¿Qué falla en las presas españolas y cuánto nos afecta?

Las presas españolas no presentan un único fallo generalizado. El problema es la acumulación de mantenimiento pendiente, sistemas de vigilancia anticuados y planes de emergencia sin implantar en una red que abastece poblaciones, sostiene regadíos, produce electricidad y ayuda a moderar crecidas. Según el diagnóstico recogido por los profesionales del sector, el 75% de las presas de titularidad estatal carece de un plan de emergencia implantado; el 65% necesita renovar su instrumentación de control, el 30% requiere refuerzos estructurales y la mitad precisa actuaciones de rehabilitación.

Esas cifras no significan que tres de cada cuatro presas estén a punto de romperse. Describen carencias distintas que elevan la incertidumbre y dificultan la respuesta cuando llega una avenida. El riesgo importa especialmente aguas abajo de las instalaciones clasificadas en categoría A, donde un fallo podría causar daños graves a la población. La rotura de Vega de Tera, que mató a 144 personas en 1959, muestra el extremo de ese peligro; la situación vivida en Forata durante la DANA valenciana recuerda que también cuentan los minutos disponibles para vigilar, decidir y avisar.

Una red imprescindible con tareas acumuladas

España cuenta con 2.453 presas, de las cuales unas 1.300 se consideran grandes presas. Su papel va mucho más allá de almacenar agua: permiten disponer de reservas para el consumo y la agricultura, alimentan centrales hidroeléctricas y, en determinadas condiciones, reducen el caudal máximo de una crecida al retener parte del agua que llega desde la cuenca. También intervienen en la gestión de los caudales aguas abajo. Por eso, una deficiencia de seguridad no afecta solo a la instalación: puede repercutir en pueblos, carreteras y servicios que dependen de ella.

Buena parte de esa red procede del gran ciclo constructor de las décadas de 1960, 1970 y 1980. La edad media ronda los 50 años, más de 600 presas han superado ese umbral y al menos 100 tienen más de un siglo. La antigüedad, por sí sola, no equivale a inseguridad: una obra veterana puede seguir funcionando correctamente si se inspecciona, mantiene y adapta. Pero el paso del tiempo obliga a revisar tanto el hormigón y los terrenos de apoyo como los desagües, las compuertas y los equipos que permiten conocer su comportamiento.

El diagnóstico sectorial atribuye a un 30% de las presas necesidades de refuerzo estructural y a la mitad necesidades de rehabilitación. Son categorías amplias, no partes médicos idénticos para todas las instalaciones. En unas puede ser prioritario intervenir sobre drenajes o juntas; en otras, mejorar un aliviadero o sustituir maquinaria. La decisión depende de la inspección de cada presa, de su estado, de las cargas que soporta y de las consecuencias que tendría un incidente aguas abajo.

La conservación arrastra además un problema presupuestario. Las cifras recogidas en el diagnóstico señalan una reducción del 57% de la inversión pública destinada a conservación durante la última década y una ejecución del 71% de lo previsto en programas hidrológicos y de gestión del riesgo. No explican por sí solas el estado de cada embalse, pero sí apuntan a un desfase entre las necesidades detectadas y las actuaciones realizadas. Cuando una reparación se aplaza, la estructura sigue trabajando y el seguimiento debe continuar; la tarea pendiente no desaparece del calendario técnico.

También conviene separar la seguridad de una presa de su utilidad económica. Un embalse puede ser fundamental para regar, suministrar agua o generar electricidad y, al mismo tiempo, necesitar inversiones importantes para seguir operando con garantías. La discusión pública suele fijarse en el volumen almacenado o en la altura del muro. Para los equipos de explotación importa igualmente lo que sucede dentro y alrededor de la obra: filtraciones, movimientos, erosión, sedimentos y respuesta de sus mecanismos cuando se les exige funcionar.

Cómo se detecta un problema antes de que sea visible

Una presa se vigila desde dentro. Instrumentos instalados en el cuerpo de la obra y en su entorno miden desplazamientos, presiones del agua, filtraciones y otros cambios que pueden revelar una anomalía. A ese seguimiento se le llama auscultación. Su valor está en comparar datos a lo largo del tiempo, no en obtener una lectura aislada: una variación que parece pequeña puede ser relevante si se repite, aumenta o coincide con un embalse especialmente lleno.

Por eso importa que el 65% de las presas necesite renovar sus sistemas de auscultación, según el diagnóstico citado. Renovar no consiste únicamente en colocar sensores nuevos. Hace falta comprobar que miden bien, conservar registros comparables, interpretar sus resultados y disponer de comunicaciones que lleven una alerta a quienes deben actuar. Un dato que llega tarde o nadie sabe contextualizar sirve de poco durante una crecida, por sofisticado que sea el aparato que lo ha producido.

La inspección presencial completa esa información. Recorrer la coronación, entrar en galerías, observar los drenajes y revisar el funcionamiento de compuertas permite detectar señales que un sensor no describe por sí solo. Entre los procesos que exigen atención figuran la erosión de aliviaderos, la socavación aguas abajo, el deterioro de juntas, las filtraciones y la acumulación de sedimentos. No todos son síntomas de una rotura inminente; son fenómenos que deben identificarse, seguirse y, cuando proceda, corregirse antes de que reduzcan el margen de seguridad.

Ese margen depende también de los equipos eléctricos y mecánicos. Una compuerta necesita alimentación, capacidad de maniobra y mantenimiento; una alarma necesita una vía de comunicación operativa cuando el temporal afecta a otras infraestructuras. Los sistemas de respaldo ayudan, pero no sustituyen las pruebas periódicas ni a personal formado para interpretar lo que ocurre. La tecnología amplía la capacidad de vigilancia solo si forma parte de una rutina de explotación que funciona tanto en un día tranquilo como bajo presión.

Los refuerzos, por su parte, no se deciden con una receta universal. Mejorar un drenaje, reparar un revestimiento o intervenir en los apoyos responde a problemas diferentes y exige estudios específicos. En presas de materiales sueltos, el comportamiento de las filtraciones merece especial atención; en otras tipologías pueden cobrar más importancia las juntas o las condiciones del cimiento. Medir y reparar son tareas complementarias: la primera permite reconocer cómo se comporta la obra y la segunda corrige los puntos en los que ese comportamiento deja de ofrecer suficiente confianza.

El plan de emergencia que no puede quedarse en papel

Incluso una presa bien conservada necesita prepararse para situaciones excepcionales. Un plan de emergencia identifica posibles incidentes, establece quién toma las decisiones y fija cómo se comunica una alerta a protección civil y a los municipios afectados. Incluye la representación de las zonas que podrían inundarse y el tiempo estimado de llegada del agua en los escenarios estudiados. Su función no es pronosticar una catástrofe, sino evitar que los responsables tengan que improvisar la cadena de avisos cuando el tiempo escasea.

El diagnóstico indica que el 75% de las presas estatales no tiene un plan implantado. La precisión importa: un documento redactado no equivale necesariamente a un sistema listo para funcionar. Implantarlo supone disponer de medios de comunicación, acordar responsabilidades, mantener actualizados los contactos y comprobar la coordinación mediante ejercicios. La diferencia entre tener un plan y poder aplicarlo se mide cuando una incidencia ocurre fuera del horario habitual, falla una línea de comunicación o varios municipios necesitan información a la vez.

En ese proceso intervienen actores con tareas distintas. El titular y los equipos de explotación conocen la instalación y siguen su evolución; protección civil organiza la respuesta ante el riesgo para las personas, y los ayuntamientos conocen sobre el terreno accesos, servicios y lugares vulnerables. Una cartografía comprensible facilita que esas piezas trabajen juntas. También pueden emplearse sirenas, sistemas de aviso a móviles y otros canales, siempre que los mensajes, los responsables y los procedimientos se hayan coordinado antes de la emergencia.

La clasificación por categorías ayuda a orientar las prioridades. La categoría A identifica las presas cuya rotura o funcionamiento incorrecto podría causar daños graves a núcleos de población o servicios esenciales. No expresa la probabilidad de que una presa se rompa: describe la gravedad potencial de sus consecuencias. El diagnóstico recogido sitúa en esa categoría al 40% de las presas de su ámbito de análisis. Donde hay más población expuesta, cada retraso en el aviso pesa más, de ahí la importancia de saber con antelación quién activa una alerta y cómo llega a quienes viven aguas abajo.

Un simulacro permite descubrir errores menos espectaculares que un fallo estructural, pero decisivos en la práctica: un teléfono desactualizado, un camino que ya no sirve como salida o un mensaje difícil de interpretar. Además, la exposición cambia con el territorio. Aparecen viviendas, carreteras, colegios o actividades económicas en zonas que antes tenían otros usos. Revisar los planes exige mirar también fuera de la presa, porque la misma avenida puede tener consecuencias distintas según lo que encuentre en su recorrido.

Forata y los límites de la protección frente a las crecidas

La DANA que afectó a Valencia situó a la presa de Forata en el centro de la atención pública. Según el relato recogido en el diagnóstico técnico, el nivel llegó a quedar a un metro del límite señalado como crítico y más de 110.000 personas podían verse afectadas aguas abajo en un escenario grave. Esas personas no sufrieron una rotura de presa: la cifra expresa la magnitud potencial de un riesgo, no un balance de víctimas ni una predicción de lo que necesariamente habría ocurrido.

El episodio ilustra una distinción esencial. Una presa puede reducir una avenida al guardar temporalmente parte del caudal que recibe, pero esa capacidad tiene límites físicos. Importan el espacio libre que había en el embalse antes de llover, la rapidez con que entra el agua y la capacidad de los desagües para evacuarla de manera controlada. Un embalse no elimina toda inundación posible ni puede mantener indefinidamente el agua retenida mientras sigue lloviendo en la cuenca.

La gestión se vuelve más difícil cuando coinciden objetivos legítimos que tiran en direcciones distintas. Conservar agua aporta reservas para épocas secas; disponer de espacio puede ayudar a amortiguar una crecida. La decisión no consiste en vaciar preventivamente cualquier embalse ante cada pronóstico de lluvia, sino en operar con información meteorológica, conocimiento de la cuenca y reglas de explotación ajustadas a la instalación. La seguridad exige margen y capacidad de adaptación, sin olvidar las necesidades de abastecimiento, riego o producción eléctrica.

Los temporales intensos también obligan a revisar los supuestos con los que se diseñaron y gestionan algunas infraestructuras. El cambio climático añade incertidumbre sobre la frecuencia y la intensidad de determinados extremos, aunque no permite atribuir por sí solo cada episodio concreto a una causa única. Los profesionales reclaman incorporar esa evolución a las normas y a las reglas de operación. Los registros históricos siguen siendo útiles, pero no deberían ser el único horizonte cuando se estudia la seguridad futura de una presa.

Ni Forata ni Vega de Tera cuentan la misma historia. Una fue una situación de alta presión durante un temporal; la otra, una rotura que arrasó Ribadelago y dejó 144 muertos en 1959. Confundirlas borraría diferencias técnicas e históricas decisivas. Juntas explican, sin embargo, por qué importa trabajar con varios niveles de protección: conservar la obra, vigilarla, operar con criterio y preparar la respuesta para el caso en que las barreras anteriores no basten.

Quién vigila a los responsables de cada presa

Las presas tienen titulares públicos y privados, y su explotación se inserta en la gestión de cada cuenca. Los titulares deben ocuparse de sus instalaciones; las administraciones hidráulicas ejercen funciones de planificación, supervisión y control dentro de sus competencias. En una emergencia se añade la intervención de protección civil. Repartir responsabilidades no basta si los sistemas no se entienden entre sí: los datos de vigilancia, los avisos y las decisiones operativas deben circular con rapidez entre quienes participan.

El sector profesional advierte de que el marco técnico resulta desigual y reclama reglas más claras para las presas en explotación, no solo para proyectos nuevos. También pide que la seguridad incorpore mejor los escenarios climáticos y que las inspecciones permitan comparar el estado de distintas instalaciones. Ese debate no se resuelve con una norma escrita de forma más exigente si no existen equipos capaces de aplicarla. La exigencia técnica necesita personal, presupuesto y continuidad para traducirse en revisiones y obras.

Entre las propuestas planteadas figuran un Consejo de Seguridad de Presas con independencia y financiación propia y la recuperación de un Servicio de Vigilancia de Presas dedicado a la inspección sobre el terreno. Son propuestas de los profesionales, no organismos que ya desempeñen esas funciones en los términos reclamados. Su argumento es que la supervisión independiente puede detectar vacíos que pasan inadvertidos cuando la explotación, la evaluación y la decisión presupuestaria quedan demasiado próximas.

La prioridad de las inversiones tampoco debería depender únicamente de la edad o del tamaño de una presa. Una instalación pequeña aguas arriba de una zona habitada puede exigir una respuesta distinta de la de otra mayor situada en un entorno menos expuesto. El estado estructural, la calidad de los datos disponibles y las consecuencias de un incidente ayudan a ordenar el trabajo. Actuar primero donde el riesgo es mayor permite avanzar en planes de emergencia, instrumentación y obras sin tratar todas las carencias como si fueran iguales.

Hay, además, un componente humano que no se compra junto con los sensores. Los operadores deben reconocer señales anómalas, saber cuándo elevar una incidencia y practicar decisiones bajo condiciones poco habituales. Los servicios municipales necesitan conocer los mapas y los canales de aviso; los responsables técnicos, disponer de autoridad para justificar una intervención aunque no sea visible para el público. Una cultura de seguridad se sostiene en rutinas comprobables, no en la confianza de que cada cual sabrá qué hacer llegado el momento.

El futuro de las presas se decide caso por caso

La retirada de presas ha ganado espacio en el debate ambiental porque una barrera puede interrumpir la continuidad de un río y alterar sus ecosistemas. Al mismo tiempo, determinadas infraestructuras aportan abastecimiento, energía, riego o protección frente a crecidas. Los ingenieros que han elaborado el diagnóstico piden una moratoria en los planes de demolición hasta evaluar sus efectos técnicos, ambientales, energéticos y patrimoniales. Esa petición es una posición dentro del debate, no una prueba de que retirar una presa sea siempre perjudicial.

Tampoco conservarla es automáticamente la mejor opción. Hay estructuras cuya utilidad ha cambiado y otras para las que mantener unas condiciones aceptables de seguridad puede exigir inversiones considerables. En cada caso cuentan el estado de la obra, sus efectos sobre el río, los usos que dependen de ella y las consecuencias de dejar de contar con su capacidad de regulación. La decisión relevante no enfrenta naturaleza e ingeniería como opciones incompatibles: compara beneficios, daños y alternativas con información específica del lugar.

Cuando una presa se conserva, la vigilancia debe poder seguirse en el tiempo. Publicar información comprensible sobre inspecciones, planes de emergencia y actuaciones pendientes ayudaría a distinguir un riesgo detectado de un riesgo desatendido, sin comprometer los datos cuya difusión plantee problemas de seguridad u operación. La transparencia también permitiría explicar por qué una obra se adelanta a otra. Lo que no se ve desde la orilla —un drenaje reparado, una alarma probada, una lectura revisada— puede ser precisamente lo que más importa.

La conversación suele reactivarse cuando llueve demasiado o cuando escasea el agua. Sin embargo, la seguridad de las presas se construye sobre todo entre esos episodios, durante años de mediciones, mantenimiento y decisiones presupuestarias poco vistosas. España dispone de una extensa red hidráulica y de conocimiento técnico para gestionarla; el desafío es no dejar que las tareas conocidas se acumulen hasta estrechar el margen de respuesta. Una presa segura no es la que nunca afronta situaciones difíciles, sino aquella cuyo estado se conoce, cuyos problemas se corrigen y cuyos responsables están preparados para actuar cuando llegan.