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Economía

Santander afronta hasta 646 millones por el caso de los coches

La factura no alcanza al grupo entero: la exposición está en Santander UK y depende del plan de compensación británico.

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Santander entra en el Top 100 mundial

Santander UK ha reservado 461 millones de libras para afrontar las reclamaciones por la financiación de automóviles en Reino Unido, y calcula que el coste total podría llegar a 646 millones de libras, unos 750 millones de euros. No son 10.500 millones para el banco español: esa cifra corresponde a una estimación para el conjunto del sector financiero británico, con varias entidades implicadas y millones de contratos bajo revisión.

La cantidad final todavía no está cerrada. Depende de cuántos clientes tengan derecho a compensación, de cuántos reclamen y de cómo avance el plan diseñado por el regulador británico, cuyo calendario se ha complicado por recursos judiciales. La exposición conocida de Santander UK es importante, pero no equivale a una factura definitiva ni a un coste que recaiga sobre todo el grupo Santander.

El coste del banco y la factura del sector son cifras distintas

La confusión nace al mezclar estimaciones generales con provisiones de una entidad concreta. La Autoridad de Conducta Financiera británica, conocida como FCA, ha planteado un programa de compensación para el mercado que se ha valorado en 9.100 millones de libras, alrededor de 10.600 millones de euros. Esa previsión incluye el coste para las distintas firmas afectadas y los gastos asociados al proceso; no es una suma que deba pagar Santander por sí solo.

El banco tiene una exposición propia, circunscrita a su filial británica y a los préstamos de vehículos que financió. Santander UK había reconocido provisiones por 461 millones de libras y su estimación de coste potencial puede alcanzar los 646 millones. La diferencia entre ambos importes refleja que el dinero ya apartado no necesariamente cubre todo el desembolso final: la entidad calcula cuánto podría necesitar con la información disponible, pero la cifra puede variar conforme se aclaren los criterios y el volumen de reclamaciones.

También conviene no confundir una provisión con una indemnización ya pagada. Reservar dinero en las cuentas supone reconocer que existe un riesgo económico y anticipar su posible impacto en los resultados, pero no significa que todos los afectados hayan cobrado ni que un tribunal haya impuesto una cantidad definitiva. La provisión es una estimación contable, no el recibo final de la crisis.

Cómo podía influir el concesionario en el interés del préstamo

El problema se originó en la financiación de coches contratada a través de concesionarios. En Reino Unido, el establecimiento que vendía el vehículo podía actuar también como intermediario entre el comprador y la entidad prestamista. El conflicto aparecía cuando la comisión del concesionario dependía del interés del crédito: en determinados acuerdos, cuanto más alto era el tipo aplicado al cliente, mayor podía ser la remuneración del intermediario.

Ese incentivo daba al vendedor un motivo económico para influir en las condiciones de la financiación, mientras el comprador podía creer que el interés ofrecido respondía únicamente al coste del préstamo o a su perfil financiero. La controversia no gira alrededor de que financiar un coche sea irregular, sino de la transparencia de las comisiones y de quién podía beneficiarse de encarecer el crédito.

Los acuerdos más cuestionados fueron los llamados arreglos de comisión discrecional. Permitían que el intermediario tuviera margen para ajustar el tipo de interés y, con ello, modificar también la comisión que recibía. No todos los préstamos utilizaron ese sistema ni todos los clientes sufrieron necesariamente el mismo perjuicio. Sin embargo, la práctica se extendió durante años y afectó a un volumen de operaciones suficiente para que el asunto dejara de ser una disputa aislada. El riesgo estaba en una estructura de incentivos poco visible dentro de una transacción que para el comprador parecía rutinaria.

Millones de contratos convierten una práctica comercial en un problema sistémico

La FCA abrió su investigación en 2024 y trabaja en un mecanismo para tramitar las posibles compensaciones de forma general. El regulador ha situado el foco en acuerdos de financiación de automóviles firmados entre 2007 y 2024, y las estimaciones del plan alcanzan unos 12 millones de préstamos. Esa cifra no significa que todos vayan a generar una indemnización: habrá que determinar cuáles cumplen los criterios y qué clientes tienen derecho a recibir un pago.

La escala explica por qué las autoridades no quieren dejar el asunto exclusivamente en manos de reclamaciones individuales. Si cada consumidor tuviera que reconstruir por su cuenta las condiciones de su préstamo, localizar documentos y disputar la comisión ante la entidad, el proceso podría fragmentarse en miles de litigios. Un esquema común pretende fijar criterios compartidos y reducir la dependencia de abogados o intermediarios que cobran una parte de lo obtenido. La regulación busca ordenar una revisión masiva, no dar por probado que todos los contratos fueran abusivos.

La propuesta de la FCA se ha estimado en un pago medio de unos 968 euros por afectado, aunque esa referencia no es una compensación garantizada para cada prestatario. El cálculo global atribuye aproximadamente el 82% del coste previsto a pagos a clientes y el resto a gastos relacionados. Son magnitudes de un plan para el sector, no una tarifa uniforme aplicable a cada préstamo ni una cifra que pueda atribuirse íntegramente a Santander. La indemnización dependerá de los criterios que finalmente rijan y de la situación de cada contrato dentro del programa.

Por qué la estimación de Santander puede cambiar

Una de las variables que más pesa en las cuentas es la proporción de clientes que reclamará. Santander UK calcula ahora que podría hacerlo el 85% de los afectados, frente a una hipótesis inicial del 50%. Ese salto no demuestra por sí solo que todos los clientes vayan a recibir una compensación; indica que el banco contempla una participación mayor en el proceso y, por tanto, un coste potencial más alto.

La entidad estima que cada variación de cinco puntos porcentuales en la tasa de reclamación, al alza o a la baja, puede mover la factura en 18 millones de libras. Es una sensibilidad contable que ayuda a entender por qué un cambio aparentemente pequeño en la participación puede alterar la provisión. Aun así, no sirve para anticipar por sí sola el resultado: también importan la elegibilidad de los préstamos, los importes reconocidos y los costes de gestionar el programa.

Por eso conviven dos cifras sin que necesariamente se contradigan: los 461 millones de libras ya reservados y el cálculo de hasta 646 millones de coste potencial. La primera refleja provisiones reconocidas; la segunda, una estimación más amplia de lo que la filial cree que podría llegar a necesitar. Mientras no se resuelva el marco de compensación y no se conozca la respuesta de los clientes, el rango sigue sujeto a revisión.

El calendario de los pagos sigue expuesto a recursos legales

El calendario inicial contemplaba que las indemnizaciones empezaran a abonarse en la segunda mitad de 2026. Sin embargo, el plan regulatorio ha recibido impugnaciones de consumidores y entidades financieras, y parte de su aplicación se ha suspendido mientras se resuelven cuestiones judiciales. La FCA ha indicado que, si la propuesta vigente sale adelante sin cambios, el proceso podría trasladarse a 2027; una revisión que abra nuevas impugnaciones podría retrasarlo hasta 2028 o incluso más.

En la información disponible se contempla una vista de apelación para la semana del 14 de diciembre de 2026 o para el periodo comprendido entre el 16 y el 26 de febrero de 2027, según cómo se coordinen las partes. Una decisión judicial llegaría después, sin que ese calendario permita asegurar cuándo recibirían dinero los clientes. Mientras tanto, las entidades deben seguir reuniendo información y preparándose para el esquema regulatorio y para un escenario alternativo si este cambia.

Además de la intervención de la FCA, Santander UK afronta una demanda colectiva presentada en nombre de 178.000 clientes ante el Tribunal de Apelación de Competencia. El procedimiento ha quedado condicionado por la evolución del plan regulatorio, pero mantiene abierto el frente legal. La demora no elimina las reclamaciones: desplaza el momento en que se conocerán los criterios y la forma concreta de resolverlas.

El Supremo limitó una vía, pero no cerró el caso

En una fase anterior, el mercado temió que algunas interpretaciones judiciales ampliaran mucho la responsabilidad de las entidades. El Tribunal Supremo británico acotó parte de ese riesgo al limitar determinadas vías de reclamación. Eso redujo el temor a una expansión judicial sin límites, pero no anuló la intervención regulatoria ni resolvió automáticamente todos los contratos afectados.

La diferencia es importante porque el caso tiene dos planos que avanzan en paralelo. Los tribunales examinan cuestiones legales y demandas concretas, mientras el regulador intenta establecer un procedimiento general para revisar operaciones y compensar a quienes cumplan los requisitos. Que una sentencia cierre o restrinja un argumento jurídico no borra necesariamente las consecuencias de una investigación supervisora.

De ahí que la incertidumbre siga pesando en la previsión financiera. Una regla regulatoria común podría ofrecer más orden que una sucesión de pleitos particulares, pero su diseño también puede cambiar por las impugnaciones. El banco debe prepararse para distintos resultados sin saber todavía cuál será el coste exacto de cada escenario. El riesgo ya no consiste solo en cuánto se pagará, sino también en cuándo y bajo qué criterios se decidirá.

El golpe ya se nota en la actividad de la filial británica

Las provisiones han tenido consecuencias en las cuentas de la división de Consumo de Santander UK. Esta actividad registró pérdidas de 76 millones de libras en el último ejercicio citado, después de haber anotado pérdidas de 175 millones en 2024. Esas cifras no describen por sí solas la situación de todo el banco británico ni del grupo Santander, pero muestran cómo los cargos asociados al escándalo pueden transformar los resultados de un negocio que financia compras de vehículos.

La filial debe absorber, además, el trabajo de localizar operaciones antiguas, revisar expedientes, calcular posibles pagos y atender consultas o reclamaciones. Esa gestión tiene un coste que no siempre queda resumido en la cifra destinada a compensar clientes. Consume personal especializado, capacidad tecnológica y tiempo de los equipos jurídicos y de cumplimiento. Una crisis financiera también ocupa recursos mientras la entidad sigue operando y prestando servicios con normalidad.

El asunto coincide con otros cambios en Santander UK. La filial canceló el dividendo que enviaba al grupo, después de haber remitido 1.500 millones de libras a España en 2024, y reforzó su ratio de capital de máxima calidad del 14,8% al 15,7%. La decisión se vinculó a las necesidades de solvencia y a la operación para comprar TSB, cuya integración plantea sus propios retos. Ese contexto ayuda a medir las prioridades de la filial, aunque no significa que el caso de los coches explique por sí solo cada decisión financiera.

Un problema británico con consecuencias para la confianza del grupo

La responsabilidad directa se concentra en Santander UK, no en todas las operaciones internacionales de Banco Santander. La filial opera en un mercado concreto y financió préstamos afectados por reglas y prácticas británicas. Esa separación impide trasladar sin matices la cifra a todo el grupo, aunque la matriz tenga que vigilar el impacto en sus resultados, su reputación y la asignación de capital.

El riesgo reputacional tampoco se limita a la posible indemnización. Las entidades deben explicar cómo se diseñaron los incentivos, qué información se proporcionó a los compradores y cuánto tardaron en detectar o corregir el problema. En el informe anual, Santander UK identifica el deterioro de imagen asociado a las comisiones de financiación de automóviles junto a otros factores, como los cierres de oficinas, las especulaciones sobre su permanencia en Reino Unido y la integración prevista de TSB.

La lección trasciende el mercado británico porque el mecanismo de fondo aparece allí donde un tercero vende crédito con incentivos económicos que el cliente no puede ver con claridad. Una firma puede considerar que el contrato está formalmente firmado y, aun así, descubrir años después que la información sobre la remuneración del intermediario no fue suficiente. La confianza no se mide solo por la legalidad de una cláusula, sino también por si el cliente podía comprender cómo se fijaba el precio que pagaba.

La cifra final dependerá de cómo se cierre la reparación

La lectura más ajustada hoy es que Santander UK tiene 461 millones de libras provisionados y contempla un coste potencial de hasta 646 millones, mientras la factura total del plan británico se sitúa en otra escala y afecta a numerosas entidades. No se trata de un desembolso firme de 10.500 millones para el banco español ni de un caso ya liquidado. La exposición es significativa para la filial, pero su importe definitivo continúa ligado a decisiones regulatorias, judiciales y a la participación de los clientes.

La espera tiene un coste propio: prolonga la incertidumbre para los afectados y obliga a las entidades a mantener recursos reservados sin una fecha cierta de resolución. Si el esquema de la FCA se mantiene, el proceso podría avanzar en 2027; si necesita modificaciones o nuevas revisiones legales, la llegada de los pagos podría aplazarse más. Los titulares convierten esas previsiones en cantidades rotundas, pero el caso sigue siendo una cuenta abierta.

Queda, además, una factura menos fácil de contabilizar. Durante años, algunos compradores pudieron asumir intereses más altos sin entender que el concesionario tenía incentivos para influir en ellos. La reparación económica puede cerrarse con un programa de pagos; recuperar la confianza exige explicar por qué aquella relación entre comisión e interés pudo permanecer tanto tiempo fuera de la vista del consumidor.

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Fundador de DonPorqué y curioso empedernido. Escribe sobre tecnología, viajes, gastronomía, cultura y todo lo que le genera una pregunta con un buen «¿por qué?» detrás. En su tiempo libre es aficionado a los casinos online y aprovecha esa experiencia para compartir análisis y recomendaciones sobre el sector del iGaming.