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¿Cómo cambiará la ley las redes sociales para los menores de 16 años?
La ley de protección digital de menores avanza en el Congreso con límites a redes sociales, verificación de edad y nuevas obligaciones para empresas.

Resumen
- El Congreso avanza con la ley que limitará las redes a menores de 16 años
- Las plataformas deberán reforzar la verificación de edad y la seguridad
- La norma aún no está aprobada y puede cambiar durante su tramitación
España se dispone a endurecer de forma notable el acceso de niños y adolescentes a las redes sociales. El Proyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales vuelve esta semana al Congreso y será examinado en ponencia por la Comisión de Justicia. El punto que más afecta a las familias es claro: los menores de 16 años no podrían entrar libremente en cualquier red social y, para aquellas plataformas que puedan utilizar, necesitarían autorización de sus padres o tutores. La norma, eso sí, todavía no está aprobada y su redacción puede cambiar durante la tramitación parlamentaria.
Tampoco se trata, al menos con el planteamiento que ha llegado hasta esta fase, de apagar Instagram, TikTok o cualquier otra plataforma automáticamente al cumplir menos de 16 años. El sistema previsto es más complejo: distinguiría entre servicios considerados seguros y aquellos que expongan a los menores a contenidos dañinos, diseños adictivos o contactos no deseados. Para acceder antes de los 16 años a las plataformas admitidas entraría en juego el consentimiento familiar. El cambio de fondo está ahí: la responsabilidad dejaría de descansar únicamente sobre el adolescente y su familia y pasaría también a las empresas digitales, obligadas a acreditar determinadas garantías.
Qué cambiaría realmente para los menores de 16 años
La legislación española permite actualmente que un menor preste por sí mismo consentimiento para el tratamiento de sus datos personales cuando es mayor de 14 años. Es el umbral que establece la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Por debajo de esa edad, el tratamiento basado en consentimiento exige el de quienes ejerzan la patria potestad o tutela.
El proyecto presentado por el Gobierno pretende mover esa frontera hasta los 16 años. Su texto inicial proponía que el consentimiento de un menor para el tratamiento de sus datos únicamente pudiera fundarse en su propia decisión a partir de esa edad. La reforma afecta de lleno al funcionamiento de muchas redes sociales, porque abrir una cuenta supone precisamente entregar y tratar datos personales.
Durante la tramitación han aparecido distintas fórmulas. Entre las enmiendas figura, por ejemplo, un modelo que impediría directamente crear cuentas a los menores de 14 años y permitiría el acceso entre los 14 y los 16 únicamente con consentimiento verificable de los padres o tutores. Otra cuestión que deberá terminar de fijarse es hasta qué punto el límite de 16 años se aplica específicamente a las redes sociales o de manera más amplia a otros servicios digitales. No es un detalle menor: comprar unas zapatillas por internet y abrir una cuenta en una plataforma diseñada para mostrar vídeos durante horas no plantean exactamente el mismo escenario jurídico.
Las plataformas tendrían que demostrar que son seguras
Uno de los giros más relevantes del texto está en quién debe dar explicaciones. Las plataformas tendrían que acreditar ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que no recurren a diseños adictivos, que protegen la privacidad de los menores, que evitan su exposición a comportamientos perjudiciales y que ofrecen mecanismos eficaces frente a contactos no deseados.
La expresión «diseño adictivo» puede sonar algo vaporosa, pero describe mecanismos muy reconocibles: desplazamiento infinito, recompensas variables, notificaciones constantes o sistemas concebidos para que abandonar la pantalla resulte un poquito más difícil que continuar. Un vídeo lleva al siguiente, luego otro, después uno aparentemente hecho a medida del usuario… y han pasado cuarenta minutos. Magia no es.
La legislación que finalmente salga del Congreso tendrá que convertir esa idea general en obligaciones suficientemente concretas. Durante la tramitación parlamentaria se han presentado enmiendas que plantean configuraciones más protectoras por defecto para los menores, perfiles privados y restricciones a determinadas técnicas destinadas a prolongar el tiempo de uso. Algunas son propuestas parlamentarias y no deben confundirse con medidas ya vigentes.
Verificar la edad será uno de los grandes problemas prácticos
Prohibir sobre el papel que un niño abra una cuenta es relativamente sencillo. Saber que detrás de una pantalla hay realmente un niño resulta bastante menos cómodo. Basta recordar cuántas generaciones han entrado en páginas web marcando alegremente una casilla que aseguraba que tenían 18 años.
De ahí que la verificación de edad sea uno de los pilares —y también uno de los asuntos más delicados— de la reforma. Las enmiendas debatidas contemplan mecanismos que permitan conocer si el usuario cumple el límite establecido y, cuando corresponda, obtener la autorización de padres o tutores. Todo ello tiene que hacerse sin convertir la protección infantil en una excusa para recopilar todavía más información personal.
Ahí está la paradoja: para preservar la privacidad de un menor puede ser necesario verificar quién es o, al menos, acreditar de manera fiable su edad. El reto tecnológico consiste en confirmar el dato imprescindible sin entregar a cada plataforma una copia completa de la identidad del usuario. Por eso el debate europeo está caminando también hacia sistemas de acreditación de edad respetuosos con la privacidad, en lugar del viejo botón de «soy mayor de edad» que durante años ha funcionado, básicamente, sobre la confianza y cierta ingenuidad digital.
También se endurece la respuesta frente a algoritmos y contenidos dañinos
La reforma va bastante más allá de decidir a qué edad se abre una cuenta. El texto trabajado por los grupos incorpora medidas relacionadas con el uso de algoritmos para amplificar contenidos considerados especialmente lesivos para los menores. Entre ellos aparecen materiales que incitan a la autolesión o al suicidio, contenidos de abuso sexual infantil, ultrafalsificaciones sexuales y determinados contenidos vinculados a delitos de odio.
La cuestión es relevante porque buena parte de las redes contemporáneas no funcionan como una biblioteca en la que el usuario escoge tranquilamente qué estantería consulta. Los algoritmos seleccionan, ordenan y recomiendan. Aprenden qué retiene la mirada y sirven más de lo mismo. El debate legislativo intenta entrar precisamente en esa cocina, no limitarse a colocar un cartel de edad en la puerta.
También se han planteado responsabilidades cuando quienes dirigen las plataformas conocen determinados efectos ilícitos de esos sistemas y no actúan, así como consecuencias por incumplir órdenes judiciales o administrativas de retirada de contenido. De nuevo, son previsiones ligadas al proyecto en tramitación, no delitos nuevos que puedan darse ya por incorporados definitivamente al Código Penal.
En qué punto está la ley y cuándo podría entrar en vigor
El proyecto fue presentado por el Gobierno el 27 de marzo de 2025 y se tramita por el procedimiento de urgencia. Después del debate de totalidad, la iniciativa continuó su recorrido parlamentario y se encuentra en la Comisión de Justicia, en fase de informe. Los grupos ya han trabajado sobre el articulado y constan en el Congreso enmiendas transaccionales e in voce aceptadas por la ponencia el 24 de junio de 2026.
El nuevo movimiento está previsto para el martes 29 de septiembre de 2026, cuando la ponencia de la Comisión de Justicia vuelva a examinar el proyecto. Después tendrá que continuar el procedimiento parlamentario correspondiente hasta que exista un texto definitivo. Por eso no hay todavía una fecha en la que pueda afirmarse que todos los menores españoles de 16 años quedarán sometidos al nuevo régimen. Falta Parlamento. Y en el Parlamento, como es sabido, una frase que entra por una puerta puede salir por otra convertida en tres disposiciones adicionales y una transitoria.
La precisión importa especialmente para las familias: no existe desde el 29 de septiembre un nuevo veto automático. Lo que se produce es un avance en la elaboración de una ley orgánica. Hasta que la norma complete su tramitación, sea aprobada y entre en vigor en los términos que finalmente establezca, continúan aplicándose las reglas actuales.
Europa también está moviendo la edad de acceso
España no está regulando en solitario. La Comisión Europea presentó el 17 de septiembre de 2026 la EU KIDS Act, una propuesta que establece un esquema distinto pero con una filosofía parecida: impedir el acceso a redes sociales por debajo de los 13 años y fijar los 15 como edad mínima para crear una cuenta autónoma, además de someter a las plataformas a obligaciones reforzadas de diseño seguro para los menores.
Esto abre una cuestión jurídica importante. Si avanza la legislación europea, el modelo español tendrá que convivir con una regulación comunitaria que pretende establecer criterios comunes dentro del mercado único digital. Las edades propuestas, de hecho, no coinciden exactamente: 16 años en el debate español frente a 15 para una cuenta autónoma en la propuesta europea. El recorrido legislativo de ambas iniciativas determinará cómo terminan encajando.
El movimiento tampoco se limita a España y Bruselas. Francia ha intentado establecer restricciones específicas para menores de 15 años, aunque su recorrido jurídico ha encontrado obstáculos constitucionales. El Elíseo anunció en agosto que trabajaría en una nueva redacción compatible con la decisión del Consejo Constitucional y con el marco europeo, con la intención declarada de culminar la reforma antes de la primavera de 2027.
La adolescencia digital entra en una etapa mucho más regulada
Durante años, buena parte de internet funcionó con una ficción bastante cómoda: la plataforma preguntaba la edad, el usuario contestaba y asunto resuelto. Ese modelo empieza a quedarse pequeño. La discusión que llega al Congreso español no consiste únicamente en decidir si el límite correcto son 14, 15 o 16 años, sino en establecer qué responsabilidades corresponden a una empresa que conoce la edad aproximada de sus usuarios, personaliza lo que ven y diseña cada gesto de la aplicación.
Para los menores de 16 años, el cambio que se dibuja es sustancial: menos capacidad para abrir y utilizar determinadas cuentas por su cuenta, mayor presencia del consentimiento parental, sistemas reales de comprobación de edad y plataformas obligadas a justificar que sus servicios ofrecen suficientes garantías. Para las familias también cambia el paisaje; la ley intenta que la protección no dependa exclusivamente de vigilar desde el sofá qué hace un adolescente con el móvil.
Queda, sin embargo, la parte menos vistosa y probablemente más decisiva: cómo se aplicará todo eso sin levantar una gigantesca maquinaria de identificación digital, cómo se distinguirá una plataforma segura de otra que no lo es y qué ocurrirá con millones de cuentas de menores que ya existen. El Congreso está todavía escribiendo esas fronteras. La dirección general se ve bastante mejor que hace un año; la letra definitiva, todavía no.












