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¿Qué pasó con la Policía en el desahucio de Maricarmen en Madrid?
Maricarmen, de 87 años, fue desahuciada de su casa en Madrid. La Delegación del Gobierno investiga ahora varias actuaciones policiales del operativo.

Resumen
- La Delegación investiga la actuación policial durante el desahucio
- Maricarmen, de 87 años, salió de su casa en camilla y sigue hospitalizada
- El operativo cumplía una orden judicial, pero algunas imágenes serán revisadas
La Delegación del Gobierno en Madrid ha abierto una investigación sobre la actuación de la Policía Nacional durante el desahucio de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años desalojada de la vivienda del distrito de Retiro en la que había vivido durante más de siete décadas. La decisión llega después de la difusión de vídeos del dispositivo en los que aparecen intervenciones contra algunos de los activistas concentrados ante el inmueble.
El delegado del Gobierno, Francisco Martín, ha pedido al jefe superior de la Policía Nacional en Madrid que averigüe qué ocurrió y le traslade las conclusiones correspondientes. La investigación no cuestiona la orden judicial que permitió ejecutar el lanzamiento: pretende determinar si determinadas respuestas de algunos agentes respetaron los criterios de proporcionalidad exigibles en una intervención policial.
Una investigación sobre la actuación, no sobre la orden judicial
La distinción importa. Y bastante. El desahucio se ejecutó por mandato judicial y la presencia de la Policía Nacional tenía como finalidad permitir que la comisión judicial pudiera acceder al inmueble y completar el lanzamiento.
Otra cuestión es cómo se desarrolló el dispositivo. Francisco Martín ha reconocido que algunas de las imágenes grabadas durante aquellas horas no han gustado a la Delegación del Gobierno. Según explicó, la inmensa mayoría de las personas concentradas en apoyo a Maricarmen se manifestó de manera pacífica, aunque también se produjeron momentos de tensión.
El delegado sostiene al mismo tiempo que las actuaciones de la Policía Nacional se desarrollan habitualmente con profesionalidad y dentro de los márgenes legales. Precisamente por eso, cuando aparecen indicios de una posible actuación desproporcionada, se revisa lo sucedido y se determina si corresponde adoptar alguna medida.
La apertura de la investigación, por tanto, no significa que se haya acreditado una actuación policial ilegal ni anticipa responsabilidades. Se trata de averiguar qué ocurrió, identificar las intervenciones controvertidas y comprobar si los agentes actuaron conforme al procedimiento y dentro de los límites establecidos.
Qué muestran las imágenes que han provocado la investigación
El desahucio del miércoles 23 de septiembre estuvo rodeado desde primera hora por vecinos y activistas que trataban de impedir el acceso al edificio de la calle Alcalde Sainz de Baranda, en el distrito madrileño de Retiro.
Durante la mañana se produjeron empujones, retirada de manifestantes y cargas policiales puntuales. Algunas grabaciones muestran a agentes apartando físicamente a activistas que permanecían en la zona y utilizando sus defensas durante determinados momentos del dispositivo.
También se difundieron imágenes de personas arrastradas por el suelo mientras los agentes despejaban el entorno del portal. Son precisamente escenas como estas las que tendrán que examinarse con detalle: qué ocurrió inmediatamente antes, qué resistencia encontraron los policías, qué instrucciones existían y si la fuerza empleada resultó proporcionada.
No basta con congelar unos segundos de vídeo y dictar sentencia desde el sofá. Pero tampoco basta con el uniforme para cerrar la discusión. Una actuación policial puede responder a una orden legítima y, al mismo tiempo, contener acciones concretas susceptibles de revisión. Esa es la diferencia que ahora trata de establecer la investigación.
La prensa también quedó alejada del portal
Otro de los aspectos polémicos del operativo fue la situación de los periodistas que cubrían el lanzamiento. Durante una parte de la mañana, el cordón policial impidió a varios profesionales acercarse al edificio y distintos medios denunciaron dificultades para documentar directamente algunos momentos de la intervención.
El dispositivo se desarrollaba en un escenario complicado, con numerosos manifestantes alrededor del inmueble y una comisión judicial intentando acceder a la vivienda. Interior defendió que inicialmente se había priorizado la seguridad ante la concentración de personas y posteriormente se habilitó una zona para que los medios pudieran desarrollar su trabajo.
La propia Delegación del Gobierno señaló que no había ordenado impedir la cobertura informativa. Las imágenes que consiguieron grabarse han terminado, en cualquier caso, teniendo un peso notable. Dos días después del desalojo ya no se discute únicamente la situación de Maricarmen: también está bajo examen la manera en que se gestionó policialmente parte de la protesta.
Cinco horas de tensión hasta sacar a Maricarmen en camilla
El lanzamiento culminó alrededor de las 13.00 horas del miércoles, después de una mañana larga y especialmente tensa. La Policía tuvo que abrirse paso entre las personas que intentaban impedir el desahucio y retirar a quienes permanecían frente al acceso al edificio.
En el interior también se encontraron obstáculos. Las imágenes difundidas posteriormente muestran a agentes empleando una radial para abrir la puerta del domicilio, que había quedado bloqueada con muebles. Antes de proceder al desalojo, varios policías explicaron a Maricarmen que estaban allí para cumplir un mandamiento judicial.
La mujer abandonó finalmente su casa en una camilla, asistida por los servicios sanitarios. Fuera esperaba una multitud situada detrás del cordón policial. La escena —una mujer de 87 años saliendo tumbada de la vivienda en la que había pasado prácticamente toda su vida— convirtió un conflicto jurídico de alquiler en una imagen difícil de separar del debate nacional sobre la vivienda.
El operativo concluía, pero el caso no. Tras el desahucio se produjeron nuevas movilizaciones en Madrid y otras ciudades. El conflicto había dejado de ser únicamente un expediente judicial: había adquirido un nombre, un rostro y una puerta concreta que acababa de cerrarse.
De un contrato de 1956 a un litigio que duró años
El origen de la historia está muchas décadas atrás. La familia de Maricarmen comenzó a vivir en la vivienda en 1956 mediante un contrato de alquiler de los conocidos como renta antigua. Tras sucesivas subrogaciones, Maricarmen permaneció en el inmueble durante más de 70 años.
La disputa posterior acabó girando alrededor de la continuidad de aquel arrendamiento y de la situación jurídica del contrato tras el cambio de propiedad del edificio. Después de años de litigio, los tribunales avalaron el final del alquiler y el lanzamiento terminó siendo autorizado judicialmente.
Maricarmen venía pagando alrededor de 500 euros mensuales. Con el cambio de propietario, las cantidades planteadas para que pudiera continuar en la vivienda aumentaron muy por encima de esa cifra. Entre las cantidades conocidas durante el conflicto aparecieron rentas de 1.650 euros e incluso 2.650 euros, frente a una pensión de alrededor de 1.350 euros mensuales.
Hasta pocas horas antes del lanzamiento siguieron apareciendo propuestas para evitarlo. Una donante anónima llegó a ofrecerse a cubrir económicamente la diferencia necesaria para que Maricarmen pudiera permanecer en el piso. El acuerdo no salió adelante y el desahucio continuó.
También hubo intentos de mediación institucional y ofertas alternativas de alojamiento. Aquí las versiones chocaron. El Ayuntamiento de Madrid aseguró haber puesto recursos residenciales de emergencia a disposición de la mujer; Maricarmen y las organizaciones que la acompañaban consideraban que las alternativas disponibles no solucionaban adecuadamente su situación.
El miércoles se agotó el recorrido práctico de aquellas negociaciones. Era el cuarto intento de desahucio, y esta vez se ejecutó.
Maricarmen permanece ingresada después de abandonar su casa
Tras salir del inmueble, Maricarmen fue trasladada al Hospital Gregorio Marañón. Dos días después del desahucio continúa ingresada por un cuadro de agotamiento severo, ansiedad y estrés, mientras los médicos realizan pruebas y mantienen su evolución bajo observación.
La mujer tiene reconocida una discapacidad del 50% y durante los últimos meses su movilidad había empeorado hasta necesitar una silla de ruedas. Desde el hospital ha enviado un mensaje de agradecimiento por las numerosas muestras de apoyo que ha recibido.
Su situación inmediata sigue siendo uno de los aspectos más delicados del caso. Cuando reciba el alta está previsto que se aloje temporalmente con un familiar, aunque su entorno ha explicado que la vivienda tampoco está especialmente adaptada a sus necesidades.
El desahucio está ejecutado; el problema habitacional, sin embargo, no desaparece porque una comisión judicial haya abandonado el edificio. Durante años se discutió en juzgados, despachos y administraciones sobre contratos, subrogaciones, competencias y alternativas. Al final, la imagen que permanece es mucho más sencilla: una mujer de 87 años abandonando su casa en camilla.
Las imágenes tendrán que convertirse en hechos comprobados
La investigación ordenada por la Delegación del Gobierno abre una fase distinta. Hasta este momento existen vídeos, testimonios, explicaciones policiales y denuncias públicas; ahora corresponde reconstruir las intervenciones concretas y determinar qué ocurrió en cada una.
Habrá que distinguir entre el uso legítimo de la fuerza necesario para cumplir una resolución judicial y cualquier comportamiento que pudiera haber superado los límites de necesidad y proporcionalidad. También tendrá que aclararse qué instrucciones recibieron los agentes y en qué circunstancias se produjeron las actuaciones que aparecen en las grabaciones.
Francisco Martín ha defendido la profesionalidad general de las fuerzas de seguridad mientras admite que algunas respuestas observadas durante el operativo merecen ser examinadas. Las dos cosas pueden coexistir: revisar una intervención concreta forma parte también de los controles de una institución pública.
El desahucio de Maricarmen no puede deshacerse. La investigación, en cambio, deberá aclarar si toda la fuerza utilizada durante aquella mañana estuvo justificada por las circunstancias o si algún agente traspasó los límites del procedimiento.












