¿Qué propone Barbón con la doble vuelta y por qué el PSOE la ignora?

Adrián Barbón ha colocado sobre la mesa una reforma que alteraría de arriba abajo la arquitectura política española: que los ciudadanos elijan directamente al presidente del Gobierno mediante un sistema de doble vuelta, en lugar de dejar la investidura en manos del Congreso. El planteamiento alcanzaría también a los presidentes autonómicos y a los alcaldes. No es un pequeño retoque electoral ni una capa de pintura sobre la Constitución. Es mover las paredes maestras.

La propuesta establece que, cuando ningún candidato logre la mayoría absoluta en la primera votación, los dos aspirantes más respaldados se enfrenten en una segunda ronda celebrada quince días después. Barbón defiende que así se reforzaría la legitimidad de los gobernantes, se reducirían los bloqueos y se respondería a lo que denomina una crisis de representación democrática.

La dirección federal del PSOE, sin embargo, no ha convertido la idea en debate interno, iniciativa parlamentaria ni posición oficial. Hasta este 20 de julio, Ferraz no ha anunciado que vaya a estudiarla formalmente ni a incorporarla a su programa. El partido, de momento, contempla la propuesta con esa técnica tan española de mirar fijamente hacia otro sitio.

La propuesta que Barbón llevó al corazón del PSOE

El presidente del Principado expuso su modelo el 27 de junio durante el Comité Federal del PSOE, una reunión dominada por la crisis política del partido, las investigaciones judiciales y las voces que reclamaban elecciones generales. En aquel escenario cargado, Barbón planteó la elección directa del jefe del Ejecutivo nacional, de los presidentes de las comunidades autónomas y de las alcaldías.

La idea se completaría con legislaturas de cinco años y una limitación de dos mandatos. Un gobernante podría permanecer, por tanto, un máximo de diez años consecutivos. El dirigente asturiano también vinculó el cambio electoral con una evolución de España hacia un Estado federal, aunque ambas transformaciones tendrían recorridos jurídicos diferentes y exigirían acuerdos políticos de enorme calibre.

Barbón sostiene que el sistema permitiría recuperar credibilidad porque el ciudadano sabría, sin intermediarios posteriores, quién ha ganado la Presidencia. La papeleta serviría para escoger diputados y, a la vez, para decidir quién ocupa la Moncloa. Una relación directa entre elector y gobernante, casi sin pasillos, teléfonos discretos ni negociaciones de madrugada.

El argumento conecta con un malestar reconocible. Unas elecciones pueden señalar un partido ganador y, aun así, producir semanas o meses de conversaciones para construir una mayoría parlamentaria. Para unos, eso es el pluralismo funcionando. Para otros, una compraventa política difícil de comprender. Barbón se sitúa claramente entre los segundos.

Su propuesta intenta separar dos decisiones que en España aparecen entrelazadas: la composición del Congreso y la elección del presidente. Los ciudadanos votarían una Cámara plural, pero escogerían también de forma expresa al responsable del Gobierno. Sobre el papel, la fórmula aporta claridad. Sobre la práctica, puede abrir un buen cajón de problemas.

Cómo funcionaría la doble vuelta de Adrián Barbón

En la primera ronda podrían competir los distintos candidatos a la Presidencia. Si uno superase el 50 % de los votos, quedaría elegido directamente. Si nadie alcanzase esa cifra —lo habitual en una España políticamente fragmentada—, los dos aspirantes con mayor apoyo pasarían a una votación definitiva quince días más tarde.

Esa segunda cita obligaría a los partidos eliminados a retratarse. Tendrían que apoyar a uno de los finalistas, recomendar la abstención o dejar libertad de voto. Los pactos no desaparecerían; simplemente se trasladarían desde el Congreso hasta la campaña electoral. Menos despacho, más mitin. La política nunca renuncia a negociar, solo cambia de habitación.

El vencedor obtendría una legitimidad propia, nacida directamente de las urnas. Ya no dependería de una votación de investidura ni de la suma posterior de grupos parlamentarios. Ahí reside la potencia del modelo, pero también su zona más resbaladiza: el presidente podría ganar la elección directa y carecer, al mismo tiempo, de una mayoría suficiente para aprobar leyes, presupuestos o reformas.

La doble vuelta tiende a concentrar el voto en dos grandes alternativas. El candidato que no fue la primera opción de una parte del electorado puede acabar recibiendo su apoyo para impedir la victoria del rival. Es el conocido voto al menos malo, una vieja institución democrática que rara vez figura en los manuales, pero aparece con puntualidad en las urnas.

No es la segunda votación de una investidura

España ya conoce una segunda votación, pero no tiene nada que ver con lo planteado por Barbón. En el sistema vigente, el candidato necesita la mayoría absoluta del Congreso en el primer intento. Si no la obtiene, se celebra otra votación 48 horas después y basta con la mayoría simple, es decir, más votos favorables que contrarios. Los ciudadanos no vuelven a las urnas.

La doble vuelta propuesta sería una elección ciudadana nueva, con campaña propia y dos candidatos enfrentados. El elector podría mantener su preferencia inicial, cambiar de opción o votar para bloquear al aspirante que considera peor. La decisión sería más directa, sí, aunque también más personalista.

El presidente dejaría de ser únicamente el resultado de una mayoría parlamentaria y pasaría a disponer de un mandato electoral separado. Esa diferencia no es menor. Cambia el origen del poder político y, con él, la relación entre la Moncloa y las Cortes.

La reforma constitucional no sería cosmética

La Constitución establece que los ciudadanos eligen a los diputados y que el Congreso inviste al presidente del Gobierno. El rey propone un candidato después de consultar a los representantes de los grupos políticos; la Cámara decide si le concede su confianza. Cambiar esa secuencia obligaría, como mínimo, a reformar el artículo 99 de la Constitución.

El proyecto también afectaría al artículo 152, que contempla la elección de los presidentes autonómicos por las respectivas asambleas. Para implantar una votación directa en las comunidades habría que modificar la Constitución, los estatutos de autonomía y buena parte de la normativa institucional.

En el caso de los alcaldes, el recorrido sería algo distinto. El artículo 140 permite que sean elegidos por los concejales o directamente por los vecinos, de modo que una doble vuelta municipal podría encajar mediante una profunda reforma de la legislación electoral, sin necesidad de alterar necesariamente ese precepto constitucional.

Tampoco bastaría con modificar un solo artículo. El sistema español atribuye al Congreso la capacidad de investir al presidente, exigirle responsabilidad política y sustituirlo mediante una moción de censura. Una elección directa obligaría a revisar todo ese engranaje. No se trata de añadir otra casilla en la papeleta y encargar sobres nuevos.

En principio, los artículos directamente afectados no pertenecen a las partes de la Constitución sometidas automáticamente al procedimiento agravado. La reforma podría transitar por la vía ordinaria del artículo 167, aunque seguirían siendo necesarias mayorías cualificadas en el Congreso y el Senado. También podría celebrarse un referéndum si lo solicitase una décima parte de cualquiera de las cámaras.

La dificultad legal sería considerable; la política, probablemente mayor. Una reforma de esta dimensión necesitaría un acuerdo entre el PSOE y el PP, además del respaldo o la aceptación de otras fuerzas parlamentarias. En la España actual, conseguir ese consenso no parece precisamente una tarde de café.

Pablo Iglesias interpretó el planteamiento como la puerta hacia una república presidencialista y federal. Es una lectura política, no una consecuencia inevitable. España podría mantener formalmente la monarquía y elegir directamente al jefe del Gobierno, aunque el resultado sería un sistema híbrido, difícil de encajar en las categorías tradicionales y necesitado de nuevos contrapesos.

La moción de censura y las dos legitimidades rivales

Barbón ha presentado su modelo como una forma de terminar con los problemas asociados a las mociones de censura. La Constitución permite actualmente que el Congreso derribe al Gobierno mediante una moción constructiva: quien pretende destituir al presidente debe proponer al mismo tiempo un sustituto y reunir mayoría absoluta.

Con una Presidencia elegida directamente, esa herramienta perdería parte de su lógica. Resultaría extraño que el Parlamento pudiera expulsar por sí solo a quien ha recibido un mandato específico de los ciudadanos. Pero eliminarla abriría otra pregunta bastante menos decorativa: cómo cesar a un presidente que pierde todo apoyo parlamentario, queda políticamente paralizado o incurre en una conducta grave.

Habría que diseñar un mecanismo alternativo. Podría ser una revocación popular, un procedimiento de destitución por causas tasadas, una convocatoria electoral automática o alguna fórmula intermedia. Cada opción tiene costes. La estabilidad absoluta, conviene recordarlo, suele parecer maravillosa hasta que el gobernante estable es el adversario.

El principal riesgo es la aparición de dos mayorías rivales. Por un lado, un presidente elegido por millones de ciudadanos. Por otro, un Congreso con una composición política distinta y la misma legitimidad democrática. Si ambos chocan, el sistema puede atascarse como una puerta con dos llaves girando en sentido contrario.

La doble vuelta favorecería una decisión clara sobre la persona que gobierna, pero no garantizaría que esa persona pudiera gobernar. Los presupuestos, las leyes y las grandes reformas continuarían dependiendo del Parlamento. Sin una regulación minuciosa, la propuesta podría sustituir las investiduras difíciles por legislaturas enteras de bloqueo.

También reforzaría la personalización de la política. Los programas, los candidatos territoriales y las listas parlamentarias quedarían parcialmente eclipsados por una competición entre líderes nacionales. El foco, ya bastante estrecho, terminaría convertido en un cañón de luz sobre dos nombres. Más claridad, quizá. También menos deliberación.

El silencio del PSOE también es una respuesta

La dirección socialista no ha abrazado públicamente el modelo de Barbón. Tampoco ha creado un grupo para estudiarlo, impulsado una ponencia política o anunciado su incorporación al programa electoral. La iniciativa apareció durante el Comité Federal y quedó sepultada por la discusión sobre la continuidad de Pedro Sánchez, las peticiones de adelanto electoral y los casos judiciales que rodean al partido.

El silencio puede explicarse sin grandes misterios. La elección directa reduciría el poder negociador de los grupos parlamentarios, modificaría la relación entre el Gobierno y el Congreso y obligaría al PSOE a abrir un debate constitucional cuando bastante tiene con conservar su actual mayoría.

Una reforma semejante necesita acuerdos con el PP y probablemente con otras fuerzas. No parece el terreno más fértil en una política donde hasta el color de una baldosilla puede desencadenar una batalla cultural. Ferraz puede considerar que la propuesta es inoportuna, demasiado difícil o directamente contraria al modelo parlamentario que defiende el partido.

También existe una razón menos teórica. El PSOE ha llegado al Gobierno en distintas ocasiones mediante pactos parlamentarios que habrían sido imposibles en una elección presidencial a dos vueltas. Renunciar a ese margen de negociación supondría aceptar unas reglas que podrían beneficiar la concentración del voto en torno a los dos grandes bloques y alterar la posición de los socios de investidura.

Barbón ocupa, además, una posición singular dentro del socialismo. Ha respaldado la continuidad del Gobierno y se ha distanciado de la estrategia más frontal de Emiliano García-Page, pero también ha criticado decisiones sobre financiación autonómica y ha reclamado nuevos Presupuestos Generales del Estado.

Su propuesta le permite presentarse como una voz leal, aunque no muda; institucional, aunque no inmóvil. Es una manera de pedir cambios profundos sin romper formalmente con Pedro Sánchez. Equilibrio delicado, casi de funambulista, aunque en Ferraz las cuerdas flojas forman parte del mobiliario.

El movimiento llega cuando el presidente asturiano cumple siete años al frente del Principado y prepara el horizonte electoral de 2027. PP y Vox le acusan de describir una Asturias inexistente, mientras él reivindica la estabilidad de su coalición y los cambios impulsados desde 2019.

En ese contexto, hablar del sistema político nacional también eleva su perfil más allá de la cordillera. Es una interpretación razonable, no necesariamente una conspiración palaciega: los dirigentes territoriales suelen pensar en su región y, de vez en cuando, levantan la vista hacia Madrid.

Una reforma mucho más pesada de lo que aparenta

La propuesta de Barbón contiene una intuición potente: buena parte del desencanto ciudadano nace de la distancia entre el voto emitido y el Gobierno finalmente formado. El ciudadano deposita una papeleta, pero el resultado definitivo puede depender de negociaciones posteriores que nunca aparecieron claramente durante la campaña.

Su solución, sin embargo, no elimina la negociación, la fragmentación ni los conflictos institucionales. Los recoloca. La doble vuelta podría producir presidentes más visibles, mandatos más nítidos y una responsabilidad política más directa. También podría generar Ejecutivos enfrentados durante años a parlamentos hostiles.

La reforma aclararía quién ha ganado la Presidencia, pero no resolvería por sí sola cómo se gobierna un país plural. España seguiría necesitando acuerdos para aprobar presupuestos, leyes orgánicas y reformas estructurales. La política de pactos no desaparecería. Cambiaría de forma, de escenario y quizá de protagonistas.

Ferraz ha optado por no abrir esa caja. Puede que la considere inoportuna, puede que no comparta el modelo o puede, sencillamente, que las reformas constitucionales sean esos muebles que todos prometen mover hasta que alguien recuerda cuánto pesan.

La idea, de todos modos, permanece ahí: directa, incómoda y bastante más profunda de lo que aparenta. Barbón ha puesto nombre a un malestar real y ha ofrecido una solución discutible, pero reconocible. El PSOE, por ahora, responde con silencio. Y en política, el silencio rara vez significa que no se haya escuchado.