¿Qué se investiga en El Vedat con dos profesores por abusos sexuales?

Dos profesores del colegio Fomento El Vedat de Torrent, en Valencia, han declarado como investigados en una causa por presuntas agresiones sexuales a alumnos de entre 4 y 7 años. Los docentes niegan los hechos. La investigación, que había sido archivada en junio de 2025, volvió a abrirse después de que la Audiencia Provincial de Valencia apreciara elementos suficientes para continuar las diligencias.

El giro judicial es importante. No porque determine que los abusos ocurrieron —eso sigue precisamente bajo investigación—, sino porque la Sección Cuarta de la Audiencia consideró que los testimonios existentes no podían despacharse con un archivo. El tribunal llamó la atención sobre varios relatos de niños muy pequeños, producidos por separado y en fechas próximas, que describían conductas sexuales de naturaleza similar.

La causa ha regresado así al Juzgado de Instrucción número 1 de Torrent. Y esta vez con un perímetro de investigación bastante más amplio. El objetivo judicial es determinar qué ocurrió realmente, comprobar la consistencia de los testimonios y establecer, si existen pruebas suficientes, posibles responsabilidades penales.

Dos profesores de El Vedat declaran como investigados

Los dos docentes comparecieron ante el juzgado en calidad de investigados, una condición procesal que garantiza sus derechos de defensa y que no equivale, ni de lejos, a una declaración de culpabilidad. La presunción de inocencia continúa plenamente vigente mientras avanza la instrucción.

Según la información conocida tras las declaraciones, ambos negaron haber cometido las agresiones y rechazaron cualquier vinculación con los hechos denunciados. La causa continúa abierta y no existe por el momento sentencia ni acusación judicial definitiva que permita atribuirles responsabilidad penal.

Ese matiz importa especialmente en un asunto de esta gravedad. El proceso se encuentra precisamente en la fase destinada a averiguar qué ocurrió, quién pudo tener acceso a los menores y si los testimonios y demás elementos reunidos permiten construir una imputación penal sostenible.

Las denuncias se refieren a niños que cursaban Educación Infantil. A lo largo del procedimiento se ha informado de hasta 11 menores potencialmente afectados, aunque la resolución de la Audiencia puso especialmente el foco en varios relatos realizados a sus familias de manera independiente.

Por qué la Audiencia Provincial ordenó reabrir el caso

El Juzgado de Instrucción número 1 había archivado las diligencias en junio de 2025. Entonces entendió que no existían indicios suficientes para considerar acreditados los abusos denunciados y, sobre todo, que faltaban datos concretos que permitieran dirigir la investigación contra una persona determinada.

La Audiencia Provincial de Valencia llegó después a una conclusión distinta. En abril de 2026, la Sección Cuarta revocó el sobreseimiento y ordenó continuar investigando al apreciar testimonios de menores de corta edad sobre comportamientos que, de acreditarse, podrían constituir delitos de agresión sexual.

Entre las conductas recogidas durante el procedimiento figuran actos sexuales explícitos y contactos con los niños. La relevancia judicial no reside en recrearse en esos detalles, sino en establecer si los relatos pueden ser corroborados y si existe alguna persona concreta a la que puedan atribuirse penalmente los hechos.

El elemento central está ahí: no se trataba, a juicio del tribunal provincial, de una única manifestación aislada, sino de varios relatos producidos separadamente que presentaban coincidencias suficientes como para justificar una investigación más completa.

Menores que todavía debían ser escuchados

Uno de los puntos que adquirieron relevancia tras la revisión del archivo fue precisamente cómo se había desarrollado la instrucción inicial. De los menores relacionados con la causa, solo una parte había pasado por exploraciones especializadas, una cuestión especialmente sensible cuando se trata de niños de tan corta edad.

La resolución insistió en la necesidad de escuchar a los menores mediante procedimientos adecuados y con las cautelas necesarias para evitar una exposición innecesaria. En este tipo de investigaciones resulta fundamental reducir las repeticiones del relato, evitar preguntas sugestivas y recurrir a profesionales preparados para trabajar con testimonios infantiles.

También quedaron pendientes de desarrollo determinados indicios aparecidos durante las diligencias. Entre ellos figuraba el posible reconocimiento de un adulto por parte de uno de los menores a partir de imágenes, circunstancia cuya relevancia deberá ser evaluada dentro del conjunto de la investigación y no de forma aislada.

Las nuevas diligencias ordenadas en la investigación

La reapertura no consistió simplemente en devolver el expediente al juzgado. La Audiencia señaló diferentes líneas de investigación que podían ayudar a reconstruir lo ocurrido y determinar qué personas tuvieron acceso a las zonas de Infantil durante el periodo investigado.

El centro debía aportar información para identificar a trabajadores varones que hubieran podido estar en esas instalaciones. La investigación podía alcanzar a empleados de mantenimiento, monitores, personal relacionado con actividades extraescolares, sacerdotes y profesores mencionados durante las diligencias.

También se reclamó documentación relacionada con los empleados y con las comprobaciones realizadas internamente en el colegio después de conocerse las primeras denuncias. La finalidad es disponer de una imagen más precisa de quién estaba presente en el centro y en qué circunstancias podía relacionarse con los alumnos.

Asimismo, la instrucción contempla testimonios de familiares, miembros del personal docente, agentes de la Guardia Civil que participaron en las pesquisas y responsables relacionados con la inspección educativa.

Dentro de este nuevo impulso procesal se encuadra la declaración como investigados de los dos profesores. Su comparecencia no cierra el caso; más bien confirma que una causa que estuvo archivada ha vuelto a moverse con diligencias mucho más concretas.

El colegio había negado que le constaran los hechos

Cuando el asunto trascendió públicamente, la dirección de El Vedat sostuvo que los hechos denunciados no le constaban y explicó que había activado sus protocolos, informado a la inspección educativa y realizado comprobaciones internas.

El centro defendió también que, de haber existido indicios contra algún trabajador, habría procedido a apartarlo. Posteriormente, uno de los profesores fue retirado cautelarmente de sus funciones, mientras el procedimiento penal continuaba su recorrido.

Esta circunstancia tampoco anticipa una conclusión judicial. Las decisiones laborales o cautelares adoptadas por un colegio operan en un terreno distinto al de la responsabilidad penal, que solo puede establecerse mediante el proceso correspondiente y con las garantías previstas por la ley.

La relación de El Vedat con el Opus Dei

El Vedat pertenece a Fomento de Centros de Enseñanza, una red educativa de inspiración cristiana nacida en España en la década de 1960 y vinculada históricamente al entorno espiritual del Opus Dei.

Aquí conviene evitar el brochazo grueso. Los colegios de Fomento no son formalmente obras corporativas del Opus Dei. Fomento es una institución independiente que participa de su espíritu y recibe asistencia de la Prelatura para la atención de la formación cristiana de sus centros.

La conexión, por tanto, existe y es pública, pero jurídicamente conviene describirla con precisión. Presentarla simplemente como una relación directa de propiedad sería simplificar una estructura institucional bastante más matizada.

Y tampoco es esa vinculación religiosa lo que se está juzgando en Torrent. El procedimiento penal trata de determinar si existieron agresiones sexuales contra menores dentro del colegio y, en caso afirmativo, quién pudo ser responsable. El contexto institucional ayuda a situar el caso, pero no sustituye una sola prueba.

Una investigación marcada por el paso del tiempo

Uno de los aspectos más delicados es el tiempo transcurrido. Las primeras actuaciones se remontan a finales de 2023 y 2024, el procedimiento fue archivado en 2025 y la Audiencia ordenó después su reapertura en 2026.

Cuando los posibles afectados son niños de cuatro, cinco, seis o siete años, el calendario judicial pesa de una manera particular. La memoria cambia, los entornos se transforman, algunas personas dejan sus puestos y una reconstrucción que ya era complicada puede volverse todavía más difícil. Por eso las pruebas especializadas y la forma de obtener los testimonios adquieren tanta importancia.

La Audiencia Provincial entendió, pese a todo, que quedaban diligencias esenciales por practicar y que los indicios existentes merecían continuar bajo investigación. Eso explica que dos profesores de El Vedat hayan comparecido finalmente como investigados y que otras personas puedan contribuir a reconstruir lo ocurrido.

El proceso vuelve al centro del escenario judicial

Por el momento, no existe una condena ni una conclusión judicial definitiva sobre los hechos denunciados. Sí existe una causa penal reabierta por decisión de la Audiencia Provincial, testimonios infantiles considerados relevantes para seguir investigando y dos docentes que han declarado como investigados y niegan las acusaciones.

El recorrido procesal será el que determine si aquellas manifestaciones pueden confirmarse mediante otras pruebas y si existen elementos suficientes para atribuir responsabilidades concretas. Hasta entonces, el caso exige dos cautelas que no deberían ser incompatibles: tomar en serio las denuncias de posibles abusos a menores y preservar intacta la presunción de inocencia de las personas investigadas.