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¿Por qué Rabat señala a España por los retornos de migrantes de Ceuta?

Burita afirma que Marruecos colaborará con España, pero que los retornos pendientes desde Ceuta dependen de los procedimientos legales españoles.

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los retornos de Ceuta

Resumen

  • Rabat dice que España debe tramitar y ejecutar los retornos desde Ceuta
  • Marruecos asegura que mantiene su colaboración con las autoridades españolas
  • Los menores requieren un procedimiento individual y garantías reforzadas

Marruecos ha trasladado a España la responsabilidad por la lentitud de los retornos de migrantes desde Ceuta tras la entrada masiva de finales de julio. El ministro marroquí de Exteriores, Naser Burita, sostiene que Rabat ha expresado claramente su disposición a facilitar esos retornos y que corresponde a las autoridades españolas tramitar y ejecutar cada devolución.

La declaración llegó después de la reunión que Burita mantuvo en Nueva York con el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, durante la Asamblea General de Naciones Unidas. Ambos abordaron precisamente la situación de los migrantes que permanecen en Ceuta desde el 30 de julio y que, una vez estudiado cada caso, no tengan derecho a protección internacional. Marruecos reiteró durante el encuentro su disposición a colaborar con España.

Marruecos devuelve la responsabilidad a España

Burita fue bastante menos diplomático ante los periodistas. Su planteamiento puede resumirse así: si los migrantes y menores continúan en territorio español, la explicación debe buscarse en España. El jefe de la diplomacia marroquí recordó que no son las autoridades de Rabat las que ejecutan una devolución desde Ceuta y aludió a polémicas, obstáculos y dificultades españolas durante el proceso.

No es una diferencia menor. Marruecos intenta separar dos asuntos que suelen terminar mezclados cuando la inmigración entra en la trituradora política: una cosa es que Rabat esté dispuesto a recibir a determinadas personas y otra que España pueda enviarlas inmediatamente al otro lado de la frontera. La decisión administrativa y su ejecución corresponden a las autoridades españolas.

España debe determinar antes la situación de cada persona, comprobar su identidad y establecer si existe una solicitud o un posible derecho de protección internacional. Cuando se trata de menores, las garantías son todavía mayores. No funciona como una devolución automática en bloque.

Los menores no pueden ser devueltos automáticamente

Los menores extranjeros no acompañados están sometidos a un procedimiento específico. La normativa establece que cualquier repatriación debe atender al interés superior del menor, analizar su situación individual y valorar la posible reagrupación familiar o su entrega a servicios de protección adecuados en el país de origen. También interviene el Ministerio Fiscal.

Hay, además, un precedente jurídico que condiciona cualquier intento de acelerar estos expedientes. El Tribunal Supremo confirmó en 2024 que la devolución a Marruecos de menores que estaban en Ceuta durante la crisis migratoria de 2021 fue ilegal porque no se siguieron los procedimientos individualizados previstos por la legislación española. El acuerdo bilateral con Marruecos, determinó el tribunal, no basta para prescindir de esas garantías.

Ese antecedente ayuda a entender por qué los retornos de menores avanzan con una lógica distinta de la negociación diplomática. La voluntad política de Madrid y Rabat importa, claro, pero no sustituye al expediente individual ni convierte una repatriación en un trámite inmediato.

Qué ocurrió en Ceuta a finales de julio

La crisis que está detrás de este nuevo cruce de declaraciones comenzó los días 30 y 31 de julio de 2026, cuando decenas de miles de personas accedieron a Ceuta desde Marruecos en un episodio excepcional por su magnitud. Las cifras publicadas han variado según las fuentes: Burita y Albares han manejado estimaciones próximas a 80.000 entradas, mientras otras estimaciones internacionales las situaron por encima de 72.000. La inmensa mayoría regresó posteriormente a Marruecos.

El impacto desbordó las capacidades ordinarias de la ciudad autónoma. Fue necesario habilitar espacios de acogida, reforzar personal y acelerar las tareas de identificación y tramitación. A 22 de septiembre, el Gobierno español contabilizaba 6.791 retornos voluntarios desde agosto y 318 expulsiones, además de 2.321 menores no acompañados ya filiados.

La foto, por tanto, ha cambiado semana a semana. Miles de personas han ido regresando voluntariamente y otras siguen sometidas a diferentes procedimientos. A mediados de septiembre, las estimaciones disponibles situaban todavía en torno a 10.000 personas la población migrante que permanecía en Ceuta, entre adultos y menores.

Una crisis marcada también por las redes sociales

El Gobierno español ha relacionado aquella entrada masiva con mensajes difundidos a través de redes sociales que animaban a intentar acceder a Ceuta y transmitían información engañosa sobre las consecuencias jurídicas de conseguir entrar en territorio español. La frontera física se encontró así con otra frontera bastante más difícil de vigilar: la del móvil y los mensajes que corren de pantalla en pantalla.

España y Marruecos han mantenido desde entonces contactos para evitar nuevos episodios semejantes. Antes de la reunión de Nueva York, Albares aseguró que Rabat estaba colaborando frente a nuevas convocatorias de entradas masivas y defendió que acceder irregularmente a Ceuta o Melilla no garantiza permanecer indefinidamente en España ni continuar hacia otros países europeos.

Burita y Albares exhiben cooperación, pero aparece el desacuerdo

La reunión de Nueva York deja una fotografía diplomática peculiar. Oficialmente, ambos gobiernos siguen hablando de cooperación migratoria. Marruecos garantiza su colaboración y España considera fundamental mantener la coordinación bilateral. Pero cuando llega el momento de explicar por qué todavía permanecen migrantes en Ceuta, Rabat marca una frontera clara entre sus competencias y las españolas.

Burita coloca el problema en el procedimiento español: Marruecos puede favorecer los retornos, sostiene, pero no puede ejecutarlos desde territorio español. Madrid, mientras tanto, debe distinguir entre adultos susceptibles de devolución, solicitantes de protección internacional, personas cuya situación todavía está siendo determinada y menores sometidos a un régimen jurídico especialmente garantista.

La posición española tampoco consiste en presentar a Marruecos como un país que rechaza todos los retornos. Albares ha insistido públicamente en la colaboración marroquí, incluso mientras el Gobierno reclama respuestas sobre los fallos de control fronterizo ocurridos durante la entrada masiva de julio. Cooperación y reproches pueden convivir en diplomacia; de hecho, lo hacen con bastante frecuencia.

Por qué las devoluciones no dependen solo de Marruecos

La afirmación de Burita tiene una base administrativa concreta. Una vez que una persona se encuentra bajo jurisdicción española, corresponde a España determinar qué procedimiento legal se aplica y garantizar los derechos previstos por su legislación. La disponibilidad marroquí para recibir retornados puede facilitar el proceso, pero no elimina los trámites previos.

Una persona con derecho a protección internacional no puede recibir el mismo tratamiento que otra cuya devolución sea legalmente ejecutable. Y un menor extranjero no acompañado requiere unas comprobaciones que van mucho más allá de confirmar su nacionalidad o comprobar que Marruecos está dispuesto a recibirlo.

En el caso de los menores, el Reglamento de Extranjería exige estudiar individualmente si la reagrupación con su familia o su puesta a disposición de los servicios de protección del país de origen responde a su interés superior. El procedimiento contempla informes sobre las circunstancias familiares, audiencia del menor cuando corresponda y participación del Ministerio Fiscal.

Este entramado explica buena parte de la diferencia entre el ritmo político —un ministro puede anunciar cooperación en unos segundos delante de un micrófono— y el administrativo, bastante menos fotogénico, donde cada expediente tiene consecuencias jurídicas propias.

Ceuta vuelve a medir la relación entre España y Marruecos

La declaración de Burita no supone por sí misma una ruptura con Madrid. Llegó, de hecho, después de un encuentro en el que Marruecos reiteró su plena colaboración con España. Sí deja una delimitación pública de responsabilidades: Rabat no acepta que se le atribuya que determinados migrantes continúen en Ceuta cuando considera que la tramitación de esos retornos corresponde a las autoridades españolas.

España conserva la responsabilidad de tramitar cada situación conforme a su legislación; Marruecos, la de cumplir los compromisos de cooperación y recepción que correspondan cuando el retorno sea jurídicamente posible. Entre ambas cosas está Ceuta, una ciudad que desde finales de julio soporta una presión humana, administrativa y política extraordinaria.

La frontera vuelve así a mostrar su vieja especialidad: convertir unos pocos metros de terreno en un asunto de derecho, diplomacia, inmigración y política exterior al mismo tiempo. La frase de Burita simplifica el reparto institucional de papeles; los expedientes que siguen abiertos en Ceuta recuerdan que resolver cada caso es bastante menos sencillo.

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Fundador de DonPorqué y curioso empedernido. Escribe sobre tecnología, viajes, gastronomía, cultura y todo lo que le genera una pregunta con un buen «¿por qué?» detrás. En su tiempo libre es aficionado a los casinos online y aprovecha esa experiencia para compartir análisis y recomendaciones sobre el sector del iGaming.