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Fernando Báez Sosa: quiénes fueron condenados y qué cuenta Netflix

La sentencia distingue a cinco coautores y tres partícipes; la serie revisita los hechos y sus consecuencias.

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Quién mató a Fernando Báez Sosa

Foto de INADI / Argentina.gob.ar, bajo licencia CC BY 4.0, vía Wikimedia Commons.

Fernando Báez Sosa murió tras una agresión grupal frente al local Le Brique, en Villa Gesell, Argentina, durante la madrugada del 18 de enero de 2020. La Justicia condenó a Máximo Thomsen, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Ciro Pertossi y Luciano Pertossi a prisión perpetua como coautores del homicidio. Lucas Pertossi, Blas Cinalli y Ayrton Viollaz recibieron penas de 15 años como partícipes secundarios.

El caso vuelve a la conversación pública con 50 segundos: el caso de Fernando Báez Sosa, una docuserie de tres episodios estrenada por Netflix el 13 de noviembre de 2025. La producción reconstruye el ataque y reúne testimonios de familiares, amigos, periodistas y algunos condenados. No sustituye la sentencia ni reabre el juicio: ofrece nuevas voces sobre una causa cuyo núcleo ya fue resuelto, aunque las defensas han llevado aspectos jurídicos a instancias superiores.

Una pelea dentro del local y un ataque en la calle

Fernando tenía 18 años y había viajado a la costa con amigos y su novia para pasar unos días de vacaciones. En la madrugada del 18 de enero salió con su grupo a Le Brique, una discoteca de Villa Gesell. En el interior se produjo un altercado entre los jóvenes; el personal de seguridad intervino y expulsó a varios de los implicados. La discusión previa, relacionada con una bebida derramada, explica el desencadenante inmediato, pero no justifica ni reduce la responsabilidad por la violencia que vino después.

Ya fuera del local, Fernando permaneció con sus amigos en la vereda. Minutos más tarde, un grupo lo atacó y golpeó también a algunos de sus acompañantes. La sentencia estableció que la agresión duró alrededor de 50 segundos y que los golpes continuaron cuando Fernando estaba en el suelo. La brevedad del ataque contrasta con el tiempo que después llevarían la investigación y el juicio para reconstruirlo y distinguir la actuación de cada acusado.

Los registros audiovisuales resultaron decisivos para ordenar una escena caótica: hubo imágenes captadas por cámaras y teléfonos, además de testimonios de quienes estaban allí. Uno de los integrantes del grupo, Lucas Pertossi, filmó parte del episodio. Las grabaciones permitieron establecer posiciones, movimientos y momentos del ataque, aunque no mostraron cada segundo desde todos los ángulos. La causa no se resolvió a partir de un único vídeo, sino de la combinación de esas imágenes con declaraciones y pruebas periciales.

La investigación determinó que Fernando sufrió traumatismos graves en la cabeza y una hemorragia intracraneal masiva. El fallo describió como causa de muerte un paro cardiorrespiratorio por shock neurogénico asociado a los múltiples golpes. En términos sencillos, el daño cerebral provocado por la agresión desencadenó un colapso incompatible con la vida. La autopsia y las evaluaciones médicas ayudaron a explicar por qué una golpiza tan breve tuvo un desenlace fatal.

Qué estableció el juicio sobre los ocho condenados

El Tribunal en lo Criminal N.º 1 de Dolores dictó sentencia el 6 de febrero de 2023, después de un juicio oral en el que declararon más de 130 testigos. Los jueces consideraron que cinco acusados tuvieron participación directa en los golpes que causaron la muerte y los condenaron como coautores. Los otros tres fueron considerados partícipes secundarios: el tribunal no tuvo por probado que golpearan a Fernando en el suelo, pero sí les atribuyó una intervención de menor entidad dentro del ataque.

La diferencia entre ambas condenas no significa que el tribunal considerase irrelevante la actuación de los tres partícipes. Expresa una distinción jurídica sobre el peso que tuvo la conducta de cada persona en el homicidio. La responsabilidad penal se asignó de forma individual, a partir de las pruebas disponibles, y no únicamente por pertenecer al mismo grupo o estar en el lugar. La sentencia separó los roles en vez de tratar a los ocho como si hubieran hecho exactamente lo mismo.

Para los cinco coautores, el fallo impuso prisión perpetua por homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía. Para Lucas Pertossi, Blas Cinalli y Ayrton Viollaz, fijó 15 años de prisión como partícipes secundarios del mismo delito. Esas fueron las penas dictadas en primera instancia y constituyen el punto de partida para comprender las revisiones posteriores: la Cámara de Casación confirmó las condenas, pero modificó uno de los agravantes.

En el proceso inicial hubo diez jóvenes imputados. Juan Pedro Guarino y Alejo Milanesi quedaron apartados de la acusación por falta de pruebas suficientes para ubicarlos como participantes del ataque, y después fueron sobreseídos. La diferencia importa porque la conversación pública tendió a hablar del grupo como una unidad, mientras el expediente fue acotando quiénes debían afrontar el juicio. Ocho llegaron al debate oral y ocho recibieron condena; los otros dos no fueron juzgados como responsables del homicidio.

Las pruebas y la discusión sobre los agravantes

Además de los vídeos, los investigadores analizaron prendas de vestir, manchas de sangre, rastros genéticos y testimonios. Los peritajes médicos describieron el daño causado por los golpes; las pruebas sobre la ropa y el calzado ayudaron a vincular a algunos acusados con la agresión. El tribunal valoró esos elementos en conjunto, junto con los relatos de amigos de Fernando, personal de seguridad y otros testigos. La fuerza del caso se apoyó en la convergencia de pruebas distintas, no en una sola pieza aislada.

La sentencia sostuvo que los acusados habían actuado primero con el propósito de agredir y que, una vez que Fernando cayó, la agresión continuó hasta causarle la muerte. El tribunal entendió que ese desarrollo respaldaba la calificación de homicidio agravado. También consideró que la víctima quedó en una situación de indefensión cuando estaba en el suelo. Esa lectura fue discutida por las defensas, que cuestionaron tanto la reconstrucción de la intención como la aplicación de los agravantes.

En marzo de 2024, la Cámara de Casación bonaerense confirmó las ocho condenas y las penas, pero dejó sin efecto el agravante de alevosía. Mantuvo el concurso premeditado de dos o más personas como agravante. El cambio revisó el encuadre jurídico, no la atribución de responsabilidad ni los años fijados en el fallo: las cinco condenas a perpetua y las tres penas de 15 años continuaron vigentes.

La diferencia entre un agravante y otro no es una simple variación de vocabulario. El debate gira en torno a cómo se demuestra la planificación conjunta y qué condiciones deben cumplirse para considerar que hubo alevosía. Si una instancia superior modificara la calificación, podría abrirse una discusión sobre las penas; eso no significa que los condenados hayan sido absueltos ni que las sentencias hayan desaparecido. A fecha de la información disponible, el esquema de condenas se mantiene mientras siguen los recursos judiciales.

Qué puede cambiar con los recursos judiciales

Tras la revisión de Casación, las partes plantearon recursos ante tribunales superiores. La defensa ha cuestionado distintos aspectos del proceso y de la sentencia; la acusación y la querella han discutido, entre otros puntos, la eliminación de la alevosía y la diferencia de penas entre los condenados. En septiembre de 2025, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un planteo de la defensa de Matías Benicelli. Ese rechazo se refería a ese recurso concreto y no equivale a una nueva revisión completa de los hechos.

La Suprema Corte bonaerense es una de las instancias que puede intervenir en los planteos pendientes sobre la aplicación del derecho provincial. Un recurso no borra por sí mismo una condena ni convierte una pena en libertad: hace falta que el tribunal lo admita y resuelva a favor de quien lo presentó. Tampoco permite afirmar de antemano cuál será el resultado. En un proceso penal, la diferencia entre una posibilidad que una parte solicita y una decisión ya adoptada es esencial.

En el debate público se ha planteado si la retirada de un agravante podría reducir las penas o si una impugnación procesal podría llevar a revisar etapas anteriores. Son escenarios jurídicos sometidos a resolución judicial, no cambios ya consumados. La eventual respuesta depende de los argumentos de cada recurso y del alcance que les den los tribunales. Hasta que exista un fallo que altere la sentencia, las condenas dictadas siguen siendo las aplicables.

También se discute qué consecuencias prácticas tendría una eventual modificación del encuadre. El homicidio simple y el homicidio agravado tienen marcos penales distintos, y la participación secundaria se analiza de forma diferente a la coautoría. Pero convertir esa explicación general en una fecha concreta de salida o en una predicción individual sería engañoso: el cómputo de una pena y el acceso a beneficios dependen de la legislación aplicable y de decisiones judiciales. No hay, con la información disponible, una fecha cierta de excarcelación para los condenados.

La vida de Fernando antes de la causa

El expediente y la cobertura mediática han convertido el nombre de Fernando en el centro de una cronología criminal, pero su vida no empezó ni se agotó en esa madrugada. Era hijo único de Silvino Báez y Graciela Sosa, una pareja paraguaya radicada en Buenos Aires. Vivía en el barrio de Recoleta y había estudiado con una beca en el colegio Marianistas, en Caballito. Después de terminar la secundaria, cursó materias del ciclo básico de la Universidad de Buenos Aires con la intención de estudiar Derecho.

Durante las vacaciones viajó a Villa Gesell con amigos de la escuela y su novia. Como ocurre con tantas salidas de verano, el plan era sencillo: compartir unos días antes de volver a las obligaciones de estudio. Esa normalidad, que aparece en los recuerdos de sus allegados, es parte de lo que la serie recupera frente a la maquinaria del juicio y los vídeos. Fernando era un joven con proyectos propios, no solo la víctima de un caso conocido.

Sus padres, Silvino y Graciela, ocuparon un lugar central en la búsqueda de justicia y en la memoria pública del caso. La presencia constante de la familia en las audiencias y en los actos posteriores dio un rostro concreto a una causa que, por la circulación masiva de imágenes, corría el riesgo de reducirse a una escena repetida en pantallas. El duelo de la familia no se resuelve con una condena, aunque la sentencia haya establecido responsabilidades penales.

Por qué las imágenes impactaron tanto

La agresión se difundió en redes sociales poco después de ocurrir. Los vídeos ofrecieron una impresión inmediata de lo sucedido, pero también transformaron el crimen en un acontecimiento visto por millones de personas. El caso fue seguido intensamente en Argentina y tuvo repercusión en Paraguay, país de origen de los padres de Fernando. La circulación de imágenes hizo visible una parte del ataque y condicionó la conversación pública desde sus primeras horas.

La exposición tuvo una doble cara. Por un lado, los registros aportaron material útil para reconstruir la secuencia; por otro, la repetición de las imágenes alimentó el impacto emocional y el juicio social antes de que el proceso judicial terminara. Que una escena esté grabada no significa que el vídeo explique por sí solo cada responsabilidad: identificar quién hizo qué requirió análisis, contraste y un juicio con prueba presentada ante las partes.

El caso también abrió debates sobre violencia grupal, impunidad y los estereotipos asociados al rugby. La prensa llamó a los acusados los rugbiers porque varios practicaban ese deporte, pero la responsabilidad penal no se derivó de esa actividad. Se estableció mediante la conducta que el tribunal atribuyó a cada condenado. Del mismo modo, explicar la dinámica de grupo puede ayudar a entender el contexto, pero no convierte una identidad deportiva o social en una causa suficiente del crimen.

En febrero de 2020 se celebró una convocatoria multitudinaria en Buenos Aires para pedir justicia. El reclamo trascendió el expediente y colocó en el centro la violencia ejercida en grupo y la vulnerabilidad de quien queda aislado frente a varios agresores. La reacción pública mostró la capacidad de una imagen para movilizar, pero también dejó una pregunta más amplia sobre cómo evitar que la indignación se convierta en hostigamiento o en una sustitución del debido proceso.

Qué aporta la docuserie de Netflix

50 segundos: el caso de Fernando Báez Sosa organiza la historia en tres episodios y vuelve sobre los momentos previos al ataque, la investigación, el juicio y sus consecuencias. La producción, dirigida por Martín Rocca, incorpora voces de familiares y amigos de Fernando, periodistas y personas vinculadas al ámbito judicial, además de testimonios de algunos condenados y sus familias. El resultado desplaza parte del foco desde la cronología ya conocida hacia la manera en que los implicados recuerdan y explican lo ocurrido.

La presencia de condenados frente a cámara puede aportar contexto sobre su vida posterior y sobre cómo narran su participación, pero no tiene el valor probatorio de una declaración sometida a las reglas de un juicio. Una entrevista editada responde a la lógica de una obra audiovisual; una sentencia, en cambio, debe exponer qué hechos considera probados y por qué. El documental ofrece testimonios y una mirada narrativa, no una nueva resolución judicial.

La serie también recupera la perspectiva de quienes conocieron a Fernando y la de sus padres, cuyo duelo quedó expuesto durante el juicio y en años de cobertura mediática. Esa combinación permite observar cómo una causa criminal se instala en la vida de muchas personas: en una familia que perdió a su hijo, en los amigos que estuvieron allí, en quienes fueron condenados y en una sociedad que siguió el proceso casi en tiempo real.

El título alude a la duración aproximada del ataque establecida en el juicio, pero la historia no se limita a esos segundos. Antes hubo una salida de vacaciones y un conflicto en un local; después, una investigación con pruebas audiovisuales y forenses, un proceso oral, condenas y recursos. La serie vuelve a poner el caso en circulación; no cambia lo que los tribunales decidieron. Esa distinción permite verla sin confundir el relato audiovisual con el estado legal de la causa.

La condena no agota la historia

La respuesta judicial central está definida: cinco hombres fueron condenados a prisión perpetua como coautores y otros tres recibieron 15 años como partícipes secundarios por la agresión que terminó con la vida de Fernando. La Cámara de Casación mantuvo esas penas al revisar la sentencia, aunque retiró el agravante de alevosía. Los recursos posteriores pueden abrir discusiones de derecho, pero no han borrado las condenas vigentes.

El interés renovado por la docuserie coincide con una etapa distinta a la del juicio: ya no se trata de descubrir quiénes fueron condenados, sino de entender cómo se reconstruyó el ataque, por qué se asignaron responsabilidades diferentes y qué aspectos siguen bajo revisión. La respuesta más precisa combina esas dos escalas: la sentencia identifica a los responsables y los recursos mantienen abierto el debate sobre algunos fundamentos jurídicos.

Las imágenes de la vereda siguen siendo difíciles de separar del recuerdo colectivo, pero no deberían desplazar el nombre ni la vida de quien aparece en ellas. Fernando era un estudiante de 18 años, hijo de Silvino y Graciela, con planes que quedaron interrumpidos. La serie puede reabrir la conversación; la memoria de la víctima y el respeto al proceso judicial exigen que esa conversación no convierta el dolor en espectáculo ni la revisión legal en una condena anticipada de otros hechos.

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Fundador de DonPorqué y curioso empedernido. Escribe sobre tecnología, viajes, gastronomía, cultura y todo lo que le genera una pregunta con un buen «¿por qué?» detrás. En su tiempo libre es aficionado a los casinos online y aprovecha esa experiencia para compartir análisis y recomendaciones sobre el sector del iGaming.