Salud
¿Cuándo frenará el Gobierno la publicidad de comida insana?
Bustinduy prepara una norma para frenar anuncios de ultraprocesados a menores: qué cambia, a quién afecta y por qué importa en España, 2026.

Bustinduy prepara una norma para frenar anuncios de ultraprocesados a menores: qué cambia, a quién afecta y por qué importa en España, 2026.
El Gobierno se dispone a presentar en las próximas semanas una propuesta normativa para regular la publicidad de alimentos y bebidas insanos dirigida a menores, con la intención explícita de reducir la exposición de niños y adolescentes a anuncios que, según el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, tienen un efecto nocivo en su salud. El anuncio lo hizo Pablo Bustinduy este lunes, 16 de febrero de 2026, al poner fecha —aunque sea elástica— a un debate que lleva años rondando los pasillos del BOE y que, de pronto, vuelve a sonar a medida “de verdad” y no a propósito de año nuevo.
Bustinduy ligó ese calendario a un dato que, políticamente, vale oro: un barómetro presentado ese mismo día constata que el 79% de la población española está de acuerdo en prohibir este tipo de publicidad. El ministro remató con otro número que no necesita metáforas para inquietar: en España, alrededor del 80% de niñas, niños y adolescentes consume alimentos y bebidas no saludables, y además son el grupo más expuesto a esta publicidad. Con ese marco, el Gobierno intenta mover la discusión desde el “cada familia decide” hacia el “la cancha no es neutral”, porque la cancha está llena de pantallas, reclamos y mensajes pensados para colarse en la merienda como quien cuela una canción pegadiza.
La norma que el Gobierno promete para “próximas semanas”
La frase “próximas semanas” tiene algo de niebla madrileña, pero aquí viene respaldada por un gesto concreto: hacer pública una propuesta normativa. No es aún un texto aprobado, ni un decreto ya en vigor, ni un listado cerrado de prohibiciones; es el paso previo, el momento en que se enseña el esqueleto legal y empieza la pelea por cada coma. En la práctica, ese anuncio activa dos relojes a la vez: el reloj sanitario —menos exposición a publicidad de ultraprocesados, menos empuje hacia el consumo habitual— y el reloj económico —marcas, agencias, medios y plataformas recalculando qué se puede decir, dónde, cómo y a quién—. En ese cruce, la palabra “regular” es casi un campo de minas: puede significar restringir horarios, formatos, contenidos, canales o directamente vetar ciertas categorías cuando el destinatario es menor.
Hay un punto de partida que el ministerio ha repetido en los últimos meses y que ahora reaparece con fuerza: la protección de la población escolar. No solo “infancia” como concepto amable, sino escolares en sentido literal, ese tramo de vida en el que se forman hábitos, se fija el paladar y se aprende —a trompicones— a distinguir lo que es una recomendación de lo que es un anuncio disfrazado de juego. De hecho, el planteamiento gubernamental suele enmarcarse en un paquete más amplio: primero el entorno escolar (comedores, máquinas, oferta), después el entorno mediático (publicidad). Una especie de pinza: el plato y la pantalla.
La discusión no nace de cero. En España se ha intentado varias veces poner límites con más ambición que éxito, y eso deja un aprendizaje incómodo: si la norma se queda en generalidades, el mercado encuentra rendijas; si baja al detalle, se multiplican las presiones y los litigios. Por eso el anuncio no se presenta como una ocurrencia improvisada, sino como una pieza más dentro de una agenda que el propio ministerio ha ido desplegando en los últimos años, con especial énfasis en reducir la desigualdad alimentaria: la comida “mala” no se consume igual en todos los barrios, y la publicidad tampoco impacta igual en todas las casas.
El barómetro de Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición y AECOC: el 79% y lo que esconde
El barómetro que se presentó en Madrid —elaborado por AECOC Shopperview para la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan)— funciona como termómetro social, pero también como munición política. El titular es el 79%, sí, esa mayoría amplia que respalda prohibir la publicidad de alimentos insanos dirigida a menores. Lo interesante está en lo que sugiere esa cifra: la percepción de que la publicidad dirigida a niños no es “información”, sino presión, una presión sofisticada, colorida, a veces casi juguetona, que opera en el mismo territorio emocional donde se construyen preferencias y rutinas. Cuando siete u ocho de cada diez personas aceptan una prohibición en un país tan dado a discutirlo todo, no es solo un dato; es una señal de hartazgo.
Ese respaldo también revela un cambio cultural: durante años, la conversación se ha movido entre dos extremos —la moralina (“todo es culpa de los padres”) y el cinismo (“siempre ha habido anuncios”)—. Ahora aparece una tercera idea, más pragmática: si el destinatario es un menor, las reglas deben ser más estrictas. No porque el menor sea “tonto”, sino porque es menor, y el mercado lo sabe. La publicidad infantil no suele hablar de gramos de azúcar ni de perfiles nutricionales; habla de aventura, de premios, de pertenencia, de “ser como”. Y cuando el mensaje se repite en bucle, acaba pareciendo normal que lo normal sea un refresco, una galleta rellena o una bebida “energética” antes de un partido.
Bustinduy, al presentar el barómetro, subrayó justo esa lógica: la sociedad española sería plenamente consciente del problema que supone la exposición de menores a publicidad de productos insanos. En esa frase hay una puerta abierta a algo más que un debate técnico; hay una discusión sobre quién ocupa el espacio mental de la infancia. Si la franja de tarde se llena de reclamos de ultraprocesados, y la franja de noche se llena de patrocinios en redes, al final la dieta cotidiana se negocia con un tercer actor invisible: el anuncio. Y ese actor, por definición, no busca el bienestar; busca la compra.
De la autorregulación a la regulación: por qué el Código PAOS se queda corto
España lleva dos décadas conviviendo con el Código PAOS, un marco de corregulación nacido en 2005 y ampliado después, con el objetivo de reducir la presión publicitaria sobre menores y mejorar el contenido de los anuncios. En la teoría suena razonable; en la práctica, la autorregulación tiene un límite que se ve a simple vista: funciona mejor cuando hay consenso y buena fe sostenida, y funciona peor cuando el incentivo económico es enorme y el control es difuso. Con los años, la publicidad ha cambiado de piel: ya no es solo el spot de televisión a una hora concreta, es el anuncio en redes, el vídeo integrado, el contenido patrocinado, el filtro, el reto, el “colab”. En ese ecosistema, un código voluntario se queda pequeño, como intentar parar el tráfico con una señal de cartón.
El salto que plantea ahora el Gobierno —una propuesta normativa con rango regulatorio— apunta a lo que faltaba: obligación y posibilidad de sanción. Es el paso de “recomendamos que no…” a “no se puede…”. Y ese cambio, para la industria, no es un matiz: es un giro de tablero. Porque una norma puede definir qué productos quedan fuera, en qué medios, con qué recursos creativos, con qué umbrales, con qué edades. Puede también establecer quién vigila, cómo se denuncia y qué ocurre si una marca se salta el límite. La clave, si se quiere evitar otro intento frustrado, es que el texto no sea tan vago que invite al atajo, ni tan complejo que resulte inaplicable.
En este punto suele aparecer la palabra que enciende debates: “insano”. No es una etiqueta moral, pero se siente como tal cuando se coloca sobre un producto con marketing aspiracional. En el lenguaje de salud pública, “insano” se asocia a perfiles nutricionales concretos: exceso de azúcares, grasas saturadas, sal, calorías vacías; en bebidas energéticas, además, la cafeína y otros estimulantes. La discusión legal, por tanto, no será si una galleta “está rica”, sino si cumple o no criterios que permitan publicitarla a menores. Y ahí, sin un criterio técnico robusto, todo se vuelve opinable.
El borrador que se quedó en un cajón y vuelve como fantasma útil
No es la primera vez que se intenta. En la legislatura anterior ya hubo un borrador preparado para regular la publicidad de determinados productos alimentarios en horario infantil y para público joven, y ese intento se frenó por resistencias internas y externas, con el sector alimentario muy pendiente y varios ministerios midiendo costes. Aquella experiencia pesa ahora como advertencia: si la norma nace sin músculo político, se queda en promesa; si nace con músculo pero sin precisión técnica, se deshace en recursos y excepciones. Por eso la estrategia actual intenta apoyarse en dos patas: respaldo social (el 79%) y justificación sanitaria (el 80% de consumo no saludable en menores, y la exposición elevada a publicidad).
En paralelo, el propio Bustinduy ha venido situando esta regulación como “siguiente paso” tras medidas centradas en entornos públicos, especialmente el escolar. La lógica es clara: el Estado puede actuar donde tiene palanca directa —comedores, centros— y después, con más dificultad, en el espacio mediático, donde entran competencias, plataformas internacionales y un mercado publicitario que no se deja domesticar con facilidad. La diferencia es que, ahora, el anuncio de “próximas semanas” pretende evitar el desgaste de la promesa eterna.
El perfil nutricional, esa frontera que decide si se anuncia o se calla
Cuando se habla de restringir publicidad de alimentos “no saludables”, la pregunta técnica llega rápido: ¿quién decide qué es no saludable? El modelo que más se ha mencionado en los debates de los últimos años es el de perfiles nutricionales impulsados por Organización Mundial de la Salud, en su versión europea, precisamente para evitar arbitrariedades. No se trata de demonizar alimentos aislados, sino de establecer umbrales y categorías que, cuando el destinatario es menor, no se publicitan. En ese marco suelen quedar bajo el foco productos como bollería industrial, galletas azucaradas, chucherías, helados, snacks muy salados, refrescos azucarados, zumos con alto contenido en azúcar y bebidas energéticas, a menudo presentados con un barniz “divertido” o “deportivo”.
La ventaja de un perfil nutricional claro es que reduce el “depende”. La desventaja es política: obliga a dibujar una línea y asumir que habrá quien se enfade al ver su producto del lado prohibido. Y luego está el efecto colateral: si se prohíbe anunciar una categoría, la industria buscará reformular, rediseñar o desplazar el marketing a otros productos “frontera”. Esa es otra razón por la que el texto tendrá que ser fino: no basta con prohibir el spot tradicional; hay que pensar en el anuncio travestido.
Dónde se libra la batalla: pantallas, ‘influencers’ y bebidas energéticas
El Gobierno sabe que la publicidad infantil ya no vive solo en la televisión. La tele sigue siendo potente, sí, pero el centro de gravedad se ha movido a las plataformas digitales, donde la publicidad puede ser segmentada, integrada y casi invisible. Un menor puede saltar de un vídeo a un juego, de un juego a una red social, y en ese tránsito ir acumulando impactos publicitarios sin sentir que “le están vendiendo algo”. El anuncio ya no siempre dice “compra”; a veces dice “mira qué divertido”, “mira qué reto”, “mira cómo lo toma tu ídolo”. Esa ambigüedad es el corazón del problema, porque el menor no tiene por qué detectar la intención comercial con la misma claridad que un adulto.
En ese mapa, las bebidas energéticas aparecen una y otra vez como categoría especialmente sensible. Por su composición —cafeína, azúcar en muchos casos, estímulo— y por su marketing, a menudo ligado a deporte, música, gaming y cultura juvenil, se convierten en un producto con doble impacto: el nutricional y el conductual. No es casual que el barómetro presentado el 16 de febrero se centre también en este tipo de bebidas. Tampoco es casual que distintas administraciones hayan debatido restricciones de venta o consumo de energéticas en menores, y que el debate sobre publicidad venga pegado a esa conversación como una segunda piel.
La regulación que se anuncie tendrá que decidir, con crudeza, qué edades protege y cómo. No es lo mismo limitar publicidad “para menores de 12” que “para menores de 15” o incluir también adolescencia hasta 16 o 18. Cada corte cambia el perímetro de la industria, el alcance real de la medida y el tipo de contenido que queda afectado. La experiencia de otros países europeos suele citarse en estos debates para sostener que no es una rareza española: hay precedentes de restricciones más duras cuando el destinatario es menor, precisamente porque el impacto no es un simple acto de consumo, sino la construcción de hábito.
El otro gran frente es el de los recursos creativos: personajes, regalos, promociones, coleccionables, música, lenguaje infantil, y ese tono de “esto es un juguete que se come”. Muchas campañas se diseñan para que el producto no compita por nutrición, sino por deseo. Si el texto normativo solo mira “el producto”, pero no mira “la forma de venderlo”, quedará cojo. Y si mira ambas cosas, chocará con una industria publicitaria acostumbrada a moverse en el filo de lo permitido, especialmente cuando el público está definido por intereses y no por documentos de identidad.
La merienda sin megáfono
Si la propuesta se concreta y llega a aprobarse con ambición, el cambio no será una epifanía, será algo más prosaico: menos impactos publicitarios de ultraprocesados en los momentos y lugares donde más se consume contenido infantil y juvenil. Menos spots en franjas de alta audiencia, menos anuncios encajados en contenidos para menores, menos “colaboraciones” que parecen espontáneas y en realidad llevan contrato. El objetivo práctico es bajar el ruido comercial que acompaña a la comida no saludable, ese ruido que convierte lo excepcional en cotidiano. No se trata de que desaparezcan las galletas del mundo; se trata de que dejen de presentarse como una rutina deseable, inevitable, casi identitaria.
También puede cambiar el lenguaje público sobre la alimentación infantil. Cuando el Estado regula un espacio, envía un mensaje: esto importa, esto no es solo cuestión de gusto, esto toca salud pública. En ese sentido, la regulación no compite contra el placer de comer, compite contra el marketing que coloniza el placer y lo dirige hacia productos con peor perfil nutricional. En un país donde la tradición gastronómica convive con la expansión de ultraprocesados, el gesto tiene un valor simbólico, sí, pero sobre todo un valor ambiental: modifica el entorno, no el carácter. Y en la infancia, el entorno pesa muchísimo.
La pregunta que quedará flotando —sin necesidad de convertirla en eslogan— es si esta vez el intento llega a puerto. El Gobierno ha puesto calendario, ha invocado respaldo social y ha señalado un problema con números contundentes: 79% de apoyo a prohibir esta publicidad, 80% de menores consumiendo productos no saludables y una exposición publicitaria que Consumo lleva tiempo describiendo como excesiva. Si la norma que se presente logra cerrar la puerta a los anuncios evidentes y a los anuncios camuflados, si define bien qué es “insano” y a quién protege, la escena cotidiana puede ser un poco más limpia: una merienda que vuelve a ser merienda, y no un anuncio con sabor a chocolate.












