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¿Qué riesgo legal corren 451 españoles alistados en Israel?

451 españoles figuran en las FDI: qué dice el BOE, qué puede investigar Fiscalía y cómo la justicia global complica el regreso a España aquí.
España tiene, desde febrero de 2026, una cifra encima de la mesa que no es menor y tampoco es cómoda: 451 militares con pasaporte español aparecen registrados en las Fuerzas de Defensa de Israel, según datos oficiales facilitados por el propio ejército israelí tras una solicitud de transparencia. El número alimenta un debate que ya no es teórico, porque mezcla nacionalidad, posibles responsabilidades penales por hechos ocurridos en un conflicto armado y un clima político en Madrid cada vez más eléctrico cuando se habla de Gaza.
El principal “problema legal” no es una sola cosa, sino un trípode que se sostiene (y se tambalea) sobre tres patas: la posibilidad de pérdida de nacionalidad para quienes no sean españoles de origen y se entienda que han prestado “servicio de armas” en un ejército extranjero; la vía de querellas o investigaciones en España por delitos graves cometidos fuera del territorio nacional si se logra vincular a una persona concreta con un hecho concreto; y el contexto internacional, con la Corte Penal Internacional y la Fiscalía española moviéndose —cada una a su manera— alrededor de Gaza.
451 pasaportes españoles en el registro del ejército israelí
La cifra no sale de una filtración con olor a pasillo, sino de un documento oficial desglosado por países que llega a la prensa a través de una cadena muy definida: una solicitud de información presentada en Israel en marzo de 2025 por el abogado Elad Man, de la ONG israelí Hatzlacha, y publicada después por Declassified UK. En febrero de 2026, esa respuesta ya circula y varios medios la convierten en titular: 451.
El dato, además, viene con letra pequeña que importa: en ese recuento aparecen 372 personas con doble nacionalidad (israelí y española) y 79 con al menos tres pasaportes, uno de ellos el español; incluso figura un combatiente identificado como gibraltareño y, en el mismo anexo, aparecen “nacionalidades” que suenan a museo administrativo —Unión Soviética, Yugoslavia—, lo que da una pista: el documento habla de registros, no de biografías depuradas.
Hay otro matiz que se está perdiendo en el ruido: ese listado prueba la presencia de pasaportes en las filas del ejército israelí, pero no detalla, uno por uno, dónde sirvió cada persona, qué hizo ni si pisó la Franja de Gaza. Parte del debate público lo está traduciendo directamente como “participaron en Gaza”, y ahí es donde la discusión se calienta: porque para hablar de responsabilidades penales no basta con el uniforme; hace falta el hecho, la orden, la acción, la trazabilidad. Aun así, el contexto es el que es: la guerra que estalla tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 y la ofensiva posterior de Israel sobre Gaza han colocado a la justicia internacional en modo foco, con acusaciones de crímenes de guerra y de lesa humanidad que ya no están en la esquina marginal del debate, sino en el centro.
En ese mismo documento de nacionalidades se ven magnitudes que explican por qué España aparece como un número relevante sin ser “top”: Estados Unidos por encima de los 13.000, Francia por encima de los 6.000, Rusia por encima de los 5.000, y luego una constelación de países europeos y americanos con cientos o miles. España figura en el puesto 21 de ese ranking. Es el tipo de tabla que, en política, funciona como una fotografía incómoda: te coloca en el mapa, te obliga a pronunciarte, te deja sin refugio en el “no consta”.
El decreto del 67 y la nacionalidad que se puede perder
Aquí aparece una norma que suena a otro siglo —y, de hecho, lo es—, pero que sigue siendo citada porque toca un nervio: el Decreto 3144/1967, publicado en el BOE en enero de 1968, dice de forma directa que queda prohibido a los españoles prestar voluntariamente “servicio de armas” en país extranjero y que esa prestación “producirá, de pleno derecho, la pérdida de la nacionalidad española”. En el papel, la frase es de martillo. En la realidad constitucional de 2026, el martillo tiene topes.
El tope más claro lo pone la Constitución: los españoles de origen no pueden ser privados de su nacionalidad. Y aquí es donde el debate se vuelve técnico, pero se entiende con una imagen sencilla: hay pasaportes que nacen contigo y pasaportes que se adquieren. Los primeros están blindados; los segundos, no tanto. De ahí que un informe encargado en 2019 por el Ministerio de Justicia israelí al despacho Cuatrecasas —un memorando confidencial del que se habla ahora con otra luz— advirtiera de que quienes hayan obtenido la nacionalidad española después de nacer podrían estar expuestos a perderla, dependiendo de las circunstancias.
La fotografía más delicada dentro de ese grupo la forman los sefardíes que obtuvieron pasaporte español al amparo de la Ley 12/2015. No es un detalle de color: es un mecanismo que ha permitido a miles de israelíes sumar ciudadanía española sin residir en España. Si se interpreta que el alistamiento en el ejército israelí fue voluntario y encaja en el supuesto del decreto, la amenaza administrativa existe sobre el papel, aunque luego venga la parte más lenta, más terrenal: Registro Civil, expediente, prueba, y la discusión jurídica sobre si el supuesto se cumple tal cual en un Estado democrático actual, con un artículo 11 constitucional que no estaba en 1967.
Y aún hay un giro más: el decreto habla de voluntariedad. Israel tiene un sistema de servicio militar obligatorio para parte de su ciudadanía; hay personas con doble nacionalidad que pueden acabar dentro de las filas por una combinación de residencia, edad, estatus y normas internas israelíes. Ahí aparece una zona gris donde, incluso sin entrar en grandes discursos, se abre una pregunta jurídica concreta: ¿fue voluntario o fue obligatorio? Esa diferencia —voluntario/obligatorio— es la bisagra de un texto que, literalmente, usa la palabra “voluntariamente”. Y cuando la bisagra se mueve, el caso deja de ser automático.
Del pasaporte al banquillo: el frente penal en España
La segunda pata, la penal, no funciona por contagio ni por titulares. En España no se condena a alguien por “estar allí”; se investiga si hay indicios de que esa persona concreta cometió o participó en un delito concreto, con un catálogo que, en el contexto de Gaza, se pronuncia mucho: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra. La clave está en la jurisdicción y en las condiciones para activarla.
España recortó su jurisdicción universal en reformas que todavía pesan como una losa histórica en cualquier conversación sobre persecución de crímenes internacionales. Aun así, el ordenamiento mantiene puertas: la Ley Orgánica del Poder Judicial prevé jurisdicción para delitos como genocidio o lesa humanidad cometidos fuera de España cuando el procedimiento se dirija contra un español, o contra un extranjero que resida habitualmente en España, o en supuestos ligados a tratados internacionales. Dicho sin adornos: si hay un investigado español, la justicia española no está automáticamente fuera del campo.
El contexto institucional también ha cambiado desde 2025. El 18 de septiembre de ese año, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, autorizó una investigación para recabar y preservar pruebas sobre posibles violaciones graves del derecho internacional en Gaza con el objetivo de cooperar con la Corte Penal Internacional. Ese equipo de trabajo se articuló con la participación de Dolores Delgado, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, y el fiscal de Sala Coordinador de Cooperación Internacional, Francisco Jiménez-Villarejo. No es un detalle burocrático: es una arquitectura pensada para que España pueda aportar material a instancias internacionales y, si procede, abrir camino interno.
Esto conecta con los 451 de forma casi automática en el debate público, pero jurídicamente el cableado es más fino: una cosa es que España preserve pruebas para la CPI y otra que abra un procedimiento penal contra personas concretas con pasaporte español por hechos cometidos en Gaza. Aun así, cuando ya existe una investigación preprocesal para cooperar con la justicia internacional, la mera constatación de que hay cientos de nacionales en un ejército implicado en un conflicto bajo escrutinio internacional convierte a esos nacionales en potenciales sujetos de interés si aparecen indicios sobre su conducta. La palabra clave es esa: indicios.
La prueba, esa pared fría: del uniforme al hecho concreto
Hay una escena típica en este tipo de casos: el debate público corre como una moto; la prueba camina como un señor con carpeta y sello. Para sostener una acusación penal haría falta, por ejemplo, acreditar participación en un ataque concreto, en una orden ilegal, en un trato inhumano a prisioneros, en actos de saqueo, en operaciones con civiles como objetivo, o en la ejecución de políticas prohibidas. Y eso implica documentación, testimonios, rastros digitales, cadena de mando, identificación de unidades… y, sobre todo, que el tribunal crea que el caso cumple condiciones de jurisdicción y que no es un gesto simbólico.
El telón de fondo internacional pesa porque marca el clima de “seriedad” jurídica. La CPI emitió órdenes de arresto en noviembre de 2024 contra el primer ministro Benjamin Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad; Israel intentó que se retiraran, y en julio de 2025 los jueces rechazaron esa petición, manteniendo vivas las órdenes mientras se discuten cuestiones de jurisdicción. Esto no convierte automáticamente en delincuente a nadie con uniforme, pero sí fija una idea: los tribunales internacionales están activos, y eso contagia presión política sobre los Estados para que miren qué pasa dentro de sus fronteras.
En paralelo, España se personó en junio de 2024 en el procedimiento iniciado por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia. Ese paso, más diplomático que penal, también explica por qué la Fiscalía insiste en la obligación de cooperación internacional: no se trata solo de opinión política, sino de compromisos y tratados que aterrizan en un “hay que preservar pruebas”.
La política entra a empujones: Movimiento Sumar pide investigar
El asunto ha saltado del despacho al atril. El 16 de febrero de 2026, Lara Hernández, coordinadora general de Movimiento Sumar, anunció que pedirán a la Fiscalía que investigue si hubo ciudadanos españoles sirviendo en el ejército israelí durante la ofensiva en Gaza y que, si procede, se identifique y se abran procedimientos por presuntos crímenes contra la humanidad. El lenguaje político aquí va cargado —“genocidio”, “barbarie”—, pero lo relevante es el movimiento institucional que busca activar: que el Estado mire con lupa a los suyos.
Ese gesto no ocurre en el vacío. La Fiscalía ya venía trabajando desde 2025 en una investigación de cooperación con la CPI, y la aparición del número 451 le da a la política una palanca concreta: ya no se habla de “posibles españoles”, sino de un registro que cuantifica. La presión se desplaza entonces a dos ministerios que suelen moverse con guantes: Justicia (por la Fiscalía) y Exteriores (por la relación bilateral y la asistencia consular, si la hubiera). Sobre esto último, hay un dato que también pesa, precisamente por su ausencia: se ha preguntado a Exteriores si conoce la situación y qué medidas prevé, y no siempre hay respuesta pública inmediata. El silencio, en estos casos, suena más alto que un comunicado.
En el centro del debate queda otra distinción incómoda: no es lo mismo un español que reside en España y se alista en un ejército extranjero que un israelí con doble nacionalidad española que nunca ha vivido aquí, no habla castellano y solo ve el pasaporte como una pieza más en la cartera. Esa realidad la describen periodistas e investigadores que han seguido el fenómeno de las dobles nacionalidades en el ejército israelí: hay segundos pasaportes que son casi un accesorio, y pasaportes que son una identidad vivida. El derecho, sin embargo, tiende a ser más simple que la vida: mira la nacionalidad y pregunta qué hiciste con ella.
Voluntarios, reservistas y la zona “no combatiente” que también cuenta
En medio de la conversación se cuela otro nombre que sirve para delimitar: Sar-El, un programa de voluntariado temporal para extranjeros que colaboran con las fuerzas armadas israelíes en tareas logísticas durante periodos cortos. El memorando jurídico citado en medios distingue entre alistamiento formal y colaboración puntual sin enrolamiento: si no hay alistamiento, sostenía ese análisis, el encaje legal en España se debilita. Esa diferencia es crucial porque en el debate público se mezclan cosas distintas: el reservista movilizado, el profesional de carrera, el voluntario logístico, el ciudadano con doble nacionalidad que entra por obligación interna. No es lo mismo… aunque a veces se cuente igual.
La propia cifra de 451, por cómo está construida, no separa esas categorías en una ficha personal. Y eso complica tanto a quienes piden “procesar” de forma inmediata como a quienes quieren despachar el asunto como un titular exagerado. La realidad jurídica suele estar en medio: hay un número real, hay un marco legal existente, y luego hay un proceso —largo, pesado— para convertir un registro de pasaportes en un expediente con nombres, conductas, pruebas y, si llega el caso, imputaciones.
Hay, además, un factor que suele aparecer cuando se habla de crímenes internacionales: el “yo no sabía”, el “yo obedecía”, el “yo estaba en otra unidad”. Los tribunales no trabajan con impresiones, trabajan con pruebas. Y por eso, aunque la cifra sea una sacudida, el salto al plano penal no será ni automático ni homogéneo: dependerá de trayectorias individuales, de qué se pueda acreditar y de qué encaje en las condiciones de jurisdicción que marca la ley española.
La letra del BOE y el ruido del presente
El caso de los 451 españoles en el ejército israelí es, en el fondo, un choque de épocas: un decreto de 1967 que habla con voz de orden y castigo —“pérdida de la nacionalidad”—, una Constitución que protege a los españoles de origen, y un escenario internacional donde la justicia penal global, lenta pero persistente, ha puesto Gaza bajo lupa. En España, además, la Fiscalía abrió en 2025 una vía para preservar pruebas y cooperar con la CPI, lo que convierte cualquier dato nuevo en gasolina para la polémica y, a la vez, en material potencial para una carpeta con sello.
La pregunta que flota —sin necesidad de decirla en voz alta— es si el Estado español va a tratar este asunto como una anomalía administrativa (nacionalidad, Registro Civil, expediente) o como un problema penal de primera magnitud (investigación, querellas, cooperación internacional, jurisdicción). Puede que termine siendo ambas cosas a la vez, porque no se excluyen: la nacionalidad se mueve por un carril; lo penal por otro; y la política va por encima, a veces a gritos, a veces en silencio.
De momento, lo único firme es el dato: 451 registrados con ciudadanía española en las filas del ejército israelí, y una estructura legal española que, si se activa, tiene instrumentos para mirar tanto la nacionalidad como los hechos. El resto —quién, dónde, cuándo, qué hizo— es el tipo de detalle que no se improvisa: se demuestra o se cae.












