Plan de paz para Gaza: ¿qué ha aceptado Hamás y qué no?

Claves del plan de Gaza: Hamás acepta desarmarse ante un comité egipcio-palestino y rechaza la gestión internacional y a Tony Blair en Gaza.

Hamás ha comunicado a los mediadores que acepta entregar sus armas a un comité egipcio-palestino diseñado para gestionar el desarme sobre el terreno. También admite la entrada de fuerzas de seguridad palestinas entrenadas en Egipto y Jordania para asumir tareas de control y policía local. En paralelo, plantea un alto el fuego inmediato, con una semana de “silencio” aéreo israelí sobre Gaza para poder reunir y transferir rehenes a la Cruz Roja antes del canje. Y, si se activa el acuerdo, pide garantías de salida segura para parte de su liderazgo, con compromisos de no persecución.

Lo que Hamás no acepta es ceder la administración de la Franja a un comité internacional de transición ni la figura de Tony Blair como “gobernador” de Gaza. La organización abre la puerta a que el ex primer ministro británico tenga un rol de “supervisión remota”, pero rechaza una tutela directa internacional. Su propuesta política pasa por negociar con Israel a través de mediadores y, en paralelo, acordar con la Autoridad Nacional Palestina (ANP) la transferencia de la gestión civil a un comité administrativo dependiente del gobierno palestino. Esa es, a grandes rasgos, la fotografía actual de unas conversaciones que se desarrollan en Sharm el Sheij con Egipto, Catar, Estados Unidos y Jordania como ejes de un andamiaje diplomático tan frágil como decisivo.

¿Qué ha aceptado Hamás?

La base del “sí”: desarme con sello egipcio y policía palestina

El comité egipcio-palestino es la clave que permite a Hamás justificar el paso de entregar su arsenal —armas ligeras y pesadas, munición y depósitos— sin que se interprete como una rendición bajo bandera extranjera. La diferencia semántica importa y mucho: no es lo mismo volcar las armas en manos de una autoridad internacional —a la que el movimiento no reconoce legitimidad dentro de Gaza— que hacerlo bajo un paraguas regional con dos actores a los que ya trata de forma habitual, El Cairo y Ramala. Egipto, además, controla el paso de Rafah y tiene una relación histórica con las facciones palestinas que facilita, al menos sobre el papel, procedimientos de inventario, custodia y neutralización de arsenales.

Aceptar la entrada de fuerzas de seguridad palestinas formadas fuera de la Franja es el segundo pilar. No se habla de cascos azules ni de gendarmes extranjeros, sino de cuadros palestinos profesionalizados en academias de Egipto y Jordania, con protocolos de actuación que recuerdan a los de una policía civil: control de barrios, protección de convoyes de ayuda, apertura de pasos internos y orden público. Esa presencia no armada en clave militar pretende cubrir el vacío que deja el repliegue de milicias de Hamás en áreas urbanas y, al mismo tiempo, evitar el choque simbólico de ver fuerzas internacionales patrullando calles gazatíes, algo que Hamás ha rechazado de forma tajante.

Dentro de ese “sí” hay elementos operativos que ya se discuten en mesas técnicas: cómo se verifican las entregas, dónde se almacenan temporalmente las armas antes de su destrucción o traslado, qué mecanismos de inspección se despliegan para impedir la fabricación artesanal de cohetes y artefactos y qué sucede con otras facciones armadas que no respondan a la disciplina de Hamás. Nada de esto es menor. Si el comité egipcio-palestino quiera funcionar, necesitará cadena de custodia, auditorías y algún grado de observación externa que dé credibilidad al proceso sin caer —y aquí está la cuerda floja— en la “gestión internacional” que el grupo rechaza.

La semana crítica: tregua real para mover rehenes

Hamás condiciona el inicio del canje a un alto el fuego verificable que incluya un cese de actividad aérea israelí sobre la Franja durante una semana. No es una excentricidad técnica: trasladar rehenes desde múltiples puntos de retención en una Gaza devastada requiere convoyes, pasos seguros, coordinación con la Cruz Roja y garantías de no ataque. La cifra de 48 cautivos aparece como referencia en esta fase inicial —con rehenes vivos y restos de fallecidos— a intercambiar por prisioneros palestinos. Ese primer movimiento necesita, además, canales de comunicación funcionales que hoy se abren y se cierran con frecuencia, y un mínimo de orden en la vía pública que solo una policía palestina, aunque sea embrionaria, puede ofrecer.

Otro punto de la aceptación es la posible salida del enclave de dirigentes del movimiento. Hamás pide que se garantice su no persecución por parte de Estados Unidos y sus aliados, algo que, si se concediera, tendría alto coste político y judicial. Pero no es inédito en procesos de desmovilización. Normalmente, estos salvoconductos se condicionan a renuncias explícitas a la violencia, compromisos de no retorno y sometimiento a vigilancia en terceros países. En el mapa regional, Egipto y Catar son los nombres que más suenan para facilitar acogidas temporales con monitoreo permanente.

¿Qué ha rechazado Hamás?

La línea roja: no a la tutela internacional ni a un “gobernador” en Gaza

Donde Hamás clava el no es en la gestión internacional de la Franja. No hay margen —según trasladan los negociadores— para un comité de transición internacional que administre los asuntos civiles y de seguridad. Y ahí aparece Tony Blair. Su nombre circula desde hace días como pieza del plan impulsado por Washington. Hamás rechaza que Blair ejerza como “gobernador” con presencia sobre el terreno, aunque acepta que pueda tener un papel de supervisión a distancia. La matización puede parecer cosmética, pero es política: ninguna figura extranjera con poder ejecutivo directo en Gaza.

En términos prácticos, esta negativa choca con el esquema que promueven algunos socios occidentales y árabes: una administración interina tecnocrática, con apoyo financiero internacional, sujeta a estándares de transparencia, y con mecanismos externos de control que garanticen la no reconstitución de capacidades militares. Hamás interpreta ese diseño como el vaciamiento de su base política y la imposición de una fórmula ajena a la legitimidad local. De ahí que proponga su alternativa: transferencia de la gestión a un comité adscrito al gobierno palestino, tras un acuerdo con la ANP y bajo supervisión regional, no internacional.

La figura simbólica del “gobernador” cristaliza el rechazo. Un responsable visible, vinculado a capitales occidentales y con despacho en Gaza, sería presentado por Hamás como una ocupación administrativa encubierta. Del otro lado, los promotores del plan replican que sin control externo la reconstrucción se convierte en una lluvia de millones sin garantías, y que la seguridad no puede dejarse únicamente a fuerzas locales recién entrenadas. Esa tensión entre control y legitimidad es, hoy por hoy, el principal cortocircuito del marco propuesto.

La fórmula política de Hamás: dos mesas y un comité palestino

En el tablero político trazado por Hamás hay dos mesas. La primera, con Israel, no en directo, sino a través de mediadores (Egipto, Catar, Estados Unidos). En ella se abordan alto el fuego, canje de rehenes, movimientos de tropas, accesos humanitarios y garantías de seguridad. La segunda mesa es interna palestina: negociar con la ANP para entregar la administración civil de Gaza a un comité administrativo vinculado al gobierno palestino. A esa segunda mesa llegan cuestiones de nóminas, funcionarios, servicios esenciales, gestión de puertos y pasos, suministros, energía y recaudación fiscal.

La elección de Jalil al Haya como jefe negociador da pistas del rumbo. Se trata de un cuadro político orgánico, con interlocución fluida en el eje Gaza-Doha-Beirut, y que, llegado el caso, podría vender dentro del movimiento un paquete de concesiones siempre que el desarme se lea como intercambio: alto el fuego, reconstrucción, alivio del bloqueo y vías políticas para una administración palestina no hostil a la base social de Hamás. Ese equilibrio es extremadamente precario. Cualquier percepción de humillación o de pérdida total de control sobre los barrios podría dinamitarlo desde dentro.

Qué significa “comité administrativo” bajo la ANP

El comité administrativo del que se habla no es —al menos sobre el papel— un Gobierno paralelo ni un cabildo municipal. Sería un órgano técnico con mandato temporal para organizar servicios, contratación pública, reapertura de escuelas y hospitales, suministro de agua y electricidad y coordinación con agencias humanitarias. Estaría adscrito a la ANP, con nombramientos consensuados con las facciones y cláusulas de incompatibilidad para figuras con pasado militar activo. La vinculación a Ramala es crucial para acceder a mecanismos financieros internacionales y para normalizar trámites cotidianos hoy deshechos.

Ese comité debería blindarse contra la captura clientelar y a la vez sobrevivir en un entorno polarizado. De ahí que se discuta la presencia de auditores externos —árabes y europeos— y ventanillas únicas para canalizar contratos de reconstrucción. La buena administración será, en la práctica, la prueba de fuego para que la población perciba el cambio. Sin agua, vivienda y trabajo, ningún acuerdo de seguridad resiste más de unos meses.

Cómo encaja con el plan que impulsa Washington

La propuesta estadounidense que circula entre mediadores establece fases: alto el fuego con entrega de rehenes y ayuda humanitaria masiva; retirada escalonada de tropas israelíes en paralelo al desarme verificable; gestión interina guiada por equipos tecnocráticos palestinos con supervisión externa; y, en último término, reformas para que la ANP asuma la administración plena. En esa hoja de ruta se inscribe la aceptación del desarme por un comité egipcio-palestino y la llegada de policías palestinos entrenados fuera. Donde chocan los marcos es en el grado de tutela internacional y en el papel de figuras concretas como Blair.

Hay otra arista: la retirada israelí. El plan plantea una salida “escalonada” de tropas, acotada por hitos verificables (entrega de armas, entrega de rehenes, despliegue policial). Israel ha repetido que Hamás no puede volver a gobernar y que su capacidad militar debe quedar neutralizada. Para que Jerusalén asuma un repliegue, el desarme verificable y las garantías de seguridad tendrán que ser robustos y creíbles. Y ahí vuelve el dilema: cuanta menos supervisión internacional, más difícil será acreditar la verificación hacia fuera; cuanta más, más rechazo interno genera en Gaza.

Catar y Egipto, el tándem que intenta mover piezas

Catar —que hospeda a dirigentes de Hamás y financia proyectos humanitarios— se ha alineado con la idea de que la entrega de rehenes debe equivaler al “fin de la guerra” en Gaza. Para Doha, firmar un papel no sirve si no se traduce en medidas prácticas sobre el terreno y garantías de durabilidad. Egipto, por su parte, intenta coser la seguridad en el sur, regular Rafah y contener externalidades que desestabilicen el Sinaí. Los dos países son, literalmente, imprescindibles: sin Qatar es muy difícil mover a la dirección de Hamás; sin Egipto, el comité de desarme y la policía palestina no tienen perímetro logístico para operar.

Los puntos ciegos: verificación, territorio y legitimidad

Todo plan de paz se sostiene o cae en los detalles de implementación. Aquí hay cuatro que concentran dudas, negociaciones y tiras y aflojas.

Verificación del desarme. Entregar armamento a un comité egipcio-palestino es un punto de partida, no la meta. ¿Qué herramientas periciales se usarán para asegurar que no quedan arsenales ocultos? ¿Será posible desmantelar talleres y cadenas de suministro de materiales duales —fertilizantes, tuberías, componentes electrónicos— sin asfixiar la reconstrucción? Una solución que se baraja es un registro nominal de piezas críticas con controles aleatorios; otra, sellar y monitorear con sensores almacenes temporales hasta su destrucción.

Control del territorio. La policía palestina que entre desde Egipto y Jordania necesitará mapas operativos, protocolos de coordinación con Israel y capacidad de respuesta ante incidentes. Su misión no es combatir —no podría—, sino estabilizar la vida civil. Eso exige centros de mando interconectados con el comité de desarme, con la Cruz Roja y con agencias de la ONU para abrir y cerrar corredores con rapidez. Cualquier vacío de seguridad lo aprovechan bandas, facciones menores o economías ilegales que florecen en períodos de transición.

Gobernanza y percepción pública. El comité administrativo adscrito a la ANP afrontará una realidad simple: Gaza está exhausta. La aceptación social dependerá de salarios al día, reapertura de colegios, agua corriente, electricidad estable y licencias para pequeños negocios. Si el día a día no mejora, el debate sobre tutela internacional o supervisión a distancia sonará a música de fondo. Aquí los mecanismos anticorrupción y de contratación pública pueden ser tan importantes como las grandes proclamas.

Calendario político. El plan que promueve Washington pretende cerrar la puerta a “soluciones temporales” que se eternizan. Hamás, por su parte, rechaza una intervención internacional prolongada en la administración civil. Entre ambas posturas, la ventana realista apunta a fases con plazos claros y cláusulas de revisión. Si el canje de rehenes se completa y el desarme avanza con verificación aceptable, el repliegue militar podría acelerarse, y con él la normalización administrativa bajo la ANP. Pero esa cadena necesita eslabones sólidos; si falla uno, se resiente todo.

Israel ante el tablero: seguridad, presión interna y horizonte de retirada

Aunque Israel no firma el documento que a Hamás le gustaría ver, toda la arquitectura pende de su aceptación de garantías. El Gobierno israelí ha señalado durante meses que no permitirá el retorno de Hamás al poder y que la seguridad posguerra es innegociable. Traducido: un alto el fuego sin entradas masivas de armamento, sin reconstrucción de capacidades, y con mecanismos de alerta frente a violaciones.

El equilibrio interno en Israel también pesa. La sociedad acumula dos años de guerra con costes humanos y económicos severos, y mantiene en primer plano la causa de los rehenes. Un canje visible, en fases, puede dar oxígeno a un Ejecutivo sometido a presiones contrapuestas: sectores que exigen dureza máxima frente a Hamás y otros que piden salidas a un conflicto enquistado. Si el comité egipcio-palestino funciona, si la policía palestina reduce incidentes, si el alto el fuego aguanta, entonces hablar de retirada escalonada deja de sonar a lema y se convierte en posibilidad.

Qué papel jugarían Estados Unidos y la UE

Estados Unidos apadrina el plan y, al mismo tiempo, garantiza a Israel que no se debilitará su seguridad. A la par, presiona a Hamás para que transforme su aceptación en pasos verificables. Ese doble rol solo es viable si hay dinero, técnicos, equipos de verificación y objeciones atendidas por los mediadores regionales. La Unión Europea puede aportar fondos de reconstrucción, expertos en administración pública y observación civil en contratación y fronteras. Para Bruselas, la normalización legal —adjudicaciones, aduanas, licencias— es un campo donde sí tiene experiencia y capacidad de condicionar desembolsos a estándares.

Mirar el terreno: ayuda humanitaria, pasos, escuelas y hospitales

Mientras las grandes piezas se mueven, Gaza sigue en emergencia sostenida. Cualquier plan serio debe bajar al terreno con medidas concretas:

El circuito de ayuda ha de desatascarse. Esto implica pasos abiertos con horarios previsibles, barridos de seguridad que no se eternicen y sistemas de trazabilidad para que los alimentos y medicinas lleguen a barrios específicos. La policía palestina que se plantea desplegar sería crucial para escoltar convoyes, ordenar colas y evitar saqueos.

Hospitales y escuelas necesitan insumos y personal. El comité administrativo tendrá que reactivar nóminas y contratos de mantenimiento con proveedores locales. Esto, a su vez, requiere flujo financiero y una caja operativa que, en la práctica, solo puede sostenerse con transferencias internacionales auditadas. Abrir centros de atención primaria y aulas cambia la percepción social más que cualquier discurso.

Agua y electricidad son prioridades gemelas. Reparar redes y plantas demanda materiales que a menudo están en la lista de doble uso. Ahí se juega otra batalla técnica: cómo permitir la reconstrucción sin reabrir rutas que alimenten capacidad bélica. Una solución son corredores industriales controlados con sellos digitales y verificación en destino.

Qué puede ocurrir en las próximas semanas

Si las conversaciones de Sharm el Sheij se traducen en un documento operativo, lo primero que debería verse es una semana de silencio aéreo y alto el fuego sostenido sobre la Franja. Esa ventana serviría para el movimiento de rehenes, el preposicionamiento de ayuda y el despliegue inicial de policías palestinos en puntos críticos. El comité egipcio-palestino tendría que instalar su cadena de custodia de armas y lanzar un primer inventario —no hace falta que sea exhaustivo, pero sí creíble—. Al mismo tiempo, la ANP y Hamás deberían acordar nombres para el comité administrativo, con perfiles técnicos y consenso mínimo entre facciones.

La semana dos sería la de los canjes y primeras entregas verificadas de armamento, con observación regional y, probablemente, presencia técnica internacional de bajo perfil. Si ese calendario se cumple, Israel podría retirar unidades de zonas específicas, dejando cuarteles a modo de anillos de seguridad mientras se comprueba que no hay repuntes de actividad armada. La entrada de ayuda se volvería masiva, con prioridad para vivienda de emergencia, clínicas, agua y educación.

En paralelo, habrá que resolver disputas simbólicas que suelen torpedear avances reales: banderas, uniformes, nombres en carteles oficiales, acreditaciones y protocolo. Parece menor, pero no lo es. En procesos de transición estas cuestiones suelen encender pasiones y embarrar lo que estaba alineado. Aquí, Egipto y Catar serán árbitros imprescindibles para bajar la temperatura.

Si el rechazo a la gestión internacional se mantiene —y todo indica que así será—, la contrapartida será aumentar la densidad técnica de la supervisión regional: más ingenieros, auditores, gestores logísticos y observadores civiles con acreditación árabe que hagan de puente de confianza con los donantes. Es, en esencia, un intento de rellenar con técnica el hueco que deja la política. Puede funcionar si los resultados —rehenes a casa, armas fuera, servicios funcionando— llegan rápido.

La gran incógnita es la durabilidad. Una tregua que no se consolida en mejoras medibles tiene fecha de caducidad. Un plan que solo existe en comunicados también. Si algo han aprendido los mediadores en este conflicto es que, para que un alto el fuego se vuelva paz imperfecta, las familias deben notar en semanas —no en meses— que vuelven a trabajar, que abren mercados, que hay luz por la noche y que el agua ya no llega cada tres días. Eso exige financiación sostenida, logística y control. Y, sobre todo, un equilibrio político que los actores puedan defender ante sus bases.

Hoy, el núcleo es claro: Hamás acepta desarmarse en un marco egipcio-palestino y abrir la puerta a fuerzas de seguridad palestinas; rechaza la administración internacional y cualquier figura de “gobernador” en Gaza. El resto —verificación, retirada, dinero, legitimidad— son piezas complementarias que pueden montarse si ese núcleo no se fractura. Las próximas semanas dirán si la geometría que se traza en la mesa se convierte por fin en realidad en las calles de Gaza.

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Este artículo ha sido redactado basándose en información procedente de fuentes oficiales y confiables, garantizando su precisión y actualidad. Fuentes consultadas: Agencia EFE, RTVE, El País, 20 Minutos, La Vanguardia.