¿Puede Abascal llamar “psicópata” a Pedro Sánchez y quedar impune?

Santiago Abascal ha cruzado otra raya en su ofensiva verbal contra Pedro Sánchez. El presidente de Vox calificó al jefe del Ejecutivo de “psicópata peligroso” y aseguró que estaba “absolutamente desatado” al acusarlo de haber “traicionado” y “abandonado” a los ceutíes para mantenerse en el poder. La frase fue pronunciada el miércoles 2 de septiembre de 2026, antes de la concentración celebrada en Cibeles en apoyo a Ceuta; este jueves 3, lejos de enfriar el tono, Abascal ha prolongado el ataque desde el Congreso, llamando a Sánchez “traidor”, “embajador” de Marruecos y hasta “virrey de Al Ándalus”.

¿Puede un dirigente político hablar así del presidente del Gobierno? La libertad de expresión no equivale a un derecho ilimitado a insultar, pero una expresión tan áspera tampoco conduce automáticamente a una condena. La jurisprudencia española concede un margen especialmente amplio a la crítica dirigida contra personajes públicos cuando existe un debate de interés general. El límite aparece cuando la descalificación se convierte en una humillación gratuita, desligada del asunto político que supuestamente pretende discutir.

Por qué Abascal ha llamado “psicópata peligroso” a Sánchez

El insulto no apareció de la nada. Su envoltorio político es la crisis de Ceuta y, más concretamente, la interpretación del papel desempeñado por Marruecos durante la entrada masiva de migrantes del 30 de julio. Abascal sostiene que el Gobierno conocía indicios sobre lo que podía ocurrir, que posteriormente ha ocultado información y que Pedro Sánchez está empeñado en descargar de responsabilidad al régimen marroquí. Vox utiliza incluso la palabra “invasión”, una calificación política que no debe confundirse automáticamente con una descripción jurídica de lo sucedido.

El combustible de esa acusación está en un informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras de la Policía Nacional. El documento recoge indicios de “guiado activo” de personas hacia zonas de paso por parte de fuerzas marroquíes y habla de elementos de planificación previa y táctica. Eso, sin embargo, no demuestra por sí solo que existiera una orden directa del Gobierno de Marruecos para organizar toda la operación. Sánchez ha defendido en el Congreso que no existen pruebas concluyentes para atribuírsela a Rabat y ha anunciado la publicación de documentación relacionada con la crisis.

Ahí está la materia política real. Puede discutirse si el Ejecutivo fue ingenuo con Marruecos, si recibió suficientes alertas, si reaccionó tarde o si está siendo excesivamente prudente con Mohamed VI. De hecho, las críticas no llegan únicamente desde Vox. Alberto Núñez Feijóo ha sostenido que la operación salió de Marruecos, fue consentida allí y presenta indicios de coordinación, mientras distintos socios parlamentarios del Gobierno también han cuestionado la explicación oficial sobre Rabat.

Pero una cosa es discutir esa gestión y otra diagnosticar desde una tarima una supuesta personalidad psicopática. “Psicópata” no aporta una prueba política ni médica. En la frase de Abascal funciona como un intensificador: no explica qué hizo Sánchez, sino que pretende definir qué clase de persona sería Sánchez. El salto es pequeño en palabras y enorme en significado.

Del adversario equivocado al enemigo peligroso

Hay una lógica bastante reconocible detrás. Vox no presenta ya a Sánchez únicamente como un presidente que toma malas decisiones. Lo dibuja como alguien que estaría dispuesto a cualquier cosa con tal de conservar el poder. El miércoles era un “psicópata peligroso”. El jueves, desde la tribuna del Congreso, pasó a ser un “traidor”, supuesto representante de los intereses marroquíes y un hipotético “virrey” de Mohamed VI.

No parece, por tanto, un calentón de veinte segundos. Es una escalada retórica sostenida. Abascal ya había descrito anteriormente a Sánchez como un “loco al volante” y el Tribunal Supremo tuvo que pronunciarse sobre otra salida especialmente agresiva del dirigente de Vox: su declaración de 2023 sobre que llegaría un momento en que la gente querría “colgar de los pies” al presidente. La querella presentada por el PSOE por aquellas palabras fue inadmitida; el tribunal recordó que no todo discurso políticamente inaceptable alcanza relevancia penal.

El mecanismo es viejo, aunque las palabras cambien de traje: personalizar al máximo el conflicto. Ya no se discute solo la política migratoria, la inteligencia previa o las relaciones diplomáticas con Marruecos. Se discute el carácter moral del adversario. Y cuando ese adversario pasa a describirse como traidor, loco o psicópata, el desacuerdo deja de parecer un choque entre políticas públicas para adoptar la forma de una amenaza existencial.

¿Es legal llamar “psicópata” al presidente del Gobierno?

La Constitución protege simultáneamente dos derechos que aquí chocan: la libertad de expresión y el derecho al honor. Que Pedro Sánchez sea presidente del Gobierno no elimina su derecho al honor, pero sí ensancha considerablemente el espacio de crítica que debe soportar como personaje público. La jurisprudencia española viene insistiendo desde hace años en que dentro del debate político caben opiniones muy duras, hirientes, desagradables e incluso claramente ofensivas.

Eso tampoco significa barra libre. Los tribunales han apreciado intromisiones ilegítimas en el honor cuando los calificativos eran gratuitamente humillantes y estaban desconectados de una verdadera crítica política. Una persona con cargo público debe soportar un grado de escrutinio y de dureza superior al de un ciudadano anónimo, pero no necesariamente cualquier expresión cuya única finalidad sea degradarla.

Con “psicópata peligroso” aparecería precisamente esa discusión. Abascal podría defender que utilizaba una expresión hiperbólica para censurar la actuación política de Sánchez respecto a Ceuta, no que estuviera difundiendo un diagnóstico clínico como hecho objetivo. El contexto importa muchísimo. Los tribunales no juzgan una palabra dentro de una campana de cristal: valoran quién habla, de quién habla, dónde, por qué, dentro de qué polémica y con qué finalidad.

El Código Penal mantiene tipos relativos a las injurias y contempla específicamente determinadas ofensas graves contra instituciones del Estado. Su existencia, sin embargo, no convierte automáticamente una descalificación política en delito. La protección penal debe convivir con la libertad de expresión y con una jurisprudencia especialmente cautelosa a la hora de meter al Derecho penal en el barro cotidiano de la pelea partidista.

Existe también la vía civil de protección del honor. Una persona puede reclamar frente a expresiones que considere una lesión ilegítima de su reputación y solicitar determinadas medidas de reparación. Otra vez aparece la misma balanza: honor frente a libertad de expresión, con una tolerancia mayor cuando el afectado ejerce un cargo público y el asunto discutido tiene evidente interés general.

Por eso, lo sensato no es anunciar querellas imaginarias ni condenas anticipadas. El calificativo podría ser discutido jurídicamente, especialmente desde la perspectiva del honor, pero no se deduce que decir “psicópata peligroso” produzca por sí solo una condena penal cuando la expresión aparece insertada en una polémica política reconocible.

Cibeles y el Congreso no son jurídicamente el mismo escenario

La frase del miércoles se produjo ante los medios, antes de la concentración de Madrid. Eso importa porque Abascal es diputado, pero la inviolabilidad parlamentaria no cubre automáticamente todo lo que un diputado diga las veinticuatro horas del día. La Constitución protege las opiniones de diputados y senadores cuando se manifiestan en el ejercicio de sus funciones parlamentarias. Fuera de ese ámbito sigue existiendo la libertad de expresión general, pero no exactamente el mismo blindaje.

Sus ataques posteriores desde la tribuna del Congreso se sitúan en una posición distinta: forman parte de una intervención parlamentaria y entran en el terreno propio de la inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio del cargo. Políticamente parecen capítulos consecutivos de la misma ofensiva; jurídicamente, no son exactamente la misma fotografía.

La palabra más grave de Abascal quizá no sea “psicópata”

El gran ruido se lo lleva “psicópata”. Es comprensible: tiene filo, titular y una vulgaridad revestida de falsa terminología clínica. Pero la acusación con posibles implicaciones institucionales mucho más serias es otra: “traidor”.

Abascal no emplea “traición” únicamente como insulto. Vox pretende impulsar el mecanismo previsto en el artículo 102.2 de la Constitución para plantear una eventual acusación por traición o por delitos contra la seguridad del Estado contra el presidente del Gobierno. Para activar ese procedimiento se necesita la iniciativa de una cuarta parte de los miembros del Congreso y una aprobación posterior por mayoría absoluta. Vox no dispone por sí solo de los diputados necesarios y necesitaría el respaldo de otras fuerzas.

Ahí el PP se ha desmarcado de la fórmula de Vox. Los populares están atacando duramente al Gobierno por Ceuta, exigen responsabilidades y Feijóo ha advertido a Sánchez de posibles consecuencias “ante la justicia o ante las urnas”, pero Vox ya ha reconocido que el PP rechaza su iniciativa constitucional por considerarla “fuegos de artificio”.

Es una diferencia política nada pequeña. PP y Vox coinciden en acusar al Gobierno de haber gestionado mal la crisis y de no contar toda la verdad sobre Marruecos; no utilizan, al menos por ahora, exactamente el mismo calibre institucional. Abascal empuja hacia la acusación de traición. Feijóo mantiene una ofensiva feroz, pero por otra carretera.

Qué han dicho los demás y cómo reaccionó la calle

La concentración madrileña en la que Abascal pronunció el insulto ya venía cargada de electricidad. Unas 50.000 personas, según la Delegación del Gobierno, acudieron a Cibeles. Se escucharon peticiones de dimisión y prisión para Sánchez y también insultos mucho más vulgares. La protesta reunió a Feijóo, Abascal, Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida, aunque la reivindicación inicial de apoyo a Ceuta terminó mezclándose de manera evidente con el rechazo al Ejecutivo.

Eso sí permite describir el ambiente. No permite decir que “los españoles” piensan una cosa determinada. Las redes sociales tampoco son un sondeo electoral con WiFi: multiplican a quienes gritan más, no necesariamente a quienes son más. No existe una reacción homogénea de “la gente” al término utilizado por Abascal.

Entre los políticos, tampoco todos los críticos de Sánchez compran el lenguaje de Vox. Feijóo centra sus acusaciones en lo que considera ocultación e incompetencia y ha preguntado públicamente qué puede saber Marruecos del presidente para explicar su actitud. Joan Baldoví, desde Compromís, ha atacado tanto la pasividad del Gobierno como lo que considera hipocresía de PP y Vox. Sumar ha reprochado al Ejecutivo haber reaccionado tarde, mientras otros socios han cuestionado la tesis oficial sobre la responsabilidad marroquí. La crisis de Ceuta ha abierto grietas más allá del bloque de la oposición.

Sánchez, por su parte, no ha construido su respuesta parlamentaria alrededor de la palabra “psicópata”. Ha defendido que el Gobierno no recibió avisos extraordinarios suficientes para anticipar la entrada masiva, ha admitido que “fallaron cosas” en los servicios de inteligencia, ha prometido transparencia sobre los informes y mantiene que no existen pruebas concluyentes para afirmar que Rabat ordenó la operación. También ha acusado a Feijóo de aprovechar políticamente la crisis y de alimentar el miedo.

“Psicópata peligroso” cumple casi todos los requisitos del lenguaje político diseñado para circular deprisa. Es breve, brutal, personal y perfectamente recortable en un vídeo de pocos segundos. Convierte una crisis compleja en un personaje malo. Marruecos, los servicios de inteligencia, la presión migratoria, la Policía, las responsabilidades diplomáticas, las decisiones del Gobierno… todo cabe de repente dentro de una palabra.

Para Vox tiene otra utilidad: eleva constantemente el listón y obliga al PP a decidir hasta dónde acompaña. Cuando Feijóo dice que Sánchez ocultó información, Abascal puede llamarlo traidor; cuando la conversación llega a la traición, puede introducir la idea de juzgarlo; cuando eso deja de sorprender, aparece el “psicópata”. Es una competición por la intensidad. El volumen sube y, con él, corre el riesgo de bajar el contenido.

No es tampoco un fenómeno exclusivo de un partido. La política española lleva años incorporando expresiones cada vez más personales, acusaciones morales y etiquetas concebidas para convertir al adversario en algo más que un adversario. La diferencia está en el grado. Y atribuir una patología mental al presidente del Gobierno pertenece claramente a la zona más bronca del repertorio.

La crítica a Sánchez por Ceuta tiene materia de sobra sin necesidad de psiquiatría de mitin: existen informes policiales que deben aclararse, contradicciones políticas, dudas sobre la información que manejó Interior y una relación con Marruecos sometida de nuevo a un examen incómodo. Precisamente por eso el insulto resulta paradójico. Cuando hay preguntas serias, reducirlas a “este hombre está loco” puede producir un buen corte de vídeo, pero explica bastante menos.

La batalla real está detrás de la palabra

Las consecuencias inmediatas para Abascal parecen, por ahora, mucho más políticas que judiciales. El derecho español permite una crítica extraordinariamente severa hacia quienes ejercen el poder y los tribunales han demostrado una resistencia considerable a convertir el Código Penal en un manual de buenos modales para políticos. Eso no significa que cualquier insulto esté protegido: el límite aparece cuando la expresión se transforma en humillación gratuita, separada del debate público.

“Psicópata peligroso” vive precisamente en esa frontera incómoda. Es ofensivo, innecesario para discutir la política sobre Ceuta y difícilmente defendible como descripción seria. Pero se pronunció dentro de una acusación política perfectamente identificable y contra el dirigente más expuesto al escrutinio público del país. De ahí a una condena hay bastante camino.

La cuestión de fondo, entretanto, sigue intacta y es bastante más importante que el insulto: qué sabía exactamente el Gobierno antes del 30 de julio, qué hicieron las autoridades marroquíes, por qué fallaron los mecanismos de prevención y hasta dónde está dispuesto Sánchez a revisar la relación con Rabat. Eso se contesta con documentos, comparecencias y pruebas. “Psicópata” hace más ruido. Ceuta exige más respuestas.