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¿Por qué miles protestan contra Pedro Sánchez por la crisis de Ceuta?
Miles de personas marchan en Madrid por Ceuta y contra Pedro Sánchez, con PP y Vox unidos en la protesta pero divididos sobre el artículo 102.

Resumen
- Miles marchan en Madrid contra Sánchez por la crisis de Ceuta
- PP y Vox respaldan la protesta, pero chocan sobre el artículo 102
- La marcha reclama elecciones generales y responsabilidades políticas
Miles de personas han recorrido este sábado 26 de septiembre el centro de Madrid en una manifestación de apoyo a Ceuta y contra la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez. La segunda Marcha por la Dignidad ha reclamado principalmente la convocatoria de elecciones generales y una respuesta distinta a la crisis migratoria que vive la ciudad autónoma desde finales de julio. La Delegación del Gobierno ha situado la asistencia en torno a 20.000 personas.
La movilización también ha dejado una fotografía política menos uniforme de lo que podría sugerir una misma cabecera. PP y Vox han participado, pero mantienen una diferencia importante: Vox defiende activar el mecanismo constitucional para plantear una acusación por traición contra Sánchez, mientras el PP rechaza por ahora esa vía y prefiere remitirse a la investigación judicial abierta sobre lo sucedido en Ceuta. Coincidencia en la protesta, por tanto, pero no exactamente en el camino jurídico.
De Cibeles a Moncloa con Ceuta en el centro de la protesta
La marcha comenzó por la mañana en la plaza de Cibeles y avanzó por Alcalá, Gran Vía y Princesa hasta la zona de Moncloa. El recorrido atravesó algunos de los principales ejes del centro de Madrid y obligó a establecer cortes y restricciones de tráfico. Entre los participantes se encontraban el líder de Vox, Santiago Abascal, y una representación destacada del PP encabezada por su secretario general, Miguel Tellado.
La convocatoria correspondía a Sociedad Civil Española, plataforma que asegura agrupar a cerca de 200 entidades y que tiene entre sus impulsores a figuras como el exdiputado de Ciudadanos Marcos de Quinto y Alejo Vidal-Quadras, antiguo dirigente del PP y cofundador de Vox. Los organizadores plantearon la marcha como respuesta a lo que consideran un deterioro institucional y, especialmente, a la situación creada en Ceuta tras la entrada masiva de migrantes desde Marruecos los días 30 y 31 de julio.
Las banderas españolas y ceutíes dominaron buena parte del recorrido, junto a carteles reclamando elecciones y mensajes contra el Ejecutivo. La crisis de Ceuta ha acabado así convertida en algo más que un conflicto fronterizo: se ha instalado de lleno en la disputa política nacional y en el enfrentamiento entre Gobierno y oposición.
Qué reclama realmente el manifiesto de la marcha
El documento difundido por los convocantes plantea varias exigencias de considerable alcance. Reclama unas elecciones generales inmediatas, pide garantías sobre el proceso electoral, propone la militarización de Ceuta y exige el retorno a Marruecos de las personas que entraron irregularmente. Son las posiciones recogidas en el manifiesto de Sociedad Civil Española, no decisiones adoptadas por las instituciones ni conclusiones judiciales.
Hay otra petición que ha terminado ocupando buena parte del debate político: iniciar en el Congreso el procedimiento previsto en el artículo 102 de la Constitución para exigir responsabilidad al presidente del Gobierno por una supuesta traición o por delitos contra la seguridad del Estado.
Ese matiz importa. La acusación de “traición” forma parte de las reivindicaciones políticas de los convocantes y de Vox, pero no equivale a una condena judicial ni significa que Pedro Sánchez haya sido declarado penalmente responsable de esos hechos.
PP y Vox coinciden contra Sánchez, pero chocan con el artículo 102
Santiago Abascal ha vuelto a defender durante la movilización la utilización del artículo 102 contra Pedro Sánchez. Vox considera que lo ocurrido en Ceuta justifica explorar esa vía constitucional y viene presionando al PP para que se sume a la iniciativa.
Miguel Tellado ha cargado también contra la actuación del Ejecutivo durante la crisis de Ceuta. Pero, al llegar al terreno jurídico, el Partido Popular toma otra dirección: descarta activar por ahora el procedimiento por traición y se remite a las diligencias abiertas en la Audiencia Nacional para determinar las responsabilidades que pudieran existir.
La diferencia no es pequeña. El PP participa en una marcha cuyo manifiesto plantea ese procedimiento contra Sánchez, pero no asume esa reivindicación concreta como posición propia. La imagen conjunta de dirigentes populares y de Vox contiene así una fractura jurídica y política bastante visible cuando se pasa de las consignas a las herramientas constitucionales.
Qué tendría que ocurrir para acusar a Sánchez de traición
El artículo 102 de la Constitución establece un mecanismo especialmente exigente cuando se plantea una acusación por traición o por delitos contra la seguridad del Estado cometidos por el presidente u otros miembros del Gobierno en el ejercicio de sus funciones. La iniciativa debe partir de una cuarta parte de los diputados y posteriormente recibir la aprobación de la mayoría absoluta del Congreso. La responsabilidad criminal, en su caso, sería exigible ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
Con un Congreso de 350 diputados, eso supone al menos 88 parlamentarios para plantear la acusación y 176 votos para aprobarla. La palabra “traición”, por tanto, puede ocupar pancartas y discursos políticos con relativa facilidad; trasladarla al terreno constitucional y penal exige unas condiciones bastante más estrictas.
La investigación de Ceuta sigue una vía diferente
Al margen de esa batalla política, la Audiencia Nacional mantiene una investigación sobre los acontecimientos de los días 30 y 31 de julio. La jueza María Tardón ha asumido también las actuaciones relacionadas con la investigación abierta inicialmente en Ceuta sobre la actuación del delegado del Gobierno en la ciudad autónoma.
Los documentos remitidos a la causa han incorporado indicios sobre una posible organización desde territorio marroquí. Un informe policial describió la entrada como planificada y señaló la posible participación de personas vinculadas con fuerzas de seguridad de Marruecos. Son elementos sometidos a investigación judicial, no una sentencia ni una determinación definitiva de responsabilidades.
El Gobierno, por su parte, anunció su personación en el procedimiento como perjudicado y ha defendido que sea la investigación judicial la que determine qué ocurrió y qué responsabilidades externas o internas pueden acreditarse. Esa causa es también uno de los argumentos utilizados por el PP para no sumarse al mecanismo constitucional que reclama Vox.
Ceuta sigue alimentando el pulso político en Madrid
La manifestación muestra hasta qué punto la crisis de Ceuta ha saltado de la frontera al corazón de la política española. Lo ocurrido a finales de julio continúa bajo investigación, mientras Gobierno y oposición mantienen interpretaciones enfrentadas sobre los avisos previos, la reacción de las autoridades, la relación con Marruecos y la gestión posterior de las personas que permanecen en la ciudad.
También deja una imagen política bastante precisa. PP y Vox comparten una fuerte crítica a Pedro Sánchez y respaldan la reclamación de elecciones, pero no mantienen la misma estrategia jurídica. Vox quiere impulsar el excepcional procedimiento del artículo 102; el PP prefiere esperar a lo que determine la Audiencia Nacional.
Ahí se encuentra, más allá de pancartas y consignas, el núcleo de lo sucedido en Madrid: Ceuta continúa abierta como crisis humanitaria, judicial y política, mientras las responsabilidades penales, si finalmente se acreditan, deberán establecerse en los tribunales y no en una manifestación.












