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¿Qué está en juego en el referéndum de Ecuador del 16N?

Ecuador se juega bases militares, nueva Constitución y recorte de la Asamblea en el referéndum del 16N, cita crucial para el rumbo del país.

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el palacio del gobierno de Ecuador

Foto de Agencia de Noticias ANDES, vía Wikimedia Commons, bajo CC BY-SA 2.0.

Ecuador se juega bases militares, nueva Constitución y recorte de la Asamblea en el referéndum del 16N, cita crucial para el rumbo del país.

El domingo 16 de noviembre de 2025, Ecuador celebra un referéndum constitucional y una consulta popular en una sola jornada que puede reordenar la arquitectura política del país. Cerca de 14 millones de ecuatorianos, dentro y fuera del territorio, están llamados a decidir sobre cuatro cuestiones de alto voltaje: permitir o no bases militares extranjeras, eliminar el financiamiento estatal a los partidos, reducir de forma drástica el número de asambleístas y abrir la puerta a una Asamblea Constituyente que redacte una nueva Constitución.

La papeleta es sencilla en apariencia —cuatro preguntas, dos posibles opciones, “Sí” o “No”—, pero el efecto de cada una va mucho más allá de un cambio técnico. Si se aprueban las reformas, el país podría pasar de una Asamblea Nacional de 151 escaños a otra de apenas 73, revisar el modelo de financiamiento público a la política y, sobre todo, iniciar un proceso constituyente que sustituya la carta magna de 2008, elaborada bajo el gobierno de Rafael Correa. Si se rechazan, seguirá vigente el marco actual, pero quedará tocada una de las principales apuestas del presidente Daniel Noboa, reelegido en abril para el periodo 2025-2029.

Calendario, normas del voto y despliegue electoral

La jornada electoral se celebra el domingo 16 de noviembre, entre las 7.00 y las 17.00 horas en Ecuador. En el exterior, donde el voto es presencial en 99 zonas habilitadas, el horario se adapta a cada país, generalmente de 9.00 a 19.00 horas locales. El Consejo Nacional Electoral (CNE) cifra el padrón en 13,94 millones de electores, de los que unos 481.000 residen fuera del país y podrán votar en consulados y recintos especiales.

El voto es obligatorio para los ciudadanos entre 18 y 65 años que viven en Ecuador. La ley contempla multas económicas para quienes no sufraguen sin justificación, calculadas como un porcentaje del salario básico unificado. Para los jóvenes de 16 y 17 años, las personas mayores de 65, los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía en servicio activo, las personas con discapacidad y los ecuatorianos residentes en el exterior, el voto es facultativo: pueden participar, pero no se les sanciona si se abstienen.

En España, donde se concentra la mayor diáspora ecuatoriana de Europa, están empadronados 196.249 ecuatorianos para estas votaciones, según datos oficiales difundidos por la embajada. Solo en Madrid, más de 74.000 personas podrán votar en el pabellón 14 de IFEMA, convertido de nuevo en gran recinto electoral para la comunidad ecuatoriana.

El dispositivo logístico es masivo. El CNE ha repartido los paquetes electorales en casi 4.500 recintos del país y ha conformado cerca de 300.000 miembros de juntas receptoras del voto, que son los responsables directos de las mesas. Las Fuerzas Armadas y la Policía despliegan alrededor de 61.500 militares y 57.460 agentes —más de 118.000 efectivos en total—, apoyados por aeronaves y drones, para custodiar papeletas, centros de votación y recintos de cómputo, en un contexto de violencia muy elevado.

Como en otras elecciones ecuatorianas, rigen un periodo de silencio electoral de 48 horas previo a la votación y una ley seca que prohíbe la venta y consumo de alcohol desde el viernes al mediodía hasta el lunes. La propaganda en medios está restringida a la franja aprobada y contratada a través del CNE; cualquier publicidad no autorizada o actos proselitistas fuera de los tiempos marcados se sancionan con multas.

Las cuatro preguntas se aprueban de forma independiente. Cada una necesita el apoyo de más del 50 % de los votos válidos (es decir, excluyendo blancos y nulos) para entrar en vigor. El CNE tiene como fecha límite el 5 de enero de 2026 para proclamar resultados definitivos, aunque, si no hay impugnaciones, podría hacerlo antes.

Qué se decide en el referéndum y la consulta popular

El paquete sometido a las urnas combina referéndum constitucional y consulta popular. No es un tecnicismo menor. El referéndum sirve para reformar artículos concretos de la Constitución; la consulta, para preguntar sobre asuntos de interés nacional que pueden o no implicar cambios posteriores de la carta magna. En esta ocasión, tres preguntas corresponden a reformas parciales de la Constitución, mientras que la cuarta se tramita como consulta popular y abre la ruta para una Asamblea Constituyente.

Tres reformas parciales a la Constitución

La primera pregunta plantea eliminar la prohibición que la Constitución de 2008 introdujo sobre la instalación de bases militares extranjeras o la cesión de instalaciones ecuatorianas a fuerzas armadas de otros países. Hoy ese veto es explícito y recogido en el texto constitucional, lo que impidió que Estados Unidos renovara, por ejemplo, su presencia en la base aérea de Manta, que operó hasta 2009.

Si gana el sí, Ecuador podría firmar acuerdos para albergar bases de Estados Unidos u otras potencias con fines de seguridad y cooperación militar. Noboa defiende que esto permitiría reforzar la lucha contra las bandas criminales vinculadas al narcotráfico, que han disparado la tasa de homicidios hasta niveles de récord regional. Sus críticos —entre ellos organizaciones indígenas, sectores de izquierda y parte del correísmo— consideran que la medida supondría una cesión de soberanía y reorientaría la política exterior del país hacia una dependencia más fuerte de Washington.

La segunda pregunta propone eliminar la obligación del Estado de financiar a los partidos y movimientos políticos. Desde 2008, Ecuador cuenta con un Fondo Partidario Permanente y un fondo de promoción electoral que se nutren de recursos públicos. Entre 2008 y 2025, distintas estimaciones sitúan en torno a 240 millones de dólares el dinero destinado a las organizaciones políticas por esta vía, sumando funcionamiento ordinario y propaganda en campañas.

El Gobierno sostiene que terminar con ese financiamiento reduciría gastos superfluos en un Estado con un déficit cercano al 4,4 % del PIB y obligaría a los partidos a sostenerse con aportes privados transparentes. Los detractores replican que sin fondos públicos los grandes grupos económicos tendrán más peso sobre la política y que, en la práctica, quedaría comprometida la igualdad de condiciones en las campañas, sobre todo para movimientos pequeños, indígenas o territoriales que hoy dependen de esos recursos.

La tercera reforma parcial toca el corazón del sistema representativo. Pregunta si se está de acuerdo con reducir el número de asambleístas y elegirlos según un nuevo esquema: 10 escaños nacionales, 1 por cada provincia y 1 adicional por cada 400.000 habitantes, según el censo. Eso supondría pasar de los actuales 151 legisladores a 73, casi la mitad.

El Ejecutivo argumenta que una Asamblea más pequeña será más eficiente, menos costosa y menos capturada por intereses corporativos, y promete un ahorro relevante sobre un presupuesto legislativo que ronda los 55 millones de dólares anuales, sin contar las oficinas provinciales. Sin embargo, especialistas en representación advierten de que un recorte tan brusco puede dejar fuera del Parlamento a minorías políticas, pueblos indígenas y diásporas que ya tienen dificultades para lograr escaños, al concentrarse los cupos en pocas listas sólidas en las circunscripciones más pobladas.

La pregunta clave: Asamblea Constituyente

La cuarta cuestión es la más abierta y la que previsiblemente marcará el debate político durante años. Pregunta si se está de acuerdo en convocar e instalar una Asamblea Constituyente, cuyos miembros serían elegidos por voto popular para redactar una nueva Constitución, que solo entraría en vigor si luego es aprobada en un segundo referéndum.

El estatuto aprobado para esa eventual Asamblea establece que estaría formada por 80 constituyentes: 24 nacionales, 50 provinciales y 6 representantes del exterior. Tendrían un plazo inicial de 180 días, ampliable otros 60, para redactar el nuevo texto, que deberá someterse a consulta popular. Durante ese periodo, la actual Asamblea Nacional seguiría funcionando, pero su margen de maniobra podría verse condicionado por los trabajos del órgano constituyente y por las normas transitorias que se aprueben.

Quienes apoyan el sí presentan la Constituyente como una oportunidad de “refundar el país”, en palabras del propio Noboa, y superar lo que el presidente describe como un “secuestro institucional” originado por la Constitución de 2008 y por el papel de la Corte Constitucional como freno a sus políticas. En su visión, un nuevo texto permitiría reforzar la seguridad, limitar beneficios penitenciarios, flexibilizar la política económica y rediseñar instituciones como el Consejo de Participación Ciudadana.

Los partidarios del no, en cambio, alertan de que una Constituyente puede abrir la puerta a recortar derechos sociales, ambientales y colectivos, incluidos los reconocidos a la naturaleza y a las nacionalidades indígenas en 2008. La CONAIE y otras organizaciones sociales han llamado explícitamente a votar en contra de las cuatro preguntas, denunciando que el Gobierno busca concentrar poder y usar la nueva Constitución para blindar un modelo más extractivista y autoritario. A ello se suma el temor de parte del correísmo de que el proceso se convierta, de facto, en un mecanismo para desmantelar la herencia política de Correa y debilitar a su movimiento.

Del Palacio de Carondelet a la Corte: cómo nació la consulta

El referéndum del 16N no aparece de la nada. Es la segunda consulta nacional impulsada por Daniel Noboa. La primera se celebró en abril de 2024 e incluyó 11 preguntas centradas en seguridad, justicia y arbitrajes internacionales; el sí ganó en nueve y el no se impuso en dos. Aquella votación consolidó el mensaje de mano dura del presidente frente al crimen organizado y sirvió como termómetro previo a las elecciones generales de 2025.

En esta ocasión, el origen está en una escalada de tensión entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional. Noboa envió inicialmente un paquete más amplio de preguntas, que incluía, entre otras, la eliminación de la facultad del Consejo de Participación Ciudadana para designar autoridades, la creación de un registro de agresores sexuales de menores o cambios en las atribuciones del propio tribunal constitucional. La Corte rechazó varias de esas iniciativas o pidió reformularlas, y solo autorizó las cuatro que hoy llegan a las urnas.

El CNE convocó oficialmente el referéndum y la consulta popular para el 16 noviembre el pasado 26 de septiembre, con un calendario que ha sido criticado por su apuro: apenas 40 días de organización y 13 días de campaña formal. Analistas como el catedrático Esteban Ron subrayan que una discusión tan profunda sobre el modelo de Estado se ha comprimido en muy poco tiempo, con espacios limitados para el debate plural y con la población preocupada por asuntos muy inmediatos, como la inseguridad y el coste de la vida.

En el campo político, el oficialismo se apoya sobre todo en el movimiento Acción Democrática Nacional (ADN) y aliados menores. El correísmo de Revolución Ciudadana, sin embargo, llega debilitado por la derrota en las presidenciales de abril y por el desgaste de su liderazgo tradicional, aunque ha llamado al no en bloque. A su lado se han situado cuatro partidos de izquierda y centroizquierda, colectivos estudiantiles y la principal organización indígena, que han protagonizado marchas en Quito y otras ciudades contra lo que consideran una consulta “tramposa” y de alto riesgo institucional.

El ambiente se ha visto aún más caldeado por el conflicto social derivado de la eliminación del subsidio al diésel, que provocó un paro prolongado con cortes de carreteras, enfrentamientos y al menos dos fallecidos. A esto se suman denuncias de organizaciones ambientales y de derechos humanos por el bloqueo de cuentas bancarias a líderes críticos con el Gobierno, que interpretan como una forma de presión política en plena campaña. Noboa, por su parte, se presenta como un mandatario decidido a “poner de rodillas” a las mafias y a quienes, según él, las protegen desde la política o la justicia.

Seguridad, economía y representación: debates de fondo

Buena parte del sentido de este referéndum se entiende mirando la crisis de seguridad que atraviesa Ecuador. Desde 2021, el país ha registrado un aumento explosivo de homicidios, secuestros y extorsiones vinculados al narcotráfico. Solo en el primer semestre de 2025 se contabilizaron 4.619 asesinatos, un 47 % más que en el mismo periodo de 2024, pese a los sucesivos estados de excepción y a la declaración de “conflicto armado interno” frente a las bandas criminales. Proyecciones para el conjunto del año hablan de unos 9.000 homicidios, con una tasa de alrededor de 50 por cada 100.000 habitantes, la más alta de América Latina.

En este contexto, la pregunta sobre bases militares extranjeras se convierte en un eje simbólico. El Gobierno defiende que solo con apoyo logístico, tecnológico e incluso operativo de Estados Unidos y otros aliados se podrá recuperar el control de puertos, costas y fronteras. Exmilitares como Mario Pazmiño sostienen que una base extranjera bien dotada podría mejorar la interdicción marítima y el intercambio de inteligencia para frenar el paso de cocaína hacia Norteamérica y Europa. Los detractores replican que no hay evidencia de que la presencia militar extranjera por sí sola reduzca la violencia y recuerdan que durante los años de la base de Manta el tráfico de drogas nunca desapareció, sino que se desplazó a otras rutas.

En el plano económico, el Ejecutivo vincula la eliminación del financiamiento estatal a los partidos y la reducción de la Asamblea a un esfuerzo de austeridad en un país con déficit estructural. La proforma presupuestaria de 2025, de unos 40.961 millones de dólares, contempla un desequilibrio superior a los 5.600 millones. Frente a esas magnitudes, el ahorro potencial de recortar fondos partidarios y disminuir el número de legisladores sería modesto, aunque políticamente vistoso en un contexto de hartazgo hacia la clase política.

El debate de fondo es otro: quién paga la política. Desde la academia y organizaciones de observación electoral se recuerda que los fondos públicos, bien regulados, funcionan como un dique frente a la financiación opaca de grupos económicos o del crimen organizado. En Ecuador, de hecho, ya existen escándalos por el uso irregular de recursos públicos y por la entrada de dinero ilícito en campañas. El riesgo señalado por algunos expertos es que, sin financiamiento estatal, los partidos pequeños queden condenados a la marginalidad y los grandes se financien todavía más con capital privado difícil de rastrear.

La reducción de la Asamblea Nacional reabre, además, una discusión histórica sobre la representación territorial y social. Con 151 escaños, el Parlamento surgido de las elecciones de febrero incorpora bloques significativos de provincias amazónicas, zonas rurales y ecuatorianos en el exterior. Con solo 73, muchas de esas voces podrían perder presencia, especialmente en provincias menos pobladas o en circunscripciones donde la dispersión del voto favorece a las grandes coaliciones. Para la CONAIE, para colectivos afroecuatorianos y para movimientos de mujeres, el miedo es claro: que se achique el Parlamento, pero también la pluralidad que entró con la Constitución de 2008.

En el frente institucional, la Asamblea Constituyente se percibe como un arma de doble filo. Para Noboa y sus aliados, es la herramienta para superar las limitaciones que les ha impuesto la Corte Constitucional, que ha frenado leyes de seguridad y decretos de excepción. Para buena parte de la oposición, se trata de mover la disputa del terreno del control judicial —donde el presidente ha encontrado frenos— a un terreno político donde, hoy por hoy, el oficialismo se siente más fuerte tras la reelección de abril y la fragmentación de sus adversarios. El resultado puede ser una nueva correlación de fuerzas que, durante años, marque la distribución del poder en Ecuador.

Un país en la encrucijada tras la votación del 16N

El cierre de urnas este domingo no resolverá, de inmediato, los problemas que atraviesa Ecuador. Pero sí fijará el marco de juego para afrontarlos en los próximos años. Un triunfo amplio del sí reforzaría la apuesta de Daniel Noboa por un Estado más centralizado, con menos legisladores, sin financiamiento público a los partidos y abierto a la presencia de bases militares extranjeras, al tiempo que pondría en marcha el complejo proceso de una nueva Constitución. Un triunfo contundente del no, en cambio, frenaría esa agenda, debilitaría al presidente y obligaría a buscar otros caminos para reformar instituciones en medio de la violencia y la crisis económica.

Hay, por supuesto, escenarios intermedios: que algunas preguntas se aprueben y otras no. El caso más comentado por los analistas es que la ciudadanía rechace las bases militares o el recorte del Parlamento, pero acepte la Asamblea Constituyente, dejando para esa futura carta magna la definición de temas que ahora polarizan. O al revés: que se aprueben las reformas “concretas”, pero se cierre la puerta a reescribir desde cero la Constitución, obligando a Noboa a moverse dentro del marco de 2008.

Mientras tanto, la sociedad ecuatoriana llega a la cita con una mezcla de esperanza, cansancio e incertidumbre. Esperanza de que el voto sirva para empezar a salir de una espiral de violencia y precariedad. Cansancio por una secuencia de procesos electorales, estados de excepción y crisis superpuestas que no acaban de remitir. E incertidumbre porque, más allá del resultado, seguirá siendo necesario un amplio consenso político y social para que cualquier reforma constitucional o institucional no se quede en el papel.

Lo que sí está claro es que este referéndum del 16 de noviembre se ha convertido en un plebiscito sobre el rumbo de Ecuador y sobre el proyecto de Daniel Noboa. Lo que se decida en las papeletas —sobre bases militares, sobre dinero para la política, sobre el tamaño del Parlamento y sobre una posible nueva Constitución— marcará el tono de la política ecuatoriana en el corto y el medio plazo. Y se mirará con lupa, también, desde países como España, donde centenares de miles de ecuatorianos seguirán ese escrutinio con la sensación de que, aunque estén lejos, su voto cuenta en una encrucijada histórica.

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Fundador de DonPorqué y curioso empedernido. Escribe sobre tecnología, viajes, gastronomía, cultura y todo lo que le genera una pregunta con un buen «¿por qué?» detrás. En su tiempo libre es aficionado a los casinos online y aprovecha esa experiencia para compartir análisis y recomendaciones sobre el sector del iGaming.