¿Cuáles son las presas de máximo riesgo potencial en España?

Mapa de presas de riesgo potencial en España: 919 en categoría A cuencas clave y lo que implican sus planes de emergencia y alertas Es-Alert.

España encadena temporales desde finales de enero y, con febrero ya metido hasta los huesos, el agua ha subido en los mapas y en la conversación: embalses creciendo, compuertas trabajando, avisos meteorológicos que saltan y, de pronto, la misma pregunta en bares, chats familiares y plenos municipales. ¿Qué presas serían las más delicadas si algo fallara? La respuesta oficial no va de adivinar una rotura mañana, va de medir el daño posible si ocurriera: el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico clasifica presas por riesgo potencial (es decir, por consecuencias) y, con los datos actualizados en abril de 2025, coloca 919 presas en categoría A, la de impacto más grave, dentro de un conjunto de 2.368 infraestructuras ya clasificadas.

Ese número, 919, suena a alarma aunque no lo sea; lo que dice, con frialdad de ingeniería y con una lógica muy de campo, es que hay cientos de presas cuya rotura o mal funcionamiento podría golpear núcleos urbanos, servicios esenciales o ecosistemas con un coste enorme. Y dentro de esa categoría A aparecen nombres que se repiten por tamaño, altura o posición: La Serena en Badajoz, Alcántara II en Cáceres, Almendra entre Salamanca y Zamora, Tous y Cortes II en Valencia. No son “las que se van a romper”; son, sencillamente, las que obligan a tomarse la seguridad como un asunto de Estado porque, aguas abajo, hay vida real.

Por qué el foco se ha movido hacia los muros y las compuertas

La meteorología tiene una manera de poner linternas donde antes había rutina. En estas semanas de borrascas, la reserva hídrica nacional se ha colocado alrededor de dos tercios de capacidad y el paisaje ha cambiado de tono: ríos más anchos, suelos saturados, cauces secundarios que vuelven a sonar. En ese contexto, cada desembalse —normal, técnico, programado— se interpreta a menudo como una señal de peligro, cuando muchas veces es justo lo contrario: gestión preventiva para dejar margen y evitar que el agua llegue donde no debe.

El asunto, además, no vive solo en el campo; vive en el móvil. En los últimos días se han visto alertas masivas Es-Alert vinculadas a crecidas y a situaciones de riesgo por avenidas de agua en distintos puntos, con evacuaciones preventivas en pedanías y cortes de carreteras rurales. El mensaje es simple y desagradable: cuando una masa de agua se mueve rápido, el tiempo se vuelve el recurso más caro. Y esa es la razón por la que la clasificación del ministerio importa más justo ahora: porque ayuda a ordenar prioridades en un país donde las presas no son decorado, son infraestructura crítica.

También pesa un debate que vuelve siempre que llueve fuerte: mantenimiento, inversión, vigilancia. España tiene una de las redes de presas más extensas de Europa, con obras levantadas en décadas distintas, con titulares distintos y con realidades administrativas muy dispares. En un extremo están grandes confederaciones y empresas con equipos técnicos robustos; en el otro, pequeñas presas privadas o de menor entidad, a veces con menos músculo técnico. En medio, lo de siempre: la seguridad no se ve cuando funciona, pero se nota cuando falta.

Qué significa “categoría A” sin dramatizar ni dormirse

La clave está en dos palabras que se confunden demasiado: riesgo potencial. En el lenguaje común, “riesgo” suena a probabilidad, a “me va a pasar”; en el marco oficial, aquí se está midiendo sobre todo la magnitud del daño si hay una rotura o un funcionamiento incorrecto. Es una diferencia incómoda, sí, pero decisiva: una presa puede estar bien gestionada y seguir siendo A porque, si fallara, el golpe sería terrible; y una presa pequeña puede ser A también si justo debajo hay un núcleo habitado, una depuradora o una carretera que hace de cuello de botella.

La definición oficial de la categoría A es la más severa: se reserva para presas cuya rotura o mal funcionamiento puede afectar gravemente a núcleos urbanos o servicios esenciales, o provocar daños materiales o medioambientales muy importantes. La categoría B baja un escalón: daños importantes o afectación a un número reducido de viviendas. La categoría C agrupa las restantes: daños moderados y, solo incidentalmente, pérdida de vidas humanas. Dicho sin florituras: la letra no describe el estado del hormigón; describe el tamaño del problema si el hormigón, por lo que sea, deja de cumplir.

Hay otro matiz que conviene tener presente porque corta de raíz muchos malentendidos: la clasificación se aplica tanto a presas de titularidad estatal como a las concesionarias. No es un ranking de “las públicas” frente a “las privadas”, ni una diana para señalar a nadie en abstracto. Es un sistema para fijar obligaciones, planes y niveles de control acordes con lo que hay en juego.

La cifra que manda: 919 presas con máximo impacto posible

Con los datos oficiales actualizados en abril de 2025, el recuento deja una fotografía contundente: 919 presas en categoría A, aproximadamente un 39% del total clasificado; 150 en categoría B, alrededor de un 6%; y 1.299 en categoría C, cerca de un 55%. Todo ello dentro de 2.368 infraestructuras que ya han pasado por el filtro de clasificación en el que entran presas y balsas inventariadas. Es un mapa grande, y no solo por extensión: lo es por lo que implica en términos de supervisión y cultura de seguridad.

Dentro de esas 919 de máximo impacto potencial, hay otro dato que ayuda a entender el reparto real del trabajo: 294 son de titularidad estatal y 625 dependen de concesionarios. Ese equilibrio desmonta el cliché de que el riesgo potencial “se concentra” en un solo modelo de gestión; lo que concentra es en un hecho físico: el agua pesa, la topografía manda y las poblaciones, cuando crecen, tienden a acercarse a los ríos.

Y hay una frase que en el ministerio repiten con una mezcla de orgullo y aviso: el proceso de clasificación está muy avanzado en presas estatales y en grandes concesionarios, pero aún quedan por clasificar numerosas presas privadas de pequeña entidad, normalmente asociadas a titulares con menor infraestructura técnica. No es un detalle menor. En seguridad, lo pequeño puede ser decisivo si justo debajo hay viviendas dispersas, un camping, un puente estrecho o un polígono que no estaba ahí cuando se construyó la presa.

Dónde se concentran: Guadiana, Tajo y Duero como ejes del mapa

Aunque la categoría A aparece repartida por toda la península, hay tres grandes demarcaciones que destacan por concentración: las cuencas del Guadiana, el Tajo y el Duero. No hace falta recurrir a ninguna teoría rara: son territorios con grandes embalses, redes de regulación extensas, usos intensivos (abastecimiento, riego, energía) y, sobre todo, con valles donde las infraestructuras y los asentamientos se han ido cosiendo al curso del agua.

En estas cuencas se entiende bien por qué el riesgo potencial no es un concepto abstracto. Un valle ancho puede disipar parte de una avenida; un valle encajonado la convierte en masa rápida, en un golpe con dirección y velocidad. Una presa con un embalse enorme implica más volumen almacenado; una presa que regula un sistema con varios embalses aguas abajo implica efecto dominó. Y, en paralelo, está lo que se ha construido en el tiempo: polígonos, urbanizaciones, carreteras, depuradoras, subestaciones, infraestructuras que son “servicio esencial” aunque no tengan el glamour de un hospital.

En la práctica, la concentración en estas cuencas también habla del peso histórico de la planificación hidráulica en España. Las grandes presas nacen para domesticar avenidas, garantizar agua en sequía y producir energía. Hoy, con episodios de lluvia más intensos y más frecuentes, esa función de “amortiguador” se vuelve aún más visible… y más exigente. Porque cuando el embalse sube deprisa, lo que cuenta no es el relato: cuentan los márgenes, la capacidad de desagüe, la instrumentación que vigila comportamientos y el criterio técnico para abrir cuando toca.

Cinco nombres propios que resumen el tamaño del asunto

Cuando se pasa del número a los nombres, el tema cambia de textura. Ya no es un gráfico; es un lugar, una pared, un valle. Y ahí aparecen algunos gigantes que, por su escala y por su posición, se han convertido en referencia cuando se habla de categoría A.

La Presa de La Serena es un buen ejemplo de por qué el riesgo potencial no es sinónimo de “peligro inminente” sino de consecuencia máxima. Es el mayor embalse de España por capacidad, con posibilidad de almacenar en torno a 3.220 hectómetros cúbicos, y su presencia condiciona comarcas enteras de Extremadura. En episodios de entradas fuertes, su función es laminar, guardar, comprar tiempo; y, precisamente por eso, cualquier fallo hipotético implicaría un escenario de enorme impacto aguas abajo. Aquí la palabra que se impone es volumen, dicho casi como un golpe: volumen de agua, volumen de energía, volumen de responsabilidad.

En el Tajo, la referencia casi obligada es la Presa José María de Oriol (Alcántara II), asociada al embalse de Alcántara. Se habla de una capacidad de 3.162 hectómetros cúbicos y de un embalse de longitud muy notable, con aportes de ríos y afluentes que convierten el sistema en un nodo estratégico. La presa está vinculada a aprovechamientos hidroeléctricos de gran potencia, y eso añade una capa industrial al paisaje: turbinas, grupos, operación coordinada. El riesgo potencial aquí se entiende con una imagen sencilla: lo que hay detrás del muro es tan grande que cualquier incidente serio obliga a tener planes muy afinados, porque el margen de error se paga caro y rápido.

En la cuenca del Duero aparece la Presa de Almendra, conocida también por el salto de Villarino. Es una presa de gran altura —alrededor de 202 metros— y el embalse alcanza una capacidad máxima en el entorno de 2.586 hectómetros cúbicos según datos técnicos de la propia cuenca. La escala impresiona incluso a quien lleva años mirando presas: no es solo la altura, es la forma en que encaja en el terreno y el tipo de obra. En la conversación pública, Almendra suele aparecer como símbolo de gran ingeniería; en la conversación de seguridad, aparece por lo obvio: lo grande, si falla, no falla “un poco”.

En la Comunidad Valenciana, el nombre de Presa de Tous tiene memoria histórica. La primera presa de Tous colapsó en octubre de 1982 en un episodio de avenida brutal, y esa cicatriz quedó en la cultura popular como “la pantanada”. La presa actual se diseñó con otro enfoque, precisamente para responder mejor ante escenarios extremos: un embalse con 378 hectómetros cúbicos a máximo embalse normal y hasta 792 hectómetros cúbicos a máximo nivel extraordinario, además de aliviaderos concebidos para manejar crecidas muy severas. Tous es, por tanto, un nombre que mezcla técnica y recuerdo: no por morbo, sino porque aquí ya se vio una vez lo que ocurre cuando el agua supera la capacidad de respuesta.

Y luego está Presa de Cortes II, en el complejo del Júcar, un caso interesante porque enseña que no hace falta un embalse monstruoso para que el impacto potencial sea serio. Su capacidad ronda los 118 hectómetros cúbicos, y sin embargo su ubicación y el contexto del valle la convierten en infraestructura sensible. En cauces encajonados y con asentamientos o infraestructuras cercanas, una avenida súbita puede comportarse como un empujón sin amortiguación. Cortes II aparece en estos listados por esa mezcla de posición, topografía y entorno aguas abajo, que es exactamente lo que pretende captar la clasificación del ministerio.

Estos cinco nombres, aun siendo muy distintos, comparten algo: obligan a pensar en cadena. No se trata solo del muro, sino del sistema que lo rodea: caudales que entran, aliviaderos que salen, cauces que conducen, pueblos que están donde están. Y sí, también del factor humano: guardas, técnicos, confederaciones, operadores que toman decisiones en noches de lluvia cuando el gráfico sube y el teléfono no para.

Planes de emergencia y avisos al móvil: cuando el tiempo se vuelve la unidad de medida

La seguridad de presas en España no es un “recomendable”; está en la normativa. El Real Decreto 264/2021 fija exigencias mínimas y deja negro sobre blanco algo fundamental: las presas y embalses clasificados en categoría A o B deben contar con su Plan de Emergencia, elaborado e implantado con criterios técnicos, y con informe favorable del órgano competente en materia de Protección Civil antes de su aprobación. Esto importa porque traduce un concepto técnico —riesgo potencial— en una obligación práctica: procedimientos, escenarios, comunicación, evacuación, coordinación.

En la vida real, el plan se pone a prueba cuando toca gestionar una avenida o un problema de operación. Y ahí aparece la parte menos cinematográfica y más decisiva: instrumentación, vigilancia, comprobación de órganos de desagüe, lectura de datos, recorridos, turnos. El público suele fijarse en lo visible —el agua cayendo por el aliviadero, el helicóptero, la cinta de “prohibido el paso”—, pero el éxito casi siempre consiste en que no se note nada: que el caudal salga a tiempo, que no se rebase lo crítico, que el río no haga daño aguas abajo.

En las últimas jornadas, la tecnología de alertas ha enseñado también su lado más directo. En Extremadura, por ejemplo, se han visto evacuaciones preventivas en La Bazana y Valuengo, pedanías de Jerez de los Caballeros, ligadas al riesgo de una avenida importante en el río Ardila en un contexto de saturación y crecida. En Andalucía, con desembalses extraordinarios en presas y caudales creciendo en ríos como el Guadalete, han saltado avisos masivos a población en entornos inundables. Estos episodios no convierten automáticamente una presa en “peligrosa”; lo que muestran es que el eslabón final de cualquier sistema de seguridad es la comunicación rápida cuando hay amenaza de inundación, porque el agua no espera a que llegue el comunicado oficial impreso.

Y hay una idea que une todo esto sin necesidad de dramatizar: la clasificación de riesgo potencial es una forma de recordar que la parte más frágil de una presa no siempre es el hormigón. A veces es la distancia entre el primer signo de problema y la reacción coordinada; a veces es un puente que se convierte en tapón; a veces una urbanización levantada donde antes solo había huerta. La emergencia, cuando llega, no perdona improvisaciones.

La seguridad que se decide antes de que empiece a llover

Con 919 presas en categoría A, el debate no puede quedarse en el susto puntual de un temporal. La cifra habla de un país que vive con una infraestructura hidráulica enorme, útil y, en muchos lugares, imprescindible, pero que exige una disciplina constante: normas de explotación actualizadas, revisiones generales, instrumentación mantenida, coordinación con protección civil y una cadena de mando clara cuando la cosa se complica. Seguridad aquí no es una palabra solemne; es un conjunto de decisiones pequeñas y continuas que, sumadas, evitan la grande.

La fotografía de estos días —embalses altos, desembalses visibles, alertas móviles en puntos concretos— ha empujado el tema al primer plano. Y, curiosamente, eso puede ser sano si sirve para entender bien lo que significa la letra A: no es un oráculo, es un indicador de impacto posible. En esa lógica caben gigantes como La Serena o Alcántara II, y caben presas menos conocidas que, por ubicación, pueden afectar a viviendas dispersas o a servicios esenciales si fallaran. El sistema no se construyó para tranquilizar; se construyó para obligar a planificar.

Al final, el mapa de presas de máximo riesgo potencial es un recordatorio bastante concreto: España no solo gestiona agua, gestiona escenarios. Y un escenario se prepara antes, con normativa, con planes de emergencia implantados, con vigilancia, con inversión sensata y con transparencia técnica cuando hace falta explicar por qué se abre una compuerta o por qué se evacúa una pedanía. Cuando el agua aprieta, todo lo demás se queda pequeño; lo que vale es que la presa cumpla, que el sistema responda y que, aguas abajo, la vida siga. Sin ruido. Sin épica. Con control.