¿Qué pasaría si España votara mañana y Sánchez adelantara elecciones?

Si España votara mañana, Pedro Sánchez no tendría garantizada ni la caída ni la salvación. Esa es la paradoja, tan española como votar con calor, discutir con solemnidad y acabar mirando a los escaños pequeños como si fueran oráculos. Las encuestas dibujan dos fotografías casi incompatibles: el CIS mantiene al PSOE como primera fuerza con ventaja sobre el PP, mientras varios sondeos privados sitúan a Alberto Núñez Feijóo por delante y a la suma de PP y Vox cerca, o incluso por encima, de la mayoría absoluta. La urna, en ese escenario, no sería un juicio limpio de absolución o condena. Sería una máquina de convertir nervios en aritmética. Y la aritmética, ya se sabe, no tiene piedad.

La idea de un adelanto electoral ha vuelto al centro del tablero por una razón evidente: el Gobierno atraviesa una fase de presión política y judicial, sus socios exigen explicaciones, la oposición reclama urnas y Sánchez insiste en agotar la legislatura hasta 2027. El presidente ha defendido públicamente esa hoja de ruta en plena tormenta, mientras el debate sobre una convocatoria anticipada se ha instalado en encuestas, tertulias y portadas como un viejo fantasma con zapatos nuevos. Formalmente, además, no se votaría de un día para otro: si el presidente disolviera las Cortes, el calendario abriría un plazo hasta la votación. La política, sin embargo, ya está funcionando como si esa campaña hubiese empezado.

La foto de urna: más bloqueo que plebiscito

El primer error sería imaginar unas elecciones anticipadas como una película sencilla: Sánchez convoca, el ciudadano decide, cae el telón. No. España no vota en abstracto, vota con provincias, restos, barreras reales y escaños que a veces valen más en Soria que en Madrid. El Congreso reparte 350 diputados y la mayoría absoluta está en 176. Esa cifra es la frontera entre gobernar y mendigar respiración parlamentaria cada martes. No es poesía constitucional, aunque algunos la reciten como si lo fuera.

En las generales de julio de 2023, el PP ganó con el 33,1% y 137 escaños; el PSOE quedó segundo con el 31,7% y 121; Vox obtuvo 33; Sumar, 31; y después aparecieron ERC, Junts, EH Bildu, PNV, BNG, Coalición Canaria y UPN, cada uno con una llave distinta en un llavero imposible. La suma PP-Vox alcanzó 170 diputados, insuficiente. El bloque de investidura de Sánchez salió adelante no por una victoria electoral clásica, sino por una arquitectura parlamentaria delicadísima: socialistas, izquierda plurinacional, nacionalistas e independentistas sentados en la misma mesa, cada cual con su servilleta y su factura.

Si se votara mañana, el PP partiría con una ventaja psicológica evidente: ha ganado las últimas generales, gobierna muchas comunidades, ha normalizado su dependencia territorial de Vox y puede presentarse como alternativa de orden frente a un Ejecutivo fatigado. Pero ventaja no significa autopista. En España, una diferencia de tres o cuatro puntos puede parecer enorme en televisión y quedarse corta en el reparto final. Al contrario, una subida de Vox puede ayudar al bloque de derechas en votos y perjudicarlo en algunas provincias si fragmenta mal. La ley electoral es así: una señora seca que no entiende de estados de ánimo.

Para Pedro Sánchez, el riesgo sería otro. Convocar ahora podría sonar a gesto audaz, casi napoleónico, pero también a reconocimiento de debilidad. Un presidente adelanta elecciones cuando cree que puede mejorar, cuando quiere pillar descolocada a la oposición o cuando ya no tiene más suelo bajo los pies. En este caso, ninguna de las tres hipótesis es cómoda. El PSOE sigue teniendo suelo electoral, una marca poderosa y un votante disciplinado, pero llega con desgaste, ruido judicial alrededor del partido y una coalición que ya no baila al mismo compás. La música suena; la pista cruje.

El PSOE entre resistencia y desgaste

La principal baza de Sánchez sigue siendo la que tantas veces ha irritado a sus adversarios: su capacidad para resistir donde otros habrían firmado la rendición con bolígrafo oficial. El presidente no suele moverse cuando le gritan desde fuera, sino cuando calcula que el movimiento mejora su posición. Esa frialdad le ha dado años de supervivencia política. También le ha creado un problema: cada nueva crisis parece exigir una explicación más larga, más densa, más difícil de vender a un ciudadano que no vive dentro del Congreso.

El CIS de mayo ofrece al PSOE una fotografía inesperadamente cómoda: 36,2% de estimación de voto, 24,9% para el PP, 16,2% para Vox, 5,7% para Sumar y 2,5% para Podemos. Según ese estudio, los socialistas conservarían una ventaja amplia sobre los populares. Pero el dato viene con letra pequeña, y en política la letra pequeña suele ser el sótano donde se guardan los sustos: el trabajo de campo se hizo antes de que varios episodios judiciales y políticos sacudieran el clima interno del PSOE.

Ahí aparece el verdadero dilema. El PSOE puede agarrarse al CIS para decir que aguanta, incluso que lidera. Puede hacerlo, claro. Pero también sabe que otros sondeos cuentan una historia diferente. Algunas encuestas privadas sitúan al PP en cabeza, con Vox creciendo y el bloque de derechas en condiciones de disputar, o superar, la mayoría absoluta. Entre una foto y otra no hay un matiz: hay dos países demoscópicos. Uno todavía cree que Sánchez mantiene el volante. El otro huele cambio de ciclo.

Esto no convierte al CIS en basura ni a los sondeos privados en palabra revelada. Conviene respirar. Las encuestas no son urnas en miniatura, sino instrumentos con sesgos, metodologías, cocina, memoria de voto y margen de error. Pero sí indican algo robusto: el tablero está partido entre una lectura favorable al PSOE y una corriente demoscópica privada que da ventaja al bloque conservador. Para un presidente que presume de leer bien los tiempos, convocar justo cuando varias mediciones privadas anuncian una mayoría de derechas sería, como mínimo, jugar al ajedrez sobre una barca.

La izquierda del PSOE tampoco llega precisamente oliendo a pan recién hecho. Sumar aparece debilitado, fragmentado, con Podemos compitiendo por el mismo espacio y con una dificultad visible para convertir presencia institucional en deseo electoral. La izquierda alternativa puede ser decisiva, pero ahora mismo parece más preocupada por no disolverse que por conquistar el cielo. Y no es una burla: es un problema serio para todo el bloque progresista. Sin una izquierda a la izquierda del PSOE con músculo suficiente, Sánchez puede ganar votos y perder Gobierno. Una especialidad nacional, por otra parte.

El PP tendría ventaja, pero no una autopista

Alberto Núñez Feijóo miraría unas elecciones inmediatas con una mezcla de hambre y cautela. Hambre, porque todas las oposiciones quieren urnas cuando el Gobierno sangra. Cautela, porque el PP ya sabe lo que es ganar y no gobernar. Julio de 2023 dejó una lección cruel para Génova: ser primero no basta cuando nadie quiere acompañarte salvo Vox y alguna pieza suelta. La derecha española aprendió entonces que la victoria electoral puede ser un plato frío, sin postre y sin investidura.

El PP tendría argumentos potentes: estabilidad, desgaste del Ejecutivo, problemas de gobernabilidad, ausencia de presupuestos plenamente cómodos, tensión con socios independentistas y una sensación de fin de ciclo que la oposición lleva meses intentando convertir en clima nacional. Feijóo podría presentarse como un gestor sobrio frente al vértigo sanchista. El problema es que esa sobriedad, en campaña, puede sonar a notaría. Y Vox, que no suele competir por el premio a la moderación precisamente, obligaría al PP a caminar por una cuerda fina: atraer voto centrista sin perder el voto duro, prometer cambio sin parecer rehén, invocar la Constitución sin convertir cada mitin en un examen de Derecho Administrativo.

El bloque PP-Vox sí aparece más cerca de la mayoría absoluta que en 2023 en varias mediciones privadas. Ese posible vuelco tendría una consecuencia inmediata: no solo cambiaría el Gobierno, cambiaría la relación entre el PP y Vox. Feijóo ya no podría fingir que Vox es un ruido exterior; sería socio necesario o, al menos, acreedor parlamentario de primera clase. Y ahí empieza el otro problema, el que a veces se esconde bajo la alfombra: una mayoría de derechas no significa automáticamente un Gobierno tranquilo.

Vox, Sumar y el reparto que decide los escaños

Vox sería uno de los grandes beneficiados de una campaña polarizada. Cuanto más se hable de escándalos, fronteras, identidad nacional, inseguridad, okupación o ruptura institucional, más cómodo se siente Santiago Abascal. Su partido no necesita dirigir el partido si consigue que el césped esté embarrado. La cuestión es si ese crecimiento ayudaría al bloque conservador o encarecería la investidura de Feijóo. Porque una cosa es sumar 176 y otra muy distinta es gobernar cuatro años con Vox empujando cada semana hacia su agenda cultural, migratoria y territorial.

Sumar y Podemos tendrían el problema inverso: sobrevivir al voto útil. En un adelanto electoral, muchos electores progresistas podrían concentrarse en el PSOE para frenar a PP y Vox. Eso beneficiaría a Sánchez en porcentaje, pero podría dejar a la izquierda alternativa bajo mínimos en provincias medianas. En España, perder medio punto puede no parecer grave en una tertulia. En el escrutinio, ese medio punto puede llevarse tres escaños como quien se lleva las llaves de casa sin avisar.

Los partidos nacionalistas e independentistas volverían a ser decisivos solo si ningún bloque alcanza la mayoría absoluta. ERC, Junts, EH Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria no votarían pensando únicamente en Sánchez o Feijóo, sino en su propio mercado político, en sus territorios, en sus electorados y en los costes de aparecer como muleta de uno u otro. Junts, en particular, sería una pieza incómoda para cualquier operación progresista si el PSOE saliera debilitado. Ya no bastaría con repetir la negociación de 2023 como quien recalienta café. El café estaría más amargo.

La aritmética: 176 no son una metáfora

La política española se ha vuelto experta en dramatizar los días y minimizar las matemáticas. Pero al final gobierna quien logra una investidura. No quien grita más, ni quien gana más portadas, ni quien tiene más razón en su propio grupo de WhatsApp. En 2023, el PP fue el más votado y no pudo gobernar porque su bloque se quedó en 170 escaños. Sánchez, con menos diputados que Feijóo, sí consiguió articular una mayoría. Esa realidad puede gustar más o menos, pero no es una trampa: es parlamentarismo. A veces incómodo. Democrático, también.

Si se votara mañana y PP y Vox superaran los 176 escaños, el cambio de Gobierno sería el escenario más probable. Feijóo podría ser investido con Vox dentro del Ejecutivo, con Vox fuera pero condicionando desde el Congreso, o con fórmulas intermedias envueltas en palabras suaves. España ya ha visto pactos autonómicos entre PP y Vox, así que nadie podría fingir sorpresa con gran teatralidad. Otra cosa sería el precio: política migratoria, memoria democrática, igualdad, educación, cultura institucional, financiación autonómica. Vox no regala votos; los factura.

Si PP y Vox quedaran por debajo, el tablero volvería al laberinto. Sánchez necesitaría no solo resistir, sino reconstruir confianza con socios cansados. Y ahí el desgaste importa mucho. ERC puede preferir no regalar oxígeno gratis; Junts podría elevar el coste; el PNV miraría con lupa la estabilidad; EH Bildu calcularía su posición en el País Vasco y Navarra; Sumar pediría políticas sociales más visibles para justificar su permanencia en el bloque. El Gobierno progresista podría sobrevivir, sí, pero más estrecho, más vigilado, más caro. Una legislatura en modo funambulista, con el alambre mojado.

El reloj legal del adelanto

Hay un detalle que se pierde en la espuma: el presidente no convoca una votación para el día siguiente. La LOREG establece que, en caso de disolución anticipada, el decreto se publica al día siguiente, entra en vigor el mismo día de su publicación y fija elecciones para el día quincuagésimo cuarto posterior a la convocatoria. Traducido al idioma de la calle: un adelanto abriría una campaña larga, con precampaña inmediata, listas, debates, voto por correo, encuestas y esa liturgia nacional de contar carteles como si fueran presagios.

Eso cambia mucho el análisis. Un presidente no decide solo contra la foto de este momento, sino contra la película de los próximos dos meses. ¿Mejoraría Sánchez durante una campaña? Puede. Ha demostrado capacidad para movilizar al electorado progresista cuando aparece el miedo a una mayoría PP-Vox. ¿Podría hundirse más? También. Si la agenda judicial y política siguiera golpeando al PSOE, cada día de campaña sería una piedra más en la mochila. En campaña no se controla el clima; se intenta vender paraguas.

La España que votaría ya no es la de 2023

El país que iría a las urnas ahora no es exactamente el de julio de 2023. Entonces, el miedo a Vox movilizó a una parte del electorado progresista, Feijóo llegó con aroma de victoria suficiente pero no sobrada, y Sánchez convirtió la resistencia en identidad política. Ahora hay más fatiga. Más cinismo. Más gente que mira la política como quien mira una obra en la calle: ruido, polvo, promesas de acabar pronto y siempre una valla más.

La vivienda pesa más que muchas broncas parlamentarias. Los precios del alquiler, la compra imposible para jóvenes, la precariedad laboral que no desaparece aunque mejoren los datos macroeconómicos, la inmigración convertida en campo de batalla emocional, el cansancio con la corrupción real o insinuada, la desconfianza hacia jueces, partidos y medios… todo eso entraría en la urna. No solo Sánchez. No solo Feijóo. No solo la palabra adelanto, que suena a movimiento estratégico pero en la vida cotidiana puede parecer una molestia más.

Para el PSOE, una campaña inmediata tendría que hacer algo más que denunciar a la derecha. Tendría que ofrecer una razón positiva para seguir. Salarios, vivienda, derechos, estabilidad europea, convivencia territorial, reforma institucional. Algo que no huela a expediente de supervivencia. Para el PP, la campaña exigiría demostrar que el cambio no equivale a una restauración crispada ni a un Gobierno tutelado por Vox. Para Vox, bastaría con empujar el marco hacia donde mejor respira. Para Sumar y Podemos, el reto sería casi existencial: convencer de que no son una nota al pie en la biografía de Sánchez.

Los socios territoriales también tendrían incentivos distintos. ERC y Junts competirían en Cataluña por demostrar quién arranca más a Madrid. El PNV intentaría preservar centralidad frente a un mapa cada vez más polarizado. EH Bildu mediría su fuerza en un ciclo vasco muy sensible. El BNG buscaría ampliar su peso con una política gallega cada vez más autónoma del eje clásico estatal. La España parlamentaria no es un tablero de dos colores; es una vidriera. Y cuando se rompe una pieza, no basta con pegarla con un titular.

Una urna caliente y demasiadas llaves

La pregunta de fondo no es solo quién ganaría si se votara mañana, sino qué tipo de país saldría de esa votación. Una mayoría clara de PP y Vox abriría una etapa de giro político, con Feijóo en La Moncloa y Santiago Abascal como socio imprescindible, dentro o fuera del Consejo de Ministros. Una victoria insuficiente del PP repetiría el atasco de 2023, quizá con más presión sobre los nacionalistas. Un PSOE primero según el CIS pero sin mayoría viable tendría un problema parecido: ganar relato no siempre sirve para gobernar. Y una supervivencia de Sánchez con menos margen aún convertiría cada ley en una negociación quirúrgica.

El adelanto electoral, por tanto, no es necesariamente la cuerda que salva a Sánchez. Puede ser el cuchillo que corta el nudo o el cuchillo que se le vuelve contra la mano. Dependería de tres factores: si el votante progresista vuelve a movilizarse por miedo a PP y Vox, si el PP consigue absorber el deseo de cambio sin parecer arrastrado por la extrema derecha, y si los escándalos que rodean al PSOE se quedan en ruido asumible o se convierten en una grieta moral para su propio electorado.

España votaría mañana con el cuerpo cansado y la cabeza llena de ruido. No sería una elección limpia entre continuidad y cambio, sino entre varias formas de incertidumbre. Sánchez quiere tiempo. Feijóo quiere urnas. Vox quiere barro. Sumar quiere aire. Los socios quieren precio. Y el ciudadano, probablemente, quiere algo más sencillo: que alguien gobierne sin tratarlo como figurante de una serie interminable. Esa sería la verdadera noticia si se votara mañana. No solo quién gana. Si después de ganar, alguien puede gobernar.