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¿Qué dijo Ortega Smith a una empleada de Vox durante su baja maternal?

El Supremo descarta delito en la querella contra Ortega Smith, aunque reprocha sus palabras a una empleada de Vox tras su permiso de maternidad.

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Que dijo Ortega Smith a Abascal

Resumen

  • El Supremo archiva la querella contra Ortega Smith y no aprecia delito
  • El auto reprocha sus palabras a una empleada de Vox tras su baja maternal
  • La resolución apunta a otras vías para discutir el cese y la discriminación

El Tribunal Supremo ha rechazado la querella presentada contra Javier Ortega Smith por una antigua responsable de Comunicación de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, cesada el mismo día en que regresó de su permiso de maternidad. La Sala de lo Penal concluye que los hechos denunciados no alcanzan la gravedad necesaria para constituir un delito contra la integridad moral, aunque el propio auto contiene un reproche explícito: califica la conducta de impropia, considera desafortunadas e improcedentes algunas palabras y menciona una posible discriminación indirecta por razón de sexo.

En el centro del caso está una conversación grabada entre Ortega Smith y Alba Moreno, entonces directora de Comunicación del grupo municipal de Vox. Durante aquella reunión, celebrada el 9 de diciembre de 2025, el político le reprochó su escasa relación con el equipo mientras permanecía de baja y llegó a decirle: «No has venido a un solo pleno, no has venido a nada». El Supremo no considera delictivas esas palabras, pero tampoco las presenta como normales dentro de una relación profesional. Ahí está buena parte del matiz de la resolución.

El Supremo archiva la querella, pero reprocha la conducta

El auto, fechado el 17 de septiembre de 2026 y con la magistrada Susana Polo como ponente, descarta que existan indicios suficientes para continuar por un delito contra la integridad moral. También queda fuera la acusación de prevaricación administrativa relacionada con el cese de la trabajadora. La decisión penal es clara; otra cosa son las valoraciones que la propia Sala hace sobre lo ocurrido.

La resolución introduce una frontera bastante nítida entre lo penalmente castigable y aquello que puede resultar reprochable en otros terrenos. El tribunal recoge que la actuación puede ser indicativa de una posible discriminación por razón de sexo y alude a un comportamiento «un tanto machista», pero señala al mismo tiempo que no hubo insultos, amenazas o humillaciones graves con entidad suficiente para apreciar el delito denunciado.

Dicho de forma sencilla: que una conducta no sea delito no implica que un tribunal la considere adecuada. El derecho penal trabaja con un umbral particularmente exigente. No convierte automáticamente cualquier conflicto laboral, comportamiento improcedente o posible discriminación en una infracción penal; exige que concurran los elementos concretos previstos en la ley.

La conversación que quedó grabada

Moreno había permanecido varios meses apartada de sus funciones durante su permiso de maternidad. Cuando regresó, Ortega Smith le comunicó que no continuaría como directora de Comunicación del grupo municipal. La conversación fue grabada y terminó siendo una de las piezas centrales de la querella presentada ante el Supremo.

En aquella charla, Ortega Smith relacionó su decisión con la falta de contacto que, a su juicio, había mantenido la trabajadora con el equipo durante su ausencia. Le reprochó que no hubiera acudido a plenos, visitado al grupo o mostrado interés por su actividad. También sostuvo que permanecer de baja maternal no impedía mantener una relación personal con los compañeros. Moreno respondió recordándole algo bastante elemental en el conflicto: se encontraba de baja y atendiendo a un hijo recién nacido.

El intercambio resulta relevante porque ayuda a entender por qué el Supremo, aun descartando la vía penal, no liquida el asunto como una simple discrepancia sobre organización interna. Para la Sala, determinadas manifestaciones podían ser reprochables fuera del ámbito penal, aunque no reunieran la gravedad exigible para hablar de un delito contra la integridad moral.

Una reincorporación que terminó con el cese

La comunicación se produjo el mismo día de la reincorporación. Ortega Smith sostuvo que durante la ausencia de Moreno se había configurado un equipo de comunicación que funcionaba satisfactoriamente y que, por esa razón, su regreso al puesto ya no resultaba necesario. La querellante vinculó, por su parte, lo sucedido con el trato recibido a raíz de su maternidad.

Ese contraste entre ambas posiciones explica buena parte del recorrido jurídico. Una cuestión es determinar si una decisión puede vulnerar derechos fundamentales o suponer un trato discriminatorio; otra, bastante distinta, es acreditar un delito contra la integridad moral, sujeto a requisitos mucho más estrictos.

Por qué el Supremo no aprecia delito

El artículo 173 del Código Penal sanciona el trato degradante que menoscabe gravemente la integridad moral y contempla también, dentro de una relación laboral o funcionarial, los actos hostiles o humillantes realizados de forma reiterada y aprovechando una posición de superioridad cuando constituyan un grave acoso. Es decir, no basta con que una conversación sea tensa, desagradable o inapropiada: el tipo penal exige gravedad y unas circunstancias concretas.

Según el razonamiento recogido en el auto, los hechos examinados no alcanzan ese nivel. El episodio se concentra fundamentalmente en una reunión concreta y no describe un acoso sistemático, persistente y prolongado en el tiempo. Tampoco aprecia el Supremo amenazas, insultos o humillaciones graves capaces de justificar la apertura de un procedimiento penal por ese delito.

Por eso el archivo penal convive con un reproche expreso a la conducta. No existe contradicción jurídica: un tribunal puede considerar determinadas palabras improcedentes y, al mismo tiempo, resolver que no reúnen los elementos de un tipo penal. El Código Penal no funciona como un catálogo general de comportamientos incorrectos.

La legislación española sobre igualdad abre, además, otro plano. La Ley Orgánica 3/2007 establece que todo trato desfavorable hacia una mujer relacionado con el embarazo o la maternidad constituye discriminación directa por razón de sexo. El auto penal no declara que exista definitivamente esa discriminación en este caso; sí deja abierta la posibilidad de examinar los hechos desde ámbitos jurídicos distintos al penal.

El cese puede discutirse fuera de la vía penal

Alba Moreno ocupaba un puesto de personal eventual, una figura destinada en las administraciones públicas a funciones de confianza o asesoramiento especial. El Estatuto Básico del Empleado Público establece que tanto el nombramiento como el cese de este personal son libres, un elemento relevante para comprender por qué la acusación de prevaricación tampoco prosperó por la vía penal.

Eso no significa que cualquier circunstancia que rodee un cese quede automáticamente validada. El Supremo señala que la eventual ilicitud de la decisión por una posible vulneración de derechos fundamentales debe discutirse en la jurisdicción contencioso-administrativa, vía en la que la afectada había iniciado actuaciones contra el Ayuntamiento de Madrid.

La diferencia importa. La Sala de lo Penal responde a una cuestión muy concreta: si los hechos aportan indicios suficientes de los delitos denunciados. Su respuesta es negativa. Las posibles consecuencias relacionadas con la legalidad administrativa del cese o con una eventual discriminación pertenecen a otro terreno jurídico, con procedimientos y requisitos propios.

Ortega Smith ya no está en Vox

Aunque los hechos ocurrieron cuando Ortega Smith ejercía responsabilidades vinculadas a Vox, su situación política ha cambiado. El Ayuntamiento de Madrid tomó oficialmente razón el 3 de julio de 2026 de su expulsión de Vox, tras la cual adquirió la condición de concejal no adscrito. La documentación municipal posterior mantiene esa situación.

El episodio procede, no obstante, de su etapa al frente del grupo municipal y afecta a una empleada de aquella estructura. De ahí que el caso continúe estrechamente asociado a Vox y al Ayuntamiento de Madrid, aunque Ortega Smith se encuentre actualmente fuera de la formación.

El procedimiento tampoco supone un pronunciamiento judicial sobre el partido en su conjunto. El Supremo ha examinado la posible responsabilidad penal atribuida a Ortega Smith por unos hechos concretos y una conversación determinada. Conviene mantener esa frontera: la resolución se refiere al caso individual, no establece una valoración general sobre Vox.

Un archivo penal que no borra lo ocurrido

La resolución deja una fotografía bastante más compleja que la expresión «caso archivado». Ortega Smith no será investigado penalmente por estos hechos porque el Supremo considera que lo denunciado no reúne la gravedad y reiteración necesarias para configurar el delito contra la integridad moral planteado en la querella. Ese es el resultado de la Sala de lo Penal.

Pero el mismo auto conserva la otra mitad de la fotografía: reprocha algunas de las palabras pronunciadas durante la reincorporación, califica la conducta de impropia y contempla la posibilidad de que el episodio pueda ser relevante desde la perspectiva de la discriminación por razón de sexo. No es una condena penal ni una sentencia que declare probada esa discriminación, dos precisiones esenciales para no convertir el auto en algo que jurídicamente no es.

La frontera marcada por el Supremo queda así bastante definida: una conversación puede resultar profesionalmente cuestionable y merecer un reproche judicial sin convertirse por ello en delito. En este caso, la vía penal termina con el archivo, mientras la discusión sobre la legalidad del cese y el posible trato discriminatorio pertenece a otros cauces jurídicos.

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Fundador de DonPorqué y curioso empedernido. Escribe sobre tecnología, viajes, gastronomía, cultura y todo lo que le genera una pregunta con un buen «¿por qué?» detrás. En su tiempo libre es aficionado a los casinos online y aprovecha esa experiencia para compartir análisis y recomendaciones sobre el sector del iGaming.