Los autónomos reclaman menos burocracia y alivio en las cuotas

La exención de la cuota durante una baja por enfermedad, un régimen de IVA franquiciado para quienes facturen menos de 85.000 euros al año y menos declaraciones fiscales concentran algunas de las principales reivindicaciones de los autónomos de cara a 2026. El debate no se limita a pagar menos: también apunta al tiempo que absorben los trámites y a la protección de quienes no pueden separar su salud de la continuidad del negocio.

Las peticiones llegan en un contexto de preocupación por la marcha de la actividad y el aumento de los gastos. Según el barómetro de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), el 82,5% de los consultados teme que la inestabilidad afecte a su negocio o a la economía. Son demandas formuladas por el colectivo, no cambios que deban darse por aprobados: esa diferencia es clave, especialmente en propuestas fiscales y de cotización.

Un balance desigual y unas previsiones prudentes

La fotografía de la actividad durante 2025 no es uniforme. El 32,1% de los autónomos encuestados afirma que su negocio perdió actividad respecto al año anterior, mientras que el 30,8% dice que creció. Otro 34,9% señala que se mantuvo en niveles similares. Las cifras describen experiencias distintas dentro de un mismo colectivo y ayudan a entender por qué conviven quienes afrontan una caída con otros que han conseguido ampliar su actividad.

La facturación tampoco ofrece una señal sencilla de prosperidad. Un 31,3% afirma que sus ingresos aumentaron, pero el barómetro indica que, entre las respuestas sobre crecimiento, casi la mitad registró una subida inferior al 10%. La información publicada también recoge porcentajes para incrementos superiores, aunque el desglose disponible no permite reconstruir con claridad cómo se distribuyen todas las respuestas. Por eso, el dato principal es más prudente: el aumento de ventas declarado por una parte de los encuestados no equivale necesariamente a un desahogo amplio.

Para 2026, solo el 16% espera que su actividad aumente. Un 39,1% prevé estabilidad y un 25,6% cree que su situación empeorará. Esos porcentajes no completan el total de respuestas, de modo que no cabe asignar una expectativa al resto sin información adicional. En cualquier caso, el contraste entre quienes confían en crecer y quienes anticipan dificultades dibuja un horizonte más cauteloso que expansivo.

La presión sobre los precios acompaña esas previsiones. El 73,6% considera que tendrá que subirlos durante 2026, y el 70,7% asegura que ya lo hizo en 2025. A la vez, el 81,8% afirma que sus gastos crecieron en los últimos 12 meses. Entre quienes percibieron aumentos, las franjas más señaladas fueron del 5% al 10%, con un 41,7%, y del 11% al 15%, con un 28,4%. No se trata solo de una expectativa sobre ventas: para muchos, el reto es impedir que el encarecimiento de los costes reduzca todavía más el margen del negocio.

La baja por enfermedad, una reclamación de protección

La medida que más respaldo reúne es dejar de pagar la cotización desde el primer día de una baja por enfermedad que impida trabajar. La apoya el 53,8% de los encuestados. La reclamación responde a una particularidad del trabajo por cuenta propia: cuando la actividad depende directamente de la persona titular, una enfermedad puede interrumpir al mismo tiempo el trabajo y los ingresos, mientras continúan obligaciones vinculadas al negocio.

ATA presenta esta exención como una demanda histórica. El planteamiento busca que una enfermedad grave no se convierta también en una carga económica por mantener la cuota durante el periodo inicial. La información de referencia señala que los autónomos siguen pagando la cotización en determinados casos durante los primeros 60 días, pero no desarrolla las condiciones concretas ni todas las situaciones a las que se aplica. Por eso, la propuesta debe entenderse como una petición de cambio y no como una descripción completa del régimen vigente.

La discusión va más allá de una cifra mensual. Para un trabajador asalariado, la baja suele separar con más claridad la ausencia del trabajo y la continuidad de la empresa; en un negocio individual, ambas cuestiones pueden quedar estrechamente ligadas. Eso no significa que todos los autónomos tengan la misma situación económica ni que una exención resuelva por sí sola la pérdida de ingresos, pero sí explica por qué la protección durante la enfermedad ocupa un lugar destacado entre las demandas.

También importa distinguir entre cotización y prestación. La reivindicación mencionada se refiere a dejar de pagar la cuota en determinadas circunstancias, no a una propuesta detallada sobre el importe o el acceso a una prestación por incapacidad. La información disponible no especifica cómo se articularía, quién cumpliría los requisitos ni qué organismo asumiría su aplicación. Esas condiciones tendrían que concretarse antes de valorar sus efectos para cada caso.

El IVA franquiciado y la frontera entre propuesta y norma

La segunda gran reclamación es la exención del IVA para quienes facturen menos de 85.000 euros anuales, una medida respaldada por el 47% de los participantes en el barómetro. Se conoce como IVA franquiciado o régimen de franquicia y pretende reducir las obligaciones asociadas a la gestión del impuesto para los pequeños negocios que se situaran por debajo del umbral propuesto.

La idea se vincula a un sistema impulsado por la Comisión Europea para aliviar cargas administrativas y fiscales en determinados supuestos. Sin embargo, que exista una propuesta o un marco europeo no significa que la exención esté automáticamente en vigor para todos los autónomos en España. En el material disponible, los 85.000 euros aparecen como el límite reclamado por ATA; no deben confundirse con una confirmación de que cualquier profesional que facture menos de esa cantidad esté ya exento de repercutir, declarar o ingresar IVA.

El interés de esta medida no se reduce al dinero que podría dejar de recaudarse o al precio final de un servicio. El IVA exige tareas de registro, cálculo y declaración que pueden pesar especialmente en negocios pequeños. Una franquicia simplificaría parte de esa gestión para quienes pudieran acogerse, aunque su alcance dependería de las reglas concretas y de cómo se coordinara con el funcionamiento fiscal general. La petición refleja así un doble objetivo: aliviar obligaciones y hacer más sencilla la administración cotidiana.

También hay una contrapartida que la propuesta debe resolver con claridad: el tratamiento de las operaciones y las condiciones de acceso. Los datos de referencia no detallan qué actividades quedarían incluidas, cómo se calcularía el umbral ni qué ocurriría al superarlo. Sin esos elementos no es posible anticipar el efecto individual ni presentar la medida como una ventaja garantizada. Por ahora, lo verificable es que casi uno de cada dos encuestados respalda la exención planteada por la organización.

Menos declaraciones y menos tiempo atrapado en trámites

La reducción de la burocracia aparece en tercer lugar: el 37,1% pide pasar de cuatro declaraciones fiscales a dos o incluso a una al año. La propuesta no reclama únicamente menos formularios, sino una relación administrativa que exija menos interrupciones y permita dedicar más tiempo a la actividad. Para un profesional que trabaja sin un departamento propio de gestión, cada plazo y cada trámite pueden convertirse en una tarea que compite directamente con el trabajo que genera ingresos.

El barómetro aporta otra medida de esa carga: el 92,5% de los consultados siente que las obligaciones administrativas han aumentado en los últimos tres años. Además, el material de referencia estima que los autónomos pierden 200 horas al año por el papeleo. Esa cifra equivale a tiempo que, según la valoración citada, se consume en gestiones en lugar de destinarse al servicio, la producción o la atención a clientes. No demuestra que todos pierdan exactamente las mismas horas, pero da escala a una queja que suele describirse de forma abstracta.

Reducir el número de declaraciones podría simplificar el calendario, aunque no necesariamente eliminaría el trabajo de registrar ingresos y gastos ni las obligaciones que lo sustentan. Menos entregas periódicas y menos burocracia no son conceptos idénticos: una reforma tendría que aclarar qué se agrupa, qué se mantiene y cómo se evita que la carga se concentre en un único momento del año. La demanda de ATA plantea la dirección deseada, pero los datos disponibles no detallan un sistema alternativo ya definido.

La crítica al papeleo conecta con una petición más amplia: que las normas sean comprensibles y previsibles. Cuando un negocio tiene que dedicar recursos a interpretar obligaciones, la incertidumbre administrativa también pesa sobre la planificación. Por eso, la simplificación no se mide solo por el número de formularios, sino por el tiempo, la claridad y la regularidad que exige cumplirlos.

Pensión, contratación y seguridad para los gastos deducibles

La posibilidad de compatibilizar la actividad con el cobro del 100% de la pensión de jubilación cuenta con el respaldo del 33,8% de los encuestados. La propuesta apunta a quienes desean seguir trabajando por cuenta propia una vez jubilados sin renunciar, según la reclamación, al total de la prestación. No es una medida que pueda darse por reconocida de forma general a partir de estos datos: el barómetro recoge una demanda y no explica sus requisitos ni las condiciones legales que tendría que cumplir.

En materia de empleo, una cuarta parte de los participantes, el 25,9%, apoya bonificar por completo durante un año las cotizaciones vinculadas a la contratación del primer trabajador y reducir esa bonificación al 50% durante el segundo. La iniciativa busca disminuir el coste inicial de incorporar personal, un paso que puede modificar la escala de un negocio y también sus compromisos. La cifra expresa respaldo a la propuesta, no el porcentaje de autónomos que ya contrata ni una bonificación actualmente disponible.

Otra reclamación, respaldada por el 24%, plantea clasificar mejor los gastos deducibles y aumentar las deducciones para ofrecer mayor seguridad jurídica. La cuestión es relevante porque un gasto ligado a la actividad debe poder identificarse y justificarse dentro de las reglas fiscales. Sin una definición más clara, la incertidumbre no afecta solo al importe final: también puede complicar la previsión y la documentación que conserva el profesional. La referencia no especifica qué gastos nuevos se incluirían ni cuánto aumentarían las deducciones.

La mejora del acceso al cese de actividad reúne el apoyo del 20,5%, mientras que un subsidio para mayores de 52 años que hayan agotado sus prestaciones figura entre las demandas del 17%. Son propuestas distintas, pero comparten una preocupación por los momentos en que el negocio deja de sostener a quien trabaja en él. El material no aporta requisitos, importes ni duración para esas medidas, por lo que su alcance dependería de cómo se diseñaran y de las reglas que finalmente se aprobaran.

Qué revela el conjunto de las reclamaciones

Vistas en conjunto, las peticiones describen tres frentes: las cargas que se mantienen incluso cuando la actividad se interrumpe, el tiempo que exige cumplir obligaciones y la falta de certidumbre sobre costes y derechos. La enfermedad, el IVA y las declaraciones encabezan la lista, pero las demandas sobre jubilación, contratación y deducciones muestran que el debate también alcanza la protección social y la posibilidad de hacer crecer un negocio.

El diagnóstico del barómetro ayuda a explicar por qué estas cuestiones ganan peso. El 82,5% teme que la inestabilidad afecte a su negocio o a la economía, mientras que cuatro de cada cinco consultados dicen que sus gastos han subido en el último año. Si los costes avanzan y una parte de los autónomos prevé elevar precios, la discusión sobre cotizaciones e impuestos no ocurre en el vacío: se cruza con la capacidad de mantener clientes, sostener márgenes y planificar la actividad.

La valoración de Lorenzo Amor, presidente de ATA, es que el crecimiento del número de autónomos registrado en 2025 convive con un año difícil por la carga impositiva y la incertidumbre. También sostiene que ese crecimiento se concentra en cuatro comunidades autónomas y que retrocede el empleo entre autónomos y pequeñas empresas, además de continuar la caída en sectores tradicionales. Es la lectura de la organización que representa al colectivo; el extracto disponible no ofrece el desglose estadístico necesario para ampliar esas afirmaciones por territorios o actividades.

Por eso, el dato de cuántos autónomos respaldan cada medida importa, pero no sustituye el debate sobre su diseño. Una petición mayoritaria no equivale a una norma aprobada, y una reforma puede tener efectos diferentes según el tipo de negocio y sus ingresos. En 2026, las reclamaciones dejan claro el punto de partida: los trabajadores por cuenta propia piden que las reglas y los trámites pesen menos sobre una actividad que, para muchos, ya afronta costes crecientes y expectativas contenidas.