¿Por qué los profesores de Madrid irán a huelga indefinida en octubre?

El profesorado de la educación pública madrileña no universitaria está llamado a iniciar una huelga indefinida el 14 de octubre de 2026. La convocatoria busca presionar al Gobierno de la Comunidad de Madrid para lograr una subida salarial, reducir las horas lectivas y el número de alumnos por clase, reforzar la atención a la diversidad y recuperar derechos que los docentes consideran deteriorados durante los últimos años.

Antes habrá un primer aviso. El calendario aprobado incluye una jornada de paro el 22 de septiembre, cuando apenas habrá comenzado el curso 2026-2027. Después, salvo que una negociación permita alcanzar un acuerdo suficiente, llegará una huelga sin fecha predeterminada de finalización. No significa que todos los colegios e institutos vayan a cerrar de golpe, pero sí abre un conflicto laboral capaz de alterar las clases durante semanas.

La decisión se adoptó el 24 de junio en una asamblea celebrada en el Auditorio Marcelino Camacho de Madrid. Allí se fijó la fecha, se validó una tabla reivindicativa y se acordó la composición del comité que deberá negociar con la Consejería de Educación. Docentes, sindicatos, familias y estudiantes tratan así de convertir varios años de protestas intermitentes en una movilización sostenida. Esta vez, dicen, no basta con otra manifestación y vuelta a casa.

Una convocatoria con fecha y sin final marcado

Una huelga indefinida es, técnicamente, una protesta que comienza en un día concreto pero no establece cuándo terminará. Puede levantarse mediante un acuerdo, suspenderse por decisión de los convocantes o prolongarse mientras continúe el desacuerdo. La expresión suena rotunda —y lo es—, aunque no permite anticipar por sí sola cuántos profesores secundarán cada jornada ni qué centros resultarán más afectados.

La convocatoria alcanza a la enseñanza pública no universitaria de la Comunidad de Madrid. Abarca, por tanto, colegios e institutos públicos, Formación Profesional, Educación Especial y otras enseñanzas dependientes de la administración autonómica. Las universidades quedan fuera de este paro, aunque mantienen sus propios conflictos y reivindicaciones.

La movilización nace de una alianza amplia en la que participan CCOO, UGT, STEM, CGT y CNT, junto con colectivos docentes y organizaciones vinculadas a las familias y al alumnado. La unidad, conviene decirlo, no es completa. ANPE y CSIF, dos sindicatos con representación en la Mesa Sectorial de Educación, no participaron en la asamblea que fijó la fecha.

Esa ausencia no invalida la huelga, pero sí muestra una grieta que puede pesar cuando llegue el momento de medir el seguimiento. En educación, como en casi cualquier protesta laboral, la palabra unidad suele lucir impecable en la pancarta y algo más deshilachada cuando toca sentarse a negociar.

El 22 de septiembre, primer aviso

El paro previsto para el 22 de septiembre servirá como termómetro. Permitirá comprobar el respaldo real dentro de los centros, medir la respuesta de las familias y observar si la Consejería mueve ficha antes de octubre. Los convocantes dispondrán después de tres semanas para ajustar su estrategia y ampliar apoyos.

La fecha del 14 de octubre tampoco ha sido escogida al azar. Para entonces, el curso ya estará plenamente en marcha, las plantillas conocerán sus horarios definitivos y habrán aflorado los problemas habituales de cada septiembre: grupos numerosos, plazas sin cubrir, falta de especialistas, burocracia, horarios imposibles de cuadrar y atención educativa que depende demasiadas veces de hacer encaje de bolillos.

El comité de huelga tendrá capacidad para negociar una salida. Si la Comunidad de Madrid acepta las reivindicaciones, o presenta una propuesta considerada suficiente por la asamblea, el paro podría desconvocarse antes de comenzar. La huelga está aprobada, pero todavía existe margen político para evitarla. El calendario es firme; el desenlace, no.

Salarios, ratios y horas: el corazón del conflicto

La recuperación del poder adquisitivo ocupa un lugar central. Los convocantes sostienen que el profesorado madrileño ha perdido capacidad de compra mientras el precio de la vivienda, el transporte y otros gastos cotidianos crecía con especial intensidad en la región. La asamblea ha situado sobre la mesa una subida de hasta 600 euros mensuales, concebida como una aproximación a las retribuciones de comunidades con mejores complementos autonómicos.

La cifra es considerable y será uno de los puntos más difíciles de negociar. El salario docente no depende únicamente del sueldo base estatal: incluye complementos autonómicos, antigüedad, responsabilidades, tutorías y otras variables. Esa arquitectura administrativa, tan elegante como un armario lleno de cables, explica por qué dos profesores con funciones similares pueden cobrar cantidades distintas según el territorio.

Los sindicatos también reclaman menos alumnos por aula. Una ratio alta no solo significa más exámenes que corregir. Supone menos tiempo individual para detectar dificultades, atender problemas emocionales o acompañar al alumnado con necesidades específicas. Una clase de 28 estudiantes no funciona igual que una de 20, por mucho que las ratios consigan meterlas a ambas dentro de una celda de Excel.

La demanda adquiere especial relevancia en los centros con mayor diversidad social, alumnado recién llegado, discapacidad, trastornos del aprendizaje o situaciones familiares complejas. Los convocantes piden más orientadores, especialistas y personal de apoyo, no únicamente una reducción escrita sobre el papel que después tropiece con la falta de plantilla.

La tabla reivindicativa incorpora, asimismo, medidas contra la segregación escolar, una reducción de la burocracia, inversiones en infraestructuras y cambios en el programa bilingüe. La asamblea añadió la petición de eliminar el modelo actual, al considerar que puede separar al alumnado según sus recursos familiares y generar dificultades en el aprendizaje de determinadas materias.

De las 19 horas acordadas a las 18 que se reclaman

La reducción del horario lectivo es otro de los grandes frentes. En 2025, la Comunidad de Madrid y los sindicatos de la Mesa Sectorial firmaron un acuerdo para rebajar de 20 a 19 horas semanales la docencia directa del profesorado de Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial. El calendario prevé llegar a 18 horas para los tutores en el curso 2027-2028 y extender esa jornada al resto un año después.

Para el Gobierno regional, aquel acuerdo demostró que existía voluntad de mejorar las condiciones. También incluyó una hora adicional de libre disposición para maestros de Infantil y Primaria y la incorporación progresiva de 850 docentes en esas etapas. La administración ha presentado estas medidas como parte de su política de reducción de ratios y refuerzo de la educación pública.

Los convocantes consideran que el avance fue demasiado lento y dejó cuestiones esenciales fuera. Reclaman recuperar cuanto antes las 18 horas en Secundaria y reducir también la carga lectiva en Infantil y Primaria. Menos horas frente al alumnado no equivale, pese a la caricatura recurrente, a trabajar menos. Ese tiempo se destina a preparar clases, corregir, coordinar equipos, recibir familias, elaborar adaptaciones y atender una burocracia que no ha dejado precisamente de engordar.

El debate también está condicionado por el proyecto de ley aprobado por el Gobierno central en abril de 2026 y enviado al Congreso. El texto plantea un máximo de 23 horas lectivas en Infantil, Primaria y Educación Especial, y de 18 en el resto de las enseñanzas. También propone reducir los máximos a 22 alumnos en Primaria y 25 en la ESO. Por ahora es un proyecto en tramitación, no una varita legal que vaya a resolver automáticamente el conflicto madrileño.

Qué puede ocurrir en colegios e institutos

La convocatoria no implica el cierre automático de los centros. El derecho de huelga pertenece individualmente a cada trabajador, de modo que cada docente decidirá si la secunda. Habrá colegios con un seguimiento elevado, otros donde apenas se note y muchos situados en una zona gris: aulas sin su profesor habitual, horarios reorganizados y equipos directivos intentando mantener el edificio en funcionamiento.

La Comunidad de Madrid deberá fijar servicios mínimos para garantizar las actividades consideradas esenciales. Su alcance suele convertirse en otro campo de batalla. Los sindicatos pueden recurrirlos si entienden que son desproporcionados y vacían de contenido el derecho de huelga; la administración, por su parte, debe asegurar la apertura, la seguridad y determinadas atenciones básicas.

Todavía es pronto para conocer el impacto concreto sobre cada centro. No se han establecido los servicios mínimos ni puede calcularse el porcentaje de participación con casi cuatro meses de antelación. Cualquier afirmación sobre cierres masivos, suspensión general de clases o duración exacta sería, a estas alturas, una profecía con más ruido que datos.

Las familias tendrán que atender a las comunicaciones de sus colegios e institutos cuando se acerquen las fechas. Los equipos directivos normalmente no pueden garantizar con antelación qué trabajadores harán huelga, porque el profesorado no está obligado a comunicar su decisión previamente. Esa incertidumbre forma parte de la propia protesta y complica la organización diaria.

Una huelga prolongada también exige resistencia económica. Los docentes que participan pierden la parte correspondiente de su salario, circunstancia que puede reducir el seguimiento con el paso de los días. Por eso resultará decisivo saber si la convocatoria se plantea como un paro diario continuado, si adopta fórmulas escalonadas o si combina jornadas de huelga con concentraciones y otras movilizaciones.

El respaldo de las familias será igualmente importante. Los promotores intentan presentar el conflicto no como una disputa corporativa por el sueldo, sino como una defensa de las condiciones en las que estudia el alumnado. La frontera entre ambas cuestiones es más fina de lo que parece: una plantilla agotada, inestable o insuficiente termina entrando en el aula, aunque no figure en el boletín de notas.

El conflicto se jugará antes de que llegue octubre

La huelga indefinida comenzará el 14 de octubre de 2026 si antes no hay un acuerdo. Ese es el dato central. El profesorado reclama mejoras salariales, menos horas lectivas, ratios más bajas, apoyos suficientes para la diversidad, menos burocracia y una inversión sostenida en la red pública.

La Comunidad de Madrid dispone de medidas ya aprobadas para defender su gestión: reducción progresiva de horas, incorporación de docentes y bajada escalonada de ratios. Los sindicatos responden que el ritmo es insuficiente y que la distancia acumulada exige algo más que calendarios largos y promesas repartidas por cursos escolares.

Los próximos meses serán una negociación con el reloj encima de la mesa. Primero llegará el paro del 22 de septiembre. Después, el 14 de octubre, la huelga indefinida. Entre ambas fechas hay espacio para un acuerdo, pero no demasiado. Cuando suene el primer timbre del nuevo curso, el conflicto ya estará sentado en el pupitre.