cambio de nombre: de Blasphemy Day a International Blasphemy Rights Day, una pequeña diferencia lingüística que cambia bastante el significado.
La blasfemia, en sentido tradicional, consiste en mostrar desprecio, irreverencia o insulto hacia Dios, lo sagrado, determinadas figuras religiosas o sus doctrinas. Durante siglos fue considerada no solo una falta moral, sino un delito porque religión, orden político y autoridad pública caminaban prácticamente cosidos por la misma costura. La secularización de los Estados fue separando esas esferas. No en todas partes, desde luego.
No significa que exista un derecho ilimitado a insultar
Aquí conviene despejar la confusión más frecuente. Defender el derecho a la blasfemia no convierte cualquier expresión en jurídicamente intocable. Una democracia puede perseguir amenazas, acoso, coacciones, discriminación o determinadas formas de incitación a la violencia. Lo decisivo es distinguir entre atacar a una persona por su religión y cuestionar —incluso con dureza, sátira o mal gusto— una religión o una doctrina.
Las personas tienen derechos. Las ideas, incluidas las religiosas, pueden ser sometidas a discusión. Una sociedad plural no obliga a nadie a aplaudir una caricatura, una película irreverente o una crítica feroz al cristianismo, al islam, al judaísmo, al hinduismo o al ateísmo. Permite contestarlas. El salto problemático aparece cuando el Estado transforma la ofensa subjetiva en prohibición penal.
El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha mantenido una posición especialmente relevante sobre este asunto: las prohibiciones de las demostraciones de falta de respeto hacia una religión o sistema de creencias, incluidas las leyes de blasfemia, resultan en principio incompatibles con la libertad de expresión, salvo circunstancias muy concretas relacionadas con expresiones que puedan constituir determinadas formas de incitación al odio. También ha señalado que estas normas no deberían emplearse para impedir las críticas a dirigentes religiosos, doctrinas o dogmas.
De la provocación gratuita al debate democrático
La frontera no siempre es limpia. Una viñeta puede ser crítica política para unos y una humillación profunda para otros. Una representación artística puede parecer sátira a media sala y una grosería a la otra mitad. El derecho no dispone de un termómetro capaz de medir sentimientos con precisión de laboratorio.
Ahí reside buena parte del debate. Los defensores de las leyes que protegen los sentimientos religiosos sostienen que ciertos ataques pueden deteriorar la convivencia y convertirse en formas de hostilidad contra comunidades concretas. Sus críticos responden que proteger penalmente una creencia frente a la burla puede terminar creando ideas privilegiadas, menos expuestas a la discusión que las ideologías políticas, filosóficas o económicas. El problema lleva décadas sobre la mesa y no cabe en un eslogan.
Las leyes contra la blasfemia siguen existiendo
La jornada tampoco recuerda una reliquia jurídica encerrada en un museo. Las restricciones a la blasfemia o al insulto religioso continúan existiendo bajo fórmulas muy diferentes en decenas de Estados. Algunas hablan directamente de blasfemia; otras penalizan la ofensa a sentimientos religiosos, la difamación de una religión o determinadas expresiones consideradas sacrílegas.
Las cifras varían según qué conductas incluya cada estudio. Humanists International contabilizó en su informe global de 2024 al menos 89 países con leyes explícitas o de facto relacionadas con la blasfemia o la ofensa a sentimientos religiosos. Otros análisis internacionales han identificado todavía más Estados con legislación que criminaliza alguna clase de expresión ofensiva contra sentimientos, símbolos o figuras religiosas. Son metodologías distintas, pero dibujan la misma escena: el fenómeno dista mucho de haber desaparecido.
La situación puede llegar mucho más lejos que una multa. En varios países, la blasfemia o determinadas críticas religiosas pueden llegar a estar castigadas con la pena de muerte; en otros, las condenas contemplan años de prisión. Y existe una segunda capa difícil de encerrar en una estadística: una acusación de blasfemia puede provocar amenazas, violencia colectiva o persecución aunque nunca termine en condena judicial.
Es precisamente esa realidad la que explica que una efeméride de nombre casi provocador sobreviva diecisiete años después de su creación.
Qué ocurre con la blasfemia en España
España ofrece un caso peculiar. El delito específico de blasfemia fue eliminado en 1988, cuando una reforma legal dejó sin contenido, entre otros, el artículo 239 del antiguo Código Penal. Aquella figura clásica desapareció del ordenamiento.
Pero eso no significa que cualquier conducta relacionada con la ofensa religiosa haya quedado fuera del derecho penal. El vigente artículo 525 del Código Penal castiga con multa a quien, con intención de ofender los sentimientos de miembros de una confesión religiosa, haga públicamente escarnio de sus dogmas, creencias, ritos o ceremonias, o veje públicamente a quienes los profesan. El mismo artículo contempla también el escarnio público de quienes no profesan religión alguna.
La diferencia jurídica es importante: España no recuperó literalmente el viejo delito de blasfemia, pero conserva una figura penal relacionada con la protección de los sentimientos religiosos. Su aplicación ha producido procesos muy conocidos y también absoluciones. En el caso del actor Willy Toledo, por ejemplo, los tribunales consideraron que sus expresiones, aunque pudieran ser groseras u ofensivas, no acreditaban el propósito exigido por el tipo penal para condenarlo por escarnio de sentimientos religiosos.
El asunto, además, está plenamente vivo en 2026. PSOE y Sumar acordaron en junio impulsar una reforma del Código Penal que incluye la derogación del artículo 525, junto con otros delitos relacionados con determinadas expresiones contra instituciones y símbolos. A 30 de septiembre, el artículo continúa vigente mientras la reforma sigue su tramitación parlamentaria.
Las posiciones son enfrentadas. Los grupos promotores sostienen que la crítica de creencias debe quedar amparada por la libertad de expresión y que otros delitos ya protegen suficientemente a las personas frente al odio, la intimidación o la violencia. Entidades religiosas han defendido, por el contrario, que eliminar esta protección específica reduciría las garantías frente a ataques dirigidos deliberadamente contra los sentimientos de los creyentes. Es una discusión jurídica, política y cultural que convierte el Día del Derecho a la Blasfemia de 2026 en una efeméride especialmente pegada a la actualidad española.
Una efeméride sobre el derecho a disentir
Detrás de un nombre deliberadamente áspero se esconde una cuestión bastante elemental de las sociedades abiertas: hasta dónde puede llegar el desacuerdo. La libertad religiosa protege a una persona para creer, practicar su fe, cambiarla o no tener ninguna. La libertad de expresión permite discutir esas mismas creencias. Las dos libertades no deberían confundirse, pero inevitablemente se rozan.
El Día Internacional del Derecho a la Blasfemia nació el 30 de septiembre de 2009 para colocar ese roce bajo los focos y recordar a quienes siguen afrontando cárcel, censura o algo peor por poner en duda una verdad religiosa. No exige compartir la blasfemia, disfrutarla ni considerarla inteligente. A veces será literatura; otras, crítica; otras, una viñeta brillante. Y alguna vez será simplemente una ordinariez.
Ahí está precisamente la parte incómoda. La libertad de expresión sería muy sencilla si solo protegiera aquello que nadie encuentra ofensivo. El verdadero conflicto aparece al cruzar la frontera entre lo irreverente y lo intolerable, cuando una sociedad tiene que decidir hasta dónde protege las creencias y hasta dónde preserva el derecho de cualquiera a discutirlas.












