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¿Quién juzgará a Begoña Gómez y cuánto cobrará el jurado popular?
El juicio a Begoña Gómez tendrá un jurado de nueve ciudadanos, dos suplentes y un magistrado, con deliberación aislada y retribución diaria.

Resumen
- Nueve ciudadanos y dos suplentes formarán el jurado popular
- Cada jurado cobrará 67 euros diarios durante su función
- Durante la deliberación permanecerán incomunicados hasta el veredicto
Nueve ciudadanos elegidos por sorteo formarán el jurado popular que juzgará a Begoña Gómez por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación. Junto a ellos habrá dos suplentes y un magistrado presidente. Cuando llegue la deliberación, los nueve titulares tendrán que permanecer incomunicados hasta emitir el veredicto. Y por desempeñar esa responsabilidad recibirán oficialmente 67 euros al día, una cantidad que suele redondearse a unos 70 euros.
No se trata de que nueve personas escogidas al azar entren una mañana en la Audiencia Provincial de Madrid y decidan sobre la marcha. Antes habrá sorteos, cuestionarios, posibles excusas, incompatibilidades, recusaciones y un último filtro. El juicio todavía no tiene una fecha determinada y llega después de que el juez Juan Carlos Peinado acordara la apertura de juicio oral contra Gómez por esos dos presuntos delitos y contra su asesora, Cristina Álvarez, por presunta malversación. La apertura del juicio, naturalmente, no supone una condena: la responsabilidad penal deberá resolverse en la vista.
Nueve ciudadanos, dos suplentes y un magistrado presidente
El Tribunal del Jurado español tiene una arquitectura bastante concreta. Lo forman nueve jurados titulares, elegidos entre ciudadanos que cumplen los requisitos legales, y dos suplentes que asisten al juicio por si alguno de los primeros no puede continuar. Junto a ellos se encuentra el magistrado presidente, encargado de dirigir el proceso y posteriormente dictar sentencia conforme al veredicto.
El jurado no sustituye al juez ni recibe carta blanca para interpretar el Código Penal según su intuición. Su trabajo consiste esencialmente en decidir qué hechos considera probados y pronunciarse sobre la culpabilidad o no culpabilidad de los acusados a partir de las pruebas practicadas en el juicio. Después entra en juego el magistrado presidente, que aplica las consecuencias jurídicas correspondientes.
Para declarar la culpabilidad se necesitan al menos siete votos de los nueve jurados. Para establecer la no culpabilidad bastan cinco. La misma lógica se aplica a los hechos sometidos a votación: aquellos desfavorables para el acusado requieren siete votos para considerarse probados; los favorables, cinco. No vale simplemente levantar la mano y marcharse. El veredicto debe quedar reflejado en un acta que incluya una explicación de los elementos de convicción utilizados.
Cómo se elegirá el jurado del caso Begoña Gómez
La cifra inicial impresiona bastante más que la final. En Madrid hay 2.846 ciudadanos incluidos en la lista de candidatos correspondiente al periodo vigente. De ese gran bombo administrativo saldrá, cuando se acerque el juicio, un grupo mucho más pequeño.
La ley establece que, con al menos 30 días de antelación a la primera vista, se sorteen 36 candidatos para la causa concreta. Esas personas reciben una comunicación y un cuestionario destinado a comprobar que reúnen los requisitos y que no existe alguna causa que les impida ejercer como jurados. Tras resolver excusas, incompatibilidades y recusaciones, deben quedar al menos 20 candidatos disponibles para el día en que se constituya formalmente el tribunal.
El filtro final antes de sentarse en el tribunal
Ese día todavía queda otro tramo. Los candidatos pueden ser interrogados sobre circunstancias relacionadas con su capacidad para actuar con imparcialidad y sobre posibles incompatibilidades. Luego comienza el sorteo sucesivo del que saldrán los nueve titulares y los dos suplentes.
Hay una peculiaridad importante. Tanto las acusaciones como las defensas disponen de la posibilidad de recusar candidatos dentro de los límites previstos por la ley. Cada parte puede apartar hasta cuatro personas sin tener que explicar un motivo concreto. Es decir, no todo queda entregado a la bola que salga de la urna: las partes también tienen margen para intervenir antes de que quede definitivamente formado el jurado.
Existe, además, un matiz temporal. Las listas provinciales de candidatos tienen una vigencia de dos años. La actual corresponde al periodo 2025-2026. Por eso, si la selección específica del tribunal se produjera una vez agotada su vigencia, tendrían que utilizarse los candidatos de la nueva lista bienal. La fecha efectiva del juicio, todavía pendiente, no es aquí un detalle menor.
Por qué cobrarán 67 euros al día y no exactamente 70
La cifra oficial es algo menos redonda que la del titular: 67 euros diarios por jurado. Es la remuneración prevista actualmente para el desempeño de esta función pública. Los candidatos que son convocados pero finalmente no resultan seleccionados reciben una compensación única de 33,50 euros.
Los famosos “70 euros al día”, por tanto, son un redondeo periodístico. La regulación mantiene los 67 euros desde la actualización aprobada en 2006. Han pasado dos décadas y la cifra sigue ahí, quieta como una fotografía administrativa de otra época. Aparte pueden corresponder determinadas cantidades por manutención, alojamiento o desplazamiento cuando proceda.
Conviene no confundir esta retribución con un salario corriente. Formar parte de un jurado constituye un deber público de carácter personal para quien resulte seleccionado y no concurra una causa legal de incapacidad, incompatibilidad, prohibición o excusa. La legislación protege además al trabajador que tenga que ausentarse para ejercer esta función.
Qué significa que el jurado estará incomunicado
Aquí tampoco hay mucho misterio jurídico, aunque la palabra suene a película de tribunal estadounidense. La incomunicación no afecta necesariamente a todas las semanas que pueda durar la vista. Se activa cuando el jurado se retira para deliberar sobre el veredicto.
La deliberación se realiza a puerta cerrada y sin comunicación con otras personas hasta que exista veredicto. Si el proceso se alarga tanto que sea necesario descansar, el magistrado presidente puede autorizarlo, pero debe mantenerse el aislamiento del jurado. El objetivo es elemental: impedir que noticias, opiniones políticas, familiares, redes sociales o cualquier otra presión exterior entren en la sala justo cuando se están valorando los hechos.
Durante ese periodo, los jurados deben guardar también secreto sobre la deliberación. No pueden revelar posteriormente qué dijo cada integrante ni reconstruir públicamente el intercambio interno que llevó al resultado.
En un proceso con una exposición mediática y política tan intensa como el de Begoña Gómez, esa barrera adquiere una relevancia evidente. El jurado tendrá delante las pruebas practicadas en la vista, no la interminable conversación pública que ha acompañado la investigación.
Qué tendrán que decidir realmente sobre Begoña Gómez
Peinado acordó llevar a Begoña Gómez a juicio por presunto tráfico de influencias y malversación, mientras que Cristina Álvarez será juzgada por presunta malversación. Será la Audiencia Provincial de Madrid la que asuma la fase de enjuiciamiento y designe al magistrado presidente conforme a las normas de reparto.
Los ciudadanos del jurado no tendrán que resolver debates políticos sobre el Gobierno de Pedro Sánchez ni valorar la actuación general de Begoña Gómez durante estos años. Su cometido es mucho más estrecho, y esa diferencia importa: tendrán que examinar hechos concretos, pruebas concretas y acusaciones concretas presentadas durante el juicio.
Una vez terminada la vista, el magistrado entregará al jurado el llamado objeto del veredicto, donde se fijan los hechos sobre los que debe pronunciarse. Los jurados se retirarán entonces a deliberar, elegirán a su portavoz y comenzarán las votaciones. El resultado deberá estar motivado y será leído posteriormente en audiencia pública.
La sentencia que resulte del proceso podrá ser recurrida. El sistema del jurado no convierte el primer veredicto en una decisión jurídicamente intocable: existen las vías de recurso previstas ante instancias superiores.
Un juicio de enorme exposición, pero penal en sus reglas
El proceso tiene una dimensión pública difícil de separar del hecho de que Begoña Gómez sea la esposa del presidente del Gobierno. Pero dentro de la sala la mecánica es otra: nueve ciudadanos, dos suplentes y un magistrado sometidos a unas reglas procesales fijadas de antemano. El ruido exterior podrá ser enorme; jurídicamente, el veredicto tendrá que construirse con las pruebas presentadas durante el juicio.
Esos nueve ciudadanos llegarán después de varias cribas, podrán ser apartados por las partes dentro de los límites legales y, llegado el momento decisivo, quedarán aislados del exterior. Por su función cobrarán exactamente 67 euros diarios, no una remuneración extraordinaria acorde con la repercusión del proceso.
Ahí está una de las imágenes más singulares del caso: uno de los procesos judiciales con mayor atención mediática acabará entrando en una habitación cerrada en la que nueve ciudadanos tendrán que deliberar dejando fuera titulares, tertulias y trincheras partidistas. Dentro quedarán el expediente, las pruebas, las instrucciones del magistrado y una decisión colectiva que deberá alcanzar las mayorías exigidas por la ley.












