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¿Qué son las terapias de conversión y qué esconden?

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España prohíbe las terapias de conversión, pero el debate sigue vivo entre denuncias, religión, pseudociencia y un daño psicológico profundo.

Las llamadas terapias de conversión no son una terapia eficaz ni una práctica avalada por la medicina. No curan nada porque no existe ninguna enfermedad que curar en la homosexualidad, la bisexualidad o la identidad de género. Lo que hacen, en realidad, es intentar cambiar, reprimir o suprimir la orientación sexual, la identidad sexual o la expresión de género de una persona mediante pseudoayuda psicológica, presión religiosa, disciplina moral, castidad impuesta o técnicas de culpabilización. La evidencia acumulada durante años apunta en la misma dirección: no funcionan como tratamiento, sí se asocian con más depresión, ansiedad, estrés postraumático, ideación suicida y vergüenza crónica, y hoy están fuera del consenso científico serio.

En España esas prácticas están prohibidas por ley desde 2023, incluso cuando se presentan con nombres más suaves, aparentemente piadosos o envueltos en la idea de “acompañamiento”. Aun así, el debate no ha desaparecido. Sigue vivo por las denuncias contra varios entornos religiosos, por la presión de sectores ultraconservadores que intentan maquillar estas prácticas como libertad espiritual o apoyo pastoral, y por una vieja pulsión que nunca termina de irse: la de convertir la diversidad sexual y de género en un problema moral, clínico o político. Ahí está el verdadero nudo de este asunto. No se discute un tratamiento. Se discute si una sociedad permite que alguien trate de corregir la identidad íntima de otra persona.

Una pseudoterapia con bata, sotana o lenguaje de autoayuda

El nombre engaña. “Terapia de conversión” suena a consulta discreta, a proceso clínico, a un tratamiento con método. En la práctica, el concepto funciona como un paraguas amplísimo. Debajo caben sesiones de pseudopsicología, retiros espirituales, grupos de oración, castidad obligatoria, testimonios de “exgais”, orientación religiosa intensiva, acompañamientos pastorales dirigidos a reprimir el deseo, e incluso formas más agresivas de manipulación emocional. El decorado cambia, el objetivo no. La idea de fondo es siempre la misma: que una persona LGTBI debería ser otra cosa.

Eso explica por qué el fenómeno ha logrado sobrevivir incluso cuando la palabra “terapia” ya está desacreditada. Se la rebautiza. Sanación, restauración, reordenación afectiva, reconciliación con la verdad, acompañamiento en castidad, discernimiento. Son etiquetas distintas para una operación parecida: desplazar el foco desde la diversidad humana hacia la supuesta herida del individuo. Ya no se dice abiertamente “vamos a cambiarte”; se dice “vamos a ayudarte a vivir conforme a un plan mejor”. El efecto puede ser igual de corrosivo. A veces más, porque entra por la puerta de la culpa y no por la del castigo abierto.

La clave está en la premisa inicial. Si una práctica parte de que la orientación sexual no heterosexual o la identidad de género no normativa deben modificarse, reprimirse o reconducirse, entra de lleno en este terreno, por mucho que el folleto use palabras amables. Una intervención puede no incluir descargas eléctricas ni internamientos y seguir siendo una violencia psicológica de primer orden. Basta con sentar a alguien frente a una autoridad —un terapeuta, un sacerdote, un orientador, un líder espiritual, incluso la propia familia— y repetirle que lo que siente es una desviación, una herida o un desorden del que debería salir.

Esa lógica no nació ayer. Durante buena parte del siglo XX, la homosexualidad fue tratada desde esquemas patologizantes en psiquiatría, psicología, derecho y religión. Hubo manuales, teorías, consultas y discursos enteros construidos sobre la idea de que una persona gay o lesbiana podía ser “reconducida”. El gran giro llegó cuando esa visión empezó a desplomarse por el peso de la evidencia, la presión científica y la lucha social. En 1973, la Asociación Estadounidense de Psiquiatría retiró la homosexualidad del DSM, su manual de diagnóstico. En 1990, la OMS hizo lo propio al dejar de clasificarla como trastorno mental. A partir de ahí, el edificio médico clásico empezó a resquebrajarse. La práctica no murió; se desplazó. Salió de la clínica tradicional y encontró refugio en espacios religiosos, asociaciones moralistas, movimientos “exgais” y circuitos ideológicos empeñados en presentar la diversidad sexual como un error corregible.

Lo que dice la ciencia cuando se quita el ruido

En este debate hay mucho ruido cultural y bastante propaganda, pero la posición médica central está bastante cerrada. La Asociación Estadounidense de Psiquiatría sostiene que las prácticas dirigidas a cambiar la orientación sexual o la identidad de género carecen de respaldo empírico suficiente. La Academia Estadounidense de Psiquiatría Infantil y Adolescente rechaza estas intervenciones y subraya el riesgo especial que suponen para menores y adolescentes. La Organización Panamericana de la Salud, referencia regional de la OMS en las Américas, fue muy clara hace años y sigue siéndolo: no hay indicación médica para cambiar la orientación sexual, porque no se trata de una enfermedad, y esas prácticas representan una amenaza seria para la salud y el bienestar.

Ese punto es decisivo. No estamos ante una controversia científica equilibrada, de esas en las que dos corrientes compiten con estudios parecidos. No hay dos bandos médicos de peso ofreciendo alternativas equivalentes. Lo que existe es un consenso profesional y, enfrente, una mezcla de creencia religiosa, activismo ideológico y pseudociencia. Se puede discutir mucho sobre sexualidad en términos culturales o morales, claro. Lo que no se sostiene ya, con seriedad, es la idea de que estas prácticas formen parte de una medicina válida.

Los datos más recientes refuerzan esa conclusión. Un estudio impulsado por Stanford Medicine y publicado en 2024, con más de 4.000 participantes de minorías sexuales y de género, volvió a encontrar un patrón que ya aparecía en la literatura anterior: el recuerdo o la vivencia de prácticas de conversión se asocia con más síntomas de depresión, trastorno por estrés postraumático e ideación suicida. No prueba una fantasía moral; dibuja un daño. La investigación moderna ya no está preguntándose si esto “cura”. Está midiendo cuánto rompe.

El daño no siempre se parece a una agresión clásica

Una parte del problema es que mucha gente imagina estas prácticas como escenas extremas, casi de película de terror: una camilla, un electroshock, un sótano, alguien gritando. Eso ocurrió en determinados periodos históricos y en ciertos contextos, sí. Pero la versión contemporánea más frecuente suele ser mucho más pulida. Tiene aspecto de charla espiritual, de orientación privada, de sesión de acompañamiento, de retiro con testimonios. No hace falta un dispositivo brutal para dejar una marca honda. Basta con semanas o meses de mensajes que asocian deseo con culpa, identidad con trauma y afecto con pecado.

Por eso los efectos psicológicos suelen aparecer en forma de vergüenza internalizada, autoaversión, aislamiento, trastornos del ánimo, ruptura familiar, miedo a la intimidad y una fractura persistente entre fe, cuerpo y deseo. La persona no sale convertida; sale dividida. Intenta obedecer una norma imposible y termina sintiendo que ha fallado a todo el mundo: a su comunidad, a su familia, a Dios, a sí misma. Esa grieta, tan íntima, es justo lo que vuelve estas prácticas tan dañinas. No te pegan necesariamente desde fuera; te enseñan a golpearte por dentro.

Menores, adolescencia y el punto más vulnerable

Cuando estas prácticas alcanzan a niños y adolescentes, el riesgo se multiplica. La adolescencia ya es una etapa movediza, llena de torpeza, miedo al rechazo, deseo de pertenecer y necesidad de aprobación. Si en ese momento una autoridad le dice a un menor que lo que siente es un error corregible, el mensaje no entra como una idea más: entra como una sentencia. De ahí que la oposición de los organismos de salud mental sea especialmente rotunda cuando se trata de jóvenes.

En ese terreno aparece una trampa recurrente. Los promotores de estas prácticas suelen decir que no buscan “forzar” a nadie, solo ayudar a quienes no desean vivir su orientación o identidad. El argumento parece suave, pero a menudo olvida algo esencial: muchos de esos menores no llegan a esas sesiones desde una libertad limpia, sino desde presión familiar, culpa religiosa, miedo al rechazo o dependencia económica y emocional. Llamar consentimiento a eso puede ser una forma elegante de no mirar el contexto real.

España: prohibidas por ley, presentes en el conflicto público

En España, el gran cambio jurídico llegó con la Ley 4/2023, la norma estatal para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. Su artículo 17 prohíbe los métodos, programas y terapias de aversión, conversión o contracondicionamiento, en cualquier forma, dirigidos a modificar la orientación o la identidad sexual o la expresión de género, incluso con consentimiento de la persona afectada o de su representante legal. Ese detalle importa mucho. La ley no deja hueco para el disfraz del “yo lo pedí”. Entiende que hay daños que no se legitiman por firma ni por fervor.

El régimen sancionador tampoco es simbólico. Las multas pueden ir desde 200 euros en infracciones leves hasta 150.000 euros en las muy graves, con medidas accesorias como la prohibición de recibir ayudas públicas, la imposibilidad de contratar con la Administración e incluso el cierre del establecimiento o el cese de la actividad profesional en ciertos supuestos. No es una mera declaración política. Es una prohibición con dientes.

La ley, sin embargo, no cerró el debate. Lo desplazó a otro sitio. En enero de 2025, el Ministerio de Igualdad abrió un expediente para investigar una denuncia presentada por la Asociación Española contra las Terapias de Conversión, encabezada por Saúl Castro. La denuncia señalaba la existencia de cursos y talleres vinculados a varias diócesis españolas y pedía que se analizara si allí se estaban promoviendo prácticas prohibidas por la ley. El expediente situó el foco en Madrid, Barcelona, Valencia, Getafe, Alcalá de Henares, Málaga y Sigüenza-Guadalajara, y volvió a poner sobre la mesa un asunto que muchos daban por enterrado.

El caso Transformados y las charlas en diócesis

Uno de los elementos centrales de aquella denuncia fue el proyecto Transformados, junto a actividades en las que, según el material aportado, se animaba a personas homosexuales y lesbianas a iniciar un camino de “cambio” basado en abstinencia y práctica religiosa. La denuncia hablaba de 13 charlas celebradas entre junio de 2023 y junio de 2024 y de un expediente de 94 páginas con material documental y audiovisual. El relato de los asistentes, según esa documentación, incluía testimonios de supuestos “exhomosexuales” que habrían abrazado la castidad, reinterpretado su historia personal y atribuido su orientación a heridas afectivas, traumas o vacíos familiares.

Ese detalle no es menor. Una de las constantes históricas de estas prácticas consiste en reducir la homosexualidad o la diversidad de género a una consecuencia de carencias emocionales, relaciones paternas fallidas, abuso, pornografía o confusión espiritual. Es un marco muy antiguo, muy reconocible y médicamente muy endeble. Durante décadas, parte del movimiento “reparativo” ha vivido de esa explicación: si encuentras la herida, encontrarás la salida. El problema es que la herida muchas veces la produce el propio intento de “salida”.

En las informaciones conocidas sobre estos encuentros aparecían, además, elementos litúrgicos y pastorales: misas, adoración, intervenciones de sacerdotes y espacios de preguntas. El paquete completo. No solo se ofrecía una interpretación de la sexualidad; se construía un circuito de legitimidad alrededor. Esa mezcla entre testimonio emocional, cobertura religiosa y clima comunitario es especialmente potente, porque transforma una pseudoterapia en una verdad compartida por el grupo. Y cuando una idea se reviste de comunidad, oponerse a ella se vuelve mucho más difícil.

Quién las impulsa y por qué siguen encontrando apoyo

Aquí conviene no simplificar demasiado. No existe una única organización mundial detrás de las terapias de conversión, ni un solo método, ni una única teología. Lo que sí existe es una red de apoyos reconocible. Están los sectores religiosos ultraconservadores, las asociaciones de “exgais”, algunos orientadores o supuestos terapeutas que se mueven en la frontera entre consulta, coaching y catequesis, y también los actores políticos que han convertido la cuestión LGTBI en munición de guerra cultural.

En España, el choque de 2025 dejó nombres concretos sobre la mesa. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, trasladó a la Conferencia Episcopal Española su rechazo frontal a estas prácticas y abrió la puerta a estudiar una reforma del Código Penal para convertirlas en delito. Al otro lado, el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, sostuvo que el término “terapias de conversión” era impreciso y defendió que la acción pastoral de la Iglesia no se identificaba con esa etiqueta. En paralelo, el obispo José Ignacio Munilla llegó a presentar esa expresión como un constructo ideológico usado para impedir el acompañamiento en castidad a personas con inclinación homosexual. Ahí aparece uno de los grandes campos de batalla del asunto: dónde acaba el acompañamiento religioso legítimo y dónde empieza la práctica de supresión de la identidad.

No es un debate menor ni puramente semántico. De hecho, buena parte de la estrategia contemporánea de estos movimientos consiste en discutir el nombre. Si se logra convencer a la opinión pública de que no se trata de conversión, sino de ayuda espiritual, el rechazo baja, la ley parece excesiva y el promotor gana terreno. El idioma aquí importa muchísimo. Cambiar una palabra puede cambiar la percepción de todo un sistema de daño.

En el plano internacional, la alianza es parecida, aunque más musculada. En Estados Unidos, el caso que ha llevado al Tribunal Supremo la impugnación de la ley de Colorado contra estas prácticas en menores muestra bien esa deriva. La demandante es la consejera cristiana Kaley Chiles, apoyada por la organización ultraconservadora Alliance Defending Freedom, una de las grandes usinas jurídicas de la derecha religiosa norteamericana. La batalla ya no se presenta sobre todo como una discusión sanitaria, sino como una disputa por la libertad de expresión del profesional y la libertad religiosa de quien busca consejo. Ese desplazamiento del marco es estratégico. Si el problema deja de ser el daño y pasa a ser el derecho a hablar, el terreno cambia por completo.

Del movimiento exgay al maquillaje actual

El fenómeno tampoco puede entenderse sin mirar el viejo movimiento exgay, que durante décadas fue uno de los motores de la idea de “cambiar” la orientación sexual. La organización más conocida fue Exodus International, fundada en 1976 y durante años emblema de esa corriente en Estados Unidos. Su caída resultó muy reveladora. En 2013, Exodus cerró y pidió perdón por el daño causado. Su entonces presidente, Alan Chambers, reconoció el peso de la vergüenza, la culpa y las falsas promesas que el movimiento había alimentado. Aquella disculpa no liquidó el problema, pero sí dejó una escena histórica poderosa: uno de los mayores referentes del sector admitiendo que aquello había hecho daño.

Lo paradójico es que, después de ese hundimiento simbólico, la práctica no desapareció del todo. Mutó. Perdió parte del ropaje más basto del “te hacemos heterosexual” y ganó otra estética: más difusa, más espiritual, menos frontal, a veces casi terapéutica, a veces casi militante. Ya no siempre promete un cambio total. A menudo promete control, castidad, alineación moral, renuncia. Eso la hace, en cierto modo, más difícil de detectar y perseguir.

Libertad religiosa, consentimiento y el límite donde empieza el abuso

Los defensores de estas prácticas suelen apoyarse en dos banderas: libertad religiosa y autonomía personal. El razonamiento suena limpio. Si una persona adulta, creyente, desea recibir ayuda para vivir conforme a su fe, ¿por qué impedirlo? La cuestión, sin embargo, se vuelve mucho menos nítida cuando se baja del eslogan a la realidad concreta. Porque esa supuesta libre decisión suele estar atravesada por culpa, presión comunitaria, miedo al rechazo, dependencia familiar y una interiorización profunda de que ser quien uno es resulta moralmente inaceptable.

Ese contexto cambia todo. No es lo mismo acompañar a alguien en un conflicto existencial abierto que partir de la base de que su orientación o su identidad son un problema a corregir. Tampoco es lo mismo hablar de castidad como opción vital general que imponerla como único horizonte a una persona concreta por ser gay o trans. La libertad religiosa protege creencias, culto y organización confesional. No convierte en ético, terapéutico ni científicamente válido un dispositivo de supresión de la identidad.

Por eso la ley española no acepta el consentimiento como coartada suficiente. Y por eso el debate jurídico internacional está tan vivo. El punto realmente difícil no es decidir si una homilía o una conversación espiritual son legales. Lo difícil es delimitar cuándo ese acompañamiento se convierte en programa sistemático de modificación, en un entorno donde la orientación o identidad se interpreta como defecto, herida o pecado del que hay que salir. Ahí empieza el abuso, aunque se pronuncie en voz baja y con tono compasivo.

Europa mira el problema más de cerca mientras el mapa mundial sigue roto

El asunto tampoco está quieto fuera de España. En Europa, la presión para una prohibición más homogénea ha crecido de forma visible. El 30 de enero de 2026, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa reclamó a los Estados que adopten legislación para prohibir estas prácticas y pidió sanciones claras. Poco después, el 2 de marzo de 2026, el Parlamento Europeo celebró una audiencia pública sobre la iniciativa ciudadana que reclama una prohibición a escala de la Unión Europea. El tema ha dejado de ser una batalla aislada de activistas para instalarse en el núcleo del debate institucional europeo.

Eso no significa que el continente tenga una respuesta uniforme. Nada de eso. Hay países con prohibiciones más completas, otros con vetos parciales, otros con restricciones solo para menores y otros donde el vacío legal sigue siendo enorme. El mapa global, de hecho, continúa muy fragmentado. Canadá, Francia, Alemania, Bélgica, Malta, Nueva Zelanda o Chipre han adoptado fórmulas de prohibición o restricción, mientras en otros lugares el fenómeno sigue protegido por vacíos legales, por la cobertura de comunidades religiosas o por la tolerancia de autoridades que prefieren mirar a otro lado. La foto mundial no es la de una erradicación; es la de una disputa abierta.

Ese dato importa porque desmonta otra idea cómoda: la de que las terapias de conversión son una reliquia del pasado. No lo son. Han perdido prestigio científico, sí. Han sido prohibidas en más sitios, también. Pero siguen ocurriendo, siguen mutando y siguen encontrando defensores. En algunos lugares se venden como orientación cristiana. En otros, como consejo terapéutico voluntario. En otros, como derecho de los padres o del profesional. El patrón es muy reconocible: cuando una justificación se desgasta, aparece otra.

El punto donde ya no cabe el disfraz

A estas alturas, con el consenso médico asentado, con la ley española en vigor, con expedientes administrativos abiertos y con organismos internacionales alertando de sus efectos, seguir defendiendo estas prácticas como ayuda inocente resulta cada vez más difícil de sostener. No porque lo diga un sector ideológico concreto, sino porque los hechos se han acumulado demasiado. No hay prueba seria de eficacia terapéutica, sí hay un historial largo de sufrimiento, y además existe una constante histórica que se repite con una precisión incómoda: quienes las promueven parten casi siempre de la idea de que la diversidad sexual o de género es inferior, desviada, desordenada o moralmente defectuosa.

Ese es el núcleo que conviene no perder de vista. Las terapias de conversión no son un mero exceso verbal ni una polémica cultural más. Son un intento de someter la identidad íntima de una persona a un modelo ajeno, ya sea clínico, religioso o político. En España, el nombre de ese conflicto se ha vuelto especialmente visible por las denuncias de 2025, por el papel de Ana Redondo, Saúl Castro, Luis Argüello y José Ignacio Munilla, por el expediente abierto sobre charlas en diócesis y por la posibilidad, todavía estudiada, de que el Gobierno empuje su tipificación penal. En Europa, el foco se ha ampliado. En Estados Unidos, la ofensiva judicial sigue viva. Y en el fondo de todo permanece la misma pregunta política, aunque ya no haga falta formularla en voz alta: si una sociedad realmente democrática acepta que alguien pueda intentar borrar a otra persona con el pretexto de salvarla.

La respuesta que se va imponiendo en la ciencia, en la ley y en parte creciente de las instituciones es bastante clara. No hay nada que convertir. Lo que sí hay es mucho que proteger.

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Fundador de DonPorqué y curioso empedernido. Escribe sobre tecnología, viajes, gastronomía, cultura y todo lo que le genera una pregunta con un buen «¿por qué?» detrás. En su tiempo libre es aficionado a los casinos online y aprovecha esa experiencia para compartir análisis y recomendaciones sobre el sector del iGaming.