Qué es Forestalia y por qué la investiga la UCO: que se sabe

La UCO registra Forestalia en Zaragoza: detenidos Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso; la causa rastrea contratos y vínculos clave.

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil registró este jueves, 11 de diciembre de 2025, la sede de Forestalia en Zaragoza dentro de una macrooperación dirigida por la Audiencia Nacional y coordinada con la Fiscalía Anticorrupción. El dispositivo, bajo secreto de sumario, apunta a una presunta trama de corrupción en la contratación pública y ha incluido al menos 19 registros en distintas provincias, así como la detención de Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso, administrador de Servinabar y socio empresarial del dirigente socialista Santos Cerdán. En paralelo, la UCO inspeccionó un bar de la Cartuja (Sevilla) vinculado a Fernández, pieza que los investigadores relacionan con un posible circuito de blanqueo. De momento no consta ninguna imputación concreta contra directivos de la compañía aragonesa, y rige la presunción de inocencia para todos los investigados.

Forestalia entra en el radar por su peso real en la economía aragonesa y por los vínculos mercantiles que los agentes rastrean en torno a la red investigada. No se trata, a esta hora, de su actividad energética en sí misma, sino del cruce de relaciones y operaciones entre empresas privadas y responsables públicos o ex altos cargos que hoy están bajo la lupa. La compañía, fundada en 2011 y centrada en desarrollar y operar parques eólicos, plantas solares y proyectos de biomasa, figura desde hace una década entre los mayores promotores de España. De ahí que un registro en su sede añada una dimensión relevante a una causa que ya afecta a organismos estatales —como SEPI—, empresas públicas y sociedades privadas.

La operación de hoy, con los datos que ya están claros

El despliegue policial comenzó a primera hora y se extendió durante el día por varias localizaciones, con Zaragoza, Madrid y Sevilla como ejes visibles. La instrucción es de la Audiencia Nacional, con Anticorrupción marcando el rumbo de una investigación que, según las fuentes consultadas por los medios durante la jornada, explora posibles delitos de organización criminal, malversación, tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y falsedad documental. El registro en la sede de Forestalia forma parte de un paquete de diligencias más amplio, entre ellas la incautación de documentación en entidades públicas y privadas y la entrada en un establecimiento hostelero en la Cartuja, vinculado societariamente a Vicente Fernández. La hipótesis: identificar flujos de dinero, contratos o adjudicaciones que pudieran haber sido influenciadas por relaciones personales o empresariales —y detectar eventuales estructuras de pantalla para canalizar fondos—.

En este contexto, el nombre de Antxon Alonso sobresale por su papel como administrador de Servinabar y por su relación mercantil con Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE. La detención de Alonso, posterior a las de Leire Díez —conocida en ambientes políticos como “la fontanera”— y Fernández, ayuda a trazar el perímetro de la red que se investiga. Los registros buscan documentación y soportes informáticos, pero el secreto de sumario impide, de momento, conocer qué se ha hallado y si existen evidencias sólidas de quid pro quo entre adjudicaciones públicas y contraprestaciones privadas.

El impacto político es inevitable. Se cruzan nombres de primer plano y empresas con fuerte implantación territorial. Sin embargo, a efectos judiciales y también periodísticos, conviene fijar tres certezas: el sumario está bajo secreto, no hay acusaciones firmes contra la dirección de Forestalia y las diligencias de hoy no paralizan automáticamente la actividad de la compañía salvo que el juez adopte medidas cautelares específicas. Hasta ahora, no hay noticia de suspensiones de proyectos, inhabilitaciones o precintos operativos contra la empresa.

Quién es Forestalia y qué hace realmente

Forestalia es un desarrollador de energías renovables con sede en Zaragoza que nació en 2011 y creció con rapidez gracias a una estrategia intensiva de promoción y a su capacidad para cerrar acuerdos financieros e industriales con grandes actores del sector. Su negocio principal pasa por identificar emplazamientos, tramitar permisos, diseñar la ingeniería, asegurar la evacuación eléctrica, contratar la construcción y operar —directamente o a través de socios— plantas eólicas, fotovoltaicas y de biomasa. En su discurso corporativo sostiene haber promovido más de 2 GW y maneja una cartera de desarrollo que supera los 8 GW. Son magnitudes que, aun siendo de origen corporativo, encajan con un perfil: promotor de gran escala, muy asentado en Aragón, que trabaja con PPAs (contratos de compraventa de energía a largo plazo), financiación de proyecto y, llegado el caso, rotación de activos.

La proyección nacional de Forestalia arrancó con fuerza en 2016, cuando fue el nombre más repetido tras la subasta de renovables de enero: entonces se adjudicó 300 MW eólicos y 108,5 MW de biomasa con ofertas que, en la práctica, renunciaban a primas. En la subasta eólica posterior, en 2017, mantuvo posiciones de liderazgo. Ese salto la situó entre los promotores capaces de atraer capital y tecnología para ejecutar parques en tiempos de alta demanda y complejidad administrativa. El modelo de negocio —desarrollar, financiar y, en ocasiones, vender participaciones cuando el activo está listo para construir o en operación— la emparenta con lo que hacen otros promotores españoles y europeos que aceleran la transición energética en mercados muy competitivos.

El papel de Fernando Samper y el ecosistema aragonés

Detrás del impulso empresarial aparece Fernando Samper Rivas, empresario zaragozano vinculado a la entrada de capital familiar en el negocio renovable. Durante la última década, Samper ha sido una figura reconocible en eventos del sector y en el tejido económico de Aragón. Su apuesta agresiva en subastas, la disposición a cerrar alianzas con industriales y fondos, y la decisión de rotar parte de los proyectos para financiar el resto han sido rasgos de una estrategia que, con matices, se ha replicado en el mercado. En paralelo, Aragón ha consolidado un ecosistema renovable con proveedores, ingenierías, constructoras y servicios que, por ubicación y experiencia, han ofrecido a promotores como Forestalia una base operativa sólida. La combinación explica por qué los nombres de Zaragoza afloran con tanta frecuencia en expedientes energéticos, ya sea por tramitación, construcción o explotación de activos.

Este contexto económico no convierte a ninguna empresa en sospechosa por sí misma; sí ayuda a entender por qué un registro en una sede importante en Aragón tiene un impacto mediático superior al de otros lugares. Hay tejido, empleo, inversiones en curso y, desde hace meses, una apuesta adicional: centros de datos alimentados con energía verde.

Por qué la UCO mira a Forestalia en esta macrocausa

La entrada de la Guardia Civil en la sede de Zaragoza se enmarca en el rastreo de relaciones societarias, pagos y adjudicaciones que conectan a determinadas empresas privadas con responsables públicos o ex altos cargos. Forestalia aparece por la vía de esos vínculos mercantiles con el entorno de Servinabar, la sociedad administrada por Antxon Alonso, y por haber mantenido relaciones empresariales con actores que hoy están detenidos o investigados. La operación no señala una conducta concreta atribuida a la compañía; al menos, no hay noticia de ello. El foco se centra en cómo se adjudicaron contratos y quiénes intervinieron en la cadena de decisiones y contraprestaciones.

El registro del bar de la Cartuja, controlado por Vicente Fernández, y su presunta conexión con operaciones de blanqueo aporta una derivada financiera que los investigadores quieren aclarar: si determinados negocios pudieron servir para disfrazar ingresos o justificar gastos relacionados con la trama. Esta línea, habitual en macrocausas de corrupción, complementa la búsqueda de documentación en empresas públicas (como SEPI, ENUSA o Mercasa) y en firmas privadas del entorno empresarial de los detenidos. El conjunto dibuja un mosaico donde se cruzan administración, empresas de servicios, sociedades instrumentales y proveedores reales, con Zaragoza y Sevilla como escenarios clave.

A mediodía, el balance provisional del dispositivo incluía 19 registros y tres detenciones relevantes, sin que trascendiera la adopción de medidas cautelares contra Forestalia más allá de la recopilación de expedientes, contratos, correos y equipos informáticos. El siguiente paso natural es que los detenidos declaren ante el juez y que la UCO analice con detalle lo incautado. Si de ese análisis surgen indicios consistentes, la instrucción podría ramificarse con más imputaciones o con diligencias dirigidas; si no, algunas piezas podrían encaminarse al archivo o a una redefinición del perímetro de la causa.

El negocio de Forestalia, con números y proyectos

Más allá de la jornada judicial, el mapa de proyectos de Forestalia explica su relevancia. La empresa ha desarrollado y puesto en marcha parques eólicos en varias comunidades y, en los últimos años, ha acelerado la fotovoltaica aprovechando el abaratamiento de paneles y la mejora en la eficiencia de inversores. La biomasa, más compleja por la logística del suministro, también forma parte de su mix desde la primera subasta de 2016, donde obtuvo una potencia significativa. Sobre la mesa, además, están líneas de evacuación y subestaciones que multiplican el efecto de sus proyectos y requieren coordinación con REE, con comunidades autónomas y con los municipios implicados.

La forma de financiar estos desarrollos combina equity propio, deuda de proyecto y firmar PPAs para cubrir parte de la producción a precios conocidos durante una década o más. Este esquema, hoy estándar en el sector, reduce el riesgo, facilita el cierre financiero y permite a las compañías rotar activos —vender una participación o la totalidad del parque— cuando encuentran un comprador estratégico (utilities, fondos de infraestructuras, inversores institucionales) que desea entrar en la operación y conservar el activo a largo plazo. Forestalia ha jugado en ese terreno con soltura, lo que explica su presencia continua en registros mercantiles y en boletines oficiales con anuncios de avances de tramitación y autorizaciones administrativas.

La huella aragonesa —empleo en obra, contratos de mantenimiento, servicios auxiliares— da a cada proyecto una dimensión local que excede el número frío de megavatios. De ahí que cualquier sombra judicial termine generando ruido: proveedores, bancos y contrapartes suelen pedir información adicional o incorporar cláusulas de salvaguarda mientras se despejan dudas. Aun así, sin medidas cautelares, la experiencia de otras causas indica que la actividad ordinaria continúa, con auditorías internas reforzadas y comunicación más prudente hacia administraciones y financiadores.

Centros de datos y energía: el salto del “Proyecto Búfalo”

En noviembre, Forestalia anunció el “Proyecto Búfalo”, que consiste en levantar tres centros de datos en Alfamén, Botorrita y Magallón (Zaragoza). La inversión prevista supera los 12.000 millones de euros a varios años y se apoya en un principio sencillo: alimentar la infraestructura digital con energía renovable generada en el entorno. El Gobierno de Aragón otorgó la condición de Interés General y se trabaja en un calendario escalonado que, si avanza, posicionaría a la comunidad como polo europeo de capacidad de cálculo. El movimiento encaja en una tendencia global: grandes operadores de datos integran la contratación directa de renovables y la gestión de la demanda para reducir costes y huella de carbono.

La coincidencia temporal entre el registro en la sede de Zaragoza y el impulso al proyecto ha llevado a mezclar debates, pero a día de hoy no hay relación acreditada entre el plan de centros de datos y la macrocausa de corrupción. Sí hay, en cambio, un riesgo reputacional obvio: cualquier procedimiento judicial que afecte al grupo promotor obliga a revisar procesos de compliance, reforzar controles internos y extremar la trazabilidad de pagos y contratos. Si el proyecto avanza, lo hará por la vía de los permisos autonómicos y municipales, la disponibilidad de energía firme y el encaje en la red de transporte; variables todas ellas separadas de lo penal, salvo que el juez disponga otra cosa.

Nombres propios y conexiones que marcan la trama

Leire Díez, conocida como “la fontanera” en ambientes del PSOE, fue una de las primeras detenidas en la jornada. Su arresto se interpreta como un hilo para entender posibles intermediaciones en adjudicaciones o contratos de asesoría. Vicente Fernández, que presidió la SEPI, aparece como otro eje, especialmente por el bar de la Cartuja del que es administrador y que, según los investigadores, pudo ser vehículo para blanquear capitales. La tercera detención destacada, Antxon Alonso, administrador de Servinabar y socio de Santos Cerdán, añade la pata empresarial a una investigación que busca la conexión exacta entre decisiones públicas y beneficios privados. En este paisaje se mencionan otras entidades públicas —ENUSA, Mercasa— por los registros practicados, y nombres de compañías privadas que, por ahora, conviene no mezclar sin soporte documental.

Forestalia aparece en este mapa por proximidad mercantil a algunos de esos actores, no por acusaciones directas conocidas sobre su gobernanza o operativa energética. Esa precisión es relevante. Una compañía puede ser objeto de un registro sin que ello lleve aparejada una imputación de sus directivos. La UCO actúa como policía judicial: busca, requisita, ordena y entrega al juez. La pieza clave es la documentación que salga de los expedientes, correos, facturas, hojas de cálculo y contratos que hoy pasaron a manos de los investigadores.

Qué implica para Aragón, para las renovables y para el mercado

A corto plazo, el efecto más visible es reputacional. Una empresa que es actor de primer nivel en eólica y fotovoltaica —y que ha anunciado un proyecto emblemático de centros de datos— se ve rodeada por titulares de corrupción. Eso, en la práctica, se traduce en más preguntas de bancos, fondos y contrapartes de PPAs; en cláusulas de transparencia adicionales; y en una comunicación más densa con administraciones. Si no hay órdenes judiciales que bloqueen trámites, el calendario de obra y operación debería sostenerse con ajustes y controles reforzados.

Para el sector, el episodio reabre un debate recurrente: el de la integridad en la contratación pública y en los procedimientos administrativos ligados a la transición energética. El volumen de inversión, los cuellos de botella en permisos, la competencia por terrenos y los puntos de evacuación han creado un entorno de tensión donde la línea entre la legítima interlocución y la influencia indebida es vigilada con lupa. La receta que se repite en foros y asociaciones —compliance robusto, murallas chinas entre desarrollo y relaciones institucionales, y publicidad de los procesos— volverá a escucharse con fuerza.

En Aragón, el Gobierno autonómico y los ayuntamientos implicados en los grandes proyectos seguirán de cerca cada paso. El empleo en obra, los contratos de mantenimiento, la actividad de proveedores locales y la propia recaudación fiscal dependen de que el despliegue renovable mantenga el pulso. Lo razonable, a día de hoy, es esperar a que el juez despeje el perímetro de la causa, al tiempo que empresas y administraciones refuerzan mecanismos de control y transparencia.

Hechos contrastados y pasos siguientes

El día termina con hechos claros: registro en la sede de Forestalia en Zaragoza, 19 registros en total, detenciones de Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso, y actuaciones en Sevilla —el bar de la Cartuja— junto a entradas en empresas públicas y privadas. Todo, bajo secreto de sumario. Lo que viene ahora es la declaración de los detenidos ante el juez, el análisis minucioso de la documentación requisada y, en su caso, nuevas diligencias. Para Forestalia, el riesgo hoy es de imagen y de confianza frente a financiadores y socios; su actividad no figura suspendida y sus proyectos —también el “Proyecto Búfalo”— siguen su curso administrativo salvo que se dicten medidas cautelares.

Conviene separar planos. En lo judicial, mandan los hechos que se documenten en el sumario. En lo empresarial, mandan la solidez de los contratos, la solvencia de la ingeniería y la capacidad de ejecución. En lo político, mandan las responsabilidades y las explicaciones si se demuestran conductas ilícitas. El nombre de Forestalia —promotor aragonés que emergió con fuerza desde las subastas de 2016 y 2017, con un porfolio que suma eólica, solar y biomasa y con un salto ambicioso hacia centros de datos— queda hoy asociado a una operación de gran calado. La fotografía es incompleta, pero nítida en lo esencial: los investigadores buscan pruebas y conexiones; las empresas afectadas defienden su posición; y el sector, otra vez, mira de frente a un espejo exigente en materia de integridad.

La noticia de hoy no sentencia, ilumina. Señala lugares, nombres y documentos sobre los que se proyectará luz en las próximas horas. Y recuerda algo que conviene no olvidar: en causas de corrupción, los tiempos judiciales marcan el compás y los datos verificados —no el ruido— son el único suelo firme para entender lo que de verdad importa. Aquí, Zaragoza, Sevilla y Madrid comparten una misma partitura. Los investigadores escriben las notas; el juez decide el ritmo; las empresas, si quieren seguir tocando, deberán afinar su cumplimiento como nunca.