¿Qué pasa tras la ruptura iraní del pacto de El Cairo?

Irán rompe el pacto de El Cairo con el OIEA tras la resolución de Viena; claves, cifras y consecuencias para la verificación y las sanciones.

Teherán ha dado por “oficialmente terminado” el acuerdo de cooperación firmado en septiembre en El Cairo con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). La decisión, anunciada por el ministro de Exteriores Abás Araqchí y comunicada por carta al director general de la agencia, Rafael Grossi, tiene efectos inmediatos: sin ese marco, los inspectores de la ONU no pueden acceder a las instalaciones nucleares iraníes atacadas en junio por Estados Unidos e Israel, y la verificación de materiales especialmente sensibles —como los 440 kilos de uranio enriquecido al 60 %— queda más limitada y llena de incógnitas. Es un paso que endurece la disputa con la Junta de Gobernadores del OIEA y que complica cualquier hoja de ruta para restablecer controles creíbles a corto plazo.

El movimiento de Irán llega horas después de que la Junta aprobara una resolución que exige a Teherán “cumplir plena y puntualmente con sus obligaciones legales”, en especial permitiendo el acceso a esos sitios dañados y aclarando el estado de su inventario de uranio de alta pureza. El texto salió adelante con 19 votos a favor, 3 en contra (China, Rusia y Níger) y 12 abstenciones, y fue promovido por Estados Unidos, Francia, Alemania y Reino Unido. En respuesta, Araqchí sostuvo que la resolución es “ilegal e injustificada” y anunció el fin del entendimiento de El Cairo, un arreglo que pretendía reactivar una cooperación básica tras meses de fricciones y que, de facto, queda desactivado cuando la agencia pedía justamente más puertas abiertas.

Qué cambia ya para el OIEA y para el expediente iraní

Al cerrar el paraguas de El Cairo, Teherán mantiene un nivel de cooperación acotado: el OIEA conserva presencia en instalaciones no dañadas y sigue recibiendo cierta información, pero no hay acceso a los centros que sufrieron bombardeos en junio. Esos lugares concentran equipos, registros y —sobre todo— series de datos que resultan cruciales para reconstruir balances de material nuclear. Sin inspección física, la contabilidad de uranio —el qué, cuánto y dónde— se vuelve incompleta. Para Grossi, las visitas a los emplazamientos atacados no son un gesto político sino una necesidad técnica; su argumento es directo: si un país con un régimen de salvaguardias informa de que una instalación ha sido destruida o dañada, la agencia tiene que verla, documentarla y volver a calibrar los sistemas de verificación.

En paralelo, la agencia mantiene la vista en el uranio enriquecido al 60 %, una cifra que concentra la tensión. No es material-arma, pero sí está cerca del umbral desde el que se puede dar el salto a purezas aptas para uso militar con rapidez si existiera la voluntad de hacerlo. Los 440 kilos citados en los debates recientes —y que han sido motivo de choques entre Viena y Teherán— son el núcleo de las dudas. Con el acuerdo de El Cairo vivo, el OIEA esperaba retomar mediciones, reponer sensores y cotejar inventarios con presencia in situ. Sin ese marco, el expediente entra en zona gris: menos acceso, más incertidumbre y más presión política.

Qué era el acuerdo de El Cairo y por qué había dado algo de aire

El 9 de septiembre, en la capital egipcia, Grossi y Araqchí sellaron un entendimiento pragmático para recomponer, al menos en parte, los engranajes de la verificación. No era un retorno automático al Protocolo Adicional ni al nivel de transparencia que trajo el JCPOA de 2015; tampoco implicaba borrar de un plumazo las leyes internas iraníes que endurecieron el trato con la agencia tras la guerra de junio. Era, más bien, una tabla de salvación técnica: procedimientos para permitir la entrada de equipos del OIEA en condiciones de seguridad, pautas de circulación dentro de los complejos, un calendario acotado y ciertas garantías para retomar medidas y muestreos ambientales donde más faltaban.

Ese parche sofisticado nació ya en un contexto áspero. Por un lado, el Parlamento iraní había empujado a suspender parte de la cooperación reforzada después de que Estados Unidos e Israel golpearan instalaciones críticas en junio. Por otro, Francia, Alemania y Reino Unido (E3) venían avisando de que, sin avances verificables, recuperarían sanciones vinculadas al expediente nuclear a través de los mecanismos de “snapback” previstos en resoluciones de la ONU y en sus marcos europeos. El Cairo intentaba abrir un pasillo estrecho entre esas dos paredes. Duró semanas, con altibajos y advertencias públicas. Con la resolución aprobada ahora por la Junta de Gobernadores y la notificación iraní del fin del arreglo, ese pasillo se cierra.

El papel del Parlamento iraní y la política interna

No se entiende la secuencia sin mirar a Teherán. Las mayorías parlamentarias favorables a una línea dura con el OIEA exigen blindar la soberanía nuclear y restringir cualquier cooperación que, a su juicio, exponga debilidades operativas o tecnológicas después de los ataques. En esa lógica, permitir inspecciones en instalaciones dañadas equivaldría a ofrecer un mapa de vulnerabilidades. La otra cara de la moneda es que la falta de acceso alimenta la narrativa contraria: si la agencia no puede comprobar sobre el terreno, crecen las lagunas de verificación y, con ellas, las medidas de presión de quienes exigen claridad.

La resolución de la Junta: votos, contenido y mensaje político

La Junta de Gobernadores del OIEA envió un mensaje de unidad suficiente aunque no unánime. Los 19 votos a favor marcan una mayoría amplia; las 3 negativas (China, Rusia y Níger) y las 12 abstenciones confirman que el debate está politizado y que no existe un consenso global sobre cómo manejar el expediente. El texto pide lo que, desde la óptica técnica, se considera el mínimo para reconstituir la trazabilidad: entrar en los sitios atacados en junio, verificar equipos, contabilizar cilindros de UF6 (hexafluoruro de uranio) y cerrar balances de inventarios que ahora están incompletos. Además, urge a Irán a responder sin dilaciones a las preguntas pendientes sobre ubicaciones y condiciones de custodia del uranio a alta pureza.

El impulso del texto vino de Estados Unidos, Francia, Alemania y Reino Unido, un bloque que ha coordinado posiciones desde que se degradó el mecanismo del JCPOA. Washington y las capitales europeas sostienen que la verificación robusta es el único freno fiable para una escalada fuera de control. Teherán interpreta la resolución como una censura política y una forma de condicionar la relación con el OIEA desde intereses geoestratégicos ajenos a las obligaciones del Tratado de No Proliferación (TNP). Aquí chocan dos lógicas: la de las salvaguardias técnicas, que piden ver y medir, y la del cálculo político, que prioriza costes y riesgos internos.

Qué pedía exactamente el texto y qué no pedía

No se trataba de forzar un retorno inmediato al JCPOA tal y como se firmó en 2015. La resolución no entra al detalle de límites de enriquecimiento o del número de centrifugadoras activas; se concentra en el acceso físico a los lugares dañados y en la contabilidad de material. Ese enfoque minimalista responde a una realidad: tras los ataques de junio, el OIEA perdió sensores, sellos y series de datos que son el esqueleto de cualquier verificación. Reponerlos implica visitas, documentación fotográfica, instalación de equipos y toma de muestras. Sin esa secuencia, la agencia no puede afirmar —con su prudencia habitual— que la contabilidad nuclear está cerrada y sin lagunas.

El uranio al 60 %: por qué esa cifra mueve la aguja

Cuando los técnicos hablan del 60 % no lo hacen por capricho. Desde el punto de vista físico, escalar del 20 % al 60 % es un salto cualitativo; desde el 60 % a niveles próximos al 90 % (grado militar) el salto es más corto en términos de tiempo y recursos si existe la capacidad industrial. Por eso, los 440 kilos acumulados en ese rango de pureza preocupan tanto. La pregunta no es solo cuánta materia hay, sino dónde está, en qué condiciones y cómo se ha movido tras los bombardeos de junio. Si una planta pierde integridad estructural o se desmontan equipos, es imprescindible volver a medir y reconciliar lo declarado con lo físicamente presente.

De puertas adentro, Teherán ha argumentado en distintas ocasiones que mantiene un uso civil de su programa y que no busca el arma. De puertas afuera, los Estados miembros de la Junta reclaman que la palabra se traduzca en verificación. Aquí es donde el fin del acuerdo de El Cairo entra en colisión con la confianza. Con el pacto, el OIEA podía planificar una ruta de trabajo, con fechas, procedimientos y condiciones de seguridad para su personal. Sin él, cualquier visita exige negociaciones ad hoc y, por lo tanto, añade tiempo y fricción a una agenda que ya estaba retrasada.

Lo que significan los sitios “no atacados” y el límite de la foto parcial

Irán subraya que el OIEA sí está inspeccionando instalaciones no atacadas. Es cierto, y no es un detalle menor: esa presencia preserva parte del ecosistema de control. Pero el corazón del problema late en otra parte. Los sitios dañados por los bombardeos contienen los puntos ciegos que hay que despejar. La verificación no funciona como una auditoría contable tradicional donde bastan papeles y sellos; requiere pisar suelo, registrar equipos, comprobar inventarios físicos y volver a cerrar balances tras un incidente mayor. La foto parcial alivia, pero no resuelve.

Sanciones reimpuestas, diplomacia acelerada y efectos colaterales

A finales de septiembre, la Unión Europea comunicó la reimposición de su régimen de sanciones nucleares como respuesta al deterioro de la cooperación y a la falta de avances verificables. Lo hizo a propuesta del E3 y tras semanas de advertencias públicas. Reino Unido siguió la misma senda. El snapback no se limita a restricciones financieras; también toca comercio, transferencias tecnológicas y viajes. La ruptura iraní del acuerdo de El Cairo, unida a la resolución reciente de la Junta, puede acelerar debates sobre nuevas medidas si no hay una señal clara de apertura en el corto plazo.

En el tablero regional, Israel considera que cualquier opacidad sobre el uranio a alta pureza supone un riesgo inmediato y sostiene una doctrina de interdicción preventiva frente a avances percibidos como irreversibles. Estados Unidos intenta calibrar presión y canales de contención para evitar que un choque de inspección derive en escalada militar. En paralelo, Rusia y China —que votaron contra la resolución— argumentan que censurar a Irán en la Junta no ayuda a reconstruir confianza y consolidan lazos comerciales y de seguridad con Teherán, que se siente cada vez más desanclado de Occidente. Ese equilibrio inestable condiciona cualquier intento de volver a sentar a todas las partes en una mesa con margen real de pacto.

España y Europa: seguridad, energía y rutas marítimas

Para España, la cuestión no es lejana. Formamos parte de la arquitectura de no proliferación y de los alineamientos europeos en el OIEA. El deterioro del expediente iraní se traduce en prima de riesgo geopolítica que puede afectar a seguros marítimos, fletes y rutas que conectan con el Mediterráneo. Aunque las importaciones de crudo iraní hacia Europa están limitadas por sanciones, las tensiones en Oriente Medio tienden a encarecer coberturas y a alterar rutas, con impacto en costes logísticos y, en última instancia, en precios. No es un vínculo mecánico y automático, pero sí una señal de fondo que el mercado descuenta cuando el ruido crece.

En el plano institucional, la diplomacia española mantiene presencia activa en Viena, con el foco en sostener la integridad del sistema de salvaguardias. Cada laguna de verificación erosiona la credibilidad de un andamiaje que, con sus limitaciones, ha servido para evitar carreras regionales hacia el arma nuclear. El fin del pacto de El Cairo no derriba ese sistema, pero abre grietas que son difíciles de taponar sin acceso físico y datos consistentes.

Las posiciones en Teherán y en Viena, explicadas sin jerga

Desde Teherán, el guion es nítido: soberanía y seguridad primero. Tras los bombardeos de junio, facilitar entradas del OIEA en los puntos dañados se interpreta como exponer vulnerabilidades a quienes —según el discurso oficial— participan o respaldan ataques. En esa narrativa, la resolución de la Junta sería una cobertura política para escalar exigencias sin ofrecer garantías de no repetición de acciones hostiles. Por eso, el fin de El Cairo se vende como un acto de autodefensa diplomática.

Desde Viena, el argumento es igualmente claro: la seguridad global exige verificación robusta cuando hay incidentes de esta magnitud. Si una instalación en la que se enriquece uranio sufre un ataque, hay que verificar in situ daños, recalibrar sensores, reponer cámaras y recontar material. De otro modo, la agencia —que habla en términos medidos— se ve obligada a usar expresiones como “sin poder confirmar” o “falta de explicaciones técnicamente creíbles”, fórmulas que, traducidas, significan incertidumbre.

El dilema de siempre con datos nuevos

La disputa reproduce un dilema conocido: más acceso frente a menos riesgo percibido. La novedad son los ataques de junio y la magnitud del inventario al 60 %. Esta combinación hace que el reloj diplomático corra más rápido. Cada semana sin inspección en los sitios dañados amplifica dudas y alimenta pedidos de más presión. Cada gesto de apertura —una visita técnica, un recuento documentado, una reactivación de sensores— reduce ruido y abre la puerta a lo que Araqchí llamó durante semanas “interacciones” con la agencia. Por ahora, la dinámica empuja en la dirección contraria.

Escenarios posibles sin frases grandilocuentes

Primer escenario: bloqueo prolongado. Irán mantiene la ruptura, la Junta vuelve a pronunciarse en su próximo periodo de sesiones y el OIEA continúa con un acceso parcial. La trazabilidad del material más sensible queda en suspenso, y el E3 —junto con Washington— estudia nuevas sanciones sectoriales o designaciones adicionales. Este camino no resuelve dudas y eleva gradualmente los costes económicos y políticos.

Segundo escenario: compás de espera con válvulas de escape. Teherán autoriza visitas puntuales a instalaciones dañadas bajo protocolos específicos de seguridad, sin restituir de inmediato el espíritu de El Cairo. Podría incluir recorridos acotados, fechas muy concretas y equipos limitados. No sería la verificación ideal, pero permitiría reponer parte del aparato técnico y actualizar balances de material. Este es el horizonte que varios diplomáticos consideran aún posible si se alinean incentivos y se bajan los decibelios.

Tercer escenario: escalada. Más incidentes, más represalias y cero cooperación en los puntos sensibles. Es el resultado que nadie declara buscar, pero que está siempre sobre la mesa cuando coinciden opacidad, desconfianza y acciones encubiertas. Para evitarlo, hacen falta señales verificables en cuestión de semanas, no de meses.

Lo que conviene vigilar en los próximos días

Hay marcadores claros que indicarán si la situación cambia de rumbo. El primero: cualquier anuncio de “visita técnica” del OIEA a los sitios dañados. Si ocurre, será con condiciones estrictas, pero bastará para reinstalar cámaras, validar sellos y tomar muestras. El segundo: referencias a la cifra de 440 kilos al 60 %. Si la agencia puede volver a medir, sabremos si el inventario disminuye, aumenta o se traslada a nuevas ubicaciones. Tercero: el tono en Viena y en los foros europeos. Más resoluciones, amenazas de medidas adicionales o, por el contrario, espacios de diálogo discretos.

Un último indicador, más prosaico pero elocuente: la aparición de cronogramas. Cuando hay un mínimo de entendimiento, empiezan a circular fechas de trabajo, listas de equipos autorizados y protocolos para el personal del OIEA. Cuando no lo hay, abundan los comunicados y faltan los calendarios. Si en las próximas semanas aparecen señales de este tipo, el expediente iraní puede salir del punto muerto en el que entra tras el fin de El Cairo.

Un desenlace que se juega en una puerta: entrar o no entrar

La noticia de hoy no cae del cielo. Irán venía advirtiendo de que respondería a un movimiento de la Junta de Gobernadores; la Junta ha dado ese paso y Teherán ha ejecutado el suyo. El resultado inmediato es un vacío procedimental que deja a la agencia nuclear de la ONU sin el instrumento que había construido para verificar donde más falta hace. El resto —sanciones reactivadas, votos, cruces de reproches— ya estaba sobre la mesa. Lo que falta es lo único que, en este punto, puede recomponer la confianza técnica: abrir las instalaciones dañadas, medir y documentar. Sin eso, la política continuará discutiendo sobre sombras; con eso, habrá datos para volver a negociar de verdad.

En definitiva, el fin del pacto de El Cairo no clausura la verificación en Irán, pero reduce su alcance justo en el lugar y el momento más delicados. El expediente entra en una fase más opaca y más tensa, con actores internacionales moviéndose entre la presión y la contención y con Teherán apelando a la soberanía mientras los técnicos del OIEA insisten en que sin acceso físico la trazabilidad se deshace. Todo se juega, otra vez, en una puerta: si se abre, habrá margen para reconstruir; si no, el caso iraní seguirá acumulando interrogantes que, con el tiempo, pesan más que cualquier comunicado.