¿Cómo se repartirán los menores migrantes de Ceuta entre autonomías?

El reparto que prepara el Gobierno no afecta a todas las personas migrantes que cruzaron la frontera de Ceuta, sino a los niños y adolescentes extranjeros que llegaron sin familiares adultos responsables. Para ellos se aplicará el sistema obligatorio de reubicación entre comunidades autónomas aprobado en 2025, con expedientes individuales y un plazo legal de hasta 15 días desde su inscripción en el registro de menores. No existe todavía una tabla definitiva que diga cuántos irán a Madrid, Andalucía, Galicia o cualquier otro territorio. Eso vendrá después, caso por caso.

Ceuta atendía el 4 de agosto a al menos 862 menores migrantes, aunque el censo seguía abierto porque algunos continuaban sin identificar o permanecían fuera de los centros. El delegado del Gobierno situó en torno a 500 los menores solos vinculados a la última entrada masiva, una diferencia que se explica porque la cifra de 862 incluye también a jóvenes que ya estaban bajo tutela y porque el recuento cambia conforme avanzan las identificaciones. La prudencia, en este caso, no es un adorno: todavía no hay una cantidad cerrada de menores que deban ser trasladados.

El reparto no incluye a todos los migrantes de Ceuta

La palabra “reparto” ha empezado a utilizarse como si miles de adultos fueran a ser enviados por sorteo a las comunidades autónomas. No funciona así. El mecanismo vinculante se refiere exclusivamente a menores extranjeros no acompañados, cuya protección corresponde a las administraciones públicas desde que son localizados en territorio español.

El balance ofrecido por el Ministerio del Interior eleva a unas 72.000 las personas que accedieron a Ceuta durante la entrada masiva y sitúa alrededor de 70.000 retornos a Marruecos. En la mañana del 5 de agosto, la Delegación del Gobierno calculaba que permanecían en la ciudad unas 2.500 personas migrantes, muchas esperando plaza en un Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes ya desbordado. Los adultos que continúen en España seguirán los procedimientos ordinarios de extranjería, protección internacional o atención humanitaria; no entrarán en el cupo autonómico de protección infantil.

Sus posibles traslados a la Península se realizarán dentro de la red estatal de acogida, priorizando los perfiles vulnerables y las plazas disponibles. Es un circuito distinto, gestionado fundamentalmente por el Estado y las entidades colaboradoras. Mezclarlo con el reparto de menores produce cifras espectaculares, sí, pero también una fotografía borrosa. Y bastante ruido hay ya.

Cuántos menores hay realmente en Ceuta

La cifra más sólida difundida por la Ciudad Autónoma es la de 862 niños y adolescentes acogidos, frente a una capacidad ordinaria actual de solo 29 plazas. Ceuta se encuentra, por tanto, cerca de treinta veces por encima de ese nivel teórico. La norma considera que existe contingencia migratoria extraordinaria cuando un territorio supera tres veces su capacidad ordinaria; la ciudad lleva en esa situación desde agosto de 2025.

El número puede crecer. Algunos jóvenes continúan ocultos en asentamientos, montes, playas o alrededores del Tarajal; otros no han sido todavía reseñados, y en varios casos debe comprobarse si realmente son menores. Las cifras de una crisis así se parecen poco a una fila ordenada de fichas: cambian conforme la Policía identifica, la Fiscalía interviene y los servicios sociales abren expedientes.

Mientras se completan esos trámites, los menores están siendo alojados en el centro de La Esperanza, la nave Nueva Esperanza del Tarajal, los espacios de Piniers y dos colegios habilitados de emergencia, especialmente para atender a niñas. El Gobierno ha anunciado otros 25 millones de euros para sostener esta respuesta inmediata. Techo, comida, asistencia sanitaria, intérpretes. Lo elemental, aunque haya llegado tarde y con las costuras de la ciudad ya abiertas.

No todos los 862 serán necesariamente enviados fuera. Algunos pueden tener familiares localizables, otros podrían ser reagrupados si se demuestra que el retorno es seguro y protege su interés, y una parte corresponde a expedientes anteriores ya encaminados. La cantidad trasladable dependerá del examen individual y de la situación concreta de cada joven.

Cómo se decide el destino de cada menor

El procedimiento comienza con la identificación y la inscripción en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados. La reseña debe practicarse de inmediato o con la mayor rapidez posible, y la inscripción ha de efectuarse dentro de las 24 horas siguientes. Cuando la edad no resulte clara, pueden realizarse pruebas médico-forenses bajo intervención del Ministerio Fiscal.

Al mismo tiempo, la Administración General del Estado formula una propuesta de destino. Antes de resolver, debe escuchar tanto al menor —según su edad y grado de madurez— como a la comunidad autónoma receptora, con conocimiento de la Fiscalía. La resolución fija el territorio de acogida y queda inscrita en el registro. La ley establece que el traslado se produzca en un máximo de 15 días naturales, aunque ese reloj empieza a correr desde la inscripción, no desde el momento en que el menor atravesó la frontera.

Eso explica por qué el movimiento no será inmediato ni colectivo. No habrá un barco con cientos de jóvenes desembarcando a la vez en una autonomía determinada. Habrá salidas escalonadas, probablemente en grupos pequeños, hacia centros de protección concretos y después de comprobar documentación, edad, salud, posibles vínculos familiares y necesidades especiales.

Una vez realizado el traslado, la comunidad receptora asume la protección del menor y debe garantizar alojamiento, escolarización, atención médica, apoyo psicológico y tutela administrativa. No se trata simplemente de encontrar una cama vacía. Un adolescente con trauma, una niña de 12 años o un menor con familiares en otra provincia no pueden tratarse como piezas idénticas en un tablero.

La fórmula que determina qué comunidad recibe más

Cuando no existe un acuerdo unánime entre las autonomías, la Ley de Extranjería aplica una fórmula obligatoria formada por ocho criterios. La población pesa el 50%; la renta disponible por habitante, el 13%; la tasa de paro, medida de forma inversa, el 15%; el esfuerzo previo de acogida, el 6%; y la dimensión estructural del sistema de plazas, el 10%. El carácter fronterizo, la insularidad y la dispersión territorial aportan otro 2% cada uno.

La lógica pretende evitar dos extremos: que todos los menores terminen en las comunidades más pobladas y que los territorios fronterizos carguen indefinidamente con quienes llegan. También premia, al menos sobre el papel, a las autonomías que ya han realizado un esfuerzo de acogida superior. De ahí que tener más población no equivalga automáticamente a recibir más menores.

Cuenta igualmente la ocupación real. Una comunidad con una gran capacidad teórica, pero con numerosos jóvenes ya tutelados, puede recibir menos que otra con menor tamaño y más plazas disponibles. El Gobierno debe actualizar los datos antes de dictar cada resolución. La aritmética autonómica, como suele ocurrir, acaba teniendo más excepciones que una declaración de impuestos.

El cupo oficial no indica cuántos llegarán desde Ceuta

El Gobierno actualizó en junio de 2026 la capacidad ordinaria de cada sistema autonómico. Andalucía encabeza la tabla con 3.009 plazas, seguida de Cataluña con 2.829, Madrid con 2.471 y la Comunidad Valenciana con 1.903. Después aparecen Galicia, con 940; Castilla y León, con 830; Canarias, con 783; Euskadi, con 776; Castilla-La Mancha, con 742; Murcia, con 553; Aragón, con 476; Baleares, con 434; Extremadura, con 364; Asturias, con 352; Navarra, con 237; Cantabria, con 206, y La Rioja, con 114. Melilla tiene una capacidad ordinaria de 30 y Ceuta, de 29.

Estas cifras no son el reparto de los menores llegados a Ceuta. Marcan el tamaño que debería tener el sistema de cada territorio y sirven para medir su saturación. Para saber cuántos jóvenes recibirá finalmente cada comunidad hay que restar la ocupación existente, aplicar las ponderaciones legales y estudiar los expedientes. A 5 de agosto no se ha publicado esa distribución definitiva.

Los principales destinos serán previsiblemente territorios peninsulares con margen en su red de protección. Canarias y Melilla, que también están declaradas en contingencia migratoria extraordinaria, no parecen candidatas naturales para aliviar a Ceuta. Entre las grandes comunidades, Andalucía, Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana concentran la mayor capacidad nominal, pero eso no permite anticipar por sí solo cuántos menores recibirá cada una.

El choque político puede retrasar los traslados

El mecanismo es obligatorio, pero su aplicación ha vuelto a abrir la habitual guerra territorial. Castilla y León, Extremadura y Aragón han anunciado su oposición a recibir nuevos menores; el Partido Popular sostiene que sus comunidades no asumirán las consecuencias de la política migratoria estatal, mientras Junts reclama que Cataluña quede al margen. La solidaridad entre territorios, tan rotunda en los preámbulos, suele encoger cuando toca encontrar habitaciones, educadores y presupuesto.

El Ejecutivo responde que la acogida es vinculante y que ninguna comunidad puede limitarse a rechazar las resoluciones. Las autonomías conservan la posibilidad de recurrir ante los tribunales, pero una discrepancia política no suspende por sí sola la aplicación de la ley. El delegado del Gobierno en Ceuta ha advertido incluso de una posible intervención de la Fiscalía si se bloquea la protección de los menores.

La experiencia anterior muestra, sin embargo, que entre la norma y el traslado puede abrirse un pasillo largo: falta de plazas, recursos judiciales, discusiones sobre financiación, expedientes incompletos o resistencia administrativa. Desde agosto de 2025 hasta comienzos de esta crisis, Ceuta había logrado reubicar a unos 650 adolescentes; en marzo constaban 437 traslados ejecutados de 571 expedientes susceptibles de derivación. El mecanismo existe y funciona, aunque no precisamente a velocidad de frontera.

Un mapa que todavía se está dibujando

La respuesta concreta, por tanto, tiene menos misterio del que sugiere el ruido político. No se repartirán decenas de miles de migrantes entre las comunidades autónomas. Se trasladará de forma progresiva a una parte de los menores que llegaron solos y que, después de ser identificados, deban permanecer bajo protección en España.

Ceuta atiende al menos a 862 menores en total, aunque el número directamente relacionado con la última entrada y la cantidad finalmente trasladable siguen sin cerrarse. Cada expediente tendrá un destino individual, decidido mediante la fórmula estatal, la ocupación de los centros, el esfuerzo previo de cada autonomía y las circunstancias personales del joven.

Andalucía, Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana poseen las mayores capacidades oficiales, pero todavía no existe un reparto público que adjudique a cada una una cifra concreta de los menores llegados a Ceuta. Esa tabla, cuando aparezca, será el resultado del proceso, no su punto de partida.

Mientras tanto, la prioridad es bastante menos abstracta: sacar a los niños de la calle, registrarlos, escucharles y darles una protección estable. Lo demás —los vetos, las conferencias sectoriales, las banderas desplegadas frente a las cámaras— pertenece al paisaje político. Ellos siguen durmiendo sobre colchones prestados.